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LEOLO - Page 8

  • SEGUNDA ADJUDICACIÓN A URBANIA ZH GESTIÓN: SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO DE RIOTUERTO

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    urbania zh gestión,servicio de atención a domicilio,riotuerto

     

    Poco a poco, la siembra va dando su resultado. 

    Hace unos meses dimos cuenta de nuestra primera adjudicación (Servicio de Atención a Domicilio de la Mancomunidad de Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y Colindres).

    Y hoy compartimos con quienes nos siguen que nos han adjudicado hace ya unos días nuestro segundo contrato: la gestión del Servicio de Atención a Domicilio de la localidad cántabra de Riotuerto.

    Esperamos estar a la altura del reto con la administración-cliente, los usuarios, el nuevo personal y nuestro proveedores.

     

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  • EL DERECHO Y LA (IR)REVERSIBILIDAD LIMITADA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS CIUDADANOS de Juli Ponce Solé

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    Hace ya algunos meses que tengo en mis manos uno de los últimos trabajos del Jurista Juli Ponce Solé: EL DERECHO Y LA (IR)REVERSIBILIDAD LIMITADA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS CIUDADANOS. Lineas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social.

    Una obra premiada con el I Premio Internacional de Investigación Jurídica Lorenzo Martín-Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.

    Investigación que versa sobre el tema de la reversibilidad o irreversibilidad de los derechos adquiridos (internacional, constitucional y legalmente) en situaciones de crisis económica y aplicación de recortes presupuestarios.

    El trabajo argumenta cómo la Constitución contiene auténticos derechos subjetivos sociales exigibles jurídicamente y entretejidos con otros derechos constitucionales. Se concluye que los derechos sociales tienen un núcleo mínimo inviolable, resistente a intervenciones legislativas y administrativas, que, caso de afectarlo, serán inconstitucionales.

    En el resto del contenido del derecho cabrían medidas regresivas, siempre que respeten una serie de requisitos constitucionales y legales, que se exponen a lo largo del estudio. Si no lo hacen, las medidas de reversión del derecho serán antijurídicas.

    El trabajo concluye proponiendo seis medidas concretas que, de adoptarse en el futuro, podrían ayudar a una mejor gestión pública y una mayor sostenibilidad social. A saber:

    1. La fijación del contenido mínimo y esencial de los derechos socio-económicos.
    2. La determinación de la "sostenibilidad social" del artículo 135 de la Constitución y de la Ley Orgánica como límite al principio de estabilidad presupuestaria.
    3. La promoción de la inclusión de la cláusula de progresividad y de reversivilidad limitada siguiendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    4. El impulso de la better o smart regulation.
    5. La promoción de las Cartas de Servicios de los servicios públicos y los servicios de interés general: límites mínimos de derechos sociales vs. límites máximos de gasto público.
    6. La evaluación del impacto social (EIS) de las leyes.

    Este trabajo debería ser uno de los libros de cabecera de los políticos que manifiestan estar contra los recortes presupuestarios que tanto daño están causando al Estado Social y Democrático de Derecho español. De la misma manera, debería ser una obra de obligada referencia entre los juristas que piensen que el derecho tiene una utilidad social, más allá de la defensa de los intereses de élites, oligopolíos y lobbies.

    Hay que luchar en todos los campos. La pelea en la calle, las instituciones y los medios de comunicación es clave. Pero la academia y la judicatura son también campos fundamentales de lucha socio-política. Y no parece que nuestras diversas izquierdas, variados centros y ciertas derechas ilustradas estén muy atentos a lo que académicos, jueces y activistas están haciendo por defender nuestro modelo constitucional en sus acepciones sociales. Hacen mal. Bien harían en rectificar. Es posible que aún estén a tiempo. Si empiezan por este libro alumbrarán nuevas vías de defensa y contraataque en pos del Estado Social. 

     

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  • PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2013-2016 DEL GOBIERNO VASCO: MENOS DE LO MISMO Y AUSENCIA DE PROYECTOS PILOTO DE ALQUILER Y REHABILITACIÓN.

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    Tenía intención de escribir algo sobre el Plan Director de Vivienda 2013-2016 hecho público por el Gobierno Vasco en diciembre pasado.

