El pasado lunes, EL CORREO me publicó un artículo de opinión en relación la proposición de ley de vivienda que en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento Vasco.
Sin dejar de ir a la raíz de algunos de los debates que, como sociedad tenemos pendientes, me ha parecido oportuno poner un zoom amplio y contextualizar lo que en Euskadi tenemos que decidir en el marco europeo.
A continuación reproduzco de forma literal el texto del artículo, al que el editor de El Correo ha modificado el título original (el que uso yo en este post), usando el siguiente: UNA POLÍTICA DE VIVIENDA NO HOMOLOGABLE EN EUROPA.
¿Vamos bien o mal en materia de vivienda asequible en Euskadi? ¿Es necesario introducir cambios o podemos continuar como hasta ahora? Habida cuenta de las fuertes tensiones que ha producido el debate del cuarto intento de ley vasca de vivienda en veinte años, no es fácil responder a esta pregunta.
Introduzco la siguiente reflexión. Nuestros servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, con todos sus defectos, pasan sin problemas un examen de europeidad. Algunos están incluso en vanguardia. Frente a esto, la acción pública en materia de vivienda asequible no es homologable en términos continentales. Y esto, junto con otros factores, produce una serie de externalidades que ya casi nadie se atreve a negar: altos precios en compra y aún más en alquiler, dedicación de una parte excesiva de la renta personal o familiar a la vivienda (casi el doble de la recomendada), sobreendeudamiento de particulares, rescates públicos de entidades financieras, desahucios de familias vulnerables, abundante vivienda vacía, escaso y deficiente parque de alquiler asequible, así como otras externalidades sociales, económicas y medioambientales.
Dicho lo anterior, es innegable que los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria están siendo menores en Euskadi que en otras CCAA. Pero, que seamos cabeza de ratón, no quiere decir que esta sea la situación ideal.
En este punto, conviene recordar que ningún estado europeo ha conseguido buenos resultados en materia de vivienda sin la utilización de varios de estos sistemas: los parques públicos de alquiler; las empresas privadas sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro que proveen alquiler asequible a clases populares y medias (housing associations); las ayudas públicas al pago del alquiler por parte de personas y familias (sea este público, privado non profit o privado mercantil); o la limitación legal de los alquileres privados. Algunos de estos elementos ya existen en Euskadi, aunque en una dimensión cuantitativa y cualitativa aún insuficiente.
Tenemos algo más de 20.000 viviendas públicas en alquiler, así como una cantidad algo superior de viviendas protegidas calificadas de por vida en derecho de superficie (una suerte de alquiler vitalicio público). Muchas más que en la mayor parte de las CCAA. Pero solo una gota en un océano de 1 millón de viviendas.
En Euskadi no hay housing associations que operen en el mercado de la vivienda y ofrezcan alquileres asequibles. La sociedad civil auto-organizada es un proveedor clave de vivienda en ciudades europeas como Ámsterdam, Paris, Viena o Estocolmo y recibe apoyo del sector público, en virtud del interés general de sus actividades.
Disponemos de ayudas públicas al alquiler para ciertos colectivos. De hecho, 22.000 unidades convivenciales reciben 250 euros al mes en concepto de Prestación Complementaria de Vivienda, junto con su RGI. Pero las ayudas en otros estados de la UE, por ejemplo en Francia, son mucho mayores en cuantía y sobre todo en beneficiarios, pues están destinadas a las clases populares y medias.
Y finalmente, es claro que en Euskadi no hay un sistema de limitación legal del precio de los alquileres, como lo hay Alemania y que ha sido recientemente reforzado por Angela Merkel. Aunque si tenemos uno de limitación del precio de venta de la vivienda, que eso y otra cosa es la vivienda protegida vasca (calificada de por vida y con un precio regulado por la Administración, al que dedicamos nuestras reservas legales de suelo del 75% del suelo urbanizable y el 40% del suelo urbano).
Pues bien, las sociedades que han desarrollado varios de estos cuatro instrumentos, así como otros (por ejemplo, el cohousing o cooperativas en régimen de cesión de uso) con la finalidad de abaratar y dignificar el acceso a la vivienda, en algún momento de su historia se plantean garantizar por ley y con tutela judicial efectiva el acceso a la vivienda en alquiler de ciertos colectivos sociales. Solo por poner dos ejemplos, lo han hecho Francia con la DALO (Droit au Logement Opposable del 2007) o Escocia (Homelesness Act de 2003).
Las leyes por si solas no garantizan un derecho. El suficiente parque asequible sí. Pero cuando se ponen los medios para que ese parque exista, emerge el debate sobre el derecho a acceder a una vivienda digna, así como las obligaciones que ello conlleva (pagar impuestos, abonar los alquileres asequibles o invertir dinero y tiempo propios en la creación y funcionamiento de housing associations, cohousings, etc).
Las sociedades exitosas en esta materia han respetado ciertas reglas. Primero, este debe ser un tema despartidizado, gracias a un fuerte consenso entre partidos e instituciones y a una sociedad civil exigente y muy participativa. En segundo lugar, necesitamos calendarios a medio plazo (en el entorno de los diez años) para obtener resultados. Y en tercer lugar, es imprescindible incrementar el gasto público (estamos al 50% del de los países a los que queremos parecernos), la capacidad de provisión de la sociedad civil (hoy cercano a cero) y el nivel de compromiso del sistema financiero (manifiestamente mejorable) con la vivienda asequible proveniente de la nueva promoción, la rehabilitación de la ya existente y la movilización de la vacía hacia el alquiler.
¿Debe hacer estas cosas la sociedad vasca? ¿Debe hacerlo atendiendo primero a los más golpeados por los efectos de la crisis? Somos una sociedad rica, culta y cohesionada que puede afrontar este reto con éxito. Aunque para ello tenemos que superar electoralismo, alarmismo y los soterrados intereses de ciertos lobbies. En nuestras manos está emanciparnos de muchas de las externalidades que nos aquejan en materia de vivienda.
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