Mi amigo bengoetxe ha publicado recientemente un artículo en El País y un post en su blog sobre la fiscalidad y las políticas públicas de vivienda. Por un post mío anterior en este blog, popularizado por el diario El Correo, ya sabéis que yo suscribo sus tesis (incrementar las deducciones fiscales a la compra de vivienda, en contra de lo que pueda parecer, acaba incrementando los precios de las viviendas y haciendo más inaccesible la vivienda a la gente).

Recientemente un amigo me ha pasado un informe de la OCDE sobre la vivienda en España, que creo que no es un nido de peligrosos extremistas de izquierdas, en el que se dice lo sigueinte: "Tax incentives in favour of home ownership have contributed to stimulate housing demand and to push prices up. As shown by van den Noord (2005), tax incentives for house purchases can also reinforce house price volatility (Figure 2.9). According to Domínguez Martínez (2004), income tax deductions reduce the effective interest rate by 2 percentage points on average and real after-tax interest rates have been negative since 1999. The scale of the subsidy, which varies with the size of the loan, the depreciation rate and the level of interest rates, allows buyers to increase their borrowing and the price of the home purchased by 15% to 20%. In view, however, of the strong pressure of demand and the rigidity of housing supply, it is likely that these tax deductions are largely capitalised into prices. López-García (2003) estimates that, without these concessions, property prices would fall by between 15% and 30%."

Vamos, que no lo digo yo o bengoetxe, que lo dicen los informes de instituciones internacionales: incrementar las deducciones fiscales a la compra de vivienda incrementan los precios de la vivienda (parece que en España entre un 15% y un 20%) en vez de hacer más accesible la vivienda a la gente.

Aviso reiterado para navegantes, este post expresa la opinión del autor, nada más.

Technorati Tags: deducciones vivienda, incentivos fiscales a la compra de vivienda, politica fiscal y vivienda, acceso a la vivienda

Me gustaria hacer algún comentario sobre como han sido recibidos los datos del servicio de inspección-sanción de vivienda protegida presentados ayer lunes por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Como es evidente, mis apreciaciones no son imparciales, pues yo soy el responsable de dicho servicio de inspección-sanción. Pero creo que dado que en mi blog hablo de lo que me apetece y nunca me he autocensurado, tampoco lo voy a hacer en este caso.

Este servicio lleva funcionando de forma efectiva desde febrero del 2005 (aunque para ponerlo en marcha trabajamos desde el mismo año 2002) y a fecha de hoy lleva inspeccionadas más de 17.000 viviendas protegidas (de las más de 50.000 que hay en estos momentos en Euskadi). Se han encontrado indicios de fraude en unos 2.000 casos (un 9% del total) y ya se han empezado a imponer sanciones (138) y se han expropiado y readjudicado las primeras ocho viviendas vacías o usadas de forma irregular. Los fraudes más comunes son las viviendas vacías, vendidas o alquiladas irregularmente. Por todos, os destacaré el artículo de El Correo que hoy ha recogido este tema con bastante fidelidad y que, incluso, lo ha llevado a su primer página.

Quisiera destacar algunas cosas que entiendo relevantes sobre este tema. En ninguna CCAA las viviendas protegidas están calificadas de por vida, se adjudican solo por sorteo (sea quien sea el promotor), se adjudican fundamentalmente en alquiler y derecho de superficie, no se pueden vender ni alquilar en el mercado libre, son tanteadas y retractadas por el Gobierno y se controla su uso a través de un sistema de inspección-sanción que puede llegar hasta la expropiación. Esto no solo no ocurre en ninguna CCAA, sino que en Euskadi antes del 2002 era simplemente ciencia ficción. Hay que recordar que en más de 25 de ejercicio de las competencias en materia de vivienda por parte de el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos vascos nunca se habían dado estos pasos en pos de la limpieza, seguridad jurídica y uso social del parque de vivienda protegida. Vamos que todas estas cuestiones son, lamento decirlo así, pero es lo que es, históricas (nunca antes vistas ni aquí ni en ninguna otra CCAA).

Supongo que todo esto lo habremos conseguido entre todos. Estoy convencido de que este cambio cultural no se habría podido producir sin el concurso de la ciudadanía, las AAPP o los medios de comunicación. Pero lo que entiendo que nadie puede negar es el liderazgo total y absoluto del actual equipo de vivienda en el Gobierno Vasco en la consecuención de todos estos logros. No se trata de colgarnos medallas ni de ser autocomplacientes, pero si de hacer honor a la verdad. En todas estas materias hay un antes y un después de la gestión de Ezker Batua. Y quien no lo quiera reconocer simplemente no hace honor a la verdad por intereses partidistas. Sea como fuere, es interesante ver como partidos políticos, sindicatos o medios de comunicación que durante décadas no hicieron nada en esta materia ahora todo les parece poco y piden sangre.

