Estos días he leído como han acabado, por el momento, los casos de dos jueces de carrera que no querían ejercer de jueces, sino de legisladores (sin haber pasado previamente por las urnas).

La jueza Laura Alabau, que se negaba a dar validez registral a los matrimonios de gays y lesbianas, que fue primero multada con 350 euros por sus compañeros del CGPJ (votación 9 a 8 en el CGPJ a favor de la ridícula sanción) y que después vio como el fiscal recurría la sanción del CGPJ por su extrema laxitud, ha sido finalmente trasladada de destino (a lo contencioso-adminsitrativo) para que, al menos de momento, deje de dañar la imagen de la Justicia al negarse a aplicar en Denia la legislación sobre matrimonios vigente en España.

Por su parte, el juez Ferran Calamita, que retrasó dolosamente por razón de su homofobia la adopción de una niña por parte de una pareja de lesbianas, ha sido apartado de la carrera judicial durante dos años, en medio de su intento de dar pena (argumentó que se iba a dejar a su familia sin sustento si no trabajaba de juez, cuando es evidente que si se le suspende como juez puede dedicarse a otros trabajos), sus acusaciones de estar siendo perseguido por ser un juez cristiano (cuando es claro que se le sanciona por mal juez y no por buen cristiano) y su terca, acientífica y pertinaz afirmación de que los niños no deben ser adoptados por gays o lesbianas pues eso les causará grave daño al ser tratado como cobayas.

Los dos casos, a pesar de su evidente homofobia y conservadurismo retrógado, no son jurídicamente idénticos. Es mucho más grave el caso de la jueza Alabau que el del juez Calamita. Me explico. La jueza Alabau dice que el Legislativo y el Ejecutivo no son nadie para imponerle a ella una determinada forma de impartir justicia. Su homofobia le ha hecho negar una de las esencias de la Democracia: la de que las leyes las elabora solo el Parlamento (por mandato de los ciudadanos) y ellas deben ser aplicadas por los tribunales de justicia sin aditamento alguno, estando solo el Tribunal Constitucional autorizado a corregirlas, no en su opción política, sino en el caso de existir tara de inconstitucionalidad. Por su parte, el juez Calamita busca en una presunta defensa del menor un argumento para oponerse a la adopción por parte de una pareja de lesbianas y, cuando se ciernen sobre él nubes disciplinarias y el escándalo mediático, se protege en su condición de cristiano. Claramente homófobo, pero al menos no se ha negado frontalmente a aplicar una ley del Parlamento ni tampoco ha desafiado la capacidad del Parlamento para dictar leyes.

Sea como fuere los dos tienen algo en común: un juez que considera que su credo moral personal está por encima de sus obligaciones constitucionales y legales de juez.

Los jueces que se nieguen a aplicar la Constitución y las leyes españolas en sus juzgados deberían ser expulsados de la Judicatura. Sin más. En estos dos casos no se ha hecho esto, sino que simplemente se le ha trasladado a una y suspendido por dos años al otro. Mal ejemplo el que da el CGPJ al afirmar, al menos implicitamente, que un juez puede prescindir del derecho vigente, o incluso atacarlo forntalmente, en el desempeño de su labor sin ser apartado para siempre de la carrera judicial.

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Dice el profesor Sosa Wagner (catadrático de la Universidad de León y una auténtica eminencia del derecho público) que lo que tiene que hacer los políticos es cumplir la ley, el Estatuto y la Constitución y si quieren reformarlos, lo que tienen que hacer es irse a un bar a hablar de este tema con los amigos, pues como políticos no están facultados para tal cosa, dado que tienen que respetar las normas por las que han sido nombrados.

Las declaraciones del prestigioso jurista son parte de una entrevista en El Correo y como tal, supongo, hay que tener cuidado con los juicios que hacemos, pues puede que el Sr. Sosa Wagner no dijera exactamente lo que dicen que ha dicho. Pero vamos a suponer que dijo lo que dicen que ha dicho.

Yo como jurista amateur, de andar por casa, tengo el atrevimiento de no estar de acuerdo con el Sr. Sosa Wagner. Explico las razones.

Para mi el derecho además de garantizar orden (no lo niego) y de normas de resolución de conflictos interpersonales, contiene siempre un proyecto político a aplicar sobre una sociedad. Unas veces ese proyecto político consiste en no cambiar nada de lo que previamente se ha establecido (muy típico de dictaduras y regímenes de baja calidad democrática con gobiernos conservadores, de todo esto en España sabemos, por desgracia, mucho). Pero en democracia, ese derecho contiene un proyecto de cambio social. Hacia la derecha, la izquierda, el productivismo, el ecologismo, el machismo, la inhibición estatal de la economía, el intervencionismo estatal ... o una mezcla diversa de las dualidades anteriores y otras que me dejo en el tintero. En democracia el derecho son unas reglas de juego que se pueden cambiar, respetando las reglas establecidas para esos cambios de marco. En democracia el derecho no es estático, sino dinámico al servicio de la ciudadanía soberana.

Ver el derecho solo como garantía de orden y considerarlo un fósil que no puede cambiar, y más aún, entender que no son los políticos democráticamente elegidos los que tienen la facultad de impulsar esos cambios normativos me parece tener una concepción del derecho algo predemocrática y ciertamente conservadora.

Para Sosa Wagner, si seguimos el tenor literal de la entrevista, no hay ni poder constituyente ni poder constitudo ni poder constituyente-constituido ni nada por el estilo. Solo hay supuestos de hecho y consecuencias jurídicas que operan de forma automática y mecanicista en un orden jurídico perfecto, inmutable y del que los políticos (representantes) y los ciudadanos (soberanos que eligen a los representantes) no tienen nada que decir, sino disfrutar de sus "beneficios".

No creo que el profesor Sosa Wagner quisiera decir exactamente esto. En realidad solo quería cargar contra el Sr. Ibarretxe (que se defienda él, no lo haré yo en mi blog). Pero creo que se le fue la mano.

Derecho es orden, pero también proyecto de cambio social, en democracia sometido a los designios de la ciudadanía soberana. Vamos, al menos, eso me enseñaron en la facultad de derecho, que es donde ejerce el Sr. Sosa Wagner su magisterio.

Y si del derecho pasamos al Estado, nuestra Constitución habla de Estado Social y Democrático de Derecho que es cualquier cosa menos estática, solo basta leer su Preámbulo que, entre otras cosas, habla de establecer una sociedad democrática avanzada (lo cual, como proceso, es imposible hacerlo desde la estática).

Concluyendo, el Sr. Sosa Wagner quiso cargar contra el nacionalismo vasco y el Lehendakari y acabó cagándose (con perdón) en su propia profesión: el derecho público y más concretamente el constitucionalismo.

PD: todo lo anterior no hace disminuri mi interés por la obra de este insigne profesor.