LEOLO

Dice Don Iñaki Arriola, Consejero de Vivienda, Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco (en la foto con el Lehendakari López) que "No hay sociedad que aguante el derecho a la vivienda por la gracia de Dios". La frase merece su análisis.

Supongo que Don Iñaki Arriola a lo que puede referirse es que una cosa es proclamar el derecho ciudadano a la vivienda y otra es garantizarlo desde las Administraciones Públicas. Si es así, la frase es muy respetable, pues es cierto que del mandato constitucional a la realidad del disfrutre de un derecho hay un buen trecho. Pero tambien puede que Don Iñaki Arriola a lo que se refiera es a que, para él, la vivienda (en alquiler) no es un derecho ciudadano, como lo puedan ser la educación o la sanidad. Y para darler autoridad a su argumento, esgrime que no hay sociedad que "soporte" el derecho a la vivienda o la vivienda como derecho (la elección de este verbo por parte de Don Iñaki Arriola creo que implica muchas cosas -parece que para Don Iñaki Arriola el derecho a la vivienda es algo que una sociedad tiene que sufrir y no beneficiarse colectivamente de ello-).

Pues bien, lo quiera o no Don Iñaki Arriola (que parece que no lo quiere) el artículo 47 de la Constitución española vigente garantiza el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía y obliga a las Administraciones Públicas a trabajar en esta línea. Por otra parte, lo sepa o no lo sepa Don Iñaki Arriola (que parece que no lo sabe) hay docenas de sociedades europeas y occidentales que garantizan razonablemente bien el derecho a vivienda (en alquiler) de sus ciudadanos.

Por tanto, llama la atención que un Consejero del PSE, partido que se define a si mismo comom constitucionalista, ignore la Constitución. Y también llama la atención que Don Iñaki Arriola, que pertenece a un partido socialdemócrata, sea tan poco consciente de los logros de las izquierdas europeas en esta materia.

Creo que sería recomendable que Don Iñaki Arriola leyese la Constitución que su partido dice defender (si es perezoso, puede bastarle con que lea los artículos 1, 9.2, 10, 14, 24, 33.2, 38, 40, 45, 47, 53, 128 y 131 de nuestra carta Magna, artículos todos ellos que conocerá, pues es licenciado en derecho, pero que sus largos años de alcalde pueden haberle hecho olvidar un tanto), tambien que viajese por Europa a lugares gestionados por las izquierdas (sería dinero bien gastado del contribuyente que viese lo que se hace en Holanda, Escocia, Francia, Austria, Alemania, Suecia, etc en materia de vivienda) y que leyese algo (hay mucha y buena literatura científica, buena parte de ella redactada por simpatizantes del PSOE) para curar su exacerbado provincianismo y su fuerte conservadurismo.

Un Consejero de Vivienda, Transporte y Obras Públicas de una CA que se define a si mismo como socialista no puede entender que la vivienda no es un derecho y tampoco puede pensar que su principal trabajo no es otro que conseguir que efectivamente y en la práctica lo sea. Hoy por hoy Don Iñaki Arriola está muy centrado en hacer que las promociones inmobiliarias sean más rentables, elevar el precio del suelo, satisfacer las necesidades de financiación de los ayuntamientos, reducir los riesgos de bancos y cajas y adjudicar vivienda protegida a las clases medias y medias-altas. Lo de la vivienda (en alquiler) como derecho le suena a un asunto poco serio, propio de políticos demagógicos e idealistas. Algo que él entiende que no es. Gobernar implica elegir. Y en política casi siempre hay que elegir entre intereses contrapuestos o de muy difícil conciliación. Creo que Don Iñaki Arriola prefiere servir a los intereses (legítimos, pero que solo son una parte del interés general y en modo alguno son socializantes) de propietarios de suelo, promotores de vivienda, bancos, cajas de ahorros, concejales y alcaldes antes que servir a los intereses de la ciudadanía (especialmente de los más débiles) en forma de vivienda digna al menor precio posible. En la vida no se puede eligir quedar bien con todos. Y en el caso del tejido urbano o se atiende a la ciudadanía o se cumple con los poderosos lobbies que he citado. Creo que Don Iñaki Arriola sabe muy bien a quien sirve. La ciudadanía lo irá descubriendo, a pesar de la magnífica imagen que va a tener este gestor público que será ponderado muy positivamente en todos los cenáculos del poder económico, político y mediático vasco.

PD: por cierto, espero confundirme en mi vaticinio y que Don Iñaki Arriola con su eficiente equipo (sin ironía alguna, cuenta con un equipo profesionalmente muy valioso) garanticen el derecho a la vivienda (en alquiler) de toda la población vasca con necesidades en esta materia; les deseo éxito, pero las evidencias empíricas no apuntan en la buena dirección.

PD2: ayer el diario El Correo hablaba de todas estas cosas en dos interesantes artículos titulados DESMONTANDO A MADRAZO (obra del periodista de Vocento Javier Muñoz) y CONTINUAR O RETROCEDER (firmado por el anterior Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco Don Javier Madrazo).

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No sé si os acordaréis de una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno Vasco entre finales del año 2008 y principios del 2009 en materia de crisis económica y vivienda.

La primera de estas medidas se anunció a principios de noviembre del 2008 y tenía que ver con la puesta en marcha de una serie de actuaciones sobre el alquiler social, la movilización de vivienda vacía (Bizigune) y la crisis que en estaba y está sufriendo la parte privada del sector de la vivienda (la vivienda protegida no estaba, ni creo esté, en crisis en Euskadi, sino más bien todo lo contrario). De aquellas medidas hoy vuelve a estar de actualidad la siguiente: MEDIDAS DESTINADAS A LOS PROMOTORES DE VIVIENDA LIBRE CON STOCK SIN VENDER / BIZIGUNE II.