Por llevar las cosas un poco hacia el sentido común, el servicio de inspección-sanción, en su labor de luchar contra el fraude y garantizar un uso social del parque de vivienda protegida, no se va a saltar ni una coma de la normativa vigente, va a respetar las garantías jurídicas de la ciudadanía y va a conducir sus labores de inspección-sanción-expropiación con total respeto al estado de derecho. Eso si, que sepan las y los infractores que antes o después se dará con ellos, que serán sancionados y que, en muchos casos, las viviendas mal usadas volverán a estar en manos del Gobierno que las readjudicará a personas inscritas como demandantes en Etxebide.

Decía antes que hay que evitar la autocomplacencia, que siempre es mejor mirar el camino que queda por delante que encerrarse en lo ya hecho. Precisamente por eso admito que arreglar lo que se ha estropeado en 30 años de no controlar el parque de vivienda protegida no va ser algo sencillo, va a ser una tarea ardua. Algunas cosas ya no se van a poder evitar. Por ejemplo los fraudes cometidos bajo otros equipos de vivienda hoy ya han prescrito y no son jurídicamente atacables. Pero lo que si puedo garantizar es la tolerancia cero del actual equipo de vivienda con el fraude en maeria de vivienda protegida, sin por ello dejar de respetar punto por punto el estado de derecho como antes he comentado.

Acabo con tres apuntes de cosas que me han parecido interesantes. Ciertos diarios han afirmado que el Consejero Madrazo se juega su credibilidad en este envite de la inspección. Y yo me pregunto ¿los Sres Maturana (PSE) y Ormazabal (EA) consejeros durante lustros no se jugaron nada de su credibilidad al no hacer nada en esta materia? ¿Se va a cargar ahora contra el que inicia la curzada contra el fraude en materia de vivienda protegida en vez de reconocer su caracter pionero? Otros medios de comunicación entienden que lo anunciado ayer es toreo de salón de cara a la galería y ponen como ejemplo que en el caso de las ocho vivienda expropiadas a los infractores se les ha pagado el precio de la vivienda protegida. Y yo me pregunto ¿como puede permitirse un medio de comunicación serio desconocer que desde 1858 en España las expropiaciones estan regladas por ley y que la causa expropiandi y el interés público no hace que desaparezca el derecho del particular al justiprecio? Pagar a los expropiados por las viviendas empropiadas no es una mala gestión del dinero público, como insinúa hoy cierto editorial, sino cumplir con el Estado de Derecho, tal y como lleva definido desde mediados del XIX por Jellinek, Hariou, Duguit, Carre de Malberg y un largo etc. Para finalizar, algunos medios han dicho que cuando se va a inspeccionar se avisa a los inspeccionados. Nada más lejos de la realidad. Se inspecciona sin avisar a nadie, otra cosa es que una vez en las viviendas el inspector se identifique, muestre su credencial y le diga a la persona a que se debe su visita.

Por cierto, estos tres apuntes finales no empañan lo que entiendo que ha sido una buena y respondable cobertura de esta noticia por parte de los medios de comunicación vascos.

Y acabo reiterando el mensaje central: con la vivienda protegida, un servicio público hoy claramente esencial, no se juega. Y si defraudas te van a cazar, sancionar y puede que expropiar.

Quería escribir sobre los presupuestos para el año 2007 del Departamento del Gobierno en el que trabajo (Vivienda y Asuntos Sociales), pero dado que mi Viceconsejero ya ha escrito sobre el particular, os pongo un link al artículo de su blog Bengoetxe en el que habla de este ausnto y simplemente me remito a lo dicho y escrito por él, dado que lo suscribo.

La semana pasada el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco sorteó, mediante Etxebide, 855 viviendas protegidas en Vitoria-Gasteiz. El 66% de ellas eran viviendas en alquiler.

El tema ha pasado más o menos desapercibido para la prensa, mientras ciertas entidades cirticaban la"escasa" y "propagandística" apuesta del Departamento por la vivienda en alquiler. Ceo que estadísticas como las del sorteo de Vitoria-Gasteiz precisamente demuestran con claridad la apuesta del Departamento por la vivienda en alquiler.

Estoy convencido de que en los próximos años los Ayuntamientos vascos, que hasta la fecha no han creido en el alquiler de la vivienda protegida, irán entrando por esta senda y entre todos conseguiremos alcanzar o superar los objetivos que en materia de alquiler marca el Plan Director de Vivienda 2006-2009.

Os recuerdo que en el año 2001 el parque de vivienda protegidas en alquiler de Euskadi apenas llegaba a las 740 (dejando fuera el particular y especial caso de las viviendas en alquiler de Viviendas Municipales de Bilbao). A principio del 2006 la CAPV ya disponía de 7.660 viviendas protegidas en alquiler. En solo cuatro años hemos pasado de tener un 2% del parque de vivienda protegida en alquiler a situarnos en un 15%. Tambien os recuerdo que Etxebide entre el 2002 y el 2005 ha adjudicado el 40% de las casi 10.000 viviendas que ha sorteado en régimen de alquiler. Queda mucho por hacer, pero seguro que entre todos llegamos a buen puerto.

