En Andalucía se ha armado una tormenta política de primera magnitud que puede llevarse por delante el gobierno PSOE-IU, la más grande coalición de izquierdas en toda la política española.

Relato los hechos tal y como yo los he conocido.

• Millones de familias se sobre-endeudan para adquirir su vivienda, en un contexto de empleo precario, pero abundante y crédito ilimitado, con un estado y un mercado que casi no ofrecen posibilidades residenciales en materia de alquiler asequible.
• Estalla la burbuja financiera internacional y financiero-inmobiliaria española y crece de forma exponencial el paro, la pobreza y el riesgo de exclusión social.
• Cientos de miles de familias empobrecidas son desahuciadas de su vivienda por impago de hipoteca o alquiler.
• La mayor parte de ellas se refugian en la ayuda de sus familias y en las cada vez más escasas que provee nuestro menguante Estado Social, aceptando su destino con sumisión y silencio.
• Unas pocas decenas de miles de familias, más indignadas que sumisas, deciden organizarse en diversas redes cívicas de acción ciudadana.
• Y de ellas, unos pocos cientos de familias, en extrema necesidad y/o extrema concienciación, deciden ocupar viviendas vacías de bancos que han sido rescatado con cientos de miles de millones de euros aportados por un contribuyente que rescata a la banca y a quien nadie le rescata.
• Una de las ocupaciones más famosas y simbólicas es la de la llamada Corrala Utopía en Sevilla.
• Ibercaja, propietaria del edificio ocupado y receptoras de todo tipo de ayudas públicas, interpone un pleito para expulsar de esa propiedad a los ocupantes y restituirla a posición inicial (vacía y sin uso).
• La Justicia, después de un largo tira y afloja, en el que espera que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía (las dos Administraciones competentes en esta materia) lleguen a un acuerdo sobre como tratar el tema, emite un auto en el que autoriza el desalojo y mandata a las Administraciones a que tutelen los derechos habitacionales de los menores y demás personas en riesgo de exclusión social involucradas en este caso.
• El Ayuntamiento de Sevilla, que dispone de viviendas públicas de alquiler vacías en la plaza, se pone de perfil y pasa del asunto.
• La Consejería de Fomento de la Junta, en cumplimiento del mandato judicial, así como de los Tratados Internacionales firmados por España, de nuestra Constitución, de diversas leyes estatales y autonómicas y de la propia normativa de gestión de vivienda pública, realoja a las familias de forma temporal y por motivos de urgencia a 18 familias, 6 en viviendas de la Junta y a 12 en viviendas alquiladas al efecto.
• La Presidente de la Junta de Andalucía (PSOE) entiende que este proceder no se ajusta a derecho y es una afrenta al principio de igualdad (lista de espera de demandantes de vivienda protegida) y emite un decreto por el que retira a la Consejería gestionada por IU las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida.
• IU suspende de forma momentánea el pacto de gobierno que tiene con el PSOE en Andalucía.

Hasta aquí os hechos a día de hoy. Ahora haré algunas consideraciones no factuales.

En primer lugar, haré una consideración exclusivamente jurídica. Todas las CCAA tienen mecanismos para realojar de forma urgente y provisional a personas en riesgo de exclusión social, de forma excepcional frente al procedimiento habitual de adjudicación definitiva de viviendas protegidas entre demandantes de las mismas inscritas en registros públicos al efecto. En todas las CCAA todos los meses se acuerdan este tipo de realojos. Si además, como es el caso de la corrala sevillana, hay un mandato judicial a las Administraciones competentes cerramos el círculo de la juridicidad, al darse base constitucional, legal, administrativa y judicial más que necesaria para la actuación hoy tan polémica. Por resumirlo en términos jurídicos precisos, estamos ante discreccionalidad administrativa altamente reglada. Y puede haber un juicio de oportunidad política sobre el uso de la misma. Pero no una acusación de ilegalidad o antijuridicidad. 

Hecha esta precisión jurídica, muestro mi asombro por la que la prensa española, incluida la "progresista", están hablando de este asunto. No solo se habla de violación de la ley (algo que indubitablemente no se da en este caso), sino que algunos "medios" hablan de prevaricación. Tipo penal que no se puede dar en este caso por muchas razones. Empezando por el respeto al derecho. Y acabando por la ausencia de dolo penal (querer dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es).

