LEOLO

Desde hoy mismo el Gobierno Vasco dispone de dos sociedades integramente públicas (Alokabide y Bizigune -que en realidad se llama SPGVSA, pero que nadie conoce por ese nombre-) al servicio de la vivienda en alquiler público, social, protegido o como queramos llamar a los alquileres no de mercado y tutelados por el estado.

Estas dos sociedades con todo lo que ellas tienen dentro y detrás (contribuyentes tributarios, trabajadores, Gobierno Vasco, entidades financieras, proveedores, etc ... al servicio de inquilinos) son las principales responsables de que en poco más de ocho años Euskadi haya pasado de no tener casi vivienda de alquiler pública (poco más de 700 unidades) a que ahora disponga de más de 19.000 unidades.

Con la publificación de Alokabide el Gobierno Vasco dispone de dos instrumentos totalmente públicos, uno dedicado a la gestión del alquiler de vivienda libre vacía movilizada hacia el alquiler social (Bizigune) y otra dedicada a la promoción y gestión de vivienda protegida en alquiler. Aunque por la amplitud en la definición de su objeto social, la nueva Alokabide se puede dedicar casi a cualquier cosa que tenga que ver con urbanismo y vivienda.

Puede que en el futuro ambas sociedades se fusionen, ganando robustez operativa. No creo que tal fusión de lugar a pérdida de empleo público, pues las duplicidades entre ambas sociedades son muy reducidas y el alquiler es una de las dos apuestas centrales del Plan Director de vivienda y regeneración urbana 2010-2013. Asi que Alokabide+Bizigune o la fusión de ambas (¿Alokagune?) se perfila como una de las puntas de lanza de la acción pública en materia de vivienda en los próximos años en Euskadi.

A sus gestores y trabajadores les deseo lo mejor en la nueva andanza. Espero que sepan sobreponerse a las dificultades de todo tipo del presente tiempo de crisis y remonten los malos datos en materia de alquiler público habidos en Euskadi en los años 2009 y 2010. Cuando la crisis aprieta es cuando más necesita Euskadi un parque público de vivienda en alquiler amplio. Todos debemos hacernos cargo del dificil escenario actual, de lo dificil que es gestionar la cosa pública en momentos de crisis y de la necesidad de buscar la eficiencia y la eficacia en el uso de recursos públicos al servicio de la vivienda de alquiler social (aporto informes sobre Bizigune y la política subvencional del Gobierno Vasco en materia de alquiler del Observatorio Vasco de la Vivienda, entidades muy preocupadas por usar el dinero público de forma eficiente y eficez en material de alquiler público). A pesar de todo lo anterior, no debemos ocultar ni el parón actual de la vivienda de alquiler social en Euskadi (innegable cuando la producción de nuevas unidades de alquiler social ha bajado de 2.000 al año a poco más de 600), ni la distancia sideral que nos sigue separando de la UE (aporto informe sobre las políticas de alquiler en la UE del citado Observatorio Vasco de la Vivienda).

A los antiguos socios (las cajas de ahorros vascas) creo que toda la sociedad vasca debemos agradecerles el trabajo y dinero que invirtieron en ayudar a que Euskadi pasase de casi cero a 19.000 viviendas de alquiler público en un tiempo record (2.500 viviendas fueron promovidas directamente por Alokabide, pero todas las demás fueron financiadas por las cuatro cajas presentes en el capital social de Alokabide). Por supuesto que las cajas ganaron dinero con esta aventura, pero se guiaron, además de por el lucro, por su acentuada responsabilidad social corporativa, en el mismo tiempo en que otras cajas de ahorros españolas estaban en lo que todos sabemos que estaban (que no era precisamente hacer vivienda en alquiler social).

Por lo tanto, ¡ que descanse en paz la sociedad mixta (gobierno y cajas) Alokabide ¡ Y ¡ larga y buena vida a la nueva sociedad pública Alokabide ! Sin renegar del camino hecho en la pasado década ( que fue único y pionero en España), espero que este paso ayude a consolidar en Euskadi dos concpetos para mi claves: el servicio público de vivienda y el parque público de alquiler.

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Ayer se anunció una pequeña modificación del sistema de cálculo de los alquileres que Alokabide cobra a sus inquilinos.

