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No lo digo yo, lo dice el Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Sr. Carlos hernandez Pezzi.

En la entrevista que os adjunto le preguntan por la calidad de la vivienda protegida y el representante público de todos los arquitectos y arquitectas de España dice lo siguiente: "la calidad de las VPO suelen ser de mayor que la de las libres. Es una gran contradicción. La vivienda pública es la más avanzada en sistemas energéticos y ambientales, la más racional en el concepto de calidad-precio y la más novedosa en tipologías".

La reflexión que hago yo, está si la hago solo yo, es que si la vivienda protegida es mejor desde el punto de vista constructivo y medioambiental y su precio es dos o tres veces menor que el de las viviendas libres ¿que justifica este brutal diferencial de precio en favor de la vivienda libre? Pues mi respuesta, y no es ideológica, sino simplemente científica (deducción), es muy simple: el desmedido apetito por el lucro descomunal a corto plazo de (por este orden) propietarios de suelo, promotores, constructores e inmobiliaras.

No estoy diciendo que todos los agentes empresariales y profesionales que se mueven en este mundo en España solo busquen el pelotazo a corto plazo. No haría honor a la verdad, pues hay muchos profesionales del sector que buscan beneficios sanos sostenidos en el tiempo. Pero no se me negará que, hasta la fecha, lo de la responsabilidad social corporativa no es la tónica general del sector. Supongo que el nuevo escenario del sector (superoferta a precios altos y crisis de demanda a esos precios) hará que podamos distinguir el grano (que perdurará en el sector) de la paja.

Quisiera dar las gracias a los Ayuntamientos de Bilbao (PNV - Ezker Batua Berdeak) y Donosti (PSE - Ezker Batua Berdeak - Aralar) por ser los pioneros municipales en materia de alquiler de vivienda protegida.

Cuando ningún ayuntamiento vasco apostaba por la vivienda protegida en alquiler, hace cuatro o cinco años, estos dos consistorios ya estaban poniendo en pié nuevas promociones de vivienda protegida en alquiler, a pesar de las dificultades que tienen estos dos municipios en materia de suelo. Como consecuencia de ello, en estos momentos, estos dos ayuntamientos se acercan, cada uno, a las 1.000 viviendas protegidas nuevas en alquiler.

Como se ve en las noticias que os adjunto (1 y 2), no solo han sido los primeros ayuntamientos vascos en promover vivienda protegida en alquiler, sino que mantienen y refuerzan sus planes en la materia y están siendo también los primeros en lanzarse a la producción de Alojamientos Dotacionales en Alquiler.

Desde el Gobierno Vasco estamos dispuestos a financiar (permitidme que lo diga, generosamente, con unos 30.000 euros por cada vivienda protegida puesta en alquiler) las operaciones de alquiler de vivienda protegida que nos propongan todos los Ayuntamientos vascos. Pero debemos dejar claro que hubo unos pioneros que abrieron el camino  que fueron los Ayuntamientos de Bilbao y Donosti. A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar.

Por su interés, reproduzco el siguiente artículo de opinión de Igor Mera Uriarte, técnico de vivienda del EGK-Consejo de la Juventud de Euskadi.

NI VAGOS NI PASOTAS por Igor Mera Uriarte

Es relativamente habitual escuchar de nuestros mayores que las personas jóvenes de hoy en día vivimos mejor que nunca y que la realidad es que somos unos vagos que queremos que se nos dé todo hecho. De la misma manera, también hay un sector importante del mundo adulto que acusa a las personas jóvenes de poco contestarias, muy insertas en el sistema y poco preocupadas por las problemáticas sociales. No se trata, por nuestra parte, de entrar en un debate maximalista. En la realidad no existen apenas blancos ni negros, sino que el mundo está lleno de grises que reflejan, en su conjunto, la diversidad de opciones y modos de vida de las personas jóvenes. El ser joven no es reducible a una categoría sociológica. La persona joven se construye a sí misma desde sus opciones y capacidades dentro de un sistema socioeconómico que condiciona y limita el proceso.

La juventud vasca es una de las juventudes que menos y más tarde se emancipa en el conjunto de Europa. Obviamente, creemos que esto se debe a dos elementos estructurales: la precarización de las condiciones laborales y la vulneración del derecho a la vivienda. Desde el mundo adulto se nos contraargumenta diciendo que en su época las cosas tampoco eran fáciles, que tuvieron que trabajar mucho y que también tuvieron que hipotecarse y apretarse el cinturón mucho.

Las condiciones sociales, culturales y económicas en las que las personas que hoy somos jóvenes desarrollamos nuestras vidas poco tienen que ver con las que sufrió la generación de quienes fueron jóvenes en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. De hecho, estos 30 años son el periodo histórico donde más cambios rápidos en la estructura profunda de la sociedad se han acumulado; transformaciones que, empezando por la organización de los estados y del sistema productivo, han terminado por moldear un nuevo sistema de valores y de identidades personales. Juzgar la realidad desde categorías pensadas para otro momento histórico no puede llevarnos más que a la frustración.

Entre los años 2003 y 2007 las dificultades de acceso a la vivienda de la juventud vasca han seguido incrementándose. Pese a los programas y políticas puestas en marcha, la intervención ha sido insuficiente. De hecho, el precio de las viviendas libres en la CAE se han incrementado un 42,7% en estos cuatro años mientras el aumento salarial percibido por las personas jóvenes ha sido sólo del 9,6%. El diferencial entre precios y salarios se ha seguido incrementando, situando en el 81% el porcentaje de recursos económicos que una persona joven debería dedicar al pago de su vivienda. En este mismo periodo, partíamos de un 34% de jóvenes entre 18 y 35 que habían emprendido un proyecto de autonomía residencial. Esta tasa se ha incrementado hasta el 41%, esto es, la tasa de emancipación residencial se ha incrementado un 21% en un periodo en el que las dificultades materiales se han recrudecido. ¿Se puede seguir acusando a la juventud vasca de no tener capacidad de sacrificio para construir sus proyectos de vida?