    Pero como Iñigo Maguregi (@urbaniker) ha escrito ya sobre la materia y coincido plenamente con sus datos, razonamientos y conclusiones, me limito a remitirme a sus propias palabras (Plan de Vivienda del Gobierno Vasco: algo no cuadra).

    En el referido texto se explica que no es posible aumentar las realizaciones en materia de alquiler asequible con menos recursos presupuestarios de los que se tuvieron en la pasada legislatura, que, a su vez, son menos de la mitad de los que se usaron hace dos legislaturas. 

    Cito literalmente al Iñigo Maguregi:

    "El volumen de inversión previsto en el Plan Director en materia de promoción de viviendas y alojamientos apunta a la obtención de resultados reales de vivienda en alquiler que bien serán similares o ligeramente inferiores a los registrados en los últimos años. En cualquier caso, alejado de las 3.050 viviendas totales previstas".

    "Nada desearía más que la apuesta de movilizar más viviendas con menos recursos públicos tuviera buenos resultados o que los nuevos programas que se anuncian para la puesta en alquiler de viviendas libres tengan éxito. No obstante, en ningún momento se han puesto de manifiesto argumentos para creer que ello vaya a suceder. Los precedentes de los programas de movilización de vivienda vacía ajenos a BIZIGUNE no son muy propicios. Ojalá me equivoque".

    "El Plan Director de Vivienda 2013-2016 del Gobierno en materia de alquiler muestra un importante desajuste entre los recursos destinados y los objetivos que se pretenden. En este sentido, se desvela una línea puramente continuista con el plan anterior, que muestra una tendencia a la baja en el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles. Así, no se atisba por ningún sitio ese supuesto “viraje hacia el alquiler” y que tanto se predica".

    "Esto contrasta con los datos de ETXEBIDE que muestran la preferencia por la ciudadanía vasca por el régimen de alquiler y que se concentra en las capitales vascas. Se ve que esta batalla de intentar acercar la oferta de vivienda asequible a la demanda parece ya darse definitivamente por abandonada por nuestros goberanantes. Más cuando el problema de la vivienda ha pasado a un lugar tan postrero en las encuestas de opinión que se realizan. Después nos quejaremos".

    Suscribo las conclusiones de Iñigo Maguregi. De forma sintética y con mis palabras: cuando desde el inicio de la crisis los recursos presupuestarios dedicados al alquiler asequible (vivienda social, alojamientos dotacionales, vivienda protegida en alquiler y movilización de vivienda vacía hacia el alquiler protegido) han caído casi un 60%, es materialmente imposible mantener el ritmo de trabajo del sector público en esta materia.

    Los responsables del PSE que gestionaron la política pública de vivienda en la pasada legislatura hablaban de "hacer más con menos". Y los actuales del PNV, aunque no lo verbalizan así, parece que hablan de hacer "lo mismo con menos". A mi más bien me parece que a lo que nos encaminamos es a hacer "aún menos de lo mismo" en materia de alquiler asequible.

    No creo que se pueda criticar a los anteriores y actuales responsables políticos por priorizar el mantenimiento de empleo público y los proyectos plurianuales que vienen del pasado y en los que hay compromisos financieros en vigor. Es más, diré que, si yo me enfrentara a la misma coyuntura, tomaría la misma decisión: no despedir a personas que son necesarias para el exiguo aparato público vasco en materia de vivienda y no paralizar proyectos plurianuales estratégicos para el servicio público vasco de vivienda.

    Ahora bien, manteniendo las dos citadas prioridades en estos tiempos de crisis, estafa y marginación de la política pública de vivienda, yo creo que este es momento de poner en marcha EXPERIENCIAS PILOTO de las que podamos aprender para perfeccionar de cara al futuro nuevos instrumentos de política pública de vivienda. Una cosa es que no haya dinero y otra que no haya imaginación o arrojo para atreverse a realizar lo que no se ha hecho hasta la fecha. A mi juicio, en línea con lo que he defendido en este blog (tiempo de RE y CO), creo que el Gobierno Vasco debería favorecer con sus medios la emergencia, al menos, de:

    • EXPERIENCIAS PILOTO DE BARRIO EN MATERIA DE REHABILITACIÓN SOCIO-URBANA
    • PILOTOS DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE CESIÓN DE USO O COHOUSING

    Otras CCAA que también sufren los rigores de los recortes presupuestarios están por la labor de hacer proyectos piloto para parir nuevos instrumentos de política pública de vivienda y de colaboración público-privada en la materia. Extraña que Euskadi, que siempre ha sido una de las CCAA más proclives a la experimentación, siga a día de hoy manejando casi los mismos instrumentos de intervención que usaba o inventaba hace una década.