Para los que no conozcáis el tema, Alokabide en sus más de 1.500 viviendas protegidas propias de alquiler cobra, hasta la fecha, los alquileres en función de un solo criterio: a menos ingresos menos alquiler y a más ingresos más alquiler. Sin alquiler mínimo (lo que provoca que alguna gente casi no pague alquiler -menos de 50 euros al mes-), sin alquiler máximo (lo que hace que en los tramos altos se abonen unos alquileres cercanos a los de mercado) y por tramos de ingresos y alquileres. Este modelo también ha revelado alguna endeblez. Por ejemplo, un salto de tramo de ingresos puede suponer un incremento del alquiler algo excesivo. Sea como fuere, el alquiler medio de esas 1.500 viviendas en alquiler está por debajo de los 250 euros al mes (incluyendo los gastos imputados al inquilino el total se sitúa en los 310 euros al mes). El alquiler de una vivienda libre tipo está en Euskadi por encima de los 800 euros, con lo que no hace falta perder mucho tiempo en justificar el carácter social de los alquileres del Gobierno Vasco.

Bueno, para perfeccionar el sistema y eliminar algunas de las endebleces comentadas, vamos a pasar a un sistema con la siguientes características:

• tarifa plana por abajo: nadie pagará menos de 75 euros al mes (para los ingresos menores de 3000 euros al año)
• tarifa plana por arriba: nadie pagará más de 665 euros al mes (para los ingresos de más de 28.846 euros al año).
• entre la tarifa plana por abajo y por arriba, habrá cinco tramos en los que los inquilinos pagarán una cantidad fija por tramo y otra en función de sus ingresos (que será un porcentaje de esos ingresos).

De esta forma, garantizamos que todo el mundo paga por debajo del 30% de sus ingresos, aseguramos la progresividad (quien más tiene más paga y quien menos tiene menos paga), evitamos los saltos bruscos en los alquileres al cambiar de tramo y bajamos un poco el alquiler medio (lo que supongo que en estos tiempos de desaceleración económica o crisis no vendrá mal). No evitamos que los alquileres de las personas que tienen ingresos altos sean de cierto nivel por la sencilla razón de que no lo queremos evitar. Estas personas como inquilinos de Alokabide van a pagar siempre menos que en el mercado, pero entendemos que es necesaria una renta que les haga plantearse si es adecuado o no que con sus ingresos ellos ocupen una vivienda social en alquiler.

Para expresarlo con total detalle, el escalado de alquileres queda de la siguiente manera:

• entre 0 y 3.000 euros de ingresos al año los inquilinos pagarán a Alokabide 75 euros al mes
• entre 3.000 y 9.000 pagarán entre 75 y 155 euros al mes
• entre 9.000 y 15.000 pagarán entre 155 y 240 euros al mes
• entre 15.000 y 21.000 pagarán entre 240 y 415 euros al mes
• entre 21.000 y 24.000 pagarán entre 415 y 507 euros al mes
• entre 24.000 y 28.846 pagarán entre 507 y 665 euros al mes
• por encima de 28.846 pagaran 665 euros al mes.

Con todo este sistema de cálculo de alquileres todas las viviendas protegidas en alquiler que gestiona Alokabide (las del gobierno, las suyas propias, las de Bizigune, etc) tendrán como alquiler máximo el 30% de los ingresos de los inquilinos. Esto será de aplicación a las más de 11.000 viviendas protegidas en alquiler que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco.

El medio de comunicación que mejor recoge la noticia es El Correo, os dejo un link a su artículo, que incluso incluye unas tablas explicativas del nuevo sistema de cálculo de los alquileres bastante claras (El Correo). Por el contrario, algún medio lanza mensajes que no son ciertos: el Diario de Noticias de Alava afirma que se eliminan los tramos, cuando no es así) y el diario El País afirma, supongo que por error, que el nuevo sistema supone un incremento de los alquileres de las personas con ingresos más altos.

A partir de septiembre este será el nuevo sistema de facturación de los alquileres a los inquilinos de Alokabide. Como veis es una evolución o perfeccionamiento del anterior. Estamos convencidos de que vamos por la buena línea. Pero también sabemos que hay que tener espíritu de mejora continua.