También desde el mundo adulto se ve a la juventud actual como una generación muy poco contestaria y muy poco involucrada en la lucha por la transformación social. La gente joven que trabajamos y militamos en movimientos sociales, sindicales, políticos y culturales de todo tipo también estamos preocupados por esta situación. Es mucho el trabajo que hay que hacer, y son pocos los efectivos de los que disponemos para hacerlo. La generación anterior vivió momentos históricos muy importantes (lucha antifranquista, primeras confrontaciones democráticas, duras luchas sindicales, surgimiento de los nuevos movimientos sociales...) donde no eran pocas las personas que vieron cerca el cambio de bases del sistema. Sin embargo, esa misma generación (y en ocasiones las mismas personas) ha tenido un papel determinante en la configuración del actual sistema. Durante 2006, por ejemplo, pudimos ver cómo la misma generación que en el 68 protagonizó una importante revolución cultural en el Estado francés fue la que lanzó a la Policía a reprimir las manifestaciones de las personas jóvenes en contra del contrato de primer empleo. El caso del Estado español es bastante parecido. Gentes y organizaciones que protagonizaron la resistencia antifranquista son quienes niegan y reprimen importantes manifestaciones y debates políticos (movimiento okupa, debate sobre la monarquía...).

Tratando de no caer en simplificaciones, creemos que no nos equivocamos mucho si decimos que desde la generación joven hay un alto grado de desconfianza hacia las instituciones creadas tras la transición y hacia las grandes organizaciones políticas y sindicales. Recelos derivados de ver cómo la mayor parte del mundo adulto ha abandonado las luchas y que la sociedad que nos han dejado supone, en muchas cosas, un paso atrás con respecto a la que había anteriormente. No se trata, no, de decir que todo tiempo pasado fue mejor ni de iniciar una guerra intergeneracional, sino de encontrar una explicación al hecho de que los movimientos más activos y novedosos se están generando fuera de las redes de influencia y muy alejados de los modos de funcionamiento de los movimientos tradicionales.

Este es el caso, por ejemplo, del movimiento en defensa del derecho a la vivienda. Un movimiento que en Euskal Herria nace en paralelo a las distintas dinámicas sociales que estaban abordando esas problemáticas (Plataforma Etxebizitza Guztiontzat!, Gazte Asanbladas, Gaztetxes...) y que en un escaso año y medio han conseguido asentar su funcionamiento y poner la problemática del acceso a la vivienda en primer plano de la agenda política. Grupos de gente que comienza a reunirse tras conocerse en las sentadas que espontánea o misteriosamente fueron convocadas por Internet, que se organizan asambleariamente y que construyen su propio discurso (Ke pasa kon la Kasa, Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi y Ciudadan@s por el Derecho a la Vivienda de Vitoria-Gasteiz...).

El futuro del derecho a la vivienda en la CAE nos lo estamos jugando en los próximos meses. En las semanas previas al verano se presentó el anteproyecto de ley, y tras las negociaciones en el tripartito se remitirá al Parlamento en los próximos meses. Si algo nos enseña el pasado es que quienes controlan el juego nunca han regalado nada y que todos y cada uno de los avances sociales han sido ganados a pulso por la sociedad civil. Éste es un momento que el conjunto de las organizaciones sociales y de las personas jóvenes no podemos desperdiciar. Es momento de crear sinergias, superar desconfianzas y encontrar modos de trabajo comunes que nos lleven a condicionar al máximo el debate político de cara a que la vivienda sea reconocida como lo que siempre debió ser, a saber, un derecho alejado de la lógica del mercado.

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En la comparecencia del Parlamento Vasco de la que os hablo en mi anterior post, llamaron mucho la atención (como ejemplo, El Correo) los siguientes datos sobre lucha contra el fraude en el uso de la vivienda protegida:

1. El Gobierno Vasco ha realizado 31.592 inspecciones de viviendas protegidas desde finales del 2004.
2. Eso supone que el 55% del parque de vivienda protegida de Euskadi ya ha sido inspeccionado, al menos una vez.
3. Se han investigado, ante las sospechas de fraude, 2.525 casos concretos.
4. Ya se han impuesto 262 sanciones (de esos 2.525 casos irán cayendo más sanciones poco a poco -los procedimientos sancionadores son garantistas y lentos-)
5. La sanción media impuesta por infracción es de 2.238 euros (reiterable en el caso de que el comportamiento irregular descubierto no se corrija en el plazo exigido).
6. Ya se han expropiado o recuperado 37 viviendas protegidas de infractores que han sido readjudicadas a demandantes de vivienda protegida inscritos en Etxebide.
7. A finales del 2009 el Gobierno Vasco habrá inspeccionado todo el parque de vivienda protegida.

Me llama mucho la atención que estos datos interesen tanto, pues el actual equipo de vivienda del Gobierno Vasco ha implantado las siguientes medidas desde el año 2002:

1. calificación permanente de todas las viviendas protegidas construídas con posterioridad a diciembre del 2002 (nunca se convierten en viviendas libres).
2. obligación de sortear todas las viviendas protegidas, sea quien sea su promotor (Gobierno, Ayuntamiento, privado, etc)
3. control de las ventas de vivienda protegida en segundas y posteriores transmisiones a través de los visados del Gobierno y la cooperación de notarios, registradores y jueces que garantizan que todas las viviendas protegidas que se venden son ofrecidas al Gobierno Vasco.
4. ejercicio por parte del Gobierno Vasco del tanteo y retracto en todas las ventas de vivienda protegida (es decir, el Gobierno las compra a precio de vivienda protegida y las readjudica a personas inscritas en Etxebide).
5. adjudicación de la vivienda protegida o en alquiler o en derecho de superficie, de forma que lo público no pierde nunca el control sobre esas viviendas.
6. y finalmente inspección del mal uso de la vivienda protegida, sancionando y expropiando.

