Leo en la web del Ministerio de Vivienda que el Consejo de Ministros ha autorizado la constitución de SEPES URBANA una empresa pública nueva que, entre otras cosas, se va a dedicar a producir directamente vivienda protegida.

Y yo me pregunto, ¿ademas de que los ayuntamientos y las CCAA tengan empresas públicas promotoras de vivienda protegida es necesario que el Ministerio también tenga otra? ¿No se están produciendo demasiadas duplicidades administrativas? ¿Sabe el Ministerio de Vivienda cual es su verdadero papel?

El Tribunal Constitucional español ha dicho en repetidas ocaciones (otra cosa es si con buen o mal criterio) que el Estado debe regular las condiciones fundamentales del derecho de propiedad sobre el suelo, así como las condiciones básicas del ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos que se ven afectados por el suelo. Pero el Alto Tribunal considera que la definición del modelo territorial, urbanístico y de vivienda corresponde a cada CCAA. De lo anterior se deduce, además de que quizás sobre el Ministerio de Vivienda, que son las CCAA las responsables de definir jurídica, económica y técnicamente que es una vivienda protegida y de promoverlas y gestionar ese parque. Por tanto, ¿que hace el Ministerio metiéndose, una vez más, en campo competencial ajeno? Por cierto, esta medida nunca ha sido comentada en ninguna Conferencia Sectorial o Multilateral que son los foros en los que se reunen Ministerio de Vivienda, CCAA y FEMP y en los que se habla, se habla y se habla.

PD1: todo esto lo digo sin que nadie me pueda acusar de preguntar lo que pregunto y afirmar lo que afirmo por ser un responsable autonómico de vivienda; cosas buenas que tiene estar en funciones, estoy a punto de dejar de ser un cargo público y mis opiniones no se pueden juzgar en base a un cargo pasado.

PD2: que yo comente que el Tribunal Constitucional dice lo que dice sobre el suelo, la propiedad, la vivienda, el urbanismo y la ordenación del territorio (papel muy mermado de las Cortes y amplio campo de juego para parlamentos y gobiernos de las CCAA; es decir 17 sistemas casi sin hilo conductor) no quiere decir, en modo alguno, que yo lo comparta de forma plena; un estado que quiera seguir teniendo ese nombre creo que debe tener una definición (aunque sea en forma de mínimo común denominador) de lo que es propiedad, suelo, plusvalía, participación de la comunidad en las mismas, vivienda libre, vivienda protegida (como un tipo específico de propiedad), derecho a la vivienda, servicio público de vivienda, tutela judicial efectiva sobre el derecho a la vivienda, etc; todo esto y mucho más en España se decide a 17 bandas, no esta ni legalizado ni constitucionalizado y como ciudadano uno esta sometido a una especie de loteria o ruleta territorial (¿que hace mi CA en esta materia?) del todo punto injusta.