Como siempre, vuestras opiniones son bienvenidas.

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Leo en la prensa de hace unos días que ya se está comprobando la existencia de abusos (subidas arbitrarias de alquileres, echazo de los inquilinos jóvenes de más de 30 años, etc) entre los jóvenes que reciben las ayudas al alquiler del Ministerio de la Vivienda. No lo digo yo, lo dice el diario El País, inquilinos, asociaciones de consumidores y profesores universitarios.

Cuando el Ministerio, justo antes de las pasadas elecciones generales, aprobó las ayudas de 210 euros al alquiler de cualquier jóven menor de 30 años (con independencia de sus ingresos, de la CCAA de residencia y los precios en su pueblo o ciudad, del alquiler que pagase -alto, bajo, medio ...-, etc) algunos ya dijimos que, sin control público, esas ayudas iban a ir al bolsillo de los arrendadores.

Me fastidia tener razón, pero la realidad parece que me la está dando.

Frente a este modelo inflacionista, proclive al fraude y abusivo sobre los jóvenes sigo reivindicando los parques públicos de vivienda protegida en alquiler (como el de Alokabide) y programas como Bizigune que movilizan vivienda vacía hacia el alquiler protegido, reduce a menos de 300 euros el alquiler a pagar por el inquilino e imposibilita de raíz los fraudes y la inflación de los alquileres pues es la Administración la que alquila la vivienda al arrendatario y el arrendador ni conoce ni trata con el inquilino.

Espero que el Ministerio, ante la evidencia, impongas medidas de control público sobre los alquileres que se subvencionan con dinero público, para que este acabe en el bolsillo de los jóvenes subvencionados y no en los de los arrendadores sin escrúpulos.

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Llevamos unos días viendo como un grupo de usuarios de vivienda protegida en alquiler de Vitoria-Gasteiz (se autodenominan AUVSE) critican la calidad de las viviendas en las que viven, los alquileres que pagan (por caros), la gestión de Alokabide (sociedad dedicada al alquiler de vivienda protegida y participada por el Gobierno Vasco), el sistema de cálculo de los alquileres(progresivo), una pretendida discriminación en relación al resto de demandantes de vivienda protegida y un largo etc de otras quejas.

Estas críticas ha tenido amplio eco en los medios de comunición (1 y 2) y en el Parlamento Vasco (1 y 2). Nadie se ha preocupado de contrastar si las afirmaciones vertidas por los miembros de esta asociación son ciertas o no. Simplemente como hacían daño al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y a EB Berdeak se utilizan y punto.

Pues bien, desde mi modesto blog quiero hacer unas puntualizaciones:

 1.- Las rentas medias de los inquilinos de vivienda protegidas sociales están bastante alejadas de los precios del mercado libre, tal como indican las estadísticas. Ponemos un ejemplo para que sea fácilmente comprendido por la ciudadanía. Una persona que percibe al año 13.129,37 euros (media de las personas alojadas actualmente en promociones de Alokabide), debe pagar 238,92 €/mes de renta. A esa cantidad se añadiría el IBI (9,94€/mes) y los gastos de comunidad (54,28 €/mes), con lo que la renta media final es de 303,13€/mes. Estamos hablando de unos pagos totales, por todos los conceptos, un poco por encima del 25% de los ingresos de esa persona o familia. En consecuencia, y teniendo en cuenta que la renta media en el mercado libre supera los 800 €/mes, resulta cuando menos cuestionable decir que "las rentas son cercanas a las del mercado libre".

2.- Los inquilinos del parque de vivienda protegida, a día de hoy, pueden participar en los sorteos municipales o del Gobierno de vivienda protegida en propiedad o derecho de superficie. Es decir, su condición de inquilinos del parque protegido no daña su posibilidad de acceder a una vivienda protegida en propiedad o derecho de superficie.

