Os deseo a todos unas felices navidades.

Yo voy a pasar las mías con mi familia y lo más alejado posible del trabajo y de este blog.

Reproduzco, por su interés, un artículo de opinión que recientemente han publicado en la prensa vasca varios profesionales y activistas sociales vascos. Eso a lo que en otra época nos referíamos como "intelectuales".

Nuestra clase política gobernante tiene la costumbre de ofrecernos los datos de la Comunidad Autónoma Vasca en comparación con los de diversos países de la Unión Europea, normalmente para destacar la buena posición que ocupamos en términos generales. Independientemente de que tal vez sea más riguroso comparar esos datos con los de los Estados y regiones más avanzados económica y socialmente, nos parece adecuada esa tendencia a mirar hacia arriba, hacia el norte, y no tanto hacia la realidad de nuestros vecinos y vecinas del sur.

Teniendo en cuenta esta premisa, creemos que también en el tema que nos ocupa, que no es otro que el de la vivienda, principal problema de la población vasca y más marcadamente de la gente joven, hemos de mirar hacia las realidades de los países de nuestro entorno europeo.

Así, a grandes rasgos, podemos apreciar que en la gran mayoría de ellos el acceso a la vivienda puede ser una preocupación y un quebradero de cabeza a un nivel individual, o como suele ocurrir lamentablemente casi siempre, un problema de las clases y sectores más excluidos. Sin embargo, está muy lejos de ser EL PROBLEMA, con mayúsculas, que supone esta cuestión para amplísimos sectores de la población vasca y también de la española.

No queremos entrar aquí en los motivos, ampliamente debatidos y en buena parte consensuados por los agentes sociales, que han hecho posible que el acceso a la vivienda en nuestro entorno sea toda una odisea con tintes de pesadilla para el común de los mortales, mayoritariamente jóvenes en edad de emanciparse. Basta decir que la voracidad especulativa de bastantes personas desaprensivas, junto con la inoperancia o connivencia de los poderes públicos, unidas a una pesada herencia recibida del franquismo, han creado una situación que no por sufrirla cotidianamente deja de ser escandalosa.

Preferimos mirar hacia el futuro. Pensamos que tenemos mucho que aprender de Europa, también en este campo. En esa línea, nos gustaría destacar algunas ideas fuerza y prioridades que a nuestro entender deberían marcar las políticas públicas de las instituciones vascas durante los próximos años, también en el medio y largo plazo. Unas ideas y prioridades que, de aplicarse con energía y el suficiente consenso tanto partidario como institucional, darían un vuelco apreciable a la situación en no tantos años.

La idea fundamental es la de abordar el derecho subjetivo a la vivienda de todas las personas residentes en la CAV, de una manera inmediata, individual e incondicional. Un derecho que ha de ser garantizado por las administraciones públicas y debe estar protegido judicialmente. Para ello, las administraciones públicas han de generar un parque potente de viviendas en alquiler, con rentas adaptadas a la capacidad de pago de las personas, no superando en ningún caso ese pago el 30% de los ingresos de la persona beneficiaria del derecho.

¿Nos imaginamos que hoy una persona joven en Euskadi pudiera ejercitar su derecho a acceder a una vivienda digna residiendo de manera estable y duradera en una vivienda en alquiler adaptada a sus características personales y familiares, en su entorno vital, y no pagando más del 30% de sus ingresos para ello, siendo legión el número de mileuristas? Pues, a grandes rasgos, ésta es la realidad que se vive en la mayoría de los Estados europeos, en los que nos miramos con tanta frecuencia. Por tanto, a nuestro entender, no es un sueño y una utopía dar pasos en esta dirección. Más bien es una cuestión de voluntad, determinación y prioridad política.