Ahora bien, creo que no se puede poner en tela de juicio (al menos en base a los datos) la apuesta del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco por en alquiler, dado que el paso de esas 740 viviendas en alquiler a las casi 8.000 actuales se ha hecho de la siguiente manera: todas esas nuevas viviendas en alquiler o las promueve o las financia el Gobierno. Ni una sola de ellas ha sido puesta en marcha sin el impulso del Gobierno.

Las AAPP deben elegir entre la rentabilidad económica a corto plazo, que por ejemplo se da en la Vivienda Tasada, y la rentabilidad social a largo plazo del alquiler protegido, que además supone un fuerte gasto presupuestario. Pensa a corto vs. pensar a largo. Pensar solo en lo económico vs. pensar tambien en los social. Estas son las disyuntivas.

El Plan Director de Vivienda 2006-2009 apuesta por llegar a las 19.160 viviendas protegidas en alquiler (el 22% del parque protegido). Estoy seguro de que entre todos podemos.

Por cierto os dejo una entrevista al sociólogo urbanista Javier Camacho que apuesta por el alquiler protegido y que dice en Euskadi estamos a la cabeza del estado en materia de alquiler social y movilización de vivienda vacía. Technorati

El grupo parlamentario IU-ICV y la Fundación Europa de los Pueblos han organizado el próximo día 24 de noviembre un seminario de estudio sobre la especulación y la corrupción inmobiliaria. Al seminario acudirán personas de reconocido pertigio de la judicatura y la fiscalia, alcaldes y concejales, ecologistas y técnicos de Hacienda.

Entiendo que este puede ser un foro interesante para discutir de forma reposada sobre temas de tanta trascendencia como estos. El seminario tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. Espero que entre los que allí estemos (han cometido el error de invitarme) logremos alumbrar soluciones a estos dos problemas.

Mi postura al respecto ya la conocéis por notas anteriores.

Por cierto, ¿alguien ha vuelto a oir hablar del decálogo del PSOE contra la corrupción inmobiliaria? Me ha sorprendido que después de presentarlo a bombo y platillo no hayamos vuelto a saber nada del tema.

A la vuelta del seminario, ya os contaré como he visto la cosa.

En la Comisión de de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente del Parlamento Vasco tuvo lugar ayer lunes 30 de octubre la comparecencia del consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, a petición propia, con el objeto de presentar el Plan Director de Vivienda 2006-2009.

Dado que la prensa vasca lo único que ha reflejado de esta Comisión del Parlamento Vasco es que el Consejero de Vivienda se niega a debatir el Plan de Vivienda en el Parlamento Vasco, pongo en común con vosotras y vosotros las sensaciones que me produjo esa Comisión (el Viceconsejero y yo mismo acompañamos al Consejero).

Hago una aclaración previa que ya sé que no va a servir de nada, pero la hago de todas las formas. El contenido de esta nota solo es atribuible a Javier Burón y no al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. El contenido de esta nota no constituye un informe oficial, solo las impresiones de Javier Burón sobre la citada Comisión parlamentaria.

En primer lugar, me gustó pasar la mañana del lunes en el Parlamento Vasco. Ha sido mi casa durante cinco años (trabajé como asesor jurídico del Grupo Parlamentario de EB), fue mi forma de salir del mundo de la formación y entrar en el mundo del trabajo, además es la casa de la ciudadanía y, por todo ello, le tengo mucho cariño.

La segunda impresión que saqué es que el Parlamento inició ayer un debate sobre este Plan que puede continuar en el futuro. Frente a ciertas acusaciones sobre falta de debate parlamentario de este Plan, la Comisión fue precisamente para eso: llevar el Plan al Parlamento y debatirlo con los Grupos Parlamentarios. Además el Consejero, al menos en tres ocasiones, dijo que él no iba a obstaculizar otros debates parlamentarios sobre el Plan Director de Vivienda. Es más, dijo que los veía bien, incluso si esos debates acabaran con propuestas de resolución de los Grupos. Y que si había propuestas de resolucíón los incorporaría al desarrollo del Plan.

Y la tercera impresión que saqué es que hay mimbres para hacer grandes cosas en materia de vivienda en estos años. Explico las razones de mi optimismo.

