La semana pasada vi este cártel en una calle céntrica de Vitoria-Gasteiz. Al parecer hay una cierta polémica en el municipio como consecuencia de la proliferación de carteles políticos que la empresa FCC, concesionaria del consistorio, retira de manera más o menos sistemática.

Los intereses en juego son claros: la limpieza de la ciudad (artículo 45.1 -medio ambiente urbano-), la libertad de expresión (artículo 20.1.a de la Constitución), la participación ciudadana (artículo 23.1 de la Constitución) y evitar los carteles que puedan bordear los delitos de calumnia o injuria (artículo 9.1 -sujección de los poderes públicos y ciudadanía al ordenamiento jurídico-).

Supongo que todos la ciudadanía de Gasteiz queremos tener una ciudad limpia. Además pagamos impuestos para ello. Por otra parte, más del 90% de la ciudadanía (puede que incluso más) consideramos ciertos carteles ofensivos, cuando no delictivos. Y finalmente, toda persona que resida en la ciudad tiene derecho a expresar libremente su opiniones políticas en sentido amplio (políticas, sociales, económicas, medioambientales, etc).

Ante este conflicto de intereses parece ser que el Ayuntamiento ha optado por eliminar, como digo de forma más o menos sistemática, los carteles políticos de la ciudad. A mi juicio, esta forma de resolver este conflicto daña derechos constitucionales de la máxima importancia.

Me parece bien que el Ayuntamiento exija que los carteles políticos no manchen la ciudad y también apoyo que se retiren los carteles a través de los cuales se puedan cometer delitos de calumnias o injurias. Pero no me parece correcto que, con el pretexto de la limpieza y de que en algunos casos los carteles puedan ser constitutivos de delito, se acabe con todos los carteles.

La libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos son uno de los pilares básicos de cualquier estado democrático. El Ayuntamiento debe protegerlos. Y cuando tome medidas que los pueda limitar, debe ponderar los derechos constitucionales e intereses ciudadanos en juego con sumo cuidado, presidiendo su acción fáctica siempre un cierto selfrestrain (autolimitación) en preservación del contenido esencial de los derechos y libertades constitucionales.

A mi juicio una respuesta adecuada, desde el punto de vista constitucional, sería la siguiente:

1. retirar todos los carteles (no autorizados) que en estos momentos existan en la ciudad
2. habilitar espacios para la expresión de opiniones a través de los carteles (los espacios deberían ser permanentes, no se debería permitir el acceso a los partidos políticos y, en la medida de lo posible, los ciudadanos opinantes deberían identificarse)
3. ponderar que parte del espacio público se dedica a la publicidad comercial (esta, al parecer, no afea las ciudades y no contiene mensajes muchas veces cercanos a los socio-político-) y cual se dedica a la libre expresión de opiniones sociopolíticas
4. tomar medidas contra los carteles que puedan ser delictivos.

Parece ser que en mi ciudad no se ha optado por nada de esto. Más bien da la sensación de que buscando la limpieza y tratando de evitar los carteles ofensivos cuando no delictivos, se va acabar dañando en cierta medida la democracia.

Se me dirá que lo que cuatro chiquillos y dos extremistas opinen no va a ningún sitio. Y yo les diré que a este grado de banalización de la democracia hemos llegado: es más fácil colocar un cartel de 100 metros cuadrados anunciando productos y servicios de consumo que un cartel de 1 metro cuadrado opinando sobre temas sociales o políticos.

Supongo que lo que está presente en el subconsciente de los regidores municipales vitorianos es no darles ni un milímetro de calle a los proetarras. Pero una cosa es una cosa y seis media docena. No creo que por lo que hacen unos pocos (perfectamente aislable y tratable de forma diferenciada) deban pagar todos y con ello la calidad de nuestra democrácia.

PD: todo lo anterior no obsta para que exprese mi total e incondicional apoyo a los trabajadores de FCC amenazados por hacer su trabajo.

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