¿Si hemos tomado todas estas medidas en el pasado, como sorprenden tanto estos datos? Estamos haciendo lo que dijimos que ibamos a hacer. Cierto que no se había hecho nunca antes. Tambien es cierto que no se hace en ningún lugar de España ahora. Pero ¿no ha quedado suficientemente claro que en esta materia el actual equipo de vivienda del Gobierno Vasco es inflexible?

Pero lo que más me llama la atención es que ningún medio tiene mucho interés el publicitar lo siguiente: el fraude que está encontrando el Gobierno Vasco en vivienda protegida es menor del 5% del total de las viviendas. Ergo, el 95% de los usuarios de vivienda protegida de Euskadi las utiliza adecuadamente como su domicilio habitual.

Ya sabéis, good news is no new (las buenas noticias no son noticias).

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Ayer estuve en el Parlamento Vasco. La Comisión competente en materia de vivienda nos había pedido que exlicásemos como va la ejecución del Plan Director de Vivienda de Euskadi 2006-2009.

Del PDV 2006-2009 ya os he hablado en otras ocasiones en este blog. Os dejo los enlaces a dos post sobre este tema: 1 y 2.

De lo transcurrido os aporto algunas de mis conclusiones e impresiones, obviamente de parte, pero que, aun así, comparto con todos vosotros.

En el ecuador del Plan (finales del 2007) deberíamos tener todos los agentes implicados (Gobierno, Ayuntamientos y privados) ejecutados sobre el 50% de los objetivos. La cosa está, si atendemos solo a los principales indicadores, como sigue:

• promoción de nueva vivienda protegida 53%
  • para venta 65%
  • para alquiler 25%
    • Gobierno Vasco 35%
    • Ayuntamientos 11%
    • privados 0%
• alquiler de vivienda vacía (Bizigune) 65%
• captación de suelo para vivienda protegida 77%
• rehabilitación y renovación urbana 81%

Tradicionalmente los grupos parlamentarios de la oposición habían acusado al Plan Director de Vivienda 2006-2009 de carecer de financiación suficiente, de no preocuparse de la captación de suelo para vivienda protegida y de flaquear en alquiler. La verdad es que en la comparecencia de ayer esos mismos grupos no dijeron mucho sobre la financiación (saben que hay 2.805 millones de euros para desarrollar sus medidas, más de lo que ha habido nunca), tampoco dijeron nada sobre el suelo (el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos están cumpliendo sus objetivos y, en estos momentos, hay suelo captado por las Administraciones Públicas para hacer más de 43.000 viviendas protegidas -32.000 el Gobierno y 11.000 los Ayuntamientos-) y se centraron en el tema del alquiler protegido.

Nosotros sobre el alquiler dijimos la verdad. Puede escocer, pero es la pura realidad. En estos momentos las viviendas protegidas en alquiler las hace solo el Gobierno Vasco, con la excepción de las que hacen (fuertemente subvencionadas por el propio Gobiernbo Vasco) los Ayuntamientos de Bilbao y Donostia, junto con la Caja de Ahorros Vital de Alava. De los 252 Ayuntamientos vascos, hasta la fecha, dos están comprometidos con el alquiler de vivienda protegida y 250 no. Es duro decirlo, pero es así.

De hecho, en el bienio 2006-2007 el Gobierno Vasco ha cumplido el 65% de sus objetivos en movilización de vivienda vacía, el 48% de sus objetivos en Alojamientos Dotacionales en Alquiler, el 38% de sus objetivos en Vivienda Social en Alquiler y el 46% de las viviendas adjudicadas por Etxebide lo son en alquiler. Frente a esto los Ayuntamientos han cumplido el 0% de sus objetivos en Alojamientos Dotacionales en Alquiler, el 0% de sus objetivos en Viviendas Sociales en Alquiler y el 18% de sus objetivos en VPO en alquiler y, de momento, no sortean viviendas en alquiler (solo lo hacen en propidad plena). Los privados, es fácil de resumir, 0% en todo.

Algunos ha dicho que no se puede responsabilizar a los Ayuntamientos de la falta de alquiler de vivienda protegida. Cosa que se entiende mal si tenemos en cuenta lo siguiente. Son los Ayuntamientos los que califican todo el suelo para todo tipo de vivienda. Son los Ayuntamientos los que dominan el urbanismo vasco. Son los Ayuntamientos los que, con motivo de la Ley del Suelo, pidieron ser considerados agentes institucionales mayores de edad y parte de la solución al problema de la vivienda. A mi todo esto me pareció y me parece bien.

¿Porque no hacen alquiler protegido los Ayuntamientos?

1. Muchos por miedo a las cargas que implican gestionar viviendas en alquiler durante décadas. Es mucho más fácil venderlas y quitarse de en medio.
2. Otros por dar satisfacción a unos ciudadanos que, según ellos, prefiere la propiedad al alquiler.
3. Otros ante la evidencia de que hacer Vivienda Tasada da beneficios al Ayuntamiento, la VPO en venta se autofinancia y la vivienda protegida en alquiler produce pérdidas a corto plazo y una larga hipoteca de gestión, aunque tambien produce grandes progresos y beneficios sociales.
4. Y finalmente hay Ayuntamientos que quieren y no pueden, por razones económicas, físicas o de gestión.

Para ayudar a los Ayuntamientos que quieren hacer vivienda protegida en alquiler y no pueden esta el Gobierno Vasco. Tenemos experiencia, equipos, subvenciones, etc. De hecho, a los Ayuntamientos que quieren hacer vivienda protegida en alquiler llevamos mucho tiempo apoyándoles. A todos los demás Ayuntamientos hay que convencerles de que deben ser europeos y ayudar al Gobierno Vasco a construir un parque de vivienda protegida en alquiler. Si hemos hecho la convergencia con la UE en muchas cosas, no hay razón alguna para que no podamos hacerlo tambien en esto.