1.- El Consejero de Vivienda, Sr. Madrazo expuso las líneas fundamentales del Plan Director de Vivienda 2006-2009. Yo destaco las siguientes ideas: plan dotado con 2.805 millones de euros (lo que supone doblar la financiación), que pretende impulsar la construcción de 27.000 nuevas viviendas protegidas (8.500 en alquiler e introduciendo las nuevas tipologías - Vivienda Tasada municipal y autonómica y Alojamientos Dotacionales en Alquiler), llegar a las 5.000 viviendas de Bizigune en alquiler social, convertir 750 locales en viviendas protegidas, rehabilitar 500 viviendas en entornos rurales o urbanos en Areas de Rehabilitación Integral, conceder 41.500 ayudas para la rehabilitación de viviendas ya existentes y obtener suelo para la promoción de 24.000 viviendas. El conjunto de los objetivos del Plan suponen un 28% más que los objetivos del anterior Plan de Vivienda 2002-2005. Se pretende pasar de un parque de alquiler que supone el 15% del total de las viviendas protegidas, al 22% (en el 2001 estábamos en el 2%). Y se pretende hacer todo esto de la manos de los Ayuntamientos y contando tambien con otros agentes privados.

2.- PNV, EA y EB apoyaron el Plan Director de Vivienda 2006-2009, como no puede ser de otra forma pues emana de un gobierno que ellos sustentan.

3.- Aralar no dio su apoyo expreso al Plan, pero reconoció que se dobla el presupuesto, que se está produciendo vivienda protegida al 200% de lo que venía siendo habitual y que se están produciendo avances en materia de alquiler protegido. De lo que podemos deducir que su valoración del Plan no es mala. También insistieron en la necesidad de conectar la política de vivienda del Gobierno con la política fiscal de las DDFF.

4.- PP y EHAK se opusieron frontalmente al Plan Director de Vivienda 2006-2009 por razones diametralmente opuestas.

- para EHAK este es un Plan privatizador, carente de participación ciudadana para su gestación, al servicio de las empresas y los bancos que solo pretende incrementar lo beneficios empresariales, de los propietarios del suelo y de los propietarios de vivienda; entiende EHAK que este es un plan de derechas que fracasará estrepitosamente.

- para el PP este Plan Director de Vivienda 2006-2009 es un calco del anterior y que les preocupa, pues puede consolidar un mercado de vivienda protegida alternativo al mercado de vivienda privada; entiende los populares que este plan intervencionista del Gobierno va a incrementar los precios de la vivienda libre (entienden que al hacer más vivienda protegida sube el precio de la libre); y finalmente les preocupa como se van a desmontar en el futuro los programa de vivienda que hoy se están creando, especilamente los relativos al alquiler.

5.- Finalmente el PSE entiende que este es un Plan manifiestamente mejorable, con deficiencias presupuestarias, que no atiende a la demanda existente en materia de vivienda en estos momentos en Euskadi, que va a tener dificultades en materia de captación de suelo y alquiler protegido y que mezcla actuaciones del Gobierno, los Ayuntamientos y los promotores privados.

- EAHK no se cree el discurso que hace, lo hacen pues está en el guión, pero no se lo creen. Yo espero que en el futuro se pueda impulsar políticas de izquierdas en materia de vivienda tambien con EHAK

- El PP si se cree su discurso (es más la portavoz del PP en la materia dijo que los Ayuntamientos del PP en Euskadi hacen vivienda protegida porque la ley les obliga a ello, pero que si pudieran no la harían) y es, en esta materia, un actor marginal (o automarginado).

- EB, PNV, EA, Aralar y PSE podemos impulsar conjuntamente política pública de vivienda en el Gobierno, Parlamento y Ayuntamientos. Somos conscientes de que la Ley 2/2206 de Suelo y Urbanismo de la CAPV ha marcado el inicio de un nuevo tiempo en materia de vivienda que tiene que estar presidido por la cooperación entre todos los agentes y la suma de fuerzas para la solución del problema.

Como ya os decía ayer el PSOE presentaba hoy sus propuestas contra la corrupción inmobiliaria. A continuación os transcribo las propuestas del PSOE, así como las reacciones del PP e IU Federal (pido disculpas por no recoger el resto del arco parlamentario, pero es que mi tiempo es limitado y la pluralidad de la sociedad española -o como se diga- muy amplia...).

En una primera lectura de las propuestas del PSOE puedo decir que estoy de acuerdo con todas ellas. ¿Como estar en contra? Son tan generales que es imposible oponerse a ellas. Recuerdan un poco a aquel artículo primero de una constitución de Brasil que decía "Los brasileños serán justo y benéficos". No entran las propuestas del PSOE al núcleo del problema. Todas apuntan en la buena dirección, pero ninguna se concreta con medidas medibles y evaluables. El PSOE (y los medios de comunicaíón más "sensibles" a sus políticas) parecen preferir centrarse en la tolerancia cero y en una velada amenaza de retirar competencias a los ayuntamientos. Es decir, que salvo el conjunto de principios generales que tenéis abajo, el PSOE parece proponer echar a sus corruptos (¿cabe otra opción?) y amenazar de desapoderamiento a los ayuntamientos. Muy poco nos dicen sobre las dos medidas claves: el reparto de plusvalías entre privado y público (ahora 90% vs. 10%) y las reservas de suelo de Vivienda Protegida (hablan del genérico mínimo estatal del 25%).

