Como continuación al post que publiqué hace unas semanas bajo el título LA EMPRESA PUBLICA TOTAL, hago hoy algunas reflexiones sobre la figura del GESTOR INTEGRAL DE PROYECTOS PUBLICOS. O, al menos, sobre como la entiendo yo (en realidad, como la entendemos nosotros).
Es frecuente hablar en el mundo público de la dicotomía entre técnicos y políticos. Ultimamente se habla también mucho de la figura (necesaria e inexistente en España) del directivo público. Pero a mi (a nosotros) me parece que se habla poco y de manera más bien confusa de la figura del gestor de proyectos públicos.
Como digo, dentro de las administraciones públicas se tiende a dividir a todo el mundo entre políticos y técnicos. Al parecer, los primeros dan las órdenes (mandato político) y los segundos las ejecutan (hacen operativas y reales esas órdenes). Ya sabemos que no siempre es así: políticos que no saben cual es su mandato ideológico-electoral, empleados públicos desbordados o desmotivados, directivos públicos que son más políticos que los políticos, políticos que se quieren meter a técnicos y olvidan su responsabilidad de líderes, etc. Sea como fuere, la cultura administrativa española está muy centrada en la polícía administrativa (controlar que los administrados cumplan con las normas), poco en el fomento (incentivar o desincentivar determinadas actuaciones de personas y mercados), algo en el servicio público y mucho menos de lo deseable en la economía pública y los proyectos públicos.
Nuestra cultura administrativa general (siempre hay excepciones) se basa mucho más en decir como hacer o no hacer a otros que en hacer uno mismo. Por ello no es de extrañar que en nuestras administraciones sea tan difícil encontrar personas formadas, escogidas y motivadas para impulsar de forma integral proyectos públicos en general y de economía pública en particular. La verdad es que ni escogemos a los empleados públicos buscando estas habilidades, ni se les asigna una misión en virtud de las mismas, ni la carrera profesional de un empleado público dependen de ellas (no se evalúa en función de la consecución de obejtivos). No es de extrañar que abunden los empleados públicos con mentalidad de política o fiscal y que sean muy pocos los que tienen el empuje de un creador, emprendedor, directivo o empresario (ojo, no son, para nada, sinónimos).
Ante esta situación, los políticos con ganas de impulsar nuevas acciones públicas se ven ante la papeleta de pagar bastantes nóminas (no ellos, pues lo hacen en nombre de la ciudadanía) y a la vez tener muy poca gente con la vocación de impulsar proyectos públicos de forma integral. Dos han sido las reacciones típicas hasta la fecha por parte de esos políticos con, vamos a decirlo así, ganas de marcha: contratar a empresas privadas (asistencias técnicas, contratos de prestación de servicios, contratos de gestión de servicios públicos, concesiones administrativas, etc) o crear empresas públicas al servicio de un determinado proyecto público.
Ambas cosas tienen cosas buenas y malas. Ambas pueden salir bien o mal. Pero en muchas ocasiones se aprecian patologías que deberían ser atendidas. Me estoy refiriendo a la aparición de vicios burocratizantes en las empresas públicas (que dejan de impulsar servicios y economía pública para ponerse a controlar a los proyectos y economía privada) o la entrega de importantes parcelas de la acción pública a empresas que solo buscan el mayor lucro en el menor tiempo, sin tener en cuenta los elementos de servicio público o el interés general (entre los que debe estar siempre el respeto a las condiciones laborales dignas, el mantenimiento de la inversión pública y la calidad en los servicios públicos).
Sin embargo, la dicotomía empresa privada al servicio solo del lucro vs. empleado publico sin capacidad de impulsar proyectos de impacto económico, es, a mi juicio, falsa. Y, aún en caso de existir, es facilmente superable a través de la figura del gestor integral de proyectos públicos. En línea con lo que comentábamos en el post La empresa pública total, es posible llevar adelante proyectos públicos con un 100% de profesionalidad, sin costes adicionales para las arcas públicas, con un compromiso total con el interés general y sin que el lucro privado distorsione los esfuerzos del sector público. Hay varias formas para llegar a esta solución, pero la figura del GESTOR INTEGRAL DE PROYECTOS PUBLICOS es, a mi juicio, una de las mejores, sino la mejor.
¿En que consistiría concretamente esta figura? En la existencia de un profesional o conjunto de profesionales que, previa licitación pública, acepten la encomienda de liderar un concreto proyecto público (al servicio del interés general), cobrando solo por su labor de gerencia (solo en caso de éxito), sin tocar un euro del beneficio de las operaciones (este debe ser público) y buscando recursos materiales, humanos y financieros obtenidos en el mercado, teniendo todo esto una fecha de inicio y otra de finalización.
¿Diferencias con las empresas públicas? Muchas, pero la más importante es la vinculación del personal, gerencia y financiación a un proyecto concreto (TEMPORALIDAD). Ninguno de ellos podrá formar parte del sector público. Ninguno de ellos se relajará en el balance costo/beneficio. Ninguno se olvidará nunca de estar inmerso en una actividad que siendo pública se debe autofinanciar (NO HAY CONSUMO PRESUPUESTARIO). Ninguno de ellos pensará que va a permanecer en la cadena productiva en el caso de que no se alcance el objetivo o se llegue a este a un coste o en un tiempo excesivos (PROFESIONALIDAD).
¿Diferencias con la empresas privada que trabaja al servicio de la Administarición? Fundamentalmente que el éxito implica cobrar por tu trabajo (gerencia, fuerza de trabajo, financiación, etc), pero nunca acceder ni a un solo euro del beneficio de la operación, que será siempre un ingreso de la Administración (BENEFICIO PÚBLICO). Y dado que solo se cobra si se cumple con los parametros públicos del proyecto, no se apunta al lucro privado, sino al conjunto de objetivos marcados por la Administración (CONTROL ESTRATEGICO PUBLICO).
Este tipo de gestores integrales de proyectos públicos pueden ser contratados (obviamente previa licitación pública) por la Administración o por los diferentes entes del sector público (sociedades, fundaciones, agencias públicas, etc) para llevar adelante un proyecto público. No requieren la creación de un nueva personalidad jurídica, al poder "colgarse" de una ya existente, tanto en gestión directa de la Administración, como en la gestión indirecta del sector público. Las virtudes y limitaciones que comenté en el post La empresa pública total son predicables también de este método de gestión integral de proyectos públicos, con la facilidad adicional, como digo, de no tener que crear una nueva persona jurídica pública, sino poder "colgarlo" de una ya existente.
Ahora que estamos en tiempo de reforma administrativa, creo que se deberían tener en cuenta cuestiones estructurales como las que toco en este post. No es el único tema estructural a tratar, pero si uno de ellos.
No soy ciego y veo que el actual proceso de reforma de la Administración está total y absolutamente condicionado por la exigencia comunitaria de reducción del déficit público. Pero bueno sería que políticos, periodistas, servidores de lo público, empresarios y expertos miráramos un poco más allá de las faldas de Merkel. Sería incluso recomendable hacerlo sin esperar al próximo septiembre (elecciones en Alemania).
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