Y acabo con la consideración política que es la madre de todo este cordero: ciertos partidos políticos consideran no solo sagrado el derecho de propiedad, sino que tienen una lectura del mismo que no se ajusta al tenor literal de nuestra Constitución (función social de la propiedad), de los tratados internacionales firmados por nuestro Estado, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a la necesidad de interpretar el derecho de propiedad (y su función social) en conjunto con otra serie de derechos constitucionales (derechos de los menores, derecho a la vivienda, exclusión social, estado de necesidad, etc), así de las leyes autonómicas promulgadas en materia de vivienda y asuntos sociales. Y esos ciertos partidos políticos no tienen una desajustada lectura jurídica de la propiedad por casualidad o por ignorancia, sino que lo hacen plegándose de forma acrítica y sumisa a los mandatos del lobby financiero-inmobiliario español, que es el principal responsable de habernos traído hasta donde estamos y que hoy vive gracias a la caridad (forzada) del contribuyente español y comunitario. 

Algunos dicen, en lenguaje de la calle, que el lobby financiero-inmobiliario (que ha conseguido anestesiar o amedrentar a la población para ser salvados con fondos públicos) no puede permitir que las familias pobres ocupen las viviendas vacías que estos tienen aún hoy gracias al modelo de rescate público por el que se ha optado. Si unas familias pobres ocupan vivienda vacía de un banco rescatado con fondos públicos y no reciben una contundente respuesta del Estado (dormir al raso), cabe el riesgo de que más familias pobres ocupen viviendas de más bancos rescatadas por el contribuyente.

Este episodio amenaza con llevarse por delante el mayor gobierno de coalición de la izquierda española. Pero se puede llevar por delante muchas cosas más. Cuestiones que tienen que ver con el contrato firmado entre clases sociales, generaciones, regiones, capital y trabajo que llamamos orden constitucional y que está, en estos momentos, cuando menos, en crisis.

Tres pinceladas para acabar sobre como se debería haber evitado este concreto sainete de la Corrala Utopía:

• La Justicia podría perfectamente no haber obligado al desalojo, habida cuenta de que estamos ante familias pobres con menores a su cargo (que deben recibir una especialísima protección jurisdiccional) y el edificio de Ibercaja no tiene en vigor o a punto de firmarse contrato alguno de venta o alquiler. Muchos jueces están protegiendo a los ocupantes en estado de extrema necesidad cuando hay menores y la propiedad no tienen voluntad alguna de vender o alquilar. Si en la corrala de Sevilla se hubiera hecho lo propio nos habríamos evitado este desagradable incidente.
• Y tampoco estaríamos donde estamos si PSOE e IU, ambos al mando de la Junta de Andalucía y ambos partidos de izquierdas, no le hubiesen tolerado al Ayuntamiento de Sevilla, gestionado por el PP, que se ponga de lado como si el tema no fuera con el, a pesar de que ostenta importantes competencias y dispone de recursos que permitirían, al menos, haber atendido el realojo transitorio y de urgencia por motivos de riesgos social. Tendrán que explicarnos las razones por las que prefieren una querella interna de la izquierda, en vez de confrontar con la derecha.
• Las inauguraciones, cortes de cinta, entregas de llaves, etc hechas por políticos deberían estar prohibidas por ley en todos los casos. No son los políticos los que dan y los siervos los que reciben, sino que son todos los contribuyentes los que pagan y ciertos ciudadanos los que reciben. Y en este sainete la imagen de políticos de IU abrazados a okupas desalojados con llaves en la mano ha jugado un papel no menor. Esas fotos deberían haberse evitado. No el realojo de pobres con menores a su cargo todos ellos en riesgo de exclusión socio-residencial. Solo las fotos.

ACTUALIZACIÓN 14/4/2014: parece que la sangre no ha llegado al río. El PSOE (Presidencia de la Junta) acepta que es legal realojar de forma urgente y transitoria a familias en riesgo de exclusión social. E IU (Fomento de la Junta) acepta que se revisen una vez más con lupa por parte del PSOE (la propia IU ya lo ha hecho) así como el PP; unos a través del Departamento de la Junta competente en materia de vivienda y otros a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla) los 18 casos de marras, para ver quien es titular del derecho al realojo excepcional y transitorio por motivos sociales. Veremos como evoluciona este asunto ...

ACTUALIZACIÓN 29/6/2014: el TSJA archiva una denuncia por prevaricación contra la Consejera de Fomento, al considerar que se ha actuado de acuerdo a derecho en el realojo transitorio de menores y familias por motivos sociales. El tema lo recoge la prensa con profusión (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), aunque, en modo alguno, con el despliegue de que hizo gala dos meses antes.