De lo del PP mejor no hablo. Preguntado Rajoy por el tema ha dicho que la cosa se arregla con jueces, fiscales y policias. Y aunque os parezca imposible, ha metido a ETA y al Estatut en este asunto. La verdad es que flipo con esta gente. Su reacción evasiva a mi me parece que recubre muchas cosas. Por ejemplo, ¿para que le vamos a pedir medidas al PP contra la corrupción y la especulación urbanísitica con todo lo que han trabajado ellos en pos de ellas en la última década? Y también la evidencia de que el PSOE empieza a expulsar a cargos implicados en escándalos urbanísticos, mientras que el PP hace todo lo que puede por no echar a los suyos.

De la reacción de IU Federal (ya sé que no soy imparcial) destaco que es la única que ha hablado de una cosa nuclear. Dice Gaspar LLamazares que si pasamos de un reparto de plusvalías como el actual (10% lo público y 90% lo privado) a otro parecido (el proyecto estatal de ley del suelo habla de de entre 5% y 20% público y entre 95% y 80% privado) no va cambiar el motor de la especulación legal y la corrupción urbanística ilegal. Que deberíamos llevar la participación de la comunidad en las plusvalías del urbanismo (art 47 de la Constitución española) mucho más allá del 10% o del máximo del 20% futuro.

Creo que el PSOE saca de paseo por los medios de comunicación principios generales, el PP habla de pajaros y flores e IU es la única fuerza política radical, del latín radice, es decir que apunta a la raíz del problema (el reparto entre lo público y lo privado de los aprovechamientos urbanísticos).

Sea como fuere, de entre todos estos decálogos, me sigo quedando con las medidas que yo mismo os ponía ayer encima de la mesa.


PROPUESTAS DEL PSOE SOBRE LA CORRUPCION URBANISTICA

EXTRAIDO DE LA WEB DEL PSOE
23 de octubre de 2006

POR UNA NUEVA POLITICA URBANISTICA Y DEL TERRITORIO

El PSOE presenta un decálogo de medidas contra el urbanismo salvaje y la especulación urbanística

1.- Recuperar la función social de la vivienda. El suelo tiene que cumplir la función prioritaria de satisfacer la necesidad de acceso a viviendas asequibles. Compromiso de reservar al menos el 25% del suelo residencial para vivienda protegida. Apuesta por el mercado de alquiler como alternativa a la compra de vivienda (tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario).

2.- Hacer ciudades habitables. No propiciar nuevos desarrollos urbanísticos sin servicios educativos, sanitarios y sociales necesarios. Desarrollar ciudades de calidad que aseguren a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios, a la seguridad y al progreso personal.

3.- Ciudades equilibradas. Propiciar el equilibrio urbano entre la ciudad consolidada y la creación de la nueva ciudad. Dar prioridad a la rehabilitación y recuperación de barrios degradados frente a la construcción de otros nuevos.

4.- Preservar nuestro patrimonio natural. Reforzar la evaluación ambiental de los nuevos procesos urbanísticos. Preservar del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por su valor ecológico, paisajístico o cultural, así como los que se consideren necesarios como reserva de futuro. (tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario)

5.- Competir en calidad no en cantidad. Asunción plena de la responsabilidad de las CCAA en la ordenación del territorio mediante la exigencia de Planes Territoriales Supramunicipales. Estos deben fijar criterios y límites razonables al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal para que poblaciones de un mismo desarrollo urbano no compitan en función de quién crece más sino en dónde se vive mejor.

6.- Crecimiento ordenado. Establecer límites al crecimiento urbano. Dichos límites deben fijarse en función de una serie de parámetros tales como las demandas económicas y demográficas reales y potenciales existentes en el Municipio; la capacidad de absorber el crecimiento; la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes y el medio natural en que se va a desarrollar.

7.- Perseguir las reclasificaciones indiscriminadas. Dar carácter absolutamente excepcional a las reclasificaciones de suelo no urbanizable y acompañarlas de revisión del Plan General cuando alteren las condiciones del planeamiento vigente o supongan un impacto territorial significativo.

8.- Transparencia informativa. Someter a información pública todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluidos los Convenios Urbanísticos, exigiéndose un resumen sencillo y claro que los ciudadanos puedan entender y saber en qué les afecta (tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario).

9.- Las plusvalías del urbanismo al servicio del interés general. Los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y de una mayor edificabilidad concedida por el planeamiento deben revertir en la sociedad en su conjunto y no en unos pocos (tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario)

10.- Cumplimiento escrupuloso de la legalidad. Potenciar en línea con lo que está haciendo el Gobierno todas las medidas para luchar contra prácticas ilegales y fraudulentas: Nuevas Fiscalías, nuevas unidades de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos, más y mejor inspección fiscal.


