El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco –en coordinación con EUDEL- ha preparado un Proyecto de Ley de Artículo Unico que posibilitará un significativo incremento de la participación municipal en los aprovechamientos urbanísticos.
- Mediante esta adaptación legislativa singular y urgente quedaría fijada dicha participación, con carácter general, en el 15%de la edificabilidad urbanística libre de cargas de urbanización. Actualmente, esta edificabilidad es -por ley autonómica- del 10%.
- Pudiendo la misma llegar al 20%en operaciones urbanísticas de extraordinaria rentabilidad y del 10% en las que sean extraordinariamente difíciles de llevar a cabo.
- Se trata de una medida que abre a los municipios la posibilidad de incrementar los patrimonios públicos de suelo y se traduce en la patrimonialización a favor de los Ayuntamientos de más derechos urbanísticos para hacer más vivienda protegida.
- El Anteproyecto de Ley será sometido a información pública la semana que viene. El Proyecto de ley será previsiblemente remitido al Parlamento Vasco antes del mes de febrero, con el fin de que pueda aprobarse a mediados del año que viene.
- De esta manera Euskadi adaptará, en este punto, la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo de la CAPV a la reciente Ley de Suelo Estatal.
Hasta aquí la noticia recogida hoy profusamente por la prensa (entre otros os dejo las referencias de El Correo, Diario Noticias Gipuzkoa, El País, etc). A partir de aquí quisiera hacer algunas reflexiones mías.
- Esta es una medida que pone, una vez más, recursos en manos de los Ayuntamientos para solucionar el problema de la vivienda en Euskadi, así como para hacer más y mejor urbanismo(hacer ciudad no es solo hacer vivienda, aunque hacer ciudad bien hoy en Euskadi exige hacer mucha vivienda protegida, pues la ciudadanía la necesita y la demanda).
- Nosotros pensamos que los Ayuntamientos vascos son parte central de la solución al problema de la vivienda.
- Aquellos que entienden que el problema de la vivienda se soluciona quitando competencias y recursos a los Ayuntamientos nos van a tener en contra. Esa no es la vía. Además de que ningún estado serio de la UE actua así.
- Por otra parte, el municipalismo vasco está a años luz en rigor, respeto a la ley, cultura de servicio público, solvencia técnica y financiera en relación a algunos municipalismos del resto de España que no citaré expresamente, pero que todos tenemos en la cabeza.
- Ahora bien, si queremos recordar que en los últimos años han sido muchas las medidas tomadas desde el Gobierno Vasco para incrementar las posibilidades de actuación en materia de vivienda de los Ayuntamientos vascos(incremento de las reservas de vivienda protegida por ley, incremento del precio de la VPO, mayor autonomía mun¡cipal en el planeamiento urbanístico, aparición de la Vivienda Tasada como modalidad con un claro superavit para las arcas municipales, subvenciones del Gobierno Vasco para la promoción de vivienda protegida en alquiler, subvenciones a la rehabilitación y regeneración urbana, etc) y entendemos que estas tienen que dar los actuales frutos, pero también muchos más, especialmente en el campo del alquiler.
- Estos recursos adicionales que se ponen en manos de los Ayuntamientos deben destinarse a la producción de más vivienda protegida, así como a otras labores de rehabilitación y regeneración urbana. Desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales entendemos que parte de este surplus debe ir destinado a la producción de vivienda protegida en alquiler por parte de los Ayuntamientos (sin perjuicio de las ayudas que en esta materia presta y debe seguir prestando el Gobierno a los Ayuntamientos). Solo si Gobierno y Ayuntamientos caminamos juntos podremos tener un parque de vivienda protegida en alquiler medianamente europeo. Nos llevan 50 años de ventaja. No podemos seguir sin hacer nada ni un segundo más. El Gobierno Vasco lleva varios años dedicando sus recursos preferentemente al alquiler, pero los ayuntamientos vascos tienen que dar un paso al frente. Este asunto va, y mucho, con ellos.
- Esta no es una medida contra los promotores, que ya en el pasado tuvieron que ceder a la comunidad el 15% (antes de 1998) de sus aprovechamientos urbanísticos. N por ello dejaron de tener unas cifras de negocio y beneficios más que respetables. Y la medida no afecto al precio de la vivienda libre que empezó a crecer a partir del 1998, precisamente cuando la cesión obligatoria se bajó del 15% al 10%.
- La participación de la comunidad en las plusvalías (que ahora se cifra en el 15%, pudiendo ser tambien el 10% o 20% en casos extraordinarios) es hoy solo un pálido reflejo de lo que la Constitución española permite. La comunidad perfectamente podría adjudicarse el 99% de los aprovechamientos urbanísticos en el momento del planeamiento y la cosa sería constitucional y no hundiría, para nada, el sector.
- Cuando un Ayuntamiento "pinta" una raya a través del planeamiento urbanístico el propietario del suelo (antes no urbanizable y ahora urbanizable) si no ha invertido dinero alguno, desde mi punto de vista, tiene derecho a patrimonializar nada, pues nada ha arriesgado, nada ha invertido, nada ha trabajado, nada ha transformado.
- En España cuando el ayuntamiento pinta esa línea el reparto de los aprovechamientos era de 10% para lo público (que había generado la nueva situación con el planeamiento urbanístico) y 90% para lo privado (que no había hecho nada, al menos legalmente).
- Ahora esa situación cambia y lo público es titular del 15% de los aprovechamientos y lo privado (sin hacer nada) del 85%.
- Todo lo dicho no impide que un profesional del sector cuando invierte, arriesga y trabaja vaya siendo titular de mayor valor sobre un suelo. Pero debe invertir, arriesgar y trabajar. Lo que es un sistema demencial (que no existe en ningún lugar del mundo, salvo Colombia) es que alguien sentado en un terreno sin pegar palo al agua se haga millonario por pintar una línea el Ayuntamiento en un plano. Esto no les entra en la cabeza a nuestros amigos holandeses, franceses, alemanes, ingleses, suecos, austriacos ... (en todos estos países, de inicio las plusvalías urbanísticas son públicas 100% y los profesionales del sector acceden a beneficios en función de su trabajo, inversión y aportaciones a la comunidad).
- Como se ve, este paso del 10% al 15% es solo un pequeño paso y, al amparo de la Constitución, podemos llegar a homologarnos con la UE a través de un control público del total de las plusvalías urbanísticas.
Bueno, lo dejo ya que menudo rollazo de post me estoy cascando.
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