Además de construir viviendas públicas únicamente en alquiler para ir conformando ese parque referencial, creemos que la auténtica prioridad consiste en movilizar viviendas vacías, tanto mediante incentivos (ahí está el programa Bizigune, con sus virtudes y defectos) como, sobre todo, gravando su falta de uso social, un gravamen que sitúe a esas viviendas como lo que realmente son: un lujo que nuestra sociedad no se puede permitir. En la política fiscal, competencia de las poderosas diputaciones forales, nos jugamos mucha de la viabilidad de todo este planteamiento.

Estas medidas, junto a una política favorable a la rehabilitación y recuperación de núcleos urbanos y rurales deteriorados, ayudarían además a frenar e invertir esa compulsiva y preocupante tendencia a la construcción y colonización de nuevos suelos, que amenaza con ir tornando cada vez más gris la bucólica imagen verde de nuestra tierra.

Para acabar, un par de apuntes más. En primer lugar, no creemos que la tan repetida -e interesadamente publicitada- predilección de la población por la propiedad de viviendas frente a la opción del alquiler sea tal, sino únicamente una cuestión de números y oportunidades. Ofrezcamos viviendas públicas en alquiler a precios razonables y cuidando los entornos vitales y proyectos de vida de las personas y veremos cómo esa supuestamente clara opción se transforma de manera radical. Porque la gente no es tonta, ni tiene una especial predilección por hipotecarse de por vida con el banco o la caja de turno. Y en segundo lugar, ya que hablamos de hipotecas, ¿qué tal si aprobamos por ley, como ocurre en Francia, un límite de años (pongamos 15) y de cantidades (no más del 30% del sueldo) a la hora de contratar una hipoteca? Aunque se reduciría el negocio de unas cuantas personas, la población agradecería una regulación de este tipo.

Como decimos al principio, hay mucho que aprender del entorno europeo en el que nos movemos. Medidas como las que aquí proponemos, parecidas a las que el Ararteko ha recomendado recientemente en un informe sobre juventud y vivienda, nos pueden ayudar, y mucho, a la deseada convergencia en materia de vivienda. Creemos que los agentes sociales y también la población en general, específicamente la juvenil, las verían con buenos ojos y las apoyarían mayoritariamente. En estos tiempos en los que tanto hablamos de consultas y de dar voz a la ciudadanía, es necesario contar con mecanismos participativos para que esa ciudadanía se implique y pueda decidir sobre cuestiones tan importantes para su vida, como es la presente. En breve se va a iniciar el debate para la aprobación de una Ley de Vivienda para la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Se aprobará finalmente una ley que avance de manera decisiva en los parámetros aquí esbozados? El tiempo lo dirá

A.Marcos (activista socio-político), I. Mera (activista social), G.Biurrum (jueza) y P. Ibarra (profesor de la UPV-EHU)

No suscribo, al pie de la letra, toda esta partitura, pero si, sin duda, la música.

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Esta semana me han pedido que de clase en el Centro de Política del Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Concretamente me han pedido que de una clase sobre Políticas públicas de suelo y vivienda.

He aprovechado para explicar en el citado centro universitario el modelo vasco en políticas públicas de vivienda.

En el resto de CCAA tienen muy claro que hay un modelo vasco en esta materia que se caracteriza por una fuerte intervención pública, fuertes reservas de suelo para vivienda protegida, producción de vivienda protegida muy por encima de la media estatal, vivienda protegida como servicio público al margen del mercado, incipiente parque de vivienda protegida en alquiler, movilización de vivienda vacía hacia el alquiler, rehabilitación y regeneración urbana y ahora intento de convertir la vivienda en un verdadero derecho subjetivo.

Me sentí muy comodo explicando nuestro modelo a un auditorio (básicamente arquitectos y funcionarios municipales) que me pareció escuchaba con interés que tipo de cosas estamos haciendo aqui.

Como me pasa siempre que salgo a otras CCAA los asistentes consideraron que las cosas que estamos haciendo en Euskadi son muy interesantes, pero son, simplemente, ciencia ficción en el resto de España.