REACCION DEL PP A LAS PROPUESTAS DEL PSOE SOBRE LA CORRUPCION URBANISTICA

DECLARACIONES A LA CADENA SER
23 de octubre de 2006

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha señalado hoy al Ejecutivo que la corrupción se ataja con la Ley, la Fiscalía y los jueces

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha señalado hoy al Ejecutivo que la corrupción se ataja con la Ley, la Fiscalía y los jueces y que la obligación de un gobierno es “gobernar y no decir “cuando las cosas las hace mal que va a hacer un pacto”. En este sentido, el presidente de los populares ha lamentado que, siempre que el Ejecutivo organiza un lío y no sabe cómo salir de él, “al final lo que le dice a la oposición es que tiene que hacer un pacto”, como también ha sucedido en temas como la inmigración o la firma de una resolución en el Parlamento Europeo sobre ETA. “¿Qué pacto puede haber con la corrupción? ¿Qué firmemos un papel diciendo que no roben los militantes de los partidos políticos?”, se preguntó.

Para Rajoy, en materia de corrupción urbanística “lo que hay que hacer es aplicar la ley”, porque no es un problema de hacer leyes. “Un ladrón roba igual con una ley que con otra, porque el ladrón lo que hace es violar la ley. Por tanto, pediría no hacer demagogia con estas cosas”, añadió.

En este punto, el dirigente popular ha “dado algunas ideas” al Ejecutivo para atajar la corrupción urbanística, como mejorar la financiación de los Ayuntamientos y hacer una ley “liberalizadora” del suelo, como la que elaboró su partido estando en el Gobierno. En torno a este asunto, subrayó que el PSOE pretende atribuir competencias de urbanismo al Estado, cuando en el Estatuto de Cataluña “se las acaba de dar a la Generalitat”.


REACCION DE IU A LAS PROPUESTAS DEL PSOE SOBRE LA CORRUPCION URBANISTICA

GABINETE DE COMUNICACIÓN DE IU FEDERAL
NOTA DE PRENSA
Lunes, 23 de octubre

LLAMAZARES EXIGE AL GOBIERNO QUE PLANTEE EN EL CONGRESO SUS PROPUESTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Y PRESENTA SUS INICIATIVAS PARA ELLO
El coordinador general de IU reclama a PSOE y PP que “dejen de utilizar este tema con fines partidistas” y que planteen soluciones concretas

(Madrid, 23 de octubre).- El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha exigido hoy al Gobierno que lleve al Congreso las propuestas que pueda tener para atajar la corrupción urbanística y que, junto al PP, dejen de utilizar esta cuestión únicamente con fines partidistas y como “arma electoral” de cara a las elecciones municipales del próximo año.

Llamazares indicó en este sentido que su Grupo Parlamentario pedirá la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, para que dé cuenta de los diversos casos de corrupción urbanística detectados y, en caso de disponer de ellas, presente las medidas urgentes que considere convenientes "para que sean pactadas entre las distintas administraciones y fuerzas políticas".
Resaltó que la corrupción urbanística no es una cuestión de partidos, de campaña electoral o de imagen, sino que se trata de un tema de Estado, por lo que deben desarrollarse "compromisos compartidos". Recalcó que el problema no es el ámbito municipal, porque la materia de suelo es compartida entre administraciones, y añadió que la especulación afecta a las competencias del Estado, por lo que éste debe tomar "en sus manos" la responsabilidad que tiene. "Hay que tomar medidas de manera urgente antes de las elecciones municipales", dijo.

"Que PP y PSOE dejen de usar este tema como algo partidista y, por contra, lo vean como un problema de Estado que amenaza a la economía, a la política de vivienda, al medio ambiente e incluso a la democracia", resumió.

En rueda de prensa en la sede de IU Federal, el coordinador de IU completó las iniciativas a tomar con la próxima petición de un informe al Gobierno sobre este grave problema para, buscando siempre el "máximo consenso" entre los partidos y las administraciones afectadas, “intentar buscar soluciones y que no acaben pagando justos por pecadores". Llamazares hizo este comentario en referencia a la posibilidad de que el Gobierno intente rebajar las competencias sobre ordenación urbanística de las que ahora disponen los ayuntamientos.

Dejó sentado que Izquierda Unida es totalmente contraria a restar competencias a los ayuntamientos en materia de suelo porque sería "un profundo error" convertir a los municipios en "las víctimas de la corrupción". Llamazares opinó que los últimos escándalos relacionados con el urbanismo obligan a actuar desde ese “compromiso compartido" que reclamó, además de afirmar que debe ser el Gobierno quien lidere la lucha contra la corrupción "respetando las competencias" de las distintas administraciones y persiguiendo a los "mafiosos del ladrillo".