• El promotor privado con vivienda nueva sin vender si la pone en alquiler público por cinco años recibe de BIZIGUNE un dinero adelantado – 450 € mes X 12 meses X 5 años, unos 27.000 euros por vivienda - para mitigar el coste financiero que supone tener una vivienda sin vender.
• BIZIGUNE capta viviendas en el mercado más baratas que la media que está pagando habitualmente (la renta media pagada por Bizigune a los propietarios está ahora en unos 580 euros y a los promotores se les ofrecen 450 euros al mes).
• El demandante ETXEBIDE, exactamente igual que ahora con el Bizigune I, recibe un alquiler protegido inferior 30% de sus ingresos
• El promotor recupera la vivienda a los cinco años con un mercado que ya no estará en la actual coyuntura.
• A pesar de lo que muchos decían, este Bizigune II empezó a andar como consecuencia de las peticiones de los promotores vascos.

El segundo conjunto de medidas tenía que ver con la protección a las personas que estaban y están sufriendo los efectos más graves de la crisis de sobre-endeudamiento en vivienda. Obviamente las personas en una situación de mayor fragilidad son quienes estando sobre-endeudados por compra o alquiler de vivienda se queden en paro. Las medidas consistían en el ofrecimiento de dos redes se seguridad pública para los sobre-endeudados por vivienda en paro:

• RED PUBLICA DE SEGURIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA 1: SOBRE-ENDEUDAMIENTO POR VIVIENDA + PARO = INTERVENCION PUBLICA + AUMENTO DEL PARQUE PUBLICO DE ALQUILER (EN EUSKADI) A través de esta red se ofrecía alquiler público o tutelado por la Administración a los sobre-endeudados que sufrieran paro.
• RED PUBLICA DE SEGURIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA 2: VIVIENDA SOCIAL EN ALQUILER PARA LOS PARADOS QUE PIERDAN SU VIVIENDA (EN EUSKADI) Y a través de esta segunda y última red de seguridad se garantizaba a todas las personas desahuciadas de su vivienda un alquiler público a través de Bizigune.

Pues bien a finales del pasado mayo el nuevo equipo de vivienda del Gobierno Vasco anunció que todo esto quedaba suspendido. Se puedo leer con profusión en los medios 1.0. Algunos incluso aplaudína la medida del PSE. A partir de esta decisión del PSE parecía que Euskadi no disponía de política propia en materia de sobre-endeudamiento por vivienda y la única medida aplicable en nuestra CA es la moratoria del 50% de las hipotecas por 2 años del Gobierno estatal.

Para mi sorpresa ayer en el Parlamento Vasco el Consejero de Vivienda, Don Iñaki Arriola, respondiendo a una interpelación de EB Berdeak, anunció que la ayuda de 27.000 euros por vivienda a los promotores que no consiguen vender su stock va a ser mantenida por el Gobierno Vasco. Y además Don Iñaki Arriola también anunció que los parados que pierdan su vivienda por embargo hipotecario dispondran de un alquiler en Bizigune por cinco años. Hoy se puede leer en casi todos los medios 1.0: El Correo, El País, El Mundo, Diario de Noticias de Alava, etc. E incluso se puede leer en la web del Gobierno Vasco.

En primer lugar, quiero felicitar al Gobierno Vasco dirigido por el PSE por no haber dejado a Euskadi sin política propia en relación a la crisis económica, el paro y la vivienda. Me parece bueno que saquen parcialmente la pata que ellos mismos metieron (al anunciar que anulaban todas las medidas anticrisis en materia de vivienda de Don Javier Madrazo - EB Berdeak-). Es de sabios rectificar. Dado que rectifican, en este caso se están comportando como sabios. Y creo que es de ley reconocerlo y alabarlo.

Dicho lo cual, creo que hay que entrar en los detalles. El PSE da cobertura a quien se haya comprado una vivienda, se quede en paro y no pueda pagarla. Para esa persona el Gobierno Vasco tendrá dispuesta una vivienda de alquiler de Bizigune (ese Bizigune que el PSE tanto denosta y que dice que no es rentable económicamente y que sería necesario hacerlo desaparecer -como dice su programa electoral-, pero al que sus alcaldes y el propio Gobierno Vasco recurre constantemente). Y el PSE también da cobertura al promotor inmobiliario que no vende una vivienda libre y está agobiado con los créditos que no puede pagar. A este promotor inmobiliario le va a ofrecer 27.000 euros por vivienda, a tocateja y por adelantado, por el alquiler de cinco años de su vivienda (de nuevo en ese Bizigune que no sirve para casi nada según el PSE).

¿Que deja fuera el PSE? En primer lugar no ofrece una vivienda en alquiler de Bizigune por cinco años a la persona que se quede en paro y no pueda pagar el alquiler de su vivienda libre. Es decir, que si hay Bizigune para la persona que pierde la propiedad de su vivienda libre por paro y no lo hay para quien es deshauciado por no pagar el alquiler de su vivienda libre al quedarse en paro. Puede que no se hayan dado cuenta de esta eventualidad y el equipo de Don Iñaki Arriola lo corrija. También puede que la prensa 1.0 lo haya recogido incompleta o incorrectamente. Pero, si es su intención proteger al propietario de vivienda en paro y dejar a la intemperie (nunca mejor dicho) al inquilino en paro, no puedo más que protestar por la tremenda injusticia social de esta medida (todo convendremos en que, en general, los inquilinos de vivienda libre son un colectivo de menor renta y mayor fragilidad socio-económica que los propietarios de vivienda libre). Y en segundo lugar, el PSE deja fuera la primera red de salvamento (la que permitía comprar vivienda libre y convertirla en protegida o comprar vivienda protegida, en ambos casos próxima a la ejecución hipotecaria). Puede que el PSE quiera lanzar a la ciudadanía el mensaje de que quien se embarca en una hipoteca tiene que pensárselo dos veces y que no se puede dar cobertura a quien se metió irresponsablemente en una hipoteca que no puede pagar. A mi este mensaje me parece muy oportuno. Pero, a la vez, creo que estamos perdiendo una magnífica oportunidad de ampliar el parque de vivienda protegida (de darle más cuerpo al servicio público vasco de vivienda) a costa de la vivienda nueva no vendida y de la vivienda vendida pero próxima a la ejecución hipotecaria. Y en el fondo el mensaje que no quiere lanzar el PSE es qe buena parte de la vivienda libre tiene un precio hinchado artificialmente y que bancos, cajas de ahorros, promotores inmobiliarios y propietaros de suelo tienen que aceptar un ajuste a la baja, no solo en las nuevas ventas, sino incluso en las ejecuciones hipotecarias en curso (que afectan a las viviendas de precios mas hinchados).