Me preguntaron varias cosas (trato en alquiler protegido a los milesuristas, mecanismos de lucha contra las bajas densidades edificatorias, formas de protección para los arrendadores de vivienda libre, diferencias entre promotores y constructores de vivienda, etc). Pero, como también me ha ocurrido otras veces, me preguntaron que si llevaba escolta. Y no lo decían por ETA.

Como siempre, fue un placer estar con Josep Roca, Carlos Marmolejo, Rolando Bieres, Arkaitz Fullaondo y compañía.

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El Ayuntamiento de Bilbao, y más concretamente las concejalías dirigidas por Julia Madrazo y Jon Sustatxa. ha sido noticia recientemente por varios hechos:

• la regeneración socio-urbanística de Bilbao La Vieja ha merecido el galardón de la UE
• el fuerte impulso al parque de vivienda protegida en alquiler en la capital de Biakaia
• el intento de hacer vivienda protegida por toda la ciudada y ayudar con con ello al equilibrio socio-espacial, evitando la fragmentación social.

A ninguna de estas tres cosas es ajeno el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, pues cooperamos con el Ayuntamiento en todas ellas. Pero "al Cesar lo que es del Cesar": muchas gracias Bilbao por este tipo de proyectos e iniciativas.

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Os cuento una de las últimas cosas que hemos hecho en casa y que nos ha gustado mucho:

1. Pochar en un poco de aciete unos puerros partidos en juliana muy finos. Supongo que también funciona con cebolleta o ajetes frescos. Y supongo que también se puede añadir alguna otra verdura cortada en juliana (pimiento verde, por ejemplo).
2. Añadir un par de nueces de mantequilla y dejar fundir.
3. Salpimentar (pimienta negra). Aunque quizás no convenga echar sal en función del caldo que useis luego.
4. Añadir caldo de jamón (yo lo compre hecho, pero para los perfeccionistas ya sabéis, hueso con sus verduritas y a hervir con agua).
5. poner las piezas de mero (en rellaidad se puede hacer con cualquier pescado blanco que absorban bien los jugos) y pasarlas lo que cada uno considere oportuno (yo prefiero quedarme corto que secarlas).

El resultado es muy interesante. Primero por estar rico. Y después por el contraste de sabores entre el jamón (carne) y el mero (pescado).

(el mero gigante de la foto no es el que usamos nosotros, sino solo una foto que he encontrado por internet)

Os reproduzco una nota de prensa que hemos hecho pública desde el Departamento de Viviienda del Gobierno Vasco recientemente.

Es solo un ejemplo. No quiero que lo leáis como el único caso, pues no es, en absoluto, la realidad. 

Tras la actuación inspectora realizada por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, y hechas las comprobaciones oportunas en la vivienda en los dos últimos años, se dan las pruebas suficientes que demuestran que la VPO –sita en la C/ Basotxiki-32, 3º dcha- no está siendo utilizada como residencia habitual por la persona titular desde hace más de un año, por lo que el Gobierno procederá a la aplicación de la institución de la expropiación forzosa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 176 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley del Suelo 2/2006, existirá causa de interés social que legitima la expropiación forzosa de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública cuando sin causa justificada, conforme a lo dispuesto en la normativa protectora, permanezcan sin uso residencial por más de un año ininterrumpido.

El servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida se puso en marcha en el año 2005, por primera vez en 25 años desde que Euskadi asumiera las competencias en materia de urbanismo y vivienda. El servicio ejerce una actuación sistemática y de oficio para garantizar: por un lado, que las viviendas están siendo utilizadas por las personas autorizadas para hacerlo -que no se alquilan, ni se venden irregularmente- y, por otro lado, que no permanecen vacías. El objetivo numérico es revisar, para el año 2009, todo el parque protegido existente en la Comunidad, consistente en algo más de 50.000 viviendas calificadas como protegidas. Ya estamos cerca d elas 30.000 viviendas inspeccionadas.