3.- El Sr. Gago (presidente de la AUVSE) llega a decir que "si en la vivienda vive una segunda persona que tiene ingresos de entre 9.000 y 15.000 euros anuales, el alquiler se dispara a más de 800 euros". Nuevamente, el Sr. Gago trata de confundir a la sociedad. Como se ha señalado anteriormente, Alokabide fija una renta a cada inquilino en función de los ingresos (en torno al 25% del total de los ingresos). Después opera una regla que la ciudadanía comprende y apoya: a más ingresos, más renta y viceversa, a menos ingresos, menos renta. Se trata, en definitiva, de un modelo más justo que el que se aplicaba hasta 2002. Hasta ese momento, los inquilinos pagaban el alquiler inicial, actualizado por el IPC, pero con desconexión total de sus ingresos. Así, personas o familias con ingresos muy elevados vivían en pisos del Gobierno Vasco pagando precios irrisorios y considerando, además, que tenían derecho a hacerlo de por vida. Por suerte esa situación se corrigió, pero tal vez el Sr. Gago preferiría que no fuera así.

4.- Afirmar que Alokabide "hace un negocio redondo" es faltar a la verdad de una manera flagrante. Más aún cuando se dice que Alokabide "es una empresa participada al 50% por las cajas vascas y éstas, lógicamente, buscan más el negocio que el fin social". Se está poniendo en cuestión la integridad de una sociedad cuyo fin social es incuestionable. Las personas que, como el Sr. Adolfo Gago, disfrutan de una vivienda protegida en alquiler, lo hacen gracias a la solidaridad de todo el conjunto de la sociedad, que a través del aparato público posibilita unos alquileres entre dos y tres veces inferiores a los del mercado. Promover vivienda en alquiler social no da beneficios, es por ello que el Gobierno Vasco acomete actualmente esta tarea en prácticamente solitario. Si esta actividad, la promoción de vivienda protegida para su puesta en alquiler, fuese un negocio redondo, como aduce el Sr. Gago, muchos serían los agentes privados y públicos que se dedicaran a este menester. Sin embargo, a día de hoy, y pese a las cuantiosas ayudas del Gobierno Vasco al alquiler, solo el propio Gobierno, Alokabide, la obra social de la Caja Vital y los Ayuntamientos de Donosita y Bilbao tienen parque de vivienda protegida en alquiler.

5.- Alokabide es una sociedad dedicada exclusivamente al alquiler y su parque presente y futuro de viviendas protegidas se va a dedicar solo a este fin: el alquiler protegido.

6.- En cuanto a instalaciones comunitarias, es necesario recalcar que todas las instalaciones del edificio tienen los correspondientes Certificados-de cada instalación- firmados por los técnicos competentes (instaladores autorizados y dirección facultativa de la obra).

7.- En relación a las promociones que Alokabide destina al alquiler hay que recordar que todas ellas son nuevas y han sido promovidas solo para ser alquiladas, siendo sus primeros inquilinos las personas que las han estrenado.

8.- Finalmente, ante la caracterización hecha por el Sr. Gago de Visesa como deficitaria y Alokabide como poseedora de superávit, es necesario aclarar que Visesa es una sociedad con superavit (en el año 2002 tenía importantes pérdidas y la sociedad ha sido saneada) y Alokabide tiene en estos momentos un pequeño déficit que va a eliminar en los próximos ejercicios. La buena gestión pública pasa por no crear déficits excesivos, por gestionar de forma responsable y por conciliar la rentabilidad social con la económica.

Eso es lo que precisamente se ha logrado con Visesa y Alokabide La realidad es que, por mucho que el Sr. Gago trate de retorcerla, Alokabide permite hoy en día que 1.364 familias vivan en una casa nueva y moderna (ese sería otro elemento a tener en cuenta) por una renta media inferior a los 300 euros. Si no existiera esta sociedad, cada una de ellas se vería obligada a pagar 800 euros, con lo que ello conllevaría.

Y en este punto le hago las siguientes preguntas concretas al Sr. Adolfo Gago, presidente de la AUVSE:

1. ¿cuales son sus ingresos anuales?
2. ¿que cantidad debe abonar a Alokabide en concepto de alquiler mensual?
3. ¿que porcentaje representa este pago en sus ingresos mensuales?
4. ¿adeuda usted cantidades a la comunidad?
5. en caso afirmativo ¿a cuanto ascienden estas deudas?
6. ¿que alquiler consideraría justo pagar en su caso a Alokabide?