La red de recompra de vivienda próxima a su ejecución hipotecaria diseñada por Don Javier Madrazo -EB Berdeak- tenía como virtud el hacer crecer el número de viviendas calificadas como protegidas, exigiendo un ajuste del precio a bancos y cajas (como mínimo un 20%, una minucia a la vista de a lo que renuncian los bancos y cajas cuando venden hoy sus propias viviendas) y dirigir a los ejecutados hipotecarios y a los inquilinos desahuciados hacia el alquiler público. La red diseñada por Don Iñaki Arriola -PSE- no tiene ninguna intención de confrontar con bancos y cajas y es del total agrado de promotores, bancos, cajas y parados ejecutados hipotecarios (olvidando a los inquilinos en paro desahuciados). Creo que el PSE está dispuesto a muchas cosas (ya he aplaudido las medidas por ellos anunciadas y no lo reiteraré donde sea necesario), pero también creo que el PSE no va alterar ni un milimetro las posiciones de poder de bancos, cajas, propietarios de suelo y promotores de vivienda, pues, junto con los Ayuntamientos, considera a estos la solución al problema de la vivienda. Cosa que me parece bien pues son efectivamente parte de la solución al problema, siempre que no se pierda de vista que también son, casi en exclusiva, los causantes del problema de la vivienda.

Desde mi modesta posición actual, un profesional retirado de la política, me atrevo a recomendarle al PSE que en esto siga a Julio Rodríguez, Julio Tejedor, Gerardo Roger, Luciano Parejo, Angel Menéndez Rexach, Maritn Bassols, Juli Ponce y un largo etc de la doctrina universitaria española (por cierto, muchos de ellos afiliados, simpatizantes o ex altos cargos públicos del PSOE) y que su política urbana pivote en torno al concepto SERVICIO PUBLICO DE VIVIENDA.

Pero lo dicho, el PSE saca parcialmente la pata que metió hasta el fondo y de ello se va a beneficiar un colectivo que lo está pasando muy mal (los parados que en su día compraron vivienda) y otro que no lo está pasando tan mal (los promotores que no venden sus viviendas, pero que no parece que estén por la labor de bajar mucho el precio de las mismas). A pesar de todos los pesares, todo esto es motivo de alegría.

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Leo en varios medios que algunas AAPP vascas se están plantenado excluir de las adjudicaciones de vivienda protegida a aquellas personas que no sean solventes. Incluso, Patxi Lazkoz, alcalde de Vitoria-Gasteiz (foto superior), quiero pensar que en un ataque de amnesia, anima a quien no pueda pagar una vpo en propiedad a que se de de baja en Etxebide, olvidando que a través de esos listados públicos se accede a vivienda protegida en alquiler, a un Bizigune y otra serie de servicios que no son vivienda protegida en propiedad. El razonamiento es claro: si no pueden pagar una vpo que no "distorsionen" las listas de demandantes de vivienda protegida.

Por otra parte, la semana pasada el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco (PSE) anunció en el Parlamento Vasco que la vivienda protegida vasca se debe destinar en el futuro tmabién a personas de rentas medias y medias-altas a las que se les debe cobrar por esas viviendas un precio más alto que el actual.

Paralelamente a lo anterior, el PNV nos anunció, a través de su portavoz en materia de vivienda Juanan Arieta-Arauñabeitia (en la foto inferior), que lo que se debe hacer en Euskadi es mucha vivienda tasada en propiedad y algo de alquiler para menesterosos.

Y hace un par de días la Viceconsejera de Vivienda del Gobierno Vasco (en la foto inferior) nos explicó que dado que hay renuncias a las viviendas de alquiler no debe haber mucha necesidad de vivienda en Euskadi (ahondando en la idea ya expresada por ella de que en España y Euskadi no hay "cultura" de alquiler) y que dado que los promotores se "arruinan" con la vpo (creo que confunde lucro cesante con pérdidas o al menos hace como que equivoca estos dos conceptos), lo que tienen que hacer el Gobierno Vasco es impulsar mucha vivienda protegida de alto precio en propiedad (la misma vivienda tasada que desea el PNV).

¿Que deduzco yo de todo esto? Muy sencillo: ahora que la crisis se recrudece la vivienda protegida en Euskadi no se va a utilizar para atender en alquiler preferentemente a las personas con mayores dificultades socio-económicas, sino que se va a adjudicar en propiedad a las personas de clase media y media-alta más solventes.

La ratio decidendi va a ser la solvencia de los usuarios(para tranquilizar a cajas, promotores y administraciones) y no la necesidad de vivienda.

La opción mayoritaria de las Administraciones Públicas va a ser la propiedad y el alquiler público, social o protegido, como quieran ustedes llamarlo, se dejará para mejores tiempos, concretamente ad kalendas graecas.

Volvemos a la vieja tradición española en materia de vivienda pública: promocionar la propiedad entre clases medias acomodadas y favorecer la robustez de las empresas privadas del sector. La vivienda pública exclusivamente como una política macroeconómica.

En los próximos años en Euskadi, desgraciadamente, parece que, en materia de vivienda, va a costar mucho diferenciar a una Administración Pública de una inmobiliaria privada.

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El Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno Vasco (PSE), Don Iñaki Arriola (en la foto), en su primera comparecencia ante el Parlamento Vasco ha fijado las líneas maestras de su política de vivienda para los próximos cuatro años.

La sintensis que yo hago de sus líneas estratégicas es la siguiente:

• pretende que se inicien en Euskadi 10.000 viviendas protegidas al año (en estos momentos se inician 7.000, que es el nivel record respecto a lo habitual en años pasados, entre 2.500 y 5.000 al año).
• de esas 10.000 nuevas viviendas protegidas al año, 4.000 van a ser en alquiler
• pretende darle un gran impulso a la rehabilitación de vivienda y a la regeneración urbana.
• considera necesario ampliar los ingresos máximos para acceder a vivienda protegida, de forma que más gente pueda acceder a la misma
• pero en consideración de lo anterior, cree necesario que la vivienda protegida tenga diferentes precios en función del nivel de ingresos de los futuros adjudicatarios
• la ley de vivienda hay que pactarla con ayuntamientos, entidades financieras, propietarios de suelo y promotores inmobiliarios y ya se verá que dice en función del pacto con estos pactantes.

