Se sigue hablando mucho de vivienda y como nos vamos acercando a las elecciones generales los partidos empiezan a mostrar en sociedad sus propuestas sobre como hacer que la vivienda deje de ser un problema para muchos españoles.
A mi me parece maravilloso que los partidos pongan por escrito y con claridad que tipo de medidas quieren aplicar en caso de poder gobernar. Después la ciudadanía lo que tiene que hacer es comparar y optar por lo que le parezca más adecuado.
Resumo a continuación las propuestas que yo entiendo han hecho los partidos políticos hasta la fecha en materia de vivienda (me limito a PSOE, PP e IU por economía de medios –no puedo mirar las propuestas de todos los partidos pues no dispongo de tiempo libre para ello-, pero también por entender que representan los tres grandes modelos políticos: conservador, socialdemócrata e izquierda alternativa transformadora y ecologista).
Las propuestas que tradicionalmente ha heho el PSOE sobre vivienda las podríamos resumir de la siguiente manera:
1.- Recuperar la función social de la vivienda. El suelo tiene que cumplir la función prioritaria de satisfacer la necesidad de acceso a viviendas asequibles. Compromiso de reservar al menos el 30% del suelo residencial para vivienda protegida. Apuesta por el mercado de alquiler como alternativa a la compra de vivienda.
2.- Hacer ciudades habitables. No propiciar nuevos desarrollos urbanísticos sin servicios educativos, sanitarios y sociales necesarios. Desarrollar ciudades de calidad que aseguren a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios, a la seguridad y al progreso personal.
3.- Ciudades equilibradas. Propiciar el equilibrio urbano entre la ciudad consolidada y la creación de la nueva ciudad. Dar prioridad a la rehabilitación y recuperación de barrios degradados frente a la construcción de otros nuevos.
4.- Preservar nuestro patrimonio natural. Reforzar la evaluación ambiental de los nuevos procesos urbanísticos. Preservar del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por su valor ecológico, paisajístico o cultural, así como los que se consideren necesarios como reserva de futuro.
5.- Competir en calidad no en cantidad. Asunción plena de la responsabilidad de las CCAA en la ordenación del territorio mediante la exigencia de Planes Territoriales Supramunicipales. Estos deben fijar criterios y límites razonables al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal para que poblaciones de un mismo desarrollo urbano no compitan en función de quién crece más sino en dónde se vive mejor.
6.- Crecimiento ordenado. Establecer límites al crecimiento urbano. Dichos límites deben fijarse en función de una serie de parámetros tales como las demandas económicas y demográficas reales y potenciales existentes en el Municipio; la capacidad de absorber el crecimiento; la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes y el medio natural en que se va a desarrollar.
7.- Perseguir las reclasificaciones indiscriminadas. Dar carácter absolutamente excepcional a las reclasificaciones de suelo no urbanizable y acompañarlas de revisión del Plan General cuando alteren las condiciones del planeamiento vigente o supongan un impacto territorial significativo.
8.- Transparencia informativa. Someter a información pública todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluidos los Convenios Urbanísticos, exigiéndose un resumen sencillo y claro que los ciudadanos puedan entender y saber en qué les afecta.
9.- Las plusvalías del urbanismo al servicio del interés general. Los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y de una mayor edificabilidad concedida por el planeamiento deben revertir en la sociedad en su conjunto y no en unos pocos.
10.- Cumplimiento escrupuloso de la legalidad. Potenciar en línea con lo que está haciendo el Gobierno todas las medidas para luchar contra prácticas ilegales y fraudulentas: Nuevas Fiscalías, nuevas unidades de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos, más y mejor inspección fiscal.
Este ha sido el credo tradicional del PSOE en materia de vivienda. En los últimos meses a través de su nueva Ministra de Vivienda, Carme Chacón, han incidido sobre todo en lo del alquiler. Y a las medidas anteriores, y dentro de la medida 1 antes relatada, han añadido lo siguiente:
1.1. ayuda a la emancipación de 210 euros para el alquiler (durante cuatro años) para personas de entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros.
