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expropiación

  • EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA PROPIEDAD (PRIVADA Y PUBLICA)

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    Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 23 de noviembre de 2010, recurso de casación 2150/2007) me parece que puede ser de interés a los efectos de conocer como considera generalmente el TS la propiedad privada y la pública.

    El supuesto de hecho es relativamente sencillo: un ayuntamiento (Linares) expropia a un particular un suelo no urbanizable, el jurado de expropiación autonómico considera que debe pagarse el valor de urbanizable (con este habitual escándalo –pagar del bolsillo del contribuyente las expropiaciones de patatales a precio del centro de las ciudades- puede que haya acabado la Ley del Suelo del año 2008) y el Ayuntamiento, cuando llega el momento de pagar, alega severas dificultades económico-financieras para poder hacer frente al justiprecio.

    En casación el TS establece que un ayuntamiento no puede alegar las referidas severas dificultades económico-financieras como motivo para no pagar o retrasar el pago de un justiprecio, pues está entre sus competencias aprobar en pleno municipal el crédito presupuestario necesario para atender a esta obligación de pago (llama un tanto la atención que el TS no haga referencia alguna a las limitaciones legales de los ayuntamientos a la hora de endeudarse, con lo que la decisión del pleno municipal de consignar el crédito no es tan liberrima, salvo que aceptemos que un ayuntamiento debe despedir a todo su personal y no atender todas sus obligaciones de pago para dar preferencia al pago de un justiprecio).

    Siendo razonable (legal y constitucionalmente hablando) que el TS proteja el necesario cumplimiento de las obligaciones de pago de un Ayuntamiento en relación a un privado, y siendo también razonable (legal y constitucionalmente hablando) que el TS proteja el derecho a la propiedad privada -justiprecio a cambio de titularidad sobre suelo-, parece poco equilibrado y razonable (legal y constitucionalmente hablando) que el TS sea insensible a otro tipo de propiedad -bienes y derechos de titularidad municipal, demaniales o patrimoniales, pero en cualquier caso, propiedad pública-.

    A mí me parece que habría sido más lógico declarar inexcusable el deber de cumplimiento del pago del justiprecio, pero modularlo en el tiempo (vg. calendario de pagos), de forma que el Ayuntamiento pueda pagar el justiprecio sin necesidad de abocarse a un Plan de Saneamiento Financiero (entre otras disposiciones, regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

    Pero lo preocupante no es que decide el TS en casación, sino como lo justifica:

    "No es ocioso añadir que esta Sala no puede de ninguna manera compartir la afirmación que se vierte en este recurso de casación, según la cual frente al interés público en preservar la salud financiera del Ayuntamiento de Linares no habría más que un mero interés privado de los expropiados. El puntual pago del justiprecio de los bienes expropiados es de innegable interés general, pues sin una adecuada salvaguardia de la propiedad privada no existiría el Estado de derecho. El art. 33 CE es terminante a este respecto, al establecer que nadie puede ser privado de su propiedad "sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización".

    De la lectura del anterior párrafo puede llegar a deducirse que el único artículo de la Constitución que de verdad conocen y aplican los magistrados del TS es el 33 (propiedad privada). Puede parecer una conclusión exagerada, pero quizás no lo sea tanto habida cuenta del general desconocimiento de los magistrados del TS de todo lo que la Constitución establece sobre las Administraciones Públicas (artículo 103), la conexión del dominio público (artículo 132) y los bienes patrimoniales públicos con los derechos y libertades de la ciudadanía (artíuclo 14 a 52), la subordinación de toda la riqueza nacional al interés general (artículo 128) o la propia función social de la propiedad (artículo 33.2 al que los magistrados nunca suelen llegar, pues no pasan del 33.1). De la "utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" (artículo 47) mejor no hablar en el país de las expropiaciones de patatales a precios de la Calle Serrano, Gracia o Miraconcha. 

    Con todo, lo más grave de la sentencia comentada es su extensión, menos de un folio de fundamentos jurídicos, en el que rudamente se "razona" que el Estado de Derecho (al que se llega a identificar con la propiedad privada), está por encima de todo y que este aserto no es necesario cohonestarlo con el resto del ordenamiento jurídico.

    No es para estar muy tranquilos, pero es lo que hay.