Todo esto, en principio, suena muy razonable: más vivienda protegida, más alquiler, más rehabilitación, más regeneración urbana y vivienda protegida para amplias capas de la sociedad vasca, todo ello aderezado de amplios consensos.

Sin embargo, mucho me temo que es imposible tirar el corner y rematarlo a la vez. Hacer política consiste en elegir entre diferentes cosas, pues nunca se tiene dinero, personas, tiempo y recursos como para hacerlo todo a la vez. Y además hay cosas que en si mismas son incompatibles.

De urgencia, y sin perjuicio de una posterior lectura de la comparecencia parlamentaria (en estos momentos no disponible), pongo de manifiesto mis preocupaciones en relación a este policy mix Don Iñaki Arriola y el PSE.

• No se puede apostar, a la vez, por la rehabilitación de vivienda (+regeneración urbana) y la superproducción de vivienda. Estamos ante objetivos en cierta medida incompatibles. Se pueden mezclar. Se puede determinar hacer un poco más de uno y un poco menos de otro. Pero  es material, físicamente y financieramente imposible en Euskadi construir en época de crisis 10.000 viviendas protegidas nuevas al año y además hacer más de 20.000 actuaciones de rehabilitación como dice el PSE querer hacer. No se puede. Pero es que, aunque se pudiera hacer, vamos a partir de esta base falaz, cuanto más se rehabilita menos necesario es para la gente, los pueblos y las ciudades construir nueva vivienda. Obviamente propietarios de suelo y promotores inmobiliarios nunca querrán que se baje el pistón de la construcción de nuevo vivienda (pues le tienen un poco de repelencia a la intervención en la ciudad ya existente, que es técnicamente más compleja y empresarialmente menos rentable). Pero una estrategia de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana potente y exitosa, forzosamente lleva a la necesidad de contruir menos vivienda (tanto protegida como libre). Ya veremos por donde se decante el PSE, pero insisto, no se puede tirar el corner y rematarlo a la vez. No se puede estar en misa y repicando. Hay que saber si se va a setas o rolex.
• Por cierto, llama la atención que con un discurso tan claro a favor de la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana (el uso intensivo del tejido urbano ya construido) Don Iñaki Arriola no haga ni una sola mención expresa y relevante a la movilización de vivienda vacía (que implica su previa rehabilitación) y su puesta en valor a través del alquiler público. Por razones que desconozco y que tienen creo que ver más con la psicología social que con las políticas públicas, los actuales gestores de vivienda del Gobierno Vasco le tienen una manía indisimulada a Bizigune, un referente estatal en la movilización de vivienda vacía y alquiler público que han venido a ver in situ docenas de cargos públicos del PSOE de toda España. Sea como fuere, en materia de alquiler dentro de la ciudad ya construida y en lo relativo a la dinamización del alquiler privado el PSE parece que quiere hacer desaparecer Bizigune y utilizar la Administración simplemente para mediar entre propietarios e inquilinos para que se den alquileres de mercado (sin movilización de vivienda vacía), con un seguro de impago suscrito por el Gobierno. Para que todos nos entendamos, ahora Bizigune paga unos 580 euros al mes al propietario de la vivienda y la alquila por unos 280 euros al mes al inquilino de Etxebide. El PSE dice que eso no es rentable (piensa como una empresa privada y no como una Administración). Y propone que el propietario cobre unos 900 euros (con un seguro de impago financiado por el Gobierno) y que el inquilino pague unos 900 euros al mes. Así las cuantas cuadran. Aunque eso significque no movilizar vivienda vacía y no hacer alquiler público. Y con ello la Administración deja de buscar el interés general (rentabilidad económica, pero también social y medioambiental) y pasa a ser una inmobiliaria más. Supongo que los APIs vascos algo tendrán que decir. ¿No?.
• En materia de alquiler (de nueva vivienda), Don Iñaki Arriola se fija como objetivo 16.000 nuevas viviendas protegidas de alquiler en cuatro años. Lo cual es un número muy considerable, si tenemos en cuenta que del año 2002 al 2009 se pasó de tener a penas 700 viviendas protegidas en alquiler a las 18.000 actuales. Obviamente a mi me parecerá de perlas que a las 18.000 actuales se le sumen otras 16.000 y así tengamos un parque público de alquiler en Euskadi de unas 34.000 viviendas protegidas. Pero debe quedar claro, desde el principio, que es un objetivo muy ambicioso. Lejos de la, a mi juicio, bien intencionada pero contraproducente, petición ciudadana de 100% de alquiler en vivienda protegida. Pero insisto, tener 16.000 viviendas protegidas nuevas en alquiler en cuatro años en Euskadi es un objetivo muy ambicioso.
• Una vez más se pretende ampliar los ingresos máximos para acceder a vivienda protegida. Pero para ver este tema en perspectiva creo que se requiere previamente saber cuales son los límites actuales. Quizás mucha gente no lo sepa, pero en estos momentos el límite para vpo está en 35.000 euros anuales (para una persona sola sin hijos, pues si es para dos personas con hijos la cosa va subiendo) y 45.000 euros (de nuevo para una persona sola y sin hijos, pues en otro caso el límite va creciendo). En resumidas cuentas, Etxebide hoy trabaja para la gente que gana entre 3.000 y 45.500 euros al año. Aunque quizás se vea mejor con el ejemplo de una pareja en la que trabajan los dos y tienen un hijo. En este caso, vamos a llamarlo tipo o muy frecuente, el límite para vpo está en 43.000 euros al año para vpo y 56.000 euros al año para vivienda tasada. ¿Es necesario subir mucho más estos ingresos máximos? Si queremos que la vivienda protegida sea para las clases bajas y medias yo creo que no. Si se quiere que la vivienda protegida también sea para las clases medias-altas o incluso altas, entonces si hay que subir los ingresos máximos. Obviamente esta medida va a hacer las delicias de buena parte del electorado de PNV, PSE y PP y estos partidos verán, por fin, colmado su deseo de que prácticamente no haya ingresos máximos para la vivienda protegida. Todos en pié de igualdad, desde los que ganan 3.000 euros al año hasta los que ganen 75.00 euros al año (recordad mi ejemplo de la pareja en la que trabajan los dos y tienen un hijo -que es en la que están pensando estos partidos-). Obviamente estas medidas también pueden tener un efecto bueno: van a hacer mucho más fuerte la mezcla de clases sociales dentro de la vivienda protegida y se evitarán ciertas dinámicas de guetización. Aunque es posible que también vemos personas que viven en vivienda tasada que exigen que la vpo (máxime si es de alquiler) se la lleven lejos de ellos. Al tiempo.
• Y para el final dejo la propuesta que parece más insulsa, pero que es la más importante: como va a haber personas de muchos tipos de ingresos en la vivienda protegida a todos no se les puede cobrar lo mismo y hay que hacer vivienda protegida de diferentes precios. En principio el argumento parece impecable. Si no fuera porque hoy ya hay viviendas protegidas de diferentes precios: viviendas sociales y ADAs que solo se alquilan, vpo que se alquila o vende con un precio máximo cercano a los 140.000 euros y viviendas tasadas con un precio cercano a los 240.000 euros. Ya hay precios diferentes para personas con diferentes rentas, así que Don Iñaki Arriola debe referirse a otra cosa. Y esa cosa es que la vpo (categoría central según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi -debe hacerse un 50% en suelo urbanizable y un 20% en suelo urbano, pudiéndose hacer un 25% y 20% de vivienda tasada en suelo urbanizable y urbano respectivamente) supere los citados 140.000 euros de precio máximo. Creo que Don Iñaki Arriola quiere que una parte de los miles de vpos que se hacen todos los años en Euskadi pasen a tener precios de vivienda tasada. La gente lo va a apoyar (creo que en parte al grito de "que se jodan" los que ganan más). Pero el efecto neto que nadie va a ponderar es que va a subir el valor del suelo (si se incremento el precio de la vpo automáticamente sube el valor residual del suelo) y los beneficios de los promotores inmobiliarios, además de cargarse la columna central de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi. Ergo, esta medida va a ser apoyado por casi todo el mundo (ciudadanos, propietarios de suelo, promotores inmobiliarios e incluso entidades financieras que verán subir el valor de suelo y viviendas que respaldan muchos créditos). Solo hay una pega, esta medida hace mucho menos accesible la vivienda protegida al ciudadano medio y además se carga los estándares de suelo para vivienda protegida de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi (al pasar de facto parte de la vpo a la vivienda tasada). Pero eso creo que ahora no le importa mucho a casi nadie, dado el momento de neokeynesianismo y de adoración electoral a las clases medias (votantes) en el que estamos.

