Cuando el Ministerio, justo antes de las pasadas elecciones generales, aprobó las ayudas de 210 euros al alquiler de cualquier jóven menor de 30 años (con independencia de sus ingresos, de la CCAA de residencia y los precios en su pueblo o ciudad, del alquiler que pagase -alto, bajo, medio ...-, etc) algunos ya dijimos que, sin control público, esas ayudas iban a ir al bolsillo de los arrendadores.
Me fastidia tener razón, pero la realidad parece que me la está dando.
Frente a este modelo inflacionista, proclive al fraude y abusivo sobre los jóvenes sigo reivindicando los parques públicos de vivienda protegida en alquiler (como el de Alokabide) y programas como Bizigune que movilizan vivienda vacía hacia el alquiler protegido, reduce a menos de 300 euros el alquiler a pagar por el inquilino e imposibilita de raíz los fraudes y la inflación de los alquileres pues es la Administración la que alquila la vivienda al arrendatario y el arrendador ni conoce ni trata con el inquilino.
Espero que el Ministerio, ante la evidencia, impongas medidas de control público sobre los alquileres que se subvencionan con dinero público, para que este acabe en el bolsillo de los jóvenes subvencionados y no en los de los arrendadores sin escrúpulos.
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