1.2. coste financiero de un aval durante seis meses aportado por el Ministerio y préstamos de 600 euros para la fianza, ambas cosas también para jóvenes de entre 22 y 30 años y que ganen menos de 22.000 euros
1.3. deducciones fiscales del 10,05% de lo aportado al alquiler para inquilinos con ingresos inferiores a 28.000 euros (igualando de esta manera el tratamiento fiscal de la compra y el alquiler).
1.4. en materia de desahucios, agilización a través de la creación de diez nuevos juzgados especializados en esta materia.
1.5. las Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliarias puedan acogerse a los beneficios de financiación pública recogidos en el régimen de VPO; de hecho, podrán acogerse a la tributación del 1% y disponer de una mayor capacidad de endeudamiento, que pasa del 50 al 80%.
1.6. IVA superreducido (4%) a las viviendas de nueva construcción en alquiler de renta básica a veinticinco años.
1.7. la Sociedad Pública de Alquiler extenderá su actividad de intermediación a los grandes operadores privados que gestionan vivienda en alquiler (Fondos Inmobiliarios, Sociedades de Arrendamientos, Cooperativas) lo que posibilitará el incremento de la oferta de viviendas de calidad a disposición de los demandantes.
1.8. la Sociedad Pública de Alquiler creará un nuevo servicio, el “Alquiler Seguro”, para los propietarios que quieran utilizar sólo los seguros multirriesgo, de impago y asistencia jurídica, que actualmente ofrece.
MI RESUMEN SOBRE LAS PROPUESTAS DEL PSOE: al electorado le tiene que parecer que queremos hacer mucho en materia de vivienda protegida y de alquiler, pero debemos tocar lo menos posible las bases del sistema económico, dado que la economía y ciertas grandes empresas y bancos dependen de la buena salud del ladrillo; por lo tanto vamos a gastarnos algo de dinero en alquiler y en vivienda protegida, pero toquemos lo menos posible las bases del poder oligopolistico en materia de ladrillo de bancos, cajas y grandes empresas, de esta manera nos ayudaremos a ganar las elecciones y podremos gobernar después de ellas sin tener en contra a los grandes poderes económicos. No niego que parte del PSOE pueda estar, de verdad, por la labor de impulsar la vivienda protegida y el alquiler, pero en su conjunto, creo que lo que predomina es lo que he dicho. Por otra parte, bien está que, por fin, el PSOE hable abiertamente de alquiler, cosa que hasta hace tres días solo hacía con la boca pequeña.
Este fin de semana pasado el PP ha tenido una cumbre sobre vivienda de la que han salido las siguientes propuestas:
1. la mitad de los nuevos pisos que se hagan en áreas metropolitanas y ciudades medias tengan un precio máximo de 160.000 euros.
2. "gran acuerdo nacional" en esta materia con implicación de todas las administraciones, sector privado y ciudadanos.
3. proteger a las familias de menos recursos afectadas por la subida de los tipos de interés; se utilizará el Instituto de Crédito Oficial para que "establezca garantías para que las familias más necesitadas estén protegidas frente a nuevas subidas de tipos de interés".
4. facilitar el acceso a la vivienda en propiedad, y también impulsar el alquiler, pero como opción voluntaria a los ciudadanos.
5. mantener la aportación al crecimiento de la economía del sector de la construcción. El PP ve factible que en los próximos cuatro años se construyan dos millones de viviendas.
6. En materia de suelo, introducir "más eficacia y transparencia, evitando la especulación a la que está sometido", que hace que los precios "suban de manera artificial". Los "retrasos y la ineficacia" de las administraciones "cuestan dinero a los españoles", son parte del alza de precios "y debemos resolverlo". Se buscará "un acuerdo" en el que las comunidades autónomas agilicen los procesos de transformación de suelo a un máximo de dos años y se reduzcan los plazos para que haya un desarrollo más ágil del mercado, como, en su opinión, se ha hecho en la Comunidad de Madrid.
7. se reclamará a las corporaciones municipales que faciliten suelo a precio asequible; la merma de recursos se les compensará con un nuevo sistema de financiación local más favorable para los ayuntamientos.
8. necesidad de reducir el IRPF para incrementar la renta de los ciudadanos y reactivar la economía en un momento de incertidumbre.