    Y acabo con un apunte de estilo. No es de recibo que el Plan Director de Vivienda 2013- 2016 se apruebe a finales del 2013 (casi en periodo vacacional) y que a día de hoy (pasadas ya las entrañables fechas navideñas) aún no tengamos su texto completo y debamos conformarnos con el análisis de un cuadro de objetivos y un resumen ejecutivo, únicos documentos hechos públicos hasta la fecha.

     

    PD: no es objeto de es este post y aún no conocemos el texto completo del Plan, pero a mi me preocupa que en su eje 3.4 se hable de "Revisar el marco normativo que regula tanto la preparación del suelo como la vivienda y sus tipologías" Ya lo lamento, pero tiene un fuerte tufo a reducción y relativización de las reservas legales de suelo para vivienda protegida, en línea con lo que el lobby financiero-inmobiliario está haciendo en el resto del Estado (prepararse para una nueva ronda especulativa, socavando los instrumentos públicos de actuación en la materia). 

    ACTUALIZACIÓN 28/1/2014: ya está disponible el texto completo del Plan Director de Vivienda 2013 - 2016 del Gobierno Vasco. Debo agradecer a la Viceconsejería de Vivienda el que me hayan tenido la amabilidad de darme a conocer este hecho en cuanto se ha producido.

     

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  • GESTIÓN PUBLICA, AÑO 2013: MENOS DE LO MISMO.

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    Comparto unos apuntes sobre lo que nos han dicho que ha sido el 2013 en materia de gestión pública y lo que, de verdad, me parece a mi que ha acontecido. Lo hago rebuscando en la memoria de las cosas en las que he trabajado en este pasado año, pero también de la mano de sagaces aportaciones que hacen personas que saben de esto mucho más que yo y a quienes siempre leo y escucho con atención.

    No descubro nada si apunto que la tendencia dominante en 2013 ha sido, sin lugar a dudas, los recortes y ajustes en todos los programas y políticas públicas, sin que haya sido acompañado de reformas en profundidad. Algunas CCAA están peor que otras, pero ninguna esta bien. Algunos ayuntamientos están mejor que otros, pero ninguno tiene un rendimiento optimo. En general, hacemos menos cosas, pero no las hacemos mejor. Gastamos menos, pero no con mayor eficiencia, sino con merma en la cantidad y calidad de los servicios. Y sobre todo, hacemos muy pocas cosas distintas o de forma distinta. Por sintetizar: menos de lo mismo. Y no más de una cosa nueva y reformada como quieren hacernos ver.

    La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local debe leerse en esta misma línea. Se presenta como una norma reformadora en pos de la eficiencia y la eficacia. Una norma para poder hacer más y mejor en lo local y lo público. Sin embargo, corre el serio peligro de ser una ley para que se sigan haciendo cosas muy parecidas a las que hemos visto hasta la fecha, aunque en mucha menor cantidad/calidad y de una manera más mercantilizada. Hay una especie de desconfianza sobre lo público local y la única cooperación público-privada que se reconoce es la mercantil, dejando de lado expresiones de máximo interés que empiezan a aparecer en la sociedad civil, en forma de cooperativismo y gestión del bien común que aspira a colaborar con lo público (especialmente con lo local).

    Junto a esto, y por aportar también elementos esperanzadores, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (por más cicatera que sea) sienta las bases objetivas que pueden hacer emerger un modelo de administración y gobierno más abierto. Algo que piden a gritos muchos trabajadores públicos que son "intra-emprendedores públicos", así como la ciudadanía en general. La sed de saber sobre lo público ha sido muy incentivada por la crisis-estafa. Y no va a ser fácil que en el futuro la ciudadanía sea tan pasiva y aquiescente en relación a lo que las Administraciones Públicas hacen con su dinero. Aunque sea por la indignación, a futuro va a ser casi imposible seguir manteniendo los muros entre lo público y la ciudadanía que hemos conocido en las pasada década.