Como consecuencia de estas investigaciones, hasta la fecha (pues estos números irán en aumento según se tramiten los expedientes) se han expropiado 2 viviendas, se han recuperado 37 (ante la amenaza de sanciones y expropiaciones las ofrecen en venta al Gobierno) y se han impuesto 262 sanciones efectivas. Las inspecciones consisten en visitas a las viviendas realizadas por personas especialmente cualificadas para este tipo de actuaciones, entrevisas in situ, consultas al registro de vpo, al registro de la propiedad, al catastro, solicitudes de información sobre consumos…

La medida se enmarca en el Plan de lucha contra el fraude y la especulación, puesto en marcha por el Departamento de Vivienda desde el año 2001 y articulado a través del documento estratégico del Plan Director, de una normativa avanzada (Decretos y Ordenes) y de la nueva Ley de Suelo vasca.

Las medidas actualmente vigentes son:

1. obligación a todos los promotores (Gobierno, Ayuntamientos, cooperativas y constructoras privadas) de la adjudicación de vivienda protegida por sorteo publico.
2. calificación permanente -durante toda su vida útil- de la vivienda protegida como tal por lo que se impide su venta en el mercado libre pasados 20 años.
3. aplicación automática del ejercicio de tanteo –compra prefente por parte de la Administración- y, en su caso, de retracto.
4. servicio de inspección y seguimiento del buen uso de la VPO.
5. convenios con los colegios de notarios y registradores de la propiedad para asegurar que las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida se realizan con el visado del gobierno vasco.
   

El Departamento de Vivienda estima que el nivel de fraude en el uso de las viviendas protegidas se sitúa en el entorno del 9% (aunque prácticamente la mitad de este fraude o ha prescrito -durante 25 años nada se hizo en esta materia- o es de casi imposible prueba -para sancionar y expropiar no basta con certezas son necesarias muchas y muy sólidas pruebas que no siempre se obtienen-, siendo las tipologías de uso inadecuado más frecuentes la no ocupación, el alquiler no autorizado o la compraventa no autorizada.

 

Como os digo es solo un ejemplo o, si queréis, la punta de iceberg. Pero me parecía interesante compartirlo.

Hace un par de meses empecé a comentaros a que dedicaba mi tiempo de servicio público (1 y 2). También os expliqué las razones para hacerlo (fundamentalmente por transparencia).

En este tiempo no es que haya querido dejar de informaros sobre el asunto, sino que he estado algunas semanas de baja, entre el hospital y mi casa, y he pensado que era mejor dejar un tiempo para ir haciendo, de nuevo, agenda.

Con la salvedad anterior, os comento a que he dedicado mi tiempo en las últimas semanas (obviamente, además de a leer, hablar, pensar, escribir, etc):

OCTUBRE 

1. 15 octubre: reunión con los ayuntamientos de Portugalete y Basauri y revisión del proyecto de Zorrozaure.
2. 16 de octubre: reunión con el ayuntamiento de Iruña de Oka, revisión del proyecto web Etxebide, reunión con el Departamento de Industria del Gobierno vasco y reunión mensual de los tres directores del Departamento de vivienda.
3. 17 de octubre: reunión con los ayuntamientos de Santurce y Bilbao, reunión con mi Gabinete y seguimiento del proyecto de Sestao.
4. 18 de octubre: reunión con el ayuntamiento de Getxo.
5. 19 de octubre: despacho con el Consejero y Comité de Dirección
6. 22 de octubre: reunión con el Ministerio de Vivienda en Madrid
7. 23 de octubre: reunión con Jaizkibia y reunión con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
8. 25 de octubre: reunión con el Ministerio de Vivienda en Bilbao, comida con los delegados provinciales de vivienda, despaacho con el Consejero
9. 26 de octubre: Comité de Dirección
10. 29 de octubre: reunión con mi Gabinete, rueda de prensa de presentación de la nueva sociedad pública Bizigune.
11. 30 de octubre: reunión con la Dirección de Suelo y Orubide sobre planificación territorial de vivienda
12. 31 de octubre: comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar la ejecución del Plan Director de Vivienda 2006-2009 a la fecha de la comparecencia y reunión con los directores de las sociedades de vivienda.