Pero no quiero acabar sin dos notas positivas. En primer lugar quiero destacar que desde el 2001 hasta hoy en Euskadi hemos pasado de tener solo 740 viviendas protegidas en alquiler a tener hoy 11.658. El salto en solo seis años es brutal. Pero todo esto lo ha hecho el Gobierno Vasco solo. Necesitamos y queremos la compañía de los Ayuntamientos en materia de alquiler de vivienda protegida. Ayudamos y ayudaremos a los que se metan en esta aventura. La segunda nota positiva es que cada vez más ayuntamientos dejan de ver el alquiler de vivienda protegida como algo extraño y o encargan al Gobierno Vasco que haga promociones de vivienda protegida en alquiler en su municipio (es decir, no ponen dinero, pero permiten que el Gobierno Vasco lo gaste en alquiler protegido en ese municipio) o incluso se lanza ellos mismos a promover alquiler protegido con sus propios fondos (esto es, de momento, solo una tendencia emergente).

Dejo otro par de datos para la esperanza.

1. En Euskadi 37 de cada 100 nuevas viviendas iniciadas son viviendas protegidas (en el conjunto de España a penas 10 de cada 100).
2. Tres de cada cuatro viviendas ofrecidas en alquiler en Euskadi son vivienda sprotegidas ofrecidas por la Administración con un alquiler medio de 250 euros al mes.

La prensa vio la comparecencia de ayer de esta manera: El Correo, Diario Noticias Alava, Deia, El Pais. Como veis no se han fijado en las mismas cosas que yo.

Os dejo la presentación que llevamos ayer al Parlamento Vasco para más detalles sobre el grado de ejecución del Plan Director de Vivienda de Euskadi 2006-2009.

Esta mañana hemos presentado en rueda de prensa la nueva sociedad Bizigune que gestionará a partir de ahora el programa de movilización de vivenda vacia hacia el alquiler protegido del Gobierno Vasco (hasta la fecha gestionado por la sociedad participada del Gobierno Vasco Visesa).

Lanzamos con ello varios mensajes:

• más garantías para los propietarios de vivienda vacía para que su vivienda sea alquilada por el Gobierno Vasco (a partir de ahora por una sociedad pública 100%)
• más garantías de perdurabilidad del programa Bizigune para los inquilinos, por la razón antes expuesta.
• renovada apuesta del Gobierno Vasco por la movilización de vivienda vacía por su interés social (alquiler protegido para personas que necesitan acceder a una vivienda a precios dignos), por su valor medioambiental (se moviliza vivienda que lleva vacía, al menos, un año y no se dan los costes ecológicos dde nuevas construcciones) y por su interés económico (un propietario que tenía un bein ocioso empieza a recibir un rendimiento por el mismo).

Como ya os he comentado en anteriores ocasiones, en Euskadi hay 26.700 viviendas vacías gestionables hacia el alquiler (están vacías, no son segundas segundas residencias y no están siendo ya ofertadas en el mercado de alquiler  privado). De esas, desde el 2004, el Gobierno Vasco ha movilizado 3.717 viviendas ya y a finales del 2009 llegaremos a las 5.000 viviendas vacías movilizadas hacia el alquiler protegido tal y como señala el Plan Director de Vivienda 2006-2009 de Euskadi.

Os comento también que el 80% de los inquilinos valora positivamente este programa y que un 90% de los propietarios que ceden su vivienda se lo recomendarían a un conocido, teniendo muchos de llos interés en renovar la cesión de cinco años a Bizigune, cuando venza la primera cesión ahora en vigor.

Por resumir: Bizigune funciona, Bizigune cumple, Bizigune evoluciona.

La prensa ha recogido la rueda de prensa: El Correo (edición digital), El Correo (edición escrita) y Deia.

PD: la nueva sociedad nace con una inminente nueva web.

ACTUALIZACION: el blogger Contramultitud habló de este asunto en su blog. Y bien, por cierto. Aunque no le conozco de nada, le agradezco sus palabras.

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El pasado viernes el Ararteko estuvo en el Parlamento Vasco para presentar en la Comisión de DDHH el Informe sobre políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven de la CAPV.

Este informe ya fue objeto de cierta polémica periodística en la pasada primavera y ahora, con motivo de la comparecencia parlamentaria, vuelve a estar en el candelero. En este caso, lo que algunos medios han estacado es que el Ararteko no ve razonable adjudicar vivienda protegida en propiedad a los jóvenes y que apuesta por el alquiler de vivienda protegida en general.

Vaya por delante que el informe leído en su integridad es muy interesante y que el equipo que lo ha realizado es, desde mi punto de vista, de la máxima solvencia. Otra cosa es lo que a este o a aquel medio de comunicación le ha apetecido destacar, obviando otras cosas.

Vamos con los argumentos del Ararteko. En primer lugar, en Euskadi tradicionalmente se han vendido las pocas viviendas protegidas que se hacían y además estas se descalificaban a los pocos años para pasar a engrosar el mercado libre. A algunos se les olvida que hace no demasiado esas viviendas eran en mucho casos adjudicadas digitalmente. Frente a esto el Ararteko pide que se haga más vivienda protegida de alquiler y que consolidemos un parque público de vivienda protegida en alquiler. Pide que se hagan mayores esfuerzos en materia de alquiler social.