OTROS POSTS SOBRE TEMAS CONEXOS QUE QUIZÁS TE INTERESEN: 

• GRUPO DE TRABAJO SOBRE VIVIENDA
• EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA: ¿COMO SOBREVIVIR A LA CRISIS? INTERNALIZAR SERVICIOS EN VEZ DE EXTERNALIZARLOS.
• ENTREVISTA DE LA CIUDAD VIVA SOBRE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN URBANA PÚBLICO-PRIVADA
• PLAN DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO 2013 - 2016: MENOS DE LO MISMO Y AUSENCIA DE PROYECTOS PILOTO DE ALQUILER Y REHABILITACIÓN
• POLÍTICAS PUBLICAS Y MERCADO DE VIVIENDA EN 2013: PURO GATOPARDISMO, MA NON TROPPO.
• DEL URBANISMO A LA CIUDAD+ANIA: JORNADAS DE LA CIUDAD VIVA Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
• CONGRESO DE LA ENHR TARRAGONA 2013: SUPERANDO LA CRISIS, INTEGRANDO EL ENTORNO URBANO
• ALGUNOS BANCOS MANTIENEN LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA ELEVADOS ARTIFICIALMENTE, porque el Estado lo posibilita ...
• VIVIENDA SOSTENIBLE EN UNA EUROPA POSTCRECIMIENTO
• ¿RÉQUIEM POR LA VIVIENDA PROTEGIDA?
• NUEVO ATAQUE A LA RESERVAS DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA
• CDU: VIVIENDA, POLÍTICAS TOXICAS Y POLÍTICAS NECESARIAS
• DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN 2013: DESAHUCIOS, HIPOTECAS Y ACCESO A LA VIVIENDA
• BANCOS MALOS Y ALQUILER: ¿DISPARA LA CAIXA EL PISTOLETAZO DE SALIDA?
• CASAS VACÍAS: EL SÍNDROME DE LA ECONOMÍA YONQUI
• DECÁLOGO ATTAC POR UN VIVIENDA DIGNA
• DESAHUCIOS, SUICIDIOS Y DIGNIDAD CÍVICO-DEMOCRÁTICA.

Para mi la noticia de más relevancia socioeconómica que he leído en estas últimas semanas es ésta del diario El País: El salario real medio ha bajado un 4% en 10 años pese al fuerte crecimiento económico. No lo dice una institución española, sino la OCDE.

Me ha sorprendido bastante que casi nadie se haga eco de esta noticia, ni en otros medios de comunicación ni en los muchos foros del debate social y político. Para ser honestos, diré que he leído una carta al director que versaba sobre esta noticia (que ahora no encuentro y no soy capaz de enlazárosla). Por su parte, el Diario El País realizó una editorial sobre el tema y publicó algún artículo más sobre la materia 1,2,3 y 4.

En términos generales el asunto va como sigue: de 1999 al 2006 los beneficios empresariales han crecido el 73% (frente al 33% en la UE), desde 1996 al 2005 los salarios han decrecido un 4% (77 puntos de diferencia entre salarios y beneficios empresariales). Ergo el milagro económico español se basa, además de en el ladrillo, en bajos salarios, la precaridad y la siniestralidad laboral. Además de todo lo anterior, un 20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (más que hace diez años) y la relación entre los ingresos del 20% de la población más rica y el 20% más pobre es de 5.4 a 1, cuando en los países más importantes de la UE se está en el entorno del 4 a 1. En estos últimos diez años las rentas del trabajo han decrecido, mientras que los ingresos vinculados a la propiedad han crecido de forma espectacular. Ha crecido la precaridad laboral y la siniestralidad en el trabajo como en pocos países europeos. El PIB per capita de España es ya el 97% el de la UE, pero nuestro gasto social está en el entorno del 62% de la media de la UE.

No quiero seguir, pero es facil deducir de esto que en España hemos hecho la convergencia con la UE en términos macroeconómicos, pero que los costos los están pagando las rentas salariales y el gasto social, meintras que los beneficios los están recogiendo las empresas, la propiedad y el capital.

Obviamente este es el resultado de las políticas del PP desde el año 1996 hasta el 2004. No engañaron a nadie. El PP dijo que iba a crear más empleo, más riqueza, más actividad económica, que iba a reducir los impuestos y a "racionalizar" el gasto social y público y que eso, por si mismo, iba a suponer mayor cohesión social. La verdad es que todo era cierto, menos que a mayor crecimiento económico se produce de forma natural más justicia social.

No es culpa del actual Gobierno del PSOE lo que se ha dañado por parte del PP en los años anteriores. Pero si es tarea del actual ejecutivo reducir el atraso social, salarial y de cohesión social de España con los países líderes de la UE. No veo al Ejecutivo de Zapatero muy preocupado por el tema. Aunque no podremos saber hasta dentro de algunos años si han reequilibrado las cosas entre salarios, impuestos, gasto social, propiedad, beneficios empresariales y capital. Sea como fuere, la cosa no pinta demasiado bien.