MI RESUMEN SOBRE LA PROPUESTA DEL PP: vamos a ser claros y apostar por la compra de vivienda en vez del alquiler (que es lo que la gente quiere or), mantener la producción de vivienda en marcha (ahora que el sector está en crisis y que como siempre me va a financiar la campaña electoral), por que la mitad de las viviendas serán baratas (sin especificar si son vivienda protegida o libre y, en el caso de la protegida siendo está convertible en vivienda libre lo antes posible), por las ayudas a los sobrehipotecados, insistamos, como siempre, en que esto es culpa de la Administración, pues el mercado funciona siempre de forma perfecta, pidamos una rebaja de impuestos (que al parece eso lo cura siempre todo) y de paso digamos que las cosas hay que hacerlas como allí donde gobernamos (-ironic mode on- que como todo el mundo sabe en Madrid y Valencia la vivienda es mucho más barata que en el resto de España). Por cierto, -ironic mode off- agradezco la claridad del PP. Siempre me ha parecido gente sincera. Ellos ofrecen vivienda libre en propiedad "barata" si el mercado quiere, rabajas de impuestos y ayudas a la gente sobrehipotecada (travase de fondos de Hacienda a la Banca).
Las apuestas de IU en materia de vivienda vienen siendo desde hace años bastante claras, no se han dado bandazos como en otros partidos políticos, y las podríamos resumir de la siguiente manera.
1.- mejorar la financiación municipal (competencia del Estado y Comunidades Autónomas); en tanto no se tome esta medida nada de lo que se haga será eficaz.
2.- limitar el crédito hipotecario, de forma que solo podamos recibir préstamos hipotecarios por una parte de los ingresos familiares (como máximo el 30%) y por un tiempo limitado (como máximo 15 años), pues esto limitaría el precio de la Vivienda Libre (competencia legislativa de las Cortes Generales y ejecutiva del Ministerio de Economía y Banco de España).
3.- modificar la política fiscal y pasar de favorecer la compra al primar el alquiler, mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda protegida en relación a la vivienda libre y implantar medidas fiscales que penalicen las viviendas vacías, así como las segundas residencias (competencia del Ministerio de Economía y de Navarra y Euskadi por su régimen foral).
4.- incrementar la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo (competencia de las Cortes Generales).
La actual Ley del Suelo estatal diseña una banda de participación de la comunidad de entre el 5% y el 20%, aunque el 15% parece que se configura como el tipo general.
En todos los estados modernos el aprovechamiento urbanístico es, de hecho, 100% público y después a los promotores se les permite hacer vivienda, superficies comerciales u otros desarrollos en función de un proyecto que les somete a una serie de cargas a favor de la comunidad (equipamientos, vivienda accesible, en alquiler, etc). Para converger con Europa nos tenemos que acercar al 100% del aprovechamiento público (como en Holanda, Alemania, Inglaterra, Suecia, etc).
Habida cuenta de lo lejos que estamos en estos momentos de la realidad europea, y como fase de transición, se apuesta por un reparto de plusvalías entre la comunidad y el propietario (antes de que este haya hecho nada con el suelo y que, por lo tanto, no haya invertido para transformarlo) del 50% para cada parte.
5.- incrementar las reservas de Vivienda Protegida hasta el entorno del 75% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano (competencia de las Comunidades Autónomas); se establece este objetivo no como estación de llegada, sino como camino intermedio hasta llegar a una situación cercana al 100% de la vivienda dedicada a vivienda protegida, con un razonable menor porcentaje en suelo urbano que en urbanizable (como consecuencia de los costes adicionales que suelen tener las intervenciones en estos suelos: realojos, traslados industriales, descontaminaciones, etc).
6.- elevar la producción de Vivienda Protegida (competencia de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) hasta llegar, por lo menos, a una cuota de mercado del 40%; una vez que las anteriores medidas hayan sido ejecutadas esta cuota de mercado de la vivienda protegida deberá ir mucho más allá del 40% antes reseñado.
7.- de esa producción de vivienda protegida destinar, al menos, el 50% a vivienda protegida en alquiler (competencia de CCAA y Ayuntamientos). Estos alquileres sociales no deberían suponer más del 30% de los ingresos de los inquilinos, o del 20% en le caso de las rentas más modestas. En cualquier caso, lo alquileres protegidos se adaptarán a los ingresos de los inquilinos (a mayores ingresos mayor alquiler y viceversa).