     

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  • LA FEMP ANIMA A LOS ALCALDES A EXPROPIAR PARA GARANTIZAR UN URBANISMO LIMPIO Y PUBLICO

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    b4e370ea4e2f17bc68d907b092eec05f.jpgEl nuevo presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) el socialista y alcalde de Getafe Pedro Castro ha animado a los municipios a que expropien de forma masiva, aprovechando la nueva legislación estatal del suelo para garantizar un urbanismo en favor del interés general y no un urbanismo al servicio de intereses privados.

    La verdad es que son unas declaraciones tan claras, tan europeas (en la UE cuando saben como se gestiona nuestro urbanismo -en general por los propietarios- y lo comparan con como lo gestionan ellos -en general por las administraciones exclusivamente- suelen reirse mucho), tan diáfanamente a favor del interés general que no tengo mucho que decir.

    e65f4b00ef9e45469f36b02a0290321f.jpgSolo diré que prefiero alcaldes expropiadores en favor de la comunidad que alcaldes (presuntos) ladrones en favor de su patrimonio, el de sus amigos o el de su partido. Por ejemplo, ahora está detenido el alcalde de Totana, municipio de una región, Murcia, en la que no es que algo huela a podrido, sino que casi todo esta corrompido (por cierto, con gran apoyo electoral para los corrompedores).

    Frente a la España de los oscuros convenios urbanísticos entre alcaldes, empresarios, partidos, mafias ... la FEMP propone una España europea en la que el urbanismo se hace expropiando y en favor de las necesidades ciudadanas.

    Times are changing in the brick business y creo que para bien.

     

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  • CONTINUA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL USO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN EUSKADI / EL 95% DE LOS USUARIOS VASCOS DE VIVIENDA PROTEGIDA LA UTILIZAN ADECUADAMENTE

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    ffca1028864aa5d772760b661f9836f7.jpgEn la comparecencia del Parlamento Vasco de la que os hablo en mi anterior post, llamaron mucho la atención (como ejemplo, El Correo) los siguientes datos sobre lucha contra el fraude en el uso de la vivienda protegida:

    1. El Gobierno Vasco ha realizado 31.592 inspecciones de viviendas protegidas desde finales del 2004.
    2. Eso supone que el 55% del parque de vivienda protegida de Euskadi ya ha sido inspeccionado, al menos una vez.
    3. Se han investigado, ante las sospechas de fraude, 2.525 casos concretos.
    4. Ya se han impuesto 262 sanciones (de esos 2.525 casos irán cayendo más sanciones poco a poco -los procedimientos sancionadores son garantistas y lentos-)
    5. La sanción media impuesta por infracción es de 2.238 euros (reiterable en el caso de que el comportamiento irregular descubierto no se corrija en el plazo exigido).
    6. Ya se han expropiado o recuperado 37 viviendas protegidas de infractores que han sido readjudicadas a demandantes de vivienda protegida inscritos en Etxebide.
    7. A finales del 2009 el Gobierno Vasco habrá inspeccionado todo el parque de vivienda protegida.

    Me llama mucho la atención que estos datos interesen tanto, pues el actual equipo de vivienda del Gobierno Vasco ha implantado las siguientes medidas desde el año 2002:

    1. calificación permanente de todas las viviendas protegidas construídas con posterioridad a diciembre del 2002 (nunca se convierten en viviendas libres).
    2. obligación de sortear todas las viviendas protegidas, sea quien sea su promotor (Gobierno, Ayuntamiento, privado, etc)
    3. control de las ventas de vivienda protegida en segundas y posteriores transmisiones a través de los visados del Gobierno y la cooperación de notarios, registradores y jueces que garantizan que todas las viviendas protegidas que se venden son ofrecidas al Gobierno Vasco.
    4. ejercicio por parte del Gobierno Vasco del tanteo y retracto en todas las ventas de vivienda protegida (es decir, el Gobierno las compra a precio de vivienda protegida y las readjudica a personas inscritas en Etxebide).
    5. adjudicación de la vivienda protegida o en alquiler o en derecho de superficie, de forma que lo público no pierde nunca el control sobre esas viviendas.
    6. y finalmente inspección del mal uso de la vivienda protegida, sancionando y expropiando.