Nosotros desde el Gobierno Vasco no podemos estar más de acuerdo con este posicionamiento del Ararteko.De hecho, cuando en Euskadi nadie hacía una sola vivienda protegida en alquiler, allá por el año 2001, los que pusimos en marcha la máquina fuimos nosotros. Debo recordar que en el año 2001 el Gobierno Vasco disponía de 740 viviendas en alquiler (desde 1980 hasta el 2001 ese fue el aporte al alquiler del Gobierno) y ahora disponemos ya de más de 9.000 viviendas destinadas al alquiler protegido (con un alquiler medio mensual medio de unos 250 euros). Además nunca nadie había conseguido movilizar ni una sola vivienda vacía hacia en alquiler protegido y nosotros hemos puesto en marcha el programa Bizigune que ya ha movilizado más de 3.500 por las que sus inquilinos no pagan más del 30% de sus ingresos en concepto de alquiler. En estos momentos Etxebide la mitad de la vivienda protegida que adjudica es vivienda protegida en alquiler. Y gracias a este fenomenal esfuerzo financiero del Gobierno Vasco (la VPO casi se autofinancia, la VT da beneficios y la vivienda protegida en alquiler necesita de décadas de explotación para recuperar la inversión inicial) y operativo de Alokabide en estos momentos en Euskadi dos de cada tres viviendas ofrecidas en alquiler son viviendas protegidas en alquiler. Además de lo anterior, la nueva Ley del Suelo vasca crea los Alojamientos Dotacionales en Alquiler, una nueva oportunidad para el alquiler social que debemos saber aprovechar. Todas estas cosas en la Euskadi de hace seis años eran ciencia ficción. Todas estas cosas en el resto de las CCAA hoy son ciencia ficción.

Pero en esta labor de promocionar el alquiler de la vivienda protegida el Gobierno Vasco se encuentra solo. Ni los ayuntamientos vascos (salvo dos excepciones) ni los promotores privados (salvo una excepción), hasta la fecha, han apostado por el alquiler de vivienda protegida. Lo de los promotores privados puede ser más comprensible. Pero lo de los Ayuntamientos no es de recibo. Lo digo con respeto, pero con convicción. No es de recibo que se considere la vivienda solo una fuente de ingresos. La vivienda protegida y el urbanismo social (hacer buena ciudad desde el punto de vista social) cuestan dinero público y los Ayuntamientos, hasta la fecha, no lo han puesto. De hecho, las más de 9.000 vivienda en alquiler que en estos momentos gestiona el Gobierno Vasco están financiadas solo por el propio Gobierno Vasco. Como solo hay tres excepciones, las citaré por sus nombres: los Ayuntamientos de Bilbao y Donosti junto con la Caja Vital si han invertido unos fondos en el alquiler de vivienda protegida (siempre avalados por sustanciosas subvenciones del Gobierno Vasco). El actual Plan Director de Vivienda 2006-2009 preve que se alcancemos en esa fecha las más de 19.000 vivienda protegidas en alquiler. Pero si solo el Gobierno Vasco está por la labor no va a ser fácil alcanzar este objetivo.

Como no quiero ser pesimista os daré una noticia de los últimos meses que es esperanzadora. El Gobierno Vasco obtiene suelo solo a través de convenios con los Ayuntamientos. Es decir, si un Ayuntamiento no cede o vende suelo al Gobierno este no puede promover vivienda protegida. Lo normal hasta ahora era que los ayuntamientos solo quisiera vender suelo al Gobierno para hacer VPO en venta (por esos suelos los Ayuntamientos ingresaban dinero). Desde hace unos dos o tres meses hemos detectado que algunos ayuntamientos empiezan a querer ceder más gratis suelo al Gobierno para que este promueva vivienda protegida en alquiler. Es decir, hay ayuntamientos dispuestos a dejar de ganar dinero para que el Gobierno se gaste ingentes cantidades en promover vivienda protegida en alquiler. Los ayuntamientos todavía no han dado el siguiente paso (gastar dinero municipal en alquiler protegido), pero por algo se empieza. Seguro que veremos nuevas y positivas evoluciones en esta materia.

En otro orden de cosas, hay un asunto en las posiciones del Ararteko que no entiendo: mete en el mismo saco la vivienda protegida en venta y la adjudicada en derecho de superficie a 75 años. No son la misma cosa desde el punto de vista jurídico (en el caso del derecho de superficie la propiedad del suelo es siempre pública y las viviendas vuelven a propiedad pública en 75 años), pero sobre todo tienen virtudes financieras que no se pueden despreciar. Holanda, Austria o Suecia (que en las pasadas décadas han hecho millones de viviendas públicas en alquiler) tienen ahora problemas para sostener económicamente sus magníficos parques de alquiler público. Cuando se enteran de que en Euskadi se adjudican viviendas con un precio dos o tres veces inferiores a los de mercado, que la titularidad del suelo es pública y que los desembolsos presupuestarios son mucho menores que los del alquiler vienen a visitarnos para conocer como se puede hacer tal cosa. Con esto no digo que seamos la leche. De hecho, tenemos décadas de retraso respecto a los líderes europeos en materia de vivienda social. Pero lo que si está claro es que un parque de alquiler protegido fuerte combinado con vivienda protegida en derecho de superficie puede dar satisfacción a casi todas las capas de la sociedad vasca en materia de vivienda sin caer dentro de unos años en las asfixias presupuestarias de los países europeos citados. El modelo tradicional español de poca VPO y además en propiedad es malo, sin duda. Pero los parques públicos de alquiler en estados europeos con mucho nervio social están atravesando muchas dificultades. Quizás la virtud esté en un acercamiento de ambos modelos. Aunque a mi me gustaría que el punto de encuentro estuviese mucho más cercano a Holanda que a la situación actual de España.

Sea como fuere, reitero mi agradecimiento al Ararteko por apoyar las políticas públicas de vivienda del Gobierno Vasco. Apoyos como este no se tienen todos los días.

Acabo con algunas maldades. El informe del Ararteko tiene algunas perlas que no entiendo como la prensa no ha destacado. Cito literalmente algunas recomendaciones del Ararteko sobre vivienda: 

1. Que las entidades locales se doten de un programa específico sobre vivienda protegida en alquiler.
2. Intensificar las medidas fiscales en favor del alquiler por parte de las diputaciones forales de los tres territorios históricos
3. Intensificar y reforzar los programas de intermediación en el mercado de alquiler, en especial los dirigidos a movilizar la vivienda vacía.
4. Delimitar o definir el requisito de arraigo de la forma menos excluyente posible, con el objeto de garantizar la plena aplicación de los principios básicos de igualdad y de libre circulación de las personas.Debería primarse el criterio de que cualquier ciudadano o ciudadana de la CAPV tenga derecho de solicitar vivienda protegida promovida dentro de ese territorio, independientemente del municipio en el que esté empadronado en el momento de la solicitud. Por lo tanto, es necesario definir el denominado requisito de arraigo de la forma menos excluyente posible, asegurando un límite común para toda la CAPV, con el . n de garantizar la mejor aplicación de los principios básicos de igualdad y de libre circulación de las personas.