Por cierto, si España fuese Francia (que no lo es por muchas cosas, algunas buenas y otras malas) este sería uno de los primeros debates políticos y sociales y las campañas electorales tendrían que ver mucho que ver con este tema. Spain is (still) different.


Technorati Tags: beneficios empresariales, capital, propiedad, salarios, gasto social, convergencia nominal, convergencia real, convergencia social, UE, España

Mi amigo Bengoetxe ha publicado un post sobre el anuncio ministerial de promover solo vivienda protegida en alquiler. Como ya sabéis la Ministra de Vivienda ha anunciado que para el próximo Plan Estatal de Vivienda, el que empieza en el 2009 (es decir, después de las elecciones generales DEL 2008 en las que solo el electorado sabe si repetirá el PSOE y solo el futuro presidente sabe si ella será Ministra), el Ministerio solo apoyará la vivienda protegida en alquiler.

Sin animo de polemizar en exceso, empiezo por lo evidente: la Ministra no puede promover vivienda protegida por falta de competencias. Los 8.100 alcaldes/as y 17 consejeros/as de CCAA si, pues son los competentes.

La Ministra es una experta en hacer anuncios que se quedan en nada. Y, en este caso, lo que anuncia lo hace para el 2009 en adelante.

Además si lo que la Ministra y los consejeros de CCAA de vivienda del PSOE entienden por alquiler de vivienda protegida es alquiler por unos años + opción de compra + descalificación como vivienda protegida = afloramiento al mercado como vivienda libre en propiedad (que es lo más posible) yo no lo apoyo. Os puedo decir que de mi asistencia durante años a las Conferencias Multilaterales y Sectoriales de Vivienda (el órgano donde nos encontramos el Ministerio de Vivienda y las CCAA) lo que la mayor parte de los consejeros/as del PSOE (y por supuesto del PP) entienden por alquiler de vivienda protegida es alquiler unos años y después venta de la vivienda como libre (al ponerle un bajísimo periodo de calificación como vivienda protegida). Obviamente, este tipo de golfadas contra el Estado Social son lamentables y yo no las apoyo, sino que, en lo que puedo, las combato.

Dicho lo cual, tambien reconozco que es bonito que la Ministra hable de no adjudicar vivienda protegida en propiedad a partir del 2009. Tiene un cierto valor de cambio cultural, de homologación con Europa, de cambio de ciclo. Lo mismo que en las líneas anteriores he sido crítico con la Ministra, en este punto le alabo.

Ahora bien, el Gobierno Vasco hace ya años, desde el 2002, que no adjudica viviend aprotegida en propiedad, dado que ha adjudicado un 40% en alquiler, un 60% en derecho de superficie y el 0% en propiedad plena. Esta línea de no apoyo a la propiedad plena de la vivienda protegida que se inició con el Plan Director de Vivienda de Euskadi 2002-2005 se confirma en el vigente Plan Director 2006-2009. Está bien que la Ministra quiera copiar en el 2009 el modelo que está vigente en Euskadi desde el 2002. Agradecemos que la Minsitra se fije en los sitios donde se hacen las cosas desde la defensa del Estado Social. Si acaso, lamentamos que tarde tantos años en sumarse al carro. Y que además lo haga en el ejercicio de las funciones de la próxima o próximo Ministro de Vivienda. Pero, en todo caso, bienvenida sea a la defensa del Estado Social en materia de vivienda.

Sin embargo, a pesar de todo lo que he escrito antes en este post, yo personalmente creo que la cuota de alquiler en vivienda protegida debe crecer mucho, muchísimo, (tanto en Euskadi como en España) pero no estoy de acuerdo con que el 100% de la vivienda protegida sea en alquiler. En Centroeuropa y Escandinavia, después de más de 50 años de vivienda social, ellos mismo te dicen que lo ideal es combinar un alto porcentaje de alquiler social con una parte de otras formas de vivienda social opuestas a la propiedad plena (como puede ser el derecho de superficie) para evitar la guetificación y la posible degradación de algunos barrios. Puestos a teorizar yo creo que con unas reservas de suelo como las vascas (en virtud de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo de Euskadi, 75% y 40% de la vivienda nueva en suelo urbanizable y urbano debe ser vivienda protegida) yo hablaría de que la vivienda protegida un 75% debe ser en alquiler social, pero le siguo viendo un papel a un 25% en derecho de superficie. De esta manera la vivienda protegida seria un bien social y un servicio público, pero no favoreceríamos procesos de segregación social y espacial claramente regresivos y contrarios al telos del Estado Social.

Lamento ser un poco iconoclasta, pero así veo las cosas.

Technorati Tags: Ministra Vivienda, Maria Antonia Trujillo, Gobierno Vasco, alquiler vivienda protegida, alquiler social, propiedad, derecho de superficie