    ¿Si hemos tomado todas estas medidas en el pasado, como sorprenden tanto estos datos? Estamos haciendo lo que dijimos que ibamos a hacer. Cierto que no se había hecho nunca antes. Tambien es cierto que no se hace en ningún lugar de España ahora. Pero ¿no ha quedado suficientemente claro que en esta materia el actual equipo de vivienda del Gobierno Vasco es inflexible?

    Pero lo que más me llama la atención es que ningún medio tiene mucho interés el publicitar lo siguiente: el fraude que está encontrando el Gobierno Vasco en vivienda protegida es menor del 5% del total de las viviendas. Ergo, el 95% de los usuarios de vivienda protegida de Euskadi las utiliza adecuadamente como su domicilio habitual.

    Ya sabéis, good news is no new (las buenas noticias no son noticias).

     

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  • ENTREVISTA EN EL CORREO SOBRE LA INSPECCION DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALAVA

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    medium_logo_gv_vivienda_lateral_color.5.jpgPor si os interesa os dejo los links a un articulo-entrevista que ha aparecido el viernes 23 en El Correo sobre los resultados (por el momento más de 6.000 viviendas inspeccionadas, detectado en torno a un 7% de fraude, lo que quiere decir un 93% de uso correcto, imposición de sanciones, viviendas expropiadas y recuperadas -ya 46- para ser readjudicadas a personas inscritas en Etxebide, etc) de los dos años largos de inspecciones del parque de vivienda protegida en Alava: 1 y 2.

    Este es un tema del que ya hemos hablado antes en este blog y me remito a lo dicho en aquellas ocasiones: 1 y 2.


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  • MAS SOBRE LA INSPECCIÓN DEL USO DEL PARQUE DE VIVIENDA PROTEGIDA EN EUSKADI

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    Ya os he hablado de este asunto en un post anterior. Ahora os dejo los links a un par de artículos (1 y 2) que la semana pasada publico el diario El Correo sobre los esfuerzos del Gobierno Vasco en materia de inspección-sanción-expropiación en relación al buen uso del parque de vivienda protegida vasco. Estos artículos han tenido bastante trascendencia social y me parece necesario reflejarlos en mi blog.

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  • EL SERVICIO DE INSPECCION DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EUSKADI

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    medium_logo_vivienda_centrada_color.pngMe gustaria hacer algún comentario sobre como han sido recibidos los datos del servicio de inspección-sanción de vivienda protegida presentados ayer lunes por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

    Como es evidente, mis apreciaciones no son imparciales, pues yo soy el responsable de dicho servicio de inspección-sanción. Pero creo que dado que en mi blog hablo de lo que me apetece y nunca me he autocensurado, tampoco lo voy a hacer en este caso.

    Este servicio lleva funcionando de forma efectiva desde febrero del 2005 (aunque para ponerlo en marcha trabajamos desde el mismo año 2002) y a fecha de hoy lleva inspeccionadas más de 17.000 viviendas protegidas (de las más de 50.000 que hay en estos momentos en Euskadi). Se han encontrado indicios de fraude en unos 2.000 casos (un 9% del total) y ya se han empezado a imponer sanciones (138) y se han expropiado y readjudicado las primeras ocho viviendas vacías o usadas de forma irregular. Los fraudes más comunes son las viviendas vacías, vendidas o alquiladas irregularmente. Por todos, os destacaré el artículo de El Correo que hoy ha recogido este tema con bastante fidelidad y que, incluso, lo ha llevado a su primer página.

    Quisiera destacar algunas cosas que entiendo relevantes sobre este tema. En ninguna CCAA las viviendas protegidas están calificadas de por vida, se adjudican solo por sorteo (sea quien sea el promotor), se adjudican fundamentalmente en alquiler y derecho de superficie, no se pueden vender ni alquilar en el mercado libre, son tanteadas y retractadas por el Gobierno y se controla su uso a través de un sistema de inspección-sanción que puede llegar hasta la expropiación. Esto no solo no ocurre en ninguna CCAA, sino que en Euskadi antes del 2002 era simplemente ciencia ficción. Hay que recordar que en más de 25 de ejercicio de las competencias en materia de vivienda por parte de el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos vascos nunca se habían dado estos pasos en pos de la limpieza, seguridad jurídica y uso social del parque de vivienda protegida. Vamos que todas estas cuestiones son, lamento decirlo así, pero es lo que es, históricas (nunca antes vistas ni aquí ni en ninguna otra CCAA).