NOVIEMBRE

1. Durante mi ingreso (del 4 al 20 de noviembre) y baja (del 20 de noviembre al 10 de diciembre) otras personas de mi equipo han mantenido en mi ausencia bastantes de las reuniones de mi agenda: Eudel, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Arrasate, Ayuntamiento de Oiartzun, comparecencias en el Parlamento Vasco con motivo de los presupuestos 2008, proyecto Sestao, Foro de la Innovación en el Sector de la Construcción, Consejo de Administración de Visesa, Orubide y Alokabide, Ayuntamiento de Hondarribi, Ayuntamiento de Tolosa, etc.
2. El pasado 15 de noviembre tuvimos en el BEC la primera jornada técnica de trabajo conjunta con todos los Ayuntamientos vascos -BIGA 2007-
3. Un pequeño grupo del Departamento viajó del 19 al 23 de noviembre por Suecia y Holanda para conocer buenas prácticas en materia de vivienda pública, especialmente gestión de alquiler y financiación de este tipo de políticas públicas.

DICIEMBRE

1. 11 de diciembre: reunión con el ayuntamiento de Etxebarri.
2. 12 de diciembre: grupo de trabajo de las alegaciones al anteproyecto de la ley de vivienda y reunión en Donosti con un grupo social sobre nuevos desarollos urbanos.
3. 13 de diciembre: reunión de trabajo sobre mejoras en los programas públicos de alquiler, Comisión de seguimiento de Zorrozaure y reunión con EUDEL sobre modificaciones normativas en trámite en estos momentos.
4. 14 de diciembre: soteo de vivienda en Vitoria-Gasteiz, reunión con los equipos de las delegaciones territoriales y Comité de Dirección.
5. 17 de diciembre: entrevista con periodista de El Mundo, reunión con mi Gabinete, reunión con un proveedor de sistemas de información, reunión del grupo de trabajo de suelos del Departamento.

Lamento si esto os parece un peñazo, pero yo creo que me ayuda a ser más transparente. 

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La semana pasada leí que el Ayuntamiento de Hendaia va a imponer un gravamen sobre las viviendas que estén vacías más de tres meses.

Y mi pregunta es sencilla, si en Euskadi y el resto de España solo proponen gravar las viviendas vacías IU, EB Berdeak, ICV y algunos colectivos sociales como la PVD y además esta propuesta es descalificada por los "técnicos" como de imposible aplicación ¿son los regidores municipales de Hendaia peligrosos políticos de "extrema izquierda" que van a gravar las viviendas vacías sin garantías "jurídicas" o "técnicas"?

Creo que la respuesta es mucho más sencilla: en la UE la vivienda vacía se grava fiscalmente desde hace décadas y para ello no hay ni obstáculos jurídicos ni técnicos. Los únicos obstáculos que se pueden dar son políticos.

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Recuerdo que hace tres de años largos, cuando entré en contacto con la gente de la Plataforma por una Vivienda Digna me parecieron un conjunto de personas maravillosas, llenas de energia, espíritu crítico y rabia, pero con escaso tino en su análisis sobre la situación de la vivienda (supuse que por falta de información y formación en la materia).

Recuerdo que por aquel entonces yo les decía a alguna de las personas que conozco de la citada plataforma que las CCAA podían hacer mucho por la vivienda protegida, por el alquiler, por la movilización de la vivienda vacía y por la rehabilitación y regeneración urbana, pero que era el Gobierno de España (junto con las Cortes) el que tenía en su sola mano armas poderosas para cambiar la situación: la política fiscal, la regulación del mercado hipotecario y la valoración legal de los suelos.