Y hago extensiva la última de estas preguntas a todos los usuarios de este blog: ¿cual pensáis que debe ser el sistema de cálculo de los alquileres de las viviendas protegidas? ¿A cuanto debe ascender el alquiler de una vivienda protegida para ser justo socialmente?

Espero vuestras respuestas con mucho interes.

ACTUALIZACION 10/12/2007: el diario El Correo publica hoy su propia encuesta (sin valor científico, ciertamente, pero interesante) sobre este tema 

El actual sistema me parece correcto: pagar en función de los ingresos que tenga la familia. Es lógico que los que más cobren más paguen. Creo que la gente que accede a estos pisos no puede quejarse. Tienen una casa, con trastero y garaje, por mucho menos de la mitad de lo que yo pago por mi hipoteca, gracias al dinero de todos. Así que no veo bien que protesten. Si no les interesa, que salgan a la calle a buscar un piso de venta libre, como hemos hecho el resto. Nadie les obliga a vivir en esas viviendas.

 

Me parece que pagar de media 300 euros es razonable. Todos los pisos públicos deberían gestionarse de esta manera, en alquiler, nada de venta. Deben de ser un recurso temporal para que la gente pueda salir de casa de sus padres y emprender una nueva vida.

 

¿Les parece mucho 300 euros? Pues entonces me imagino que todas las personas que viven en esos pisos viajan en transporte público porque no se pueden permitir un coche, no van nunca de vacaciones ni tienen una televisión de plasma. Si el dinero no les llega para ahorrar, seguro que no pueden permitirse ningún capricho.

 

Llevo varios años viviendo en un piso de alquiler social en un pueblo alavés y hasta ahora no he tenido ninguna queja. El precio que pago, 460 euros, se ajusta bastante a mi economía. Sin embargo, conozco a otras personas que no están de acuerdo con la cuota de alquiler que deben abonar, pero pienso que exageran. Les han dado viviendas prácticamente nuevas, con un equipamiento de lujo, en comparación con la mía. Creo que las quejas no están del todo justificadas. Tal vez deberían recortar otros gastos, como comprarse un coche de 20.000 euros o pedir un préstamo para ir de vacaciones.

 

Technorati Tags: alquiler social, alquiler vivienda protegida, Alokabide, Gobierno Vasco, Adolfo Gago, AUVSE

Llevaba yo algún tiempo con ganas de escribir algo sobre las sociedades Visesa, Orubide y Alokabide, y más concretamente sobre el papel de las cajas de ahorros vascas en las mismas.

De hecho, esas ganas existen desde que hace unos meses me preguntaran en Alicante por el papel de las cajas de ahorros vascas en materia de vivienda en Euskadi, partiendo esas preguntas de una concepción de las cajas de ahorros del Levante español muy negativa, al considerarlas unos especuladores de suelo y vivienda más en la locura ladrillil que asola esa costa.

No diré que nuestras cajas de ahorros, las vascas, estén inmaculadas en la materia. De hecho, las criticas que yo he hecho en este blog sobre la espiral hipotecaria (1, 2 y 3), las aplico también a las cajas vascas. Pero mantaner esto no obsta para que reconozca el papel que las cajas de ahorros vascas están teniendo en las ejecución de las políticas públicas de vivienda del Gobierno Vasco.

Iré por partes. Visesa es una sociedad pública dedicada a la promoción de vivienda protegida en la que el Gobierno Vasco tiene el 67% de su capital social y el resto lo tienen BBK, Kutxa, Vital y Laboral en sus respectivas participaciones. A su vez el gobierno controla, a través de Visesa, Alokabide (sociedad dedicada a la gestión de vivienda protegida en alquiler) y Orubide (sociedad dedicada a la gestión de suelo para vivienda protegida), de las que son socias, además del Gobierno, las cajas vascas. Pues bien, esta implicación en el capital social de las cajas de ahorros vascas de las sociedades instrumentales del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco es poco frecuente en otras CCAA. Las cajas aportan una parte relevante del capital social de estas tres sociedades, ofrecen financiación a las operaciones de suelo, vivienda y alquiler de las tres sociedades, ponen al servicio del Gobierno Vasco sus conocimientos de los mercados, así como su evidente know how en materia financiera. Todas estas aportaciones de las cajas de ahorros vascas a las políticas de vivienda del Gobierno Vasco son inusuales en otras CCAA y ciertamente de agradecer.