¿Este in dubio pro solum et argentum (en caso de duda a favor del incremento de valor del suelo y de los intereses de promotores inmobiliarios y entidades financieras) va a ser una ratio decidendi adecuada para conformar un servicio público de vivienda, un parque público de alquiler, dar cobertura al derecho ciudadano a una vivienda digna, cuidar mejor la ciudad ya construida, hacer un urbanismo más inclusivo o crear un tejido urbano de mejor calidad social, ambiental y económica? No lo sé. Tengo mis dudas. En cualquier caso, le deseo el mayor de los éxitos a Don Iñaki Arriola.

Solo me permito señalar que cuando se apunta al lugar equivocado suele ser muy raro acertar en el blanco. Pero estamos en España y como dijo el hidalgo Alonso Quijano, cosas veredes amigo Sancho ...

Y hasta aquí llego esta noche. Otro día, con más calma, le sigo dando vueltas a este tema.

ACTUALIZACION 18/6/2009 21 HORAS: leo en la prensa que Don Iñaki Arriola anuncia que los ingresos máximos para una pareja con un hijo en la que trabajen los dos (algo de los más normal entre los solicitantes de Etxebide y en la sociedad en general) serán unos 50.000 euros anuales para la vpo y unos 60.000 para la vivienda tasada. Ergo, Don Iñaki Arriola quiere hacer vivienda protegida más cara para gente que gane más dinero. Los propietarios de suelo, los promotores de vivienda, los bancos y cajas, los ayuntamientos, el PNV, el PP y las clases medias-altas van a amar a este hombre. ¿Los demandantes de vivienda protegida de rentas medias y bajas también le van a amar? Solo Dios lo sabe, porque como dice la canción Love is in the air.

ACTUALIZACION 19/6/2009: el tema de los ingresos máximos para acceder a la vivienda protegida en Euskadi lo enfoca de forma muy gráfica y comprensible Fernando Martinez Hinojal en su blo Arkimia. Recomiendo mirar el gráfico que él ha hecho.

ACTUALIZACION 19/6/2009: leo que ayer Don Iñaki Arriola anunció la creación de un Fondo del Gobierno (UDALEKIN) para ayudar a financiar las urbanizaciones municipales que en estos momentos tienen dificultades económicas y otro Fondo también del Gobierno (HIRIBER) para  financiar obras de regeneración urbana y en espacios públicos. Me parecen dos buenas noticias. Lo primero es relativamente novedoso y lo segundo ya se estaba haciendo (ARIs, esquemas específicos de regeneración urbana, ayudas a la accesibilidad, etc) pero se agrupa bajo un nombre y una cierta entidad de gestión. Me parece muy positivo que el Gobierno le quiera dar visivilidad e importancia a estos dos asuntos. De la misma manera que critico otras cosas, esto me parece bien. Solo tengo un matiz que hacer a este asunto: si con dinero público se financian todas estas cosas, las plusvalías urbanísticas que se generen en estas actuaciones no pueden ser privadas, deben ser público-privadas, en función de la aportación económica de cad parte.