    Supongo que todo esto lo habremos conseguido entre todos. Estoy convencido de que este cambio cultural no se habría podido producir sin el concurso de la ciudadanía, las AAPP o los medios de comunicación. Pero lo que entiendo que nadie puede negar es el liderazgo total y absoluto del actual equipo de vivienda en el Gobierno Vasco en la consecuención de todos estos logros. No se trata de colgarnos medallas ni de ser autocomplacientes, pero si de hacer honor a la verdad. En todas estas materias hay un antes y un después de la gestión de Ezker Batua. Y quien no lo quiera reconocer simplemente no hace honor a la verdad por intereses partidistas. Sea como fuere, es interesante ver como partidos políticos, sindicatos o medios de comunicación que durante décadas no hicieron nada en esta materia ahora todo les parece poco y piden sangre.

    Por llevar las cosas un poco hacia el sentido común, el servicio de inspección-sanción, en su labor de luchar contra el fraude y garantizar un uso social del parque de vivienda protegida, no se va a saltar ni una coma de la normativa vigente, va a respetar las garantías jurídicas de la ciudadanía y va a conducir sus labores de inspección-sanción-expropiación con total respeto al estado de derecho. Eso si, que sepan las y los infractores que antes o después se dará con ellos, que serán sancionados y que, en muchos casos, las viviendas mal usadas volverán a estar en manos del Gobierno que las readjudicará a personas inscritas como demandantes en Etxebide.

    Decía antes que hay que evitar la autocomplacencia, que siempre es mejor mirar el camino que queda por delante que encerrarse en lo ya hecho. Precisamente por eso admito que arreglar lo que se ha estropeado en 30 años de no controlar el parque de vivienda protegida no va ser algo sencillo, va a ser una tarea ardua. Algunas cosas ya no se van a poder evitar. Por ejemplo los fraudes cometidos bajo otros equipos de vivienda hoy ya han prescrito y no son jurídicamente atacables. Pero lo que si puedo garantizar es la tolerancia cero del actual equipo de vivienda con el fraude en maeria de vivienda protegida, sin por ello dejar de respetar punto por punto el estado de derecho como antes he comentado.

    Acabo con tres apuntes de cosas que me han parecido interesantes. Ciertos diarios han afirmado que el Consejero Madrazo se juega su credibilidad en este envite de la inspección. Y yo me pregunto ¿los Sres Maturana (PSE) y Ormazabal (EA) consejeros durante lustros no se jugaron nada de su credibilidad al no hacer nada en esta materia? ¿Se va a cargar ahora contra el que inicia la curzada contra el fraude en materia de vivienda protegida en vez de reconocer su caracter pionero? Otros medios de comunicación entienden que lo anunciado ayer es toreo de salón de cara a la galería y ponen como ejemplo que en el caso de las ocho vivienda expropiadas a los infractores se les ha pagado el precio de la vivienda protegida. Y yo me pregunto ¿como puede permitirse un medio de comunicación serio desconocer que desde 1858 en España las expropiaciones estan regladas por ley y que la causa expropiandi y el interés público no hace que desaparezca el derecho del particular al justiprecio? Pagar a los expropiados por las viviendas empropiadas no es una mala gestión del dinero público, como insinúa hoy cierto editorial, sino cumplir con el Estado de Derecho, tal y como lleva definido desde mediados del XIX por Jellinek, Hariou, Duguit, Carre de Malberg y un largo etc. Para finalizar, algunos medios han dicho que cuando se va a inspeccionar se avisa a los inspeccionados. Nada más lejos de la realidad. Se inspecciona sin avisar a nadie, otra cosa es que una vez en las viviendas el inspector se identifique, muestre su credencial y le diga a la persona a que se debe su visita.

    Por cierto, estos tres apuntes finales no empañan lo que entiendo que ha sido una buena y respondable cobertura de esta noticia por parte de los medios de comunicación vascos.

    Y acabo reiterando el mensaje central: con la vivienda protegida, un servicio público hoy claramente esencial, no se juega. Y si defraudas te van a cazar, sancionar y puede que expropiar.

     

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