8.- introducir legalmente la obligación de dedicar el 50% de la vivienda protegida y el 15% de la vivienda libre al alquiler protegido y libre respectivo de forma permanete (competencia de las CCAA).
9.- movilizar vivienda vacía hacia el alquiler protegido hacia programas públicos que controlen el precio final de los alquileres y que garanticen un sistema de precios similar al descrito en el punto anterior (competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos).
10.- la calificación de por vida de la vivienda protegida (competencia de las Comunidades Autónomas), de forma que nunca aflore al mercado privado, así como control en la entrada, permanencia y salida de los usuarios del parque de vivienda protegida de forma que se evite el fraude con técnicas como el sorteo de vivienda protegida de entre las personas inscritas en registros públicos de demandantes de vivienda protegida, la inspección del uso del parque, el ejercicio de la potestad sancionadora y expropiatoria en casos de mal uso, el ejercicio universal del tanteo y retracto en segundas y posteriores transmisiones; en definitiva de lo que se trata es de que la vivienda protegida siempre esté fuera del mercado y sus usuarios sean los que la Administración designe y a los precios de compra o alquiler que la Administración fije.
11.- impulsar de forma decida las políticas de rehabilitación y regeneración urbana (competencia de las CCAA y los Ayuntamientos), lo que junto con la movilización de vivienda vacía permitirá reducir al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del tejido urbano ya existente; la solución a los problemas de la vivienda no se puede encontrar solo en la construcción de nueva vivienda y hay que evitar en la medida en que sea posible construir cuando estén disponibles viviendas o áreas urbanas para rehabilitar o regenerar.
12.- conectar la normativa de Ordenación del Territorio con el urbanismo, de forma que ciertas tropelías sociales y medioambientales estén prohibidas (de forma efectiva y real) por otras legislación sectorial (competencia de las Comunidades Autónomas).
13.- reforzar las competencias de control de las Comunidades Autónomas sobre los Ayuntamientos en relación a legalidad del planeamiento urbanístico municipal (competencia de las Comunidades Autónomas).
14.- dotar de medios adecuados a las fiscalías que están llevando a cabo la defensa de la legalidad en materia de urbanismo (competencia del Ministerio de Justicia); paralelamente poner a la policía a trabajar al máximo ritmo en esta materia (competencia del Ministerio de Interior y las policías de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales).
15.- orientar la economía española hacia sectores productivos con alto valor añadido y fuerte I+D+i y disminuir la dependencia del ladrillo (competencia del Ministerio de Economía y de las Consejerías de Economía de las CCAA).
16.- garantizar por parte de las Administraciones competentes el derecho de las personas con necesidad de vivienda a una vivienda en alquiler a un precio que no supere el 30% de sus ingresos o el 20% en las rentas más modestas (competencia de las CCAA). En caso de no satisfacerse este derecho la ciudadanía tendrá, a partir del año 2014 acceso directo a la tutela judicial efectiva.
MI RESUMEN SOBRE LA PROPUESTA DE IU: como comprenderéis, no puedo ser imparcial. Pero creo que me reconoceréis que hay muchas concrecciones (50% plusvalía urbanística pública, 75% suelo urbanizable para vivienda protegida, 40% suelo urbano para lo mismo, cuota de vivienda proptegida del 40%, la mitad de la vivienda protegida para alquiler, el 15% de la vivienda libre también para alquiler, garantía de alquiler sociales que no superen el 30% o el 20% de los ingresos personales o familiares ...). Creo que el conjunto de propuestas en materia de vivienda que he reseñado las suscribiría la mayor parte de la socialdemocracia europea, pero me temo que la socialdemocracia española está pensando en ganar las elecciones y no en hacer de la vivienda protegida un verdadero servicio público y un verdadero derecho subjetivo, que es en lo que estamos nosotros. Por cierto, para los que digan que estas propuestas son imposibles de realizar apuntar que en Suecia, Holanda, Alemania, Francia, Austria o Dinamarca llevan más de cuatro décadas aplicándolas (en algunos casos incluso cosas más avanzadas).
Después de semejante rollo, agradeceré vuestras impresiones, que siempre serán más interesantes que mis escritos.
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