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Mi amigo Fernando Martinez Hinojal ha publicado en su blog arkimia un interesante post sobre los programas de alquiler y la intervención de la Administración en esta materia en Holanda.

No tengo mucho que añadir a lo que en ese post se dice, así que os remito al mismo.

El debate, en su blog arkimia.

Os remito a este interesante post de mi amigo Fernando en su blog Arkimia.

Nos habla de las eficaces y muy sociales coopertivas suecas de alquiler.

Nosotros no debemos copiar de forma mimética todo lo que funciona en otros países, pero tampoco podemos permanecer de espaldas a experiencias exitosas.

Información y debate en el blog Arkimia.

Creo que algunas cosas están cambiando a pasos agigantados en materia de vivienda en los últimos meses en Euskadi (como también los están haciendo en el resto de España). Os pongo sobre la mesa algunos datos y trato de hacer con vosotros una lectura conjunta de los mismos:

1. EB, PSE y EA apuestan por el gravamen de los pisos vacíos. El PNV no ha decidido aún su postura, pero es claro que están pensando con serenidad y profundidad sobre el tema, pues considera que no es políticamente rentable apoyarlo, pero és también políticamente peligroso oponerse. Supongo que EHAK apoyará este gravamen, dado que siempre lo han defendidoen público.
2. Empiezan a cerrar inmobiliarias por simple saturación del mercado de vivienda libre. Se vende poco, se tarda más en vender y se vende a menos precio. La prueba es que en Euskadi se cierran inmobiliarias en vez de abrirse nuevas y se cierran más en Alava por ser aqui mayor la cuota de vivienda protegida (más o menos el 70% de lo construido en los últimos años).
3. Los expertos hablan ya con claridad de un escenario de bajada de los precios de la vivienda libre o de mercado. Como muestra os dejo una referencia a lo que el BBVA opina sobre el precio de la vivienda libre en España y como lo relaciona con las bajadas de precios que se han dado y se van a dar en otros lugares de occidente. Frente al aforismo popular de que el ladrillo nunca baja, la verdad es que éste está bajando en términos nominales y mucho más en términos reales si añadimos inflación, fiscalidad, etc. La vivienda es un mercado inelástico donde los haya, pero no totalmente rígido.
4. Euskadi es la segunda CA más afectada por el "parón inmobiliario", es decir es una CA que se caracteriza por la construcción de poca vivienda libre en términos relativos, en la que se tarda más en vender o no se vende y se vende a menor precio, en términos relativos tenemos poca vivienda de segunda residencia, también en términos relativos hay poca vivienda vacía y es indudable que en comparación con otras CCAA y con otrás épocas de Euskadi se está promoviendo mucha vivienda protegida.
5. Los promotores de vivienda libre están preocupados por la evolución de sus ventas (menos, más lentas y a menor precio) y empiezan a cargar contra la vivienda protegida. Es decir, a buena parte del secto parece que no le agrada dejar de ganar beneficios millonarios (yo he oído decir a promotores que ellos no entraban en operaciones con benficios menores de un 50%) y se rebelan contra los beneficios entre el 5% y el 10% que puede dar la vivienda protegida (que no os enganñen, la vivienda protegida si se vende da un pequeño beneficio, no pérdidas y lo que les duele a los promotores es tener que hacer vivienda protegida para ganar algo de dinero en vez de hacer vivienda libre ganando sumas millonarias). Ya os avanzo que vais a ver en el futuro un ataque duro contra la vivienda protegida y un intento de que esta sea cada vez más cara y se parezca a la vivienda de mercado. En Euskadi, con vuestra ayuda, nosotros resistiremos esos ataques.
6. El Ararteko emite un interesante informe sobre vivienda y juventud del que la prensa solo recoge qe se critica el sistema de sorteos de vivienda protegida de Euskadi. Se silencian otras muchas cosas que yo os cuento. No os lo han contado, pero el informe del Arateko tamnbién dice lo siguiente:
7. 1. Los Ayuntamientos deben dejar de promover solo vivienda protegida en propiedad y tienen que tener un parque de vivienda en alquiler, tal y como ya está haciendo el Gobierno Vasco
   2. Las Diputaciones Forales deben dejar de favorecer con las deducciones fiscales la compra de vivienda y se debe apoyar fiscalmente al alquiler (tanto público como de mercado).
   3. La nueva Ley del Suelo de Euskadi es un elemento altamente positivo pues permite incidir en el problema de acceso a la vivienda de la ciudadanía (fundamentalmente, aunque no solo, gracias a poderosas reservas de suelo para viviend aprotegida)
   4. Las Administraciones Públicas deben intensificar los programas de movilización de vivienda vacía hacai el alquiler social, como ya lo hace el Gobierno Vasco con Bizigune.
   5. Los Ayuntamientos no deben condicionar el acceso a la vivienda protegida al "arraigo" (llevar muchos años viviendo en el pueblo), sino que lo deben hacer solo al empadronamiento y por breve tiempo, como ya está haciendo el Gobierno Vasco.
   6. Las Administraciones Públicas deben garantizar la función social de la vivienda protegida a través de la inspección y sanción, como solo está haciendo el Gobierno Vasco.
   7. En fin, que de las 42 recomendaciones del Ararteko, la prensa solo ha leído una y se ha "olvidado" de las otras 41.
8. El Consejo de la Juventud de Euskadi exige que toda la vivienda protegida sea en alquiler. Han dado los amigos y amigas del EGK un paso más desde que dijeron hace un par de años que las Administraciones tenían que tener parque de alquiler protegido y hoy nos piden que dediquemos el 0% de la vivienda protegida a la propiedad (como ya hace el Gobierno Vasco) y que se dedique todo al alquiler (nosotros ahora dedicamos, más o menos, la mitad de la vivienda al alquiler y la otra mitad al derecho de superficie).
9. En Euskadi todo el mundo empieza a exigir que la vivienda protegida sea preferentemente en alquiler. Dos de cada diez viviendas protegidas nuevas ya lo son. Pero si descomponemos el número, veremos que casi la mitad de las que hace el Gobierno Vasco son en alquiler, mientras que los promotores privados y los Ayuntamientos apenas hacen vivienda protegida en alquiler y por eso el porcentaje baja del entorno del 50% del Gobierno Vasco al 20% global. De estos datos no se habla nunca, pero creo que es necesario que se conozcan y que cada uno aguante su responsabilidad.
10. Los bancos empiezan a cerrar el grifo para conceder créditos hipotecarios. Parece ser que se han dado cuenta de que la locura hipotecaria en la que estamos metidos todos puede perjudicarles hasta a ellos mismo. La solvencia del sistema financiero se protegerá. Pero los intereses de los consumidores sobrehipotecados y sobreendeudados, ¿se protegerá?
11. Los propios bancos empiezan a deshacerse de sus inmuebles, ganan mucho dinero y se van ellos mismos de alquiler. Lo que, al menos, siginifica dos cosas: los bancos entienden que el ciclo alcista de la vivienda se ha acabado y que para ellos mismos no consideran estúpido vivir de alquiler, aunque a todos los ciudadanos nos recomiendan comprar en vez de alquilar.