Curioso que ningún medio haya dicho nada sobre esto ¿verdad?

Hace unos días elmundo.es publicó la entrevista que me hicieron con motivo de mi llegada a la Viceconsejería de Vivienda.

La entrevista es interesante, o al menos a mi me lo parece, por tratar mezclándolas mis responsabilidades públicas en materia de vivienda con mi faceta de político blogger.

Os la dejo por si os resulta de interés su lectura.

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Se sigue hablando mucho de vivienda y como nos vamos acercando a las elecciones generales los partidos empiezan a mostrar en sociedad sus propuestas sobre como hacer que la vivienda deje de ser un problema para muchos españoles.

A mi me parece maravilloso que los partidos pongan por escrito y con claridad que tipo de medidas quieren aplicar en caso de poder gobernar. Después la ciudadanía lo que tiene que hacer es comparar y optar por lo que le parezca más adecuado.

Resumo a continuación las propuestas que yo entiendo han hecho los partidos políticos hasta la fecha en materia de vivienda (me limito a PSOE, PP e IU por economía de medios –no puedo mirar las propuestas de todos los partidos pues no dispongo de tiempo libre para ello-, pero también por entender que representan los tres grandes modelos políticos: conservador, socialdemócrata e izquierda alternativa transformadora y ecologista).

Las propuestas que tradicionalmente ha heho el PSOE sobre vivienda las podríamos resumir de la siguiente manera:

1.- Recuperar la función social de la vivienda. El suelo tiene que cumplir la función prioritaria de satisfacer la necesidad de acceso a viviendas asequibles. Compromiso de reservar al menos el 30% del suelo residencial para vivienda protegida. Apuesta por el mercado de alquiler como alternativa a la compra de vivienda.

2.- Hacer ciudades habitables. No propiciar nuevos desarrollos urbanísticos sin servicios educativos, sanitarios y sociales necesarios. Desarrollar ciudades de calidad que aseguren a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios, a la seguridad y al progreso personal.

3.- Ciudades equilibradas. Propiciar el equilibrio urbano entre la ciudad consolidada y la creación de la nueva ciudad. Dar prioridad a la rehabilitación y recuperación de barrios degradados frente a la construcción de otros nuevos.

4.- Preservar nuestro patrimonio natural. Reforzar la evaluación ambiental de los nuevos procesos urbanísticos. Preservar del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por su valor ecológico, paisajístico o cultural, así como los que se consideren necesarios como reserva de futuro.

5.- Competir en calidad no en cantidad. Asunción plena de la responsabilidad de las CCAA en la ordenación del territorio mediante la exigencia de Planes Territoriales Supramunicipales. Estos deben fijar criterios y límites razonables al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal para que poblaciones de un mismo desarrollo urbano no compitan en función de quién crece más sino en dónde se vive mejor.

6.- Crecimiento ordenado. Establecer límites al crecimiento urbano. Dichos límites deben fijarse en función de una serie de parámetros tales como las demandas económicas y demográficas reales y potenciales existentes en el Municipio; la capacidad de absorber el crecimiento; la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes y el medio natural en que se va a desarrollar.

7.- Perseguir las reclasificaciones indiscriminadas. Dar carácter absolutamente excepcional a las reclasificaciones de suelo no urbanizable y acompañarlas de revisión del Plan General cuando alteren las condiciones del planeamiento vigente o supongan un impacto territorial significativo.

8.- Transparencia informativa. Someter a información pública todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluidos los Convenios Urbanísticos, exigiéndose un resumen sencillo y claro que los ciudadanos puedan entender y saber en qué les afecta.

9.- Las plusvalías del urbanismo al servicio del interés general. Los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y de una mayor edificabilidad concedida por el planeamiento deben revertir en la sociedad en su conjunto y no en unos pocos.

10.- Cumplimiento escrupuloso de la legalidad. Potenciar en línea con lo que está haciendo el Gobierno todas las medidas para luchar contra prácticas ilegales y fraudulentas: Nuevas Fiscalías, nuevas unidades de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos, más y mejor inspección fiscal.

Este ha sido el credo tradicional del PSOE en materia de vivienda. En los últimos meses a través de su nueva Ministra de Vivienda, Carme Chacón, han incidido sobre todo en lo del alquiler. Y a las medidas anteriores, y dentro de la medida 1 antes relatada, han añadido lo siguiente:

1.1. ayuda a la emancipación de 210 euros para el alquiler (durante cuatro años) para personas de entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros.

1.2. coste financiero de un aval durante seis meses aportado por el Ministerio y préstamos de 600 euros para la fianza, ambas cosas también para jóvenes de entre 22 y 30 años y que ganen menos de 22.000 euros

1.3. deducciones fiscales del 10,05% de lo aportado al alquiler para inquilinos con ingresos inferiores a 28.000 euros (igualando de esta manera el tratamiento fiscal de la compra y el alquiler).

1.4. en materia de desahucios, agilización a través de la creación de diez nuevos juzgados especializados en esta materia.

1.5. las Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliarias puedan acogerse a los beneficios de financiación pública recogidos en el régimen de VPO; de hecho, podrán acogerse a la tributación del 1% y disponer de una mayor capacidad de endeudamiento, que pasa del 50 al 80%.