Llamazares explicó que las medidas a adoptar tienen que empezar por un cambio "a fondo" de la legislación del suelo, a través de la futura Ley del Suelo, para "acabar con el pelotazo". Puso como ejemplo de las carencias de la propuesta hecha hasta ahora por el Ejecutivo el que el proyecto de ley sigue atribuyendo las plusvalías en un 80 por ciento, a las entidades privadas, con lo que "el pelotazo seguirá existiendo”.

Apostó también por medidas para "echar a los corruptos" de la vida pública y apoyar, al mismo tiempo, a los alcaldes honestos, que "muchas veces son objeto de presión ilegítima e intimidación, como en estos momentos el alcalde de Seseña", Manuel Fuentes. Además, reclamó más medios para la Fiscalía y para la Policía, junto a una mayor especialización en esta materia.

Sobre el caso concreto de Seseña, censuró que Fuentes (alcalde de IU en esta localidad toledana) sea objeto de una querella presentada por Francisco Hernando 'El Pocero' por oponerse y denunciar la macro urbanización que tiene intención de construir. Así, subrayó que ahora no sólo hay que “perseguir a los corruptos", sino que también hay que defender a los honestos, porque estos ediles están "en la diana de la presión de la mafia del ladrillo".

Estamos asistiendo últimamente a una oleada mediática y política contra la corrupción en el urbanismo. Yo saludo este hecho, y agradezco que la SER, el País o el PSOE se hayan puesto las pilas (curiosamente a la vez), aunque considero que llega tarde (más o menos unos diez años tarde) y quizás debamos analizar el porque de estas investigaciones y titulares periodísticos hoy y la causa del silencio general (con excepciones) en estos últimos diez años. Vaya por delante que me parece fenomenal que se ataque este verdadero cancer de la sociedad española. Y con ánimo de aportar (yo Javier Burón y nadie más; aunque támbien hablan a título personal de este tema mis compañeros Pablo Aretxabala en su blog hontza y Fernando Martinez Hinojal en el suyo arkimia) hago las siguientes reflexiones:

- No es lo mismo corrupción ilegal (es decir, la que va contra el Código Penal) que especulación legal (y desgraciadamente en España se da mucha especulación legal como consecuencia de nuestro marco normativo).

- No todos los alcaldes y concejales son corruptos. Probablemente solo una minoría.

- Desgraciadamente casi todos los Ayuntamientos alientan la especulación (la legislación estatal de suelo y valoraciones lleva a ello), aunque también hay excepciones muy notables en esta materia.

- En Euskadi estamos a años luz (corrupción y especulación) de otras CCAA del Estado (Madrid, Valencia, Murcia, etc). Nuestra situación es mucho mejor como consecuencia de muchos factores (tejido empresarial más sano, tejido municipal maduro y coherente, AAPP buscando el interés general ... lo que no quiere decir que aquí no haya tambien garbanzos negros)

1.- mejorar la financiación municipal (competencia del Estado y Comunidades Autónomas); en tanto no se tome esta medida nada de lo que se haga será eficaz.

2.- incrementar la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo (competencia de las Cortes Generales). El proyecto estatal de ley del suelo actualmente en trámite en el Congreso habla de una banda de participación de la comunidad de entre el 5% y el 20%. En todos los estados modernos el aprovechamiento urbanístico es 100% público y después a los promotores se les permite hacer vivienda, superficies comerciales o lo que sea en función de un proyecto que le somete a una serie de cargas a favor de la comunidad (equipamientos, vivienda accesible, etc). Para converger con Europa nos tenemos que acercar al 100% del aprovechamiento público (como en Holanda, Alemania, Inglaterra, Suecia, etc).

3.- incrementar las reservas de Vivienda Protegida hasta casi el 100% de las edificaciones en todos los tipos de suelo (competencia de las Comunidades Autónomas); como sabeis en Euskadi tenemos las mayores reservas de Vivienda Protegida (75% de las viviendas en suelo urbanizable y 40% en suelo urbano) y aún deberíamos ir más lejos. También con el horizonte del 100%. Por indicación de Fernando Martinez Hinojal, que acepto, vamos a dejar el objetivo de las reservas de Vivienda Portegida en un 90% en urbanizable y un 70% en urbano.

4.- elevar la producción de Vivienda Protegida (competencia de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos)

5.- conectar la normativa de Ordenación del Territorio con el urbanismo, de forma que ciertas tropelías sociales y medioambientales estén prohibidas (de forma efectiva y real) por otras legislación sectorial (competencia de las Comunidades Autónomas).