Bueno, como veis muchas cosas están cambiando y bastantes de ellas cambian en la dirección que el equipo de vivienda del Gobierno Vasco lleva defendiendo desde el año 2001. Me explico. Hace cinco años la gente no pensaba que se pudiese hacer el doble de la vivienda protegida que se hacía antes, tampoco pensaban que la vivienda protegida podía estar calificada de por vida y regulado su acceso, uso y salida (de forma que no se comerciaras con ella a precios de mercado). Tampoco pensaba la gente que podíamos pasar de casi no tener vivienda protegida de alquiler a atener ahora casi 8.000 viviendas de alquiler solo en manos del Gobierno Vasco. Tampoco la gente pensó que se podía movilizar vivienda vacía hacia el alquiler (como ya ha hecho 3.000 veces Bizigune). Nadie defendía imponer un canón fiscal a las viviendas vacías. nadie se planteaba que la ley debía garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. nadie podía pensar que ibamos a tener unas reservas de suelo para vivienda protegida del 70% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano. Y, en fin, poca gente creía que la intervención pública podía mejorar las cosas en materia de vivienda. Hoy sin embargo, muchas de estas cosas son lugares comunes, las defiende la mayoría social y política, son ya realidades palpables o están en proceso de realización, quienes siempre han trabajado al margen o contra ellas hoy quieren ser sus primeros defensores y estamos todos en el buen camino para solucionar, desde lo público, no desde el mercado, el problema social de acceso a la vivienda de buena parte de la ciudadanía vasca.

Ahora lo que hay que hacer es perseverar, no desfallecer, no escuchar los cantos de sirena de determinados entornos empresariales y mantener la intervención pública en pos de un servicio público de vivienda (de Gobierno y Ayuntamientos) que sea capaz de atender a la población necesitada en términos de derecho universal (como lo son la sanidad y la educación hoy en Euskadi).

En el terreno personal lo que me satisface es que unas ideas que antaño eran minoritarias en términos sociales y políticos hoy son asumidas cada vez por más gente, incluso hasta el extremo de que quienes pudieron impulsarlas en el pasado y no lo hicieron (o trabajaron en el sentido contrario) hoy sean defensores a ultranza de las mismas. No pasa nada. Bienvenidos al barco. Entre todos llegaremos a buen puerto, pues además los tiempos están claramente cambiando y además a nuestro favor.

El domingo Diario de Noticias de Gipuzkoa publicaba un artículo sobre el canon de la vivienda vacía que, en buena parte, es producto de una entrevista conmigo.

Como este artículo ha coincidido en el tiempo con otro del grupo Vocento que comenta Pablo en Hontza y dado que creo que éste aborda el tema de forma más ecuánime me atrevo a sugeriros que lo leais.

Os dejo los links por si os interesa:

1 El periodista titula: Lakua quiere sacar al mercado de alquiler los 13.500 pisos vacíos que hay en Gipuzkoa. Entiende que estos inmuebles cerrados durante un año son "un lujo inadmisible". Gipuzkoa es el territorio donde se localiza el mayor número de viviendas vacías de todo el País Vasco

2 El periodista titula: La experiencia previa de las inspecciones de VPO ha dado lugar a ocho expropiaciones. Lakua entiende que el canon está avalado por las 20.000 revisiones de vivienda protegida.

3 El periodista titula: El canon no colisiona contra el derecho a la propiedad porque cumple "una función social". Vivienda entiende que la riqueza del país "debe estar subordinada" al interés general.

(la foto está tomada del artículo de Diario de Noticias de Gipuzkoa al que se hace referencia en este post)

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Hoy he leído el editorial que el diario El Pais ha dedicado al problema de la vivienda y me he quedado tan perplejo que no puedo por menos que comentarlo. Os transcribo a continuación el editorial de forma integra (en negro) e iré introduciendo algunos comentarios míos (en azul).

 

DIARIO EL PAIS

25 de enero de 2007

EDITORIAL

Caos en la vivienda

La coincidencia de una intensa oleada de ocupación ilegal de pisos vacíos -incluso de alguno ocupado- en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y Madrid, con el anuncio de que algunas comunidades autónomas -Cataluña y Euskadi- consideran la posibilidad de imponer una tasa o canon a las casas desocupadas (mezcla El País churras con merinas -okupación con imposición sobre la vivienda vacía- para procurar desacreditar a la segunda), ha devuelto al escaparate público el intrincado problema de la vivienda (¿para el editorialista de El Pais la vivienda ha dejado de estar de actualidad en algún momento en los últimos años?; si así fuera, sería como para preocuparse y denotaría una escasa sensibilidad social por su parte), enfocado esta vez en forma de paradoja: hay más de tres millones de pisos vacíos, a pesar de lo cual el mercado de alquiler languidece y la demanda crece en progresión casi geométrica (en este punto estoy con el editorialista: tenemos un país muy raro en el que producimos casi 1 millón de viviendas al año, casi no hay viviendas protegida, millones de viviendas están vacías y millones de personas tienen serias dificultades para acceder a una vivienda digna). El resultado es que se disparan los delitos contra la propiedad inmobiliaria, crece la tensión ciudadana por la falta de recursos policiales y legales para acabar con la ocupación ilegal y aumenta el descontento entre una parte de la población asalariada cuyas rentas procedentes de trabajos precarios no pueden pagar los precios de un mercado que no deja de encarecerse (por el orden de los factores entiendo que al editorialistas de El País le preocupan más las pocas ocupaciones ilegales de vivienda que los millones de ciudadanos con serias dificultades para acceder a una vivienda digna; el que de El País considere más preocupantes unas docenas de ocupaciones de vivienda que la dificultad de acceso a un derecho constitucional de millones de ciudadanos y ciudadanas da que pensar).