Mucha gente me ha preguntado que hacen las cajas vascas invirtiendo su dinero en promociones de vivienda protegida mucho menos rentables que las promociones de vivienda libre o invirtiendo en alquiler de vivienda protegida y yo siempre les digo que en estos casos las cajas de ahorros vascas están haciendo obra social y, a la vez país, al ayudar a vertebrar Euskadi. La gente se me suele reir, pero es claro que es esto lo que están haciendo, pues para mayores tasas de beneficio están otras empresas. De hecho, Visesa no reparte dividendos y sus beneficios se reinvierten en las políticas de vivienda dle Gobierno Vasco (hace unos años, antes de la entrada de EB Berdeak en el Gobierno Vasco, Visesa tenía cunatiosas pérdidas).

Tampoco quiero ocultaros datos. Las cajas de ahorros vascas tienen interés económico y estratégico en estar presente en el capital social de la primera promotora de Euskadi (Visesa lo es) y conocer las operaciones de vivienda de gran calado en las que están involucradas Visesa, Orubide y Alokabide. De la misma manera, no os ocultaré que la financiación que las cajas de ahorros vascas ofrecen a las sociedades instrumentales de la política de vivienda del Gobierno les reportan unos nada desdeñables beneficios. Pero la realidad es que pudiendo estar las cajas vascas en otras empresas más rentables, están en Visesa, Alokabide y Orubide empujando la vivienda protegida.

Como todo esto no es muy conocido, lo dejo encima de la mesa para consideración de todas las personas interesadas en cuestiones de vivienda y más concretamente de vivienda protegida.

(las fotos corresponden a una visita que hicimos hace unas semanas los miembros de los tres consejos de administración a unas obras de barrio vitoriano de Salburua y las hicimos PILAR MATIAS GURREA, asesora de prensa del Departamento, y yo mismo -las buenas son las suyas y las malas son las que yo hice-).

PD: no lo he dicho, pero soy miembro del Consejo de Administración de Visesa y Alokabide y el Consejo de Orubide tiene a bien admitirme en el seno de sus reuniones.

Hace ya unos días un ciudadano publicó en el Diario de Noticias de Alava un artículo quejándose de lo mal que le trataba el Gobierno Vasco en materia de vivienda pública de alquiler. El caso me sorprendió tanto que no me resisto a comentároslo.

En primer lugar, os transcribo su carta al director/artículo de opinión de forma integra
 

Vivienda protegida, ¿solución o quimera?
por Iñigo Martinez Martinez

Soy un ciudadano cualquiera que el pasado mes de diciembre recibió una llamada de Alokabide, sociedad que gestiona las viviendas públicas de alquiler en Euskadi. Me habían adjudicado una en el barrio de Salburua, gracias a que alguien había renunciado. Mi alegría inicial se fue tornando, sin embargo, en asombro.

La primera noticia que tuve sobre el alquiler no fue mala del todo. La renta mensual (incluyendo la comunidad y el IBI), me salía, en función de mis ingresos (1.200 euros), 400 euros. En Alokabide me dejaron claro que a pesar de ser un piso de tres habitaciones, si quería compartirlo con alguien se sumarían sus ingresos, de forma que dicha renta estaba condicionada a que viviera solo. También me dijeron que sólo me podían garantizar el alquiler durante 5 años y que como mucho duraría 20. Mi conformismo se tornó en preocupación cuando supe que estaba muy cerca de llegar a un límite de ingresos partir del cual el alquiler sube 190 euros. Es decir, que si me subieran el sueldo el neto mensual a 1.300 euros, 590 serían para pagar el alquiler. Pregunté en Alokabide a qué se debe que pueda subir tanto el alquiler por cobrar un poco más. Me contestaron que al llegar la unidad convivencial a 21.100 euros de ingresos brutos anuales, los alquileres suben mucho. ¿Razón? Que se pretende que las viviendas del parque público de alquiler roten, de forma que se beneficien de él preferentemente personas con ingresos modestos. El argumento me pareció razonable, si no fuera porque se sortean cientos de viviendas protegidas de compra, no rotables. El argumento se tornó ridículo considerando que a estos pisos de compra acceden personas con ingresos brutos anuales de hasta 33.100 euros, es decir, con ingresos mensuales de hasta 400.000 de las antiguas pesetas. El argumento me pareció mezquino cuando supe que hay miles de trabajadores que no pueden acceder a los sorteos de viviendas en propiedad, porque para ello se deben tener unos ingresos anuales mínimos que superan en 1.500 euros los del salario mínimo interprofesional.

