Leo en la prensa de hace unos días que una ordenanza municipal en el municipio de Zaldibar tiene la intención de permitir que las personas que ya son propietarias de una vivienda libre opten a la adjudicación de una vivienda protegida (tasada en este caso).

El asunto es sorprendente, pues iría contra el espíritu de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi y contra el texto del Decreto 39/2009 sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. En Euskadi se considera que para demandar vivienda protegida y después ser adjudicatario de la misma hay que carecer de vivienda (además en los dos años anteriores a la solicitud). O dicho de otra manera, que la Administración no está para proporcionar vivienda a precios sociales o no de mercado a quien ya tiene vivienda.

La Ordenanza Municipal de Zaldibar, si permite adjudicar vivienda protegida a personas que ya tienen vivienda, es contraria a derecho y podrá esto ser declarado por los tribunales.

No sé que credibilidad darle a la noticia. No es el Ayuntamiento el que se expresa directamente. Sino un medio de comunicación y estos a veces tienen la misma precisión conceptual que un boxeador-mecanógrafo. Pero sé que algunas promociones de vivienda tasada en ámbitos rurales de Euskadi están teniendo muchos problemas para ser adjudicadas. Ahora bien, que unas viviendas tasada tengan problemas de adjudicación no significa que el Ayuntamiento se ponga al servicio de los intereses de la promotora de turno con violaciones evidentes del interés general.

Obviamente el camino para adjudicar vivienda tasada, cuando está no suscita mucho interés entre las personas con necesidad de vivienda, es reducir su precio (recuerdo que los precios que marca la ley del suelo vasco son máximos y pueden reducirse tanto como se quiera). El camino no puede ser aceptar como adjudicatarios a inversionistas (si ya se tiene vivienda, la siguiente vivienda no será la residencia habitual, sino la segunda residencia o una inversión). Máxime en un municipio como Zaldibar en el que la gente ya ha expresado con claridad que no quiere vivienda tasada tan cara.

Si la noticia es cierta, no sé en que están pensando en el Ayuntamiento de Zaldibar. Si la noticia es cierta, creo que esa ordenanza debería ser modificada, de acuerdo con la legislación vasca y evitar así que un tribunal la declare no conforme a derecho.

Una reflexión final. ¿Un alcalde o una alcaldesa (en la foto de arriba Idoia Mendiolagaray, alcaldesa de Zaldibar) están para conseguir vivienda protegida lo más asequible posible para su ciudadanía? O por el contrario, ¿para conseguir vivienda tasada (que es también protegida) lo más cara posible y con ello financiar todo tipo de gastos del ayuntamiento? ¿Vamos a dar vivienda protegida a personas con menos necesidad o sin necesidad alguna (por tener ya vivienda) pero mayor poder adquisitivo, en detrimento de la gente con verdadera necesidad, para poder garantizar un mayor ingresos municipal o de los promotores privados? ¿De que va todo esto?

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