Una situación tan potencialmente peligrosa merece un par de reflexiones. La primera es que el recargo sobre las propiedades vacías no resuelve el problema del alquiler (en esto estoy de acuerdo, pues para crear un parque privado y público de alquiler potente homologable a los europeos no solo se deben tasar los piesos vacíos, que hay que hacerlo, sino que se deben hacer otras muchas cosas, entre otras, promover vivienda protegida para su alquiler y dignificar y profesionalizar el mercado privado de alquiler, para que ambos, alquiler público y privado, se parezcan a sus homologos europeos), porque no está legalmente tipificado qué es un piso vacío (la solución es evidente: las leyes deben decir que es un piso vacío; de momento en Euskadi ya sabemos lo que es una vivienda protegida vacía, las estamos sancionando y expropiando y lo mismo se puede hacer con las viviendas libres vacias; no es un problema de técnica jurídica, sino de voluntad política). Si tal naturaleza no está definida después de más de tres años de esfuerzos legales perdidos en el intento, mal se podrán buscar y gravar tales pisos (el Ministerio de Economía no ha definido a efectos de la imposición estatal lo que es una vivienda vacía porque no le ha dado la gana, por falta de voluntad política; hay hechos imponibles tan o más dificiles de definir que este y sin embargo ahí están en las normas tributarias, perfectamente definidos e ingresándose tributos en base a ellos).

Más eficaz es la recomendación de que se modifique la legislación que regula los contratos de alquiler. Cuando los propietarios no se sientan indefensos ante inquilinos que no pagan, destrozos que no se reconocen y contratos que se eternizan, estarán más inclinados a poner sus propiedades en el mercado. (Estoy totalmente de acuerdo con el editorialista de El País en que se mejore la legislación civil sobre elquileres, este es un trabajo del gobierno y las Cortes, les animo a que se pongan a ello; por cierto, que en Euskadi ya le hemos quitado todas las incertidumbres sobre el alquiler a los propietarios de viviendas vacías, dado que, si quieren, la vivienda se la alquila el propio Gobierno Vasco y les paga la renta -una media de 580 euros al mes-, les devuelve la vivienda en perfecto estado e incluso les financia a tipo de interés cero 18.000 euros para rehabilitación de la vivienda antes de ser alquilada; esas viviendas son alquiladas por el Gobierno Vasco a personas inscritas en Etxebide y que demandan vivienda protegida en alquiler -pagan un alquiler medio de 250 euros al mes-; con este esquema hemos puesto en alquiler social en menos de tres años 3.000 viviendas vacías, lo que no está nada mal, pero con todas estas garantías y esfuerzos por parte de la Administración aún hay en Euskadi 23.000 vacías que podrían o deberían ir hacia el alquiler).

La segunda reflexión tiene que ver con la lamentable descoordinación entre la Administración central y las autonómicas (el editorialistas de El País habla de descoordinación entre las CCAA y el Ministerio en una materia, la vivienda, en la que el Tribunal Constitucional ya ha establecido hasta la saciedad que la competencia es plenamente autonómica; ¿se debe coordinar la Administración General del Estado con las CCAA en relaciones exteriores? no, ¿verdad? ¿ha descubierto El País el estado de las autonomías ayer mismo? quizás). La cautela que reclama el vicepresidente Solbes, fundada en que el canon plantea "problemas jurídicos y su rentabilidad es reducida", se da de bruces con la avidez normativa de las comunidades autónomas (ahora el que las CCAA ejerzan sus competencias se llama "avidez normativa", lamentable; supongo que El País entiende que todos tendrían que estar a la espera de lo que diga el Sr. Solbes titular de un órgano -Ministerio de Economía- incompetente en materia de vivienda, pues los competentes son las CCAA). El caso de las ocupaciones ilegales merece un tratamiento claro y directo. Dado que la propiedad es un bien básico que debe protegerse y que la entrada ilegal en las viviendas amenaza con convertirse en un conflicto grave, debería ponerse en marcha un sistema rápido por el cual los tribunales pudiesen identificar la propiedad de los pisos asaltados y ocupados; y otro igual de rápido para expulsar a los invasores. Es un escándalo que, en una sociedad tan burocratizada e informatizada como la española, los jueces no puedan conocer en unas pocas horas quién es el propietario legítimo de un piso (quizás sea más escándalo que en una sociedad tan burocratizada, informatizada, rica y moderna como la española nos dediquemos a construir millones de viviendas para que sean adquiridas por inversores o especuladores, consumamos miles de millones de metros cuadrados de suelo de forma irreversible para el medio ambiente, inflemos los precios de las viviendas libres, permitamos unas acumulaciones de poder económico sin parangon en manos de empresas de escaso valor añadido, no construyamos casi vivienda protegida, desparezca el alquiler de mercado, no despegue el alquiler protegido o social, todos nos olvidemos de la rehabilitación, millones de viviendas estén vacías ... y además millones de personas, muchos de ellos jóvenes, tengan severas dificultades para acceder a una vivienda).

Pocos editoriales de El País me han parecido más superficiales, más de parte, más insensibles y más contrarios al teórico ideario progresista de este medio como este que acabo de glosar. Una pena.

Como contrapunto a tanta inmundicia os dejo el link a una entrevista a Javier Dean (Viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco) en la que explica la posición del Ejecutivo Vasco en relación a la vivienda vacía, su salida al alquiler y su gravamen: tener un piso vacío es un lujo y gravarlo encaja bien en la Constitución.