Recuerdo que por aquellas fechas algunos conocidos de la PVD me decían que con ese tipo de posicionamientos lo que estaba haciendo era tirar balones fuera, escaquearme de mis responsabilidades como gestor público de una CA y atacar al Gobierno de Don Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Recuerdo que cuando incluimos el tema hipotecario en el Plan Director de Vivienda 2006-2009 (limitar legalmente los plazos máximos de los préstamos hipotecarios y el endeudamiento hipotecario máximo personal o familiar es un instrumento privilegiado para evitar el sobreendeudamiento hipotecario y también para limitar el precio de la vivienda libre; consultar eje 11 del Plan) se nos dijo que estabamos brindando al sol y que lo hipotecario poco o nada tenía que ver con el precio de la vivienda.

Recuerdo que cuando el Grupo Parlamentario de IU-ICV propuso, con motivo de la Ley de Modernización del Mercado Hipotecario, enmiendas que limitaban legalmente el sobreendeudamiento hipotecario y que ayudaban a limitar el precio de la vivienda libre estuvimos muy solos. El único apoyo que recibimos fue precisamente el de la PVD (prácticamente redactamos las enmiendas con ellos y durante todo el trámite parlamentario apoyaron dichas enmiendas sin fisuras).

Pues bien, para mi satisfacción, ayer la PVD pidió el cese o dimisión del Ministro Solbes en buena medida por su posición en relación a la reciente modificación de la legislación hipotecaria española (en la que se rechaza la limitación de plazos y cuantías de los préstamos hipotecarios).

El Comunicado oficial de la PVD, que por su interés reproduzco integramente es el siguiente:

LA PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA PIDE LA DIMISION DEL MINISTRO SOLBES

Para la PVD, mientras Zapatero propone medidas sociales, las leyes que salen del Ministerio de Economía son las más antisociales de la última década, y agravan las dificultades de acceso a la vivienda de los ciudadanos.

En España, las principales competencias en materia de vivienda recaen sobre la Administración Autonómica y los ayuntamientos. Sin embargo, la Administración Central, concretamente el Ministerio de Economía, cuenta con dos herramientas poderosas que afectan directamente a la capacidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda: la política fiscal y la regulación hipotecaria. Ambas han sido modificadas en esta legislatura.

Con estas herramientas, el Ministerio de Economía, cuenta con más capacidad de influencia que el propio Ministerio de la Vivienda.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, organización ciudadana creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, hemos analizado la gestión desarrollada por el Ministerio de Economía y Hacienda desde el principio de la legislatura. Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: todas las medidas y actuaciones del ministerio que más puede hacer por el objetivo de una vivienda digna, el de Economía, dan la espalda a la que es ya la segunda preocupación de los ciudadanos. Recordando las aparentes preocupaciones del ejecutivo en esta materia, las actuaciones del Ministerio de Economía han resultado ser un engaño.

Por ello solicitamos la dimisión inmediata de Pedro Solbes. Solicitud que se argumenta en las siguientes causas:

- Por haber incumplido la promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. La PVD quiere recordar que el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de la vivienda. El ministro Solbes, que hipócritamente presume de no intervencionista, ha mantenido esta intervención en el mercado que eleva los precios hasta un 20% según los expertos, propiciando la adquisición de vivienda frente a otras formas de acceso. Las deducciones fiscales a la compra consumen además dos tercios de los presupuestos dedicados a políticas de vivienda.

- Por empeñarse, al mismo tiempo, en limitar las deducciones fiscales por alquiler propuestas tanto por Trujillo como por Chacón. Por alguna razón, desde el Ministerio de Economía se ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de vivienda en propiedad, cuando la gran mayoría de expertos apuntan al alquiler como una de las soluciones del problema y así se ha venido trabajando en la mayoría de países europeos.

- Por redactar una ley hipotecaria que es como una patada al derecho a la vivienda de forma sostenible. Una ley que se ha elaborado al dictado de los grandes bancos y ha despreciado enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo. Esta ley, recientemente aprobada, debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios, como ocurrió con la ley Niertz de 1989 en Francia. Esto hubiera ayudado a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda, sin coste alguno para la Administración. Una muestra de la sumisión de Solbes en esta ley a los bancos y grandes empresas urbanísticas es que su socio para la aprobación en el Congreso ha sido precisamente el Partido Popular.