1.6. IVA superreducido (4%) a las viviendas de nueva construcción en alquiler de renta básica a veinticinco años.

1.7. la Sociedad Pública de Alquiler extenderá su actividad de intermediación a los grandes operadores privados que gestionan vivienda en alquiler (Fondos Inmobiliarios, Sociedades de Arrendamientos, Cooperativas) lo que posibilitará el incremento de la oferta de viviendas de calidad a disposición de los demandantes.

1.8. la Sociedad Pública de Alquiler creará un nuevo servicio, el “Alquiler Seguro”, para los propietarios que quieran utilizar sólo los seguros multirriesgo, de impago y asistencia jurídica, que actualmente ofrece.

MI RESUMEN SOBRE LAS PROPUESTAS DEL PSOE: al electorado le tiene que parecer que queremos hacer mucho en materia de vivienda protegida y de alquiler, pero debemos tocar lo menos posible las bases del sistema económico, dado que la economía y ciertas grandes empresas y bancos dependen de la buena salud del ladrillo; por lo tanto vamos a gastarnos algo de dinero en alquiler y en vivienda protegida, pero toquemos lo menos posible las bases del poder oligopolistico en materia de ladrillo de bancos, cajas y grandes empresas, de esta manera nos ayudaremos a ganar las elecciones y podremos gobernar después de ellas sin tener en contra a los grandes poderes económicos. No niego que parte del PSOE pueda estar, de verdad, por la labor de impulsar la vivienda protegida y el alquiler, pero en su conjunto, creo que lo que predomina es lo que he dicho. Por otra parte, bien está que, por fin, el PSOE hable abiertamente de alquiler, cosa que hasta hace tres días solo hacía con la boca pequeña.

Este fin de semana pasado el PP ha tenido una cumbre sobre vivienda de la que han salido las siguientes propuestas:

1. la mitad de los nuevos pisos que se hagan en áreas metropolitanas y ciudades medias tengan un precio máximo de 160.000 euros.

2. "gran acuerdo nacional" en esta materia con implicación de todas las administraciones, sector privado y ciudadanos.

3. proteger a las familias de menos recursos afectadas por la subida de los tipos de interés; se utilizará el Instituto de Crédito Oficial para que "establezca garantías para que las familias más necesitadas estén protegidas frente a nuevas subidas de tipos de interés".

4. facilitar el acceso a la vivienda en propiedad, y también impulsar el alquiler, pero como opción voluntaria a los ciudadanos.

5. mantener la aportación al crecimiento de la economía del sector de la construcción. El PP ve factible que en los próximos cuatro años se construyan dos millones de viviendas.

6. En materia de suelo, introducir "más eficacia y transparencia, evitando la especulación a la que está sometido", que hace que los precios "suban de manera artificial". Los "retrasos y la ineficacia" de las administraciones "cuestan dinero a los españoles", son parte del alza de precios "y debemos resolverlo". Se buscará "un acuerdo" en el que las comunidades autónomas agilicen los procesos de transformación de suelo a un máximo de dos años y se reduzcan los plazos para que haya un desarrollo más ágil del mercado, como, en su opinión, se ha hecho en la Comunidad de Madrid.

7. se reclamará a las corporaciones municipales que faciliten suelo a precio asequible; la merma de recursos se les compensará con un nuevo sistema de financiación local más favorable para los ayuntamientos.

8. necesidad de reducir el IRPF para incrementar la renta de los ciudadanos y reactivar la economía en un momento de incertidumbre.

MI RESUMEN SOBRE LA PROPUESTA DEL PP: vamos a ser claros y apostar por la compra de vivienda en vez del alquiler (que es lo que la gente quiere or), mantener la producción de vivienda en marcha (ahora que el sector está en crisis y que como siempre me va a financiar la campaña electoral), por que la mitad de las viviendas serán baratas (sin especificar si son vivienda protegida o libre y, en el caso de la protegida siendo está convertible en vivienda libre lo antes posible), por las ayudas a los sobrehipotecados,  insistamos, como siempre, en que esto es culpa de la Administración, pues el mercado funciona siempre de forma perfecta, pidamos una rebaja de impuestos (que al parece eso lo cura siempre todo) y de paso digamos que las cosas hay que hacerlas como allí donde gobernamos (-ironic mode on- que como todo el mundo sabe en Madrid y Valencia la vivienda es mucho más barata que en el resto de España). Por cierto, -ironic mode off- agradezco la claridad del PP. Siempre me ha parecido gente sincera. Ellos ofrecen vivienda libre en propiedad "barata" si el mercado quiere, rabajas de impuestos y ayudas a la gente sobrehipotecada (travase de fondos de Hacienda a la Banca).

Las apuestas de IU en materia de vivienda vienen siendo desde hace años bastante claras, no se han dado bandazos como en otros partidos políticos, y las podríamos resumir de la siguiente manera.

1.- mejorar la financiación municipal (competencia del Estado y Comunidades Autónomas); en tanto no se tome esta medida nada de lo que se haga será eficaz.

2.- limitar el crédito hipotecario, de forma que solo podamos recibir préstamos hipotecarios por una parte de los ingresos familiares (como máximo el 30%) y por un tiempo limitado (como máximo 15 años), pues esto limitaría el precio de la Vivienda Libre (competencia legislativa de las Cortes Generales y ejecutiva del Ministerio de Economía y Banco de España).

3.- modificar la política fiscal y pasar de favorecer la compra al primar el alquiler, mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda protegida en relación a la vivienda libre y implantar medidas fiscales que penalicen las viviendas vacías, así como las segundas residencias (competencia del Ministerio de Economía y de Navarra y Euskadi por su régimen foral).

4.- incrementar la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo (competencia de las Cortes Generales).

La actual Ley del Suelo estatal diseña una banda de participación de la comunidad de entre el 5% y el 20%, aunque el 15% parece que se configura como el tipo general.