    Por otra parte, la necesidad de compatibilizar la normativa de estabilidad presupuestaria y la gestión eficiente y suficiente de servicios públicos locales ha dado lugar a multitud de situaciones problemáticas y complejas que han incidido no sólo en los términos económico-presupuestarios de la gestión municipal , sino también en la propia configuración de los modelos de gestión. Así, el abuso de los sistemas tradicionales de gestión indirecta - o simples privatizaciones-, la vuelta en algunos municipios a sistemas de gestión directa como fórmulas menos gravosas y eficientes, o la aparición de nuevos modelos de colaboración público-privada con limitación del lucro empresarial, han pasado a formar parte del debate reabierto acerca de la prestación de servicios municipales. Estamos ante una etapa de profunda revisión, tanto competencial como de la forma de gestión de servicios, sin paragón desde los primeros años 90 del pasado siglo. La legislación estatal no ayuda a este debate. Pero los cambios es casi imposible que sean totalmente bloqueados a futuro. El viejo libro de instrucciones ya no sirve. Y el nuevo propuesto a nivel estatal no va a funcionar. Necesitamos, por tanto, nuevas hojas de ruta en lo público y especialmente en lo público local.

    En este contexto de hundimiento del pasado y aún falta de emergencia del futuro, empieza (lentamente) a aparecer una nueva especie de político local y gestor público local del máximo interés: el político realista y gestor profesional. Solo un par de apuntes. En estos momentos hay muchos alcaldes y alcaldesas diciéndole a su partido que solo van a trabajar con buenos proveedores, sean de la órbita que sean. Y muchas AAPP, en su afán por controlar gastos, se han lanzado a la gestión energética profesionalizada.  Se me dirá que así debieron ser siempre y en todo lugar los políticos y gestores públicos locales. Pero la realidad es que, en el pasado reciente, una ciudadanía anestesiada y con sus necesidades básicas satisfechas, jaleó a los políticos y funcionarios locales en la loca carrera por ver quien proponía el proyecto más faraónico. Esa misma ciudadanía, pródiga con lo público antes, hoy exige y obtiene de sus líderes locales profesionalidad, eficacia y eficiencia. Es una pena que lleguemos a esto por la crisis-estafa. Pero, bienvenido sea. En las próximas elecciones municipales veremos como no da lo mismo ser un buen o mal gestor de lo público local. Los malos, sean del partido que sean, caerán, salvo que la red clientelar que los sostenga sea extraordinariamente tupida. Y los buenos, sean del partido que sean, se mantendrán, salvo que el liderazgo general de su partido sea tan calamitoso que los arrastre.

    Mientras ocurre a nivel local, a nivel macro asistimos a una verdadera mutación constitucional. Si se cree que exagero, llamo la atención del lector sobre el hecho de que nuestra Constitución define a España como un Estado Social y Democrático de Derecho. Siendo una clara evidencia que en estos momentos tiene poco de social (rescatamos bancos a costa de personas), poco de democrático (se modifica la Constitución vía Berlín-Frankfurt-Londres-NY, sin tener en cuenta al pueblo teóricamente soberano) y el propio Estado de Derecho está sufriendo no pocos ataques en estos tiempos de banqueros, miembros de la Casa Real y políticos que tratan, como sea, de evitar ir a la cárcel. Todo esto puede parecer que tiene poco que ver con la gestión pública. Como también parecerá que tiene poco que ver con la gestión pública la desafección de buena parte de Cataluña en relación al resto de España. Pero, habida cuenta de que la gestión pública trata de proteger el bien común, se comprenderá que es imposible tener, por ejemplo, unos servicios públicos locales de calidad, en un estado con serios problemas de legitimidad democrática y social y en medio de un proceso de autodeterminación. El pacto constitucional de la transición sea cae a pedazos y hace falta, cuanto antes, uno nuevo. La gestión de lo público no es ajena a este contexto.

    En este duro año para la gestión pública y para tantas otras cosas, las personas con las que trabajo en Urbania ZH Gestión y la Red Zahoz hemos alumbrado una serie de metodologías y propuestas de trabajo común entre lo público y ciertas formas de lo privado que consideramos que no forman parte del fallido viejo libro de instrucciones y que merecen estar entre las presentes y futuras buenas prácticas de gestión de lo público. Aquí os dejamos una serie de textos que hablan de todo ello, por si pudieran ser de interés.

  • POLÍTICAS PUBLICAS Y MERCADO DE VIVIENDA EN EL 2013: PURO GATOPARDISMO, MA NON TROPPO ...

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    Voy a resumir lo que a mí me ha parecido más relevante para las políticas públicas y mercados de vivienda a lo largo del año 2013. He agrupado las notas por ámbitos. Y, a su vez, he listado los ámbitos de mayor a menor importancia en la práctica. Prelación esta que es, a mi juicio, desgraciadamente, bastante inversa a la necesaria en una democracia avanzada.

    Sea como fuere, ahí van mis notas, fruto de mi reflexión, así como de la ayuda de más de dos docenas de personas que generosamente me han echado muchas manos para hacer este post.  

    EL SISTEMA FINANCIERO

    • Después de década y media ganando dinero de forma masiva como consecuencia de la creación, calentamiento y recalentamiento de la burbuja financiero-inmobiliaria, se le ha rescatado con cantidades obscenas de dinero público (y con una operación de conversión de deuda privada en deuda pública que lastrará nuestro mundo público por décadas), nadie ha ido a la cárcel, nadie ha sido inhabilitado profesionalmente, nadie ha respondido de nada con su patrimonio, el centro neurálgico del poder (en sentido literal del término –económico y político-) sigue estando en la dirección de no más de cinco grupos económico (hoy hay mucha más concentración bancaria, promotora y energética que hace una década), los principales partidos políticos obedecen de forma milimétrica sus órdenes y se ha eliminado la potencial competencia de las cajas de ahorros.
    • El armazón legal (desgravaciones fiscales) y financiero (sistema hipotecario)  que sirvió de soporte para el anterior periodo burbujista, sigue sin ser desmontado.
    • En algunos poderosos círculos se sostiene que la mejor manera de paliar los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria es con una nueva burbuja de cemento y ladrillo.
    • Bien pudiera dar la sensación de que, como sociedad, no hemos aprendido. Y para quien crea que exagero ahí está el informe que sobre el mercado de suelo hace la CNC en el 2013 (su mensaje, hoy como en 1998, es que si se urbaniza y edifica mucho baja el precio de la vivienda). Y para quien aún dude, ahí esta la nueva Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, más turbourbanizadora que nunca.
    • Necesitamos banca pública generalista, banca pública especializada en urbanismo y vivienda, banca cooperativa y banca ética como el comer. Pero ninguno de estos instrumentos se está desarrollando de forma significativa como para condicionar el próximo ciclo financiero-inmobiliario.
    • Los créditos del ICO o del IDAE son claramente insuficientes para poner en marcha políticas públicas o mercados de vivienda dignos de denominarse europeos.
    • Las interesantes posibilidades de financiación que el BEI otorga a proyectos vinculados a la rehabilitación energética es posible que los perdamos, como consecuencia de la atonía de las Administraciones Públicas y el escaso interés que estas demuestran por las necesarias colaboraciones público-públicas y público-privadas.
    • La banca privada no tiene ni la más mínima intención, al menos hasta la fecha, de desarrollar productos financieros para nada que no sea promover vivienda libre en propiedad (crédito promotor e hipotecas a particulares). No se espera, al menos a corto plazo, que aparezca financiación para operaciones de alquiler asequible o rehabilitación de viviendas y regeneración de barrios, habida cuenta de su complicación técnico-social y, sobre todo, de los largos periodos de amortización de unas inversiones con rentabilidades moderadas-bajas.
    • Desde el punto de vista psico-social, el núcleo del sistema financiero español no tiene ningún incentivo para modificar su comportamiento (ganaron, ganan y ganarán mucho) y aspira a seguir privatizando beneficios y socializando pérdidas. Les fue bien. Les va bien. Y creen que les irá bien. ¿Por qué cambiar?
    • Y mientras no se hagan reformas estructurales en este campo (finanzas) no hay nada que hacer en materia de políticas públicas o mercados de vivienda sanos.

     LOS MERCADOS

    • El entramado de promoción inmobiliaria sigue en la UVI, sin respiración asistida, con pronóstico grave y sin apreciables síntomas de mejoría. El sector sigue perdiendo empleo, facturación y tejido empresarial, desangrándose constantemente, sin que ni la rehabilitación (teórica) ni la internacionalización (solo al alcance de los grandes o bien relacionados) sean suficientes para insuflar algo de vida en la caterva de zombis en la que se ha convertido el otrora pujante motor de la economía española.
    • Las empresas constructoras-inmobiliarias no participadas por grandes fondos de inversión se dividen en dos grupos: las que saben que van a morir pronto y las que ya están muertas y todavía no lo saben. Y el encefalograma sigue plano, sin ideas nuevas.
    • Las únicas posibilidades que se plantean para los constructores que pretendan prolongar la agonía pasan por acompañar a las entidades financieras en su purga de tóxicos.
    • Junto con esto, empiezan a alzar la voz los que afirman que, como los extranjeros ya compran gangas inmobiliarias en España, ya hemos tocado fondo y en poco tiempo los precios de la vivienda volverá a subir. Como quiera que el número de ventas y los precios de la vivienda dependen del empleo, los salarios, el crédito y los incentivos públicos, habida cuenta de cómo están en estos momentos estas cuatro variables, es claro que no vamos hacia un escenario generalizado de incremento de construcción, ventas y precios. Todo ello, sin perjuicio de los necesarios matices en un mercado que no es tal, sino la suma de muchos submercados locales.
    • Como todo no pueden ser cosas negativas, reseñaré que el Grupo de Trabajo para la Rehabilitación (GTR), un grupo de expertos y empresarios privados preocupados por la racionalización y europeización de nuestro país en materia de vivienda, trabajan a buen ritmo en la definición de un plan de acción de rehabilitación energética económicamente viable, imprescindible a largo plazo para asegurar la competitividad de nuestra economía. Un plan de acción que ahora es exigido por la nueva Directiva de Eficiencia Energética aprobada en 2012 por la UE para asegurar el cumplimiento de sus objetivos económicos y ambientales para 2020 y para el futuro. Bueno sería que haya más operadores privados y públicos trabajando en esta línea.
    • Más allá de nuestras fronteras tres temas pudieran ser relevantes en los próximos meses o años:
      • A nivel europeo, The Guardian ha publicado que un millón de hipotecas pueden saltar por los aires en el Reino Unido en cuanto suban los tipos de interés. Y supongo que España o el País Vasco no serán muy distintas en este asunto. Dado que la palabra desahucio se ha hecho bastante popular entre nosotros, no me extenderé sobre qué tipo de nueva oleada de dificultades económicas y exclusión social se puede producir en el caso de que el BCE cambie su política de tipos de interés en los próximos años.
      • A nivel latinoamericano, el fuerte keynesianismo de estado está consiguiendo mejorar los niveles de vida de amplias capas de la sociedad con empleo y una abanico cada vez más amplio de servicios públicos. Pero en materia de vivienda se está produciendo la paradoja de que cuanto más interventor es el estado en inversión, empleo, sanidad, educación, etc más inaccesible es la vivienda para las capas populares e incluso medias.
      • A nivel mundial el proceso de transferencia de trabajadores del sector industrial al de la construcción en China parar aliviar la ausencia de demanda exterior de productos. El resultado son 64 millones de viviendas vacías, mal localizadas y en segmentos de oferta inadecuados para la demanda, que constituyen una bomba de relojería para el equilibrio financiero y la estabilidad del crecimiento de su economía. Las consecuencias se harán sentir en todo el mundo. Y no me pondré muy dramático …

    LA JUDICATURA

    • Supongo que el tercer actor a citar en orden a su importancia deberían haber sido los partidos políticos y todas las leyes y planes que producen en su acción de gobierno.
    • Sin embargo, es justo reconocer que, en estos momentos, en España son los jueces los que, tirando de activismo judicial, están haciendo cosas de relevancia en la protección de los derechos fundamentales conectados al fenómenos de la vivienda.
    • Esto es bueno, pues implica que tenemos muchos jueces que se han leído la Constitución y los tratados internacionales de DDHH firmados por España y no se limitan a aplicar el derecho mercantil o civil al uso, obviando el resto del ordenamiento jurídico.
    • Pero también tiene su lado negativo, pues significa que la última ratio en la defensa de la parte más débil de la ciudadanía, en materia de vivienda, no está siendo ejercida por los políticos (representantes), sino por ciertos jueces que protegen a la población (representados) de políticos y lobbies financieros y mercantiles.
    • Comentario aparte merece el hecho de que en muchas ocasiones están siendo jueces europeos los que están teniendo que tratar de proteger a la ciudadanía española. Nos debería de dar vergüenza, pero parece que no nos la da en absoluto.

    LA POLÍTICA: NOVEDADES LEGISLATIVAS Y PLANES PUBLICOS

    • Vayamos con lo que mucha gente cree que es lo que marca la pauta y depende de la opinión ciudadana, pero que, al menos en materia de vivienda, ni verdaderamente manda ni tampoco escucha la voz de la calle.
    • No se están sentando las bases de nuevas políticas públicas de vivienda y las pocas cosas que teníamos de cierto interés se están silenciosamente laminando. No es que las políticas públicas de vivienda españolas fuesen un dechado de virtudes. Todo lo contrario. Pero los escasos presupuestos, pocos empleados públicos, contadas empresas públicas y rudimentarios instrumentos de intervención de los mercados y protoservicio público de vivienda se están perdiendo. Lo poco que se construyó en décadas corre el riesgo ahora de perderse.
    • Desde el punto de vista psico-social, los políticos y gestores públicos de vivienda se dividen hoy en los siguientes grupos:
      • Personas con miedo a los recortes y que, como es lógico, quieren preservar su status quo (competencias, empleo, etc).
      • Personas muy cómodas: como no se tiene presupuesto, se defiende que no se puede hacer nada y se vegeta entre legajos a la espera de mejores tiempos.
      • Personas con un proyecto liberalizador que, escudándose en la crisis, están socavando el aparato público en materia de vivienda.
      • Personas que, a pesar de la que está cayendo, quieren explorar nuevos instrumentos públicos en materia de vivienda para los nuevos tiempos de crisis-estafa y para lo que venga cuando estás cesen.
    • Respecto al Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas (RD 233/2013 de 5 de abril 2013-2016) decir que nace con buenas intenciones (quiere centrarse en alquiler, rehabilitación y regeneración) y sin dinero (de sus 2.400 millones de euros, solo 805 son para nuevas actuaciones; el resto financia actuaciones ya comprometidas en el pasado; lo que nos deja en un gasto estatal anual en políticas de vivienda del 0.02% del PIB, cuando en la UE los estados dignos de ser copiados están cerca del 20%). Y si hilamos más fino, veremos que solo un tercio de la teórica financiación del plan se va a dedicar a nuevas actuaciones de alquiler, rehabilitación y regeneración (poco más de 70 millones de euros al año). Si tenemos que medir el plan por lo hecho en el primer año (nada), la cosa se pone aún peor. Reseñable, por esperpéntica, es la retirada retroactiva de ayudas a actuaciones de vivienda protegida ya comprometidas en planes anteriores o el no pago de ayudas autonómicas a la vivienda como consecuencia del no pago del Estado a las CCAA de cantidades adeudadas. Y todo esto ocurre con un equipo al frente de vivienda en el Ministerio de Fomento formado, sensible y con ganas de hacer las cosas bien. Pero de donde no hay es imposible sacar.
    • En mi tierra, cosas bastante similares se pueden decir del Plan Director de Vivienda 2013-2016 apuesta por el alquiler y la rehabilitación urbana. Sin dinero y sin financiación es imposible hacer nada, salvo mover papeles y acabar de pagar actuaciones ya comprometidas en el pasado. Sea como fuere, es bueno saber que si hubiera dinero y financiación se haría menos vivienda en propiedad y más vivienda en alquiler. Y, de la misma manera, se construiría menos y se movilizaría más vivienda vacía hacia el alquiler asequible. Como en el caso ministerial, en Lakua el equipo es competente y sensible. Pero, de nuevo, de donde no hay no se puede sacar. Y como en Madrid, parece que todo el mundo se conforma con no despedir empleados y no fallar a las financiaciones ya comprometidas en el pasado.
    • No ha sido un año parco en nuevas normas. En teoría se han acometido reformas estructurales. Pero si rascamos un poco, quizás apreciemos más gatopardimos que reformismo.
    • La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social es la principal reforma de la ley hipotecaria, procesal hipotecaria y mercado hipotecario en muchos años. Acomete una serie de medidas de interés: aumenta los límites para beneficiarse del código de buenas prácticas, permite ciertas daciones para pago forzosas, límites en los intereses de demora, etc. Pero dada la situación de emergencia habitacional y matonismo financiero no creo que sea un adivino si afirmo que esta reforma no va a servir para reequilibrar la posición entre acreedor y deudor hipotecarios. Con el Gabinete Zapatero ya tuvimos una serie de parches cuasi inútiles. Y parece que con el Gabinete Rajoy seguiremos la senda. Hay miedo a atacar la posición del complejo financiero-inmobiliario. Mucha sumisión. Y muy poco interés reformista. De mirar a buenas prácticas europeas en la materia, ni hablamos.
    • La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas con sus luces (mediación, arbitraje, rehabilitación por renta, registro de morosos) y sombras (menor protección para el inquilino, como rebaja de 5 a 3 años, desaparición de tanteo y retracto forzosos, desaparición de indexación obligatoria al IPC, pago de indemnización al propietario y duración mínima de estancia en caso de resolución unilateral) está por ver qué efectos tendrá. Tengo pocas esperanzas en que ayude a vertebrar un mercado de vivienda en alquiler profesionalizado y con equilibrio entre empresas arrendadoras e inquilinos. Creo que el legislador ha tenido mucho más in mente al particular con una o dos viviendas para su alquiler que a las empresas con un parque al que sacarle un rendimiento empresarial. Sea como fuere, lo que no afrontar esta ley de fomento del alquiler es lo que más nos diferencia de muchos países de la UE que hacen bien las cosas en esta materia: nada se dice de los parques públicos de alquiler y menos aún de los parques cooperativos (entidades privadas sin ánimo de lucro que promueven el alquiler asequible con ayudas por parte de las Administraciones Públicas). Y si es dudoso que la ley dinamice lo que quiere dinamizar (mercado privado de alquiler), es claro que es imposible que dinamice lo que ni contempla (alquiler público y cooperativo privado asequible).
    • Mucho se ha hablado y seguiremos hablando de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, conocida como ya la  de las tres RRR y el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. De todas las modificaciones legislativas realizadas por las Cortes me parece que esta es la que puede dar más y mejores frutos en el futuro. Aunque cuestiones muy relevantes pueden llegar a lastrarla. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el propietario que no puede hacer frente a las cuotas de rehabilitación?; ¿dónde están los profesionales de la gestión integral de la rehabilitación y regeneración –que ni por asomo son solo arquitectos y abogados-?; ¿dónde está la financiación privada o pública para este tipo de operaciones?; ¿basta con mercantilizar las comunidades de propietarios –de la junta de compensación a la junta de rehabilitación- para mejorar nuestro tejido urbano?; ¿aprovecharemos la financiación de la UE para rehabilitación energética  de viviendas y edificios o será otro tren que se nos marche?
    • Aunque parezca que nada tiene que ver con los temas de vivienda, la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local será clave para las políticas públicas de vivienda. SI se produce un proceso de duro desapoderamiento de los Ayuntamientos y fuerte empoderamiento de las Diputaciones no solo van a sufrir las políticas sociales (como señala adecuadamente la mayor parte de la doctrina), sino que las políticas de vivienda, tanto en su vertiente más económica, como en la más social, se verán amenazadas por un problema no afrontada (la suficiencia financiera local) que, en modo alguno, se va a solucionar con una mayor mercantilización de las políticas públicas locales (Diputaciones Provinciales licitando grandes paquetes de servicios públicos para que sean gestionados por empresas privadas a su ventura y riesgo).
    • Aprovechando la confusión que toda crisis deja, algunos han iniciado una campaña contra las reservas de suelo para vivienda sometida a algún régimen de protección