Apunte de urgencia. Leo en la prensa lo siguiente: Una inmobiliaria alavesa retoma la venta de pisos protegidos de segunda mano. El tema aparece de forma menor en la prensa alavesa. Pero creo que tiene mucha enjundia.

Desde el 2001 hasta el 2011 Euskadi ha dispuesto de un modelo jurídico propio de vivienda protegida que hace que este tipo de viviendas técnico-jurídicamente no sean ni dominio público (como, por ejemplo, un puerto del estado) ni una propiedad privada (como, por ejemplo, una vivienda libre), sino un tercer tipo de propiedad: una propiedad privada sometida de por vida a una serie de fuertes restricciones de derecho público en relación a su acceso, uso y salida (todo ello en función de su adscripción teleológica a un servicio público -el servicio público de vivienda-).

Este sistema ha hecho que durante una década en Euskadi no haya fraude en materia de vivienda protegida (entiéndaseme, fraude tendente a cero) y que estas viviendas protegidas sean algo totalmente ajeno al mercado. Se rompía con ello con décadas de prostitución y bastardeo de la vivienda protegida en Euskadi (y el resto de España). Pues bien, con la venta de vpo de segunda mano por parte de inmobiliarias alavesas parece que se anuncia el principio del fin de esta época.

Hasta ahora las viviendas protegidas estaban calificadas como tales de por vida. Se accedía a ellas por sorteo. Había que cumplir unos requisitos de renta, patrimonio y empadronamiento para solicitarlas, alquilarlas y comprarlas. Había que cumplir unas condiciones en relación a su uso. Y no se podían vender en el mercado, pues el Gobierno las compraba todas y las readjudicaba a personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida de Euskadi (Etxebide). Todo esto, además lo comprobaba, punto por punto, la Administración y ejercía sus competencias de inspección, sanción y expropiación (en protección de la función social de la propiedad en general y de la vivienda protegida en particular). Y se ha tejido durante años un red de trabajo cooperativo con notarios, registradores de la propiedad y jueces para mantener este sistema en funcionamiento. Por cierto, además de todo lo anterior, el Gobierno Vasco durante casi una década solo adjudicaba viviendas protegidas en alquiler o derecho de superficie (cero venta de propiedad plena).

El muro (desde el punto de vista conceptual y práctico, la más sofisticada expresión del servicio público de vivienda de España) tiene ya una grieta. La misma parece que se abre con la aquiescencia del Gobierno Vasco. Y eso le hace pensar a uno que lo que se quiere hacer es tirar el muro en su conjunto y permitir que la vivienda protegida vuelva a ser un bien prostituido por el mercado y el fraude (para entendernos, dinero negro y adjudicaciones a dedo a personas que no cumplen con los requisitos para acceder a este tipo de viviendas -más de 55.000 en Euskadi-).

Si se confirman estos temores, estamos en la antesala de algo de gravedad extraordinaria por su caracter disolventes de las potencialidades sociales que en estos momentos tiene el modelo vasco de vivienda protegida.

Habrá que seguir el tema.

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