Me fui enterando de más cosas. A las parejas les suman los ingresos para calcular la renta, de forma que es muy difícil que no lleguen al límite de 21.100 euros, incluso aunque tengan sueldos míseros de 650 euros. ¿Se imaginan una pareja con estos salarios pagando 600 euros por un alquiler? No me extraña que estos pisos sean ocupados por personas en solitario, tras ser rechazados por parejas y familias que deben pagar entre 600 y 1.000 euros. O por personas que tienen la posibilidad de declarar ingresos inferiores a los reales, fruto de la economía sumergida. O por adjudicatarios que subarrendan a escondidas habitaciones o garajes.

Acudí a las oficinas de Etxebide, mostrando mi escepticismo sobre si lo que me estaban ofreciendo era una solución real. Por no plantear el caso de cualquier pareja con sueldos precarios, que me parece mucho más grave. Me contestaron que estuviera tranquilo porque, con un poco de suerte, algún día me tocaría una VPO en propiedad.

Saqué varias conclusiones. Deduje que me estaban planteando el alquiler como una solución temporal. Pensé que apenas podría ahorrar para ese hipotético futuro piso de compra, no por el hecho de que la renta del alquiler se revise anualmente según los ingresos, lo cual me parece lógico, sino por el porcentaje del sueldo que supone. Deduje que los poderes públicos no apuestan por el alquiler como alternativa real de vida, sino por las hipotecas. Pensé que, en realidad, están fomentando la compra dentro del propio parque de vivienda protegida, a pesar de que no hay pisos para todos. Compra que excluye a las capas sociales más necesitadas y que permite ocupar a los beneficiarios, de por vida, gran parte del parque público de vivienda, sin realizar seguimiento alguno sobre sus ingresos.

Sin embargo, el pasado 2 de febrero, día que se entregaron las llaves de los pisos de alquiler en Salburua, escuché a los políticos que acudieron que apuestan por el sistema de alquiler europeo. Además, se felicitaban de la política actual para solucionar la problemática de la vivienda, basada en la construcción de VPO. Como si en Europa, donde gran parte de la población vive de alquiler, los poderes públicos platearan éste como una solución temporal y dirigida a capas sociales de ingresos modestos. Como si el problema real de la vivienda aquí no estuviera en que los precios de mercado, tanto de alquiler como de compra, son desorbitados. Como si fuera aceptable que el azar decida sobre un derecho. Como si se pudiera construir sin límite. Como si tras las llaves entregadas en Salburua no hubiera un elevado y ocultado número de renuncias.

Responsables políticos, dejen de vender humo, afronten las raíces de este gravísimo problema. Como bien saben, están en el mercado privado, que gestiona la vivienda, un bien de primera necesidad, como un negocio. Dejen de permitir esta gestión atroz. Aporten de una vez soluciones reales y globales para garantizar la accesibilidad a la vivienda por la ciudadanía en condiciones dignas.

* Ciudadanos por el Derecho a la Vivienda

A continuación os trascribo una respuesta que le mando yo desde este blog a este ciudadano:

1. Lamento que haya renunciado a una vivienda en alquiler nueva de tres dormitorios en Salburua por tener que pagar 400 euros (el 30% de sus ingresos, que es lo que la OCDE recomienda que se gaste en vivienda cada persona o familia) cuando tiene unos ingreso de 1200 euros.
2. Le recuerdo que hacer esa vivienda ha costado decenas de miles de euros del contribuyente (sobre 100.00 euros) y que lamentamos que el no tenga tanta necesidad de vivienda como para no ocuparla.
3. Como consecuencia de esa renuncia se le anotará una renuncia en Etxebide y no podrá participar en los sorteos de alquiler y a la siguiente renuncia se le dará de baja en Etxebide.
4. Creo que las Administraciones Públicas están para atender la necesidad social de vivienda, solo para eso y nada más que para eso.
5. Lamento que le parezca negativo que a mas ingresos se pague más alquiler en las viviendas públicas de alquiler, pues esto parece simplemente dictado por la lógica.
6. Lamento que no le parezca correcto que los demandantes con más ingresos paguen alquileres casi de mercado para que con ello vean que deben dejar esa vivienda pública en alquiler, hoy por hoy un recurso escaso, a una persona o familia que lo necesite más.
7. Lamento que le moleste no poder compartir la vivienda pública de alquiler con quien él elija, pero no podemos defraudar a las miles de personas apuntadas a Etxebide y que no se podrían saltar los sorteos como el propone.
8. Lamento que le parezca increíble que a una pareja le computemos los ingresos de los dos (si los tienen) de cara a cobrar el alquiler público, pero entendemos que lo contrario sería dar carta de naturaleza al fraude. Por otra parte el ejemplo que él pone (una pareja que gana 42.000 euros paga 600 euros de alquiler) el alquiler público no llega al 20% de los ingresos de la pareja, algo que parea sí quisieran muchas parejas.
9. Lamento que le parezca mal que revisemos mal condiciones económicas de los inquilinos cada 5 años y que a aquellos que superan los ingresos de Etxebide no los renovemos los contratos de alquiler. Hace unos años no se revisaban los ingresos de los inquilinos y muchas familias vivían en las viviendas públicas de alquiler por cantidades irrisorias (que a veces no se molestaban en pagar) a pesar de tener salarios muy altos. A nosotros nos gusta más el modelo actual que el que él plantea (se puede vivir de alquiler de forma indefinida en las viviendas públicas, pero superado cierto nivel de ingresos no se renuevan los contratos de alquiler).
10. Le corrijo en una afirmación vertida por él en relación a los ingresos mínimos para participar en los sorteos de Etxebide (en realidad son 0 euros al año para discapacitados y íctimas de violencia de genero; 3000 para alquiler; 9000 para derecho de superficie y 12.000 para Vivienda Tasada)
11. Le aseguro que las personas que arriendan o subarriendan vivienda protegida sin autorización los inspectores de vivienda protegida les acaban cazando y aplicamos las sanciones correspondientes (que están ya llegando a la expropiación).
12. Le aseguro que el Gobierno Vasco apuesta por el alquiler como atestigua el hecho de que no adjudica ni una sola vivienda protegida en propiedad, dado que el 40% de las adjudicadas lo son en alquiler y el 60% en derecho de superficie. Le recuerdo que la mitad del presupuesto de la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco está dedicado al alquiler en sus distintas acepciones. Siendo la situación radicalmente diferente a la anterior en la que todas las viviendas protegidas se vendían por parte del Gobierno en propiedad plena. Esta política ha hecho, por cierto, que Vitoria sea la capital del alquiler social de España al tener el mayor parque de este tipo de viviendas tanto en términos absolutos como reales.
13. Le aseguro que estamos apostando por soluciones reales como lo atestigua la mayor cuota de vivienda protegida de España (30%) el mayor esfuerzo en alquiler protegido de España, el único programa de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler que funciona de España (Bizigune) y una de las actividades de rehabilitación más intensas de todas las que se realizan en las CCAA.
14. En fin lamento que no haya querido estrenar una vivienda de tres habitaciones, garaje y trastero por 400 euros al mes, con la posibilidad de seguir participando en los sorteos de derecho de superficie. Aunque estamos seguros de que otra persona con más o verdadera necesidad de vivienda la ocupanrá en breve.

Un par de reflexiones finales: ¿como pueden dar los medios cobertura a este tipo de opiniones? ¿Como puede el movimiento asociativo -recuerdo que escribe en nombre de una asociación ciudadana- estar liderado por este tipo de personas (que rechazan para ellos mismos un alquiler social en estas condiciones)?

En fin, en su día cuando lo leí flipé y quería compartir el flipe con todos vosotros y vosotras.

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