6.- reforzar las competencias de control de las Comunidades Autónomas sobre los Ayuntamientos en relación a legalidad del planeamiento urbanístico municipal (competencia de las Comunidades Autónomas)

7.- dotar de medios adecuados a las fiscalías que están llevando a cabo la defensa de la legalidad en materia de urbanismo (competencia del Ministerio de Justicia)

8.- poner a la policía a trabajar a todo trapo (competencia del Ministerio de Interior y las policías de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales)

9.- pacto entre los partidos políticos para echar del partido y poner ante la justicia a todos sus corruptos (competencia de los partidos políticos).

10.- orientar la economía española hacia el sector productivo y disminuir la dependencia del ladrillo (competencia del Ministerio de Economía y de las Consejerías de Economía de las CCAA).

11.- limitar el crédito hipotecario, de forma que solo podamos recibir préstamos hipotecarios por una parte de los ingresos familiares, pues esto limitaría el precio de la Vivienda Libre (competencia del Ministerio de Economía y Banco de España). Por indicación de Fernando Martinez Hinojal, aclaro que la competencia legislativa en esta materia es de las Cortes Generales y que la ejecutiva y de control sería del Ministerio y el Banco de España.

12.- modificar la política fiscal y pasar de favorecer la compra de Vivienda Libre en propiedad a favorecer la Vivienda Protegida y el alquiler (competencia del Ministerio de Economía y de Navarra y Euskadi por su régimen foral).

1. Promueva un Pacto anticorrupción urbanística de todas las fuerzas políticas. Este Pacto debe articular un plan de actuación frente a la corrupción urbanística donde estén implicados todos los ministerios, con los siguientes objetivos:

- desterrar estos hábitos de las Administraciones públicas y de la actuación económica del sector urbanístico-inmobiliario
- que conlleve la expulsión automática de los implicados mientras se encuentran sometidos a investigación
- que aborde la concreción de medidas eficaces en la detección y en la rapidez de la investigación y depuración de responsabilidades en cada caso denunciado.

2. Concrete en el presente año las reformas legales necesarias, tras el acuerdo necesario con las fuerzas políticas, para dotar de transparencia a la regulación de incompatibilidades de todos los Altos cargos de gobiernos municipales y autonómicos, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales, de nivel directivo, vinculadas a la construcción y el urbanismo.

3. Elaborar y presentar en esta legislatura un proyecto de ley del suelo para:

- garantizar los derechos de los ciudadanos y evite la especulación urbanística.
- una planificación urbanística con participación ciudadana.
- garantice que los planes urbanísticos responden a realidades, necesidades y demandas de los ciudadanos del municipio.
- dotar la planificación urbanística de mejores directrices de sostenibilidad y urbanismo al servicio de la ciudadanía.
- establecer una valoración del suelo que no incorpore expectativas de revalorización.

4. El estudio y ejecución urgente de una moratoria urbanística para las zonas saturadas a través de las competencias de medio ambiente que ejerce el gobierno.

5. Abordar una reforma del delito de prevaricación, con el fin de garantizar su efectividad en la lucha contra la corrupción política ligada al urbanismo.

6. Aborde medidas que limiten y controlen estos desarrollos urbanísticos, con:

- las políticas reguladoras del mercado inmobiliario
- garantías de que la construcción de viviendas va ligada a las necesidades reales de la población
- establecer una garantía de suficiencia de agua para cualquier construcción urbanística.
- incrementar la limitación territorial y medioambiental de la construcción de campos de golf ligado al desarrollo de urbanizaciones.

7. Potenciar y reforzar los recursos materiales y personales de la judicatura, fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidos a combatir los delitos contra la ordenación del territorio, contra la corrupción inmobiliaria, el blanqueo de dinero y las posibles decisiones o casos de prevaricación que se puedan producir en todo el territorio del Estado.

8. Que la agencia tributaria persiga los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación.

9. La creación de una Fiscalía anticorrupción en cada una de las Comunidades Autónomas afectadas, con especial atención al caso de Murcia, para mejorar la capacidad de investigación de todos los casos de abusos urbanísticos.

10. Mejorar los medios materiales y humanos de la Fiscalía del TSJ de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias y Andalucía y demás comunidades especialmente afectadas al objeto de que ésta pueda atender, en el ámbito de los delitos relacionados con la materia que nos ocupa, las importantes funciones constitucionales encomendadas al Ministerio Fiscal.

11. Paralice y redimensione los proyectos de grandes infraestructuras ligados al desarrollo urbanístico del litoral, como la autopista Cartagena-Vera, el aeropuerto de Castellón, la autovía de Ibiza o las desaladoras previstas que tienen como objetivo dar cobertura de recursos hídricos a proyectos urbanísticos desorbitados.

El Diputado General de Alava, el Sr. Rabanera, ha hecho unas declaraciones sobre las desgravaciones de la vivienda que han dado lugar a otro artículo de El Correo en el que se cita a este blog. Sin más, dejo testimonio de este hecho.