- Por haber cambiado en la práctica la frase “Hacienda somos todos” por “Hacienda somos todos, menos los constructores y promotores inmobiliarios”. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal en el sector inmobiliario asciende a 8.600 millones de euros en el último año. La misma asociación afirma que se persigue de forma masiva la fiscalidad de las rentas del trabajo, mientras esta bolsa de fraude se mantiene.

- Y por negarse en redondo a fiscalizar los 3 millones de pisos vacíos que hay en España, como ya se hace en otros países europeos desde hace años. La salida al mercado de estas viviendas bajaría los precios y supondría una solución para millones de ciudadanos.

Todos estos puntos tienen como resumen que las decisiones y actuaciones del Ministerio de Economía relacionadas con la vivienda han ido encaminadas a:

1. Proteger la burbuja inmobiliaria, que ya se habría desinflado hace años de no ser por el intervencionismo que mantiene Solbes, entre otras razones.

2. Mantener el alquiler en tasas ridículas comparadas con nuestro entorno.

3. Proteger los intereses de las grandes empresas inmobiliarias y financieras y fomentar sus beneficios.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna estamos atónitos por el hecho de que el ministro Solbes siga perteneciendo al equipo creado por el presidente Zapatero, ya que, mientras éste anuncia medidas sociales, el ministro de economía pone en marcha leyes o iniciativas profundamente antisociales que, aunque menos tangibles, suponen un mayor perjuicio en el día a día de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.

Por todo ello, desde la Plataforma insistimos en nuestra solicitud de dimisión del ministro Solbes, invitando al ejecutivo a tomar de una vez por todas medidas que solucionen el cáncer de la vivienda en España desde su raíz. Medidas que pasan por la financiación de los ayuntamientos, las filtraciones de dinero del urbanismo a las instituciones, el control del dinero negro en la VPO, la salida al mercado de los pisos vacíos, una regulación de las hipotecas que piense en el derecho a una vivienda de forma sostenible, la eliminación de las deducciones fiscales por compra y la creación de un parque público de viviendas en alquiler extenso, como ya existe en muchos países de la UE.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org

Es bueno caminar acompañado. Y en este caso la compañía me parece extremadamente interesante y con enormes potencialidades sociales.

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La semana pasada se produjo, ami juicio, una de las mejoras noticias de los últimos meses: en Euskadi las prestaciones sociales van a integrar el contenido esencial de la ciudadanìa (es decir, se va a tener derecho a una serie de prestaciones sociales por el hecho de estar empadronado un año en Euskadi) y además va a haber un mismo catálogo de prestaciones sociales en los tres Territorios Históricos(cosa que a los que no seáis vascos os parecerá evidente, pero que en Euskadi, como consecuencia de la atávica y arcaizante Ley de Territorios Históricos no ha sido posible hasta la fecha).

El tema se ha recogido en la prensa de esta semana con cierto despliegue mediático (1, 2, 3) y creo que la ocasión merece la pena. Los 251 Ayuntamientos (a través de EUDEL), las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vascose han puesto de acuerdo sobre la manera en que la ciudadanía vasca tenemos derecho a acceder a las mismas prestaciones sociales en cualquier lugar del territorio de la CAPV y todo ello como expresión de nuestro estatus de ciudadanía.

Esta vía, dar contenido real a los principios rectores de política social y económica de la Constitución, de forma que se conviertan en verdaderos derechos subjetivos de la ciudadanía es algo en lo que nosotros estamos especialmente empeñados. Lo estamos haciendo en materia de suelo y servicios sociales y, como sabéis los que seguís este blog, también lo estamos intentando en materia de vivienda.

Este camino es clave para conseguir que vivamos en un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho. A muchos se les olvida siempre el adjetivo social. A nosotros no.

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(en la foto aparecen los responsables municipales, forales y gubernamentales de este pacto social)

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