En todos los estados modernos el aprovechamiento urbanístico es, de hecho, 100% público y después a los promotores se les permite hacer vivienda, superficies comerciales u otros desarrollos en función de un proyecto que les somete a una serie de cargas a favor de la comunidad (equipamientos, vivienda accesible, en alquiler, etc). Para converger con Europa nos tenemos que acercar al 100% del aprovechamiento público (como en Holanda, Alemania, Inglaterra, Suecia, etc).

Habida cuenta de lo lejos que estamos en estos momentos de la realidad europea, y como fase de transición, se apuesta por un reparto de plusvalías entre la comunidad y el propietario (antes de que este haya hecho nada con el suelo y que, por lo tanto, no haya invertido para transformarlo) del 50% para cada parte.

5.- incrementar las reservas de Vivienda Protegida hasta el entorno del 75% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano (competencia de las Comunidades Autónomas); se establece este objetivo no como estación de llegada, sino como camino intermedio hasta llegar a una situación cercana al 100% de la vivienda dedicada a vivienda protegida, con un razonable menor porcentaje en suelo urbano que en urbanizable (como consecuencia de los costes adicionales que suelen tener las intervenciones en estos suelos: realojos, traslados industriales, descontaminaciones, etc).

6.- elevar la producción de Vivienda Protegida (competencia de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) hasta llegar, por lo menos, a una cuota de mercado del 40%; una vez que las anteriores medidas hayan sido ejecutadas esta cuota de mercado de la vivienda protegida deberá ir mucho más allá del 40% antes reseñado.

7.- de esa producción de vivienda protegida destinar, al menos, el 50% a vivienda protegida en alquiler (competencia de CCAA y Ayuntamientos). Estos alquileres sociales no deberían suponer más del 30% de los ingresos de los inquilinos, o del 20% en le caso de las rentas más modestas. En cualquier caso, lo alquileres protegidos se adaptarán a los ingresos de los inquilinos (a mayores ingresos mayor alquiler y viceversa).

8.- introducir legalmente la obligación de dedicar el 50% de la vivienda protegida y el 15% de la vivienda libre al alquiler protegido y libre respectivo de forma permanete (competencia de las CCAA).

9.- movilizar vivienda vacía hacia el alquiler protegido hacia programas públicos que controlen el precio final de los alquileres y que garanticen un sistema de precios similar al descrito en el punto anterior (competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos).

10.- la calificación de por vida de la vivienda protegida (competencia de las Comunidades Autónomas), de forma que nunca aflore al mercado privado, así como control en la entrada, permanencia y salida de los usuarios del parque de vivienda protegida de forma que se evite el fraude con técnicas como el sorteo de vivienda protegida de entre las personas inscritas en registros públicos de demandantes de vivienda protegida, la inspección del uso del parque, el ejercicio de la potestad sancionadora y expropiatoria en casos de mal uso, el ejercicio universal del tanteo y retracto en segundas y posteriores transmisiones; en definitiva de lo que se trata es de que la vivienda protegida siempre esté fuera del mercado y sus usuarios sean los que la Administración designe y a los precios de compra o alquiler que la Administración fije.

11.- impulsar de forma decida las políticas de rehabilitación y regeneración urbana (competencia de las CCAA y los Ayuntamientos), lo que junto con la movilización de vivienda vacía permitirá reducir al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del tejido urbano ya existente; la solución a los problemas de la vivienda no se puede encontrar solo en la construcción de nueva vivienda y hay que evitar en la medida en que sea posible construir cuando estén disponibles viviendas o áreas urbanas para rehabilitar o regenerar.

12.- conectar la normativa de Ordenación del Territorio con el urbanismo, de forma que ciertas tropelías sociales y medioambientales estén prohibidas (de forma efectiva y real) por otras legislación sectorial (competencia de las Comunidades Autónomas).

13.- reforzar las competencias de control de las Comunidades Autónomas sobre los Ayuntamientos en relación a legalidad del planeamiento urbanístico municipal (competencia de las Comunidades Autónomas).

14.- dotar de medios adecuados a las fiscalías que están llevando a cabo la defensa de la legalidad en materia de urbanismo (competencia del Ministerio de Justicia); paralelamente poner a la policía a trabajar al máximo ritmo en esta materia (competencia del Ministerio de Interior y las policías de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales).

15.- orientar la economía española hacia sectores productivos con alto valor añadido y fuerte I+D+i y disminuir la dependencia del ladrillo (competencia del Ministerio de Economía y de las Consejerías de Economía de las CCAA).

16.- garantizar por parte de las Administraciones competentes el derecho de las personas con necesidad de vivienda a una vivienda en alquiler a un precio que no supere el 30% de sus ingresos o el 20% en las rentas más modestas (competencia de las CCAA). En caso de no satisfacerse este derecho la ciudadanía tendrá, a partir del año 2014 acceso directo a la tutela judicial efectiva.

MI RESUMEN SOBRE LA PROPUESTA DE IU: como comprenderéis, no puedo ser imparcial. Pero creo que me reconoceréis que hay muchas concrecciones (50% plusvalía urbanística pública, 75% suelo urbanizable para vivienda protegida, 40% suelo urbano para lo mismo, cuota de vivienda proptegida del 40%, la mitad de la vivienda protegida para alquiler, el 15% de la vivienda libre también para alquiler, garantía de alquiler sociales que no superen el 30% o el 20% de los ingresos personales o familiares ...). Creo que el conjunto de propuestas en materia de vivienda que he reseñado las suscribiría la mayor parte de la socialdemocracia europea, pero me temo que la socialdemocracia española está pensando en ganar las elecciones y no en hacer de la vivienda protegida un verdadero servicio público y un verdadero derecho subjetivo, que es en lo que estamos nosotros. Por cierto, para los que digan que estas propuestas son imposibles de realizar apuntar que en Suecia, Holanda, Alemania, Francia, Austria o Dinamarca llevan más de cuatro décadas aplicándolas (en algunos casos incluso cosas más avanzadas).

Después de semejante rollo, agradeceré vuestras impresiones, que siempre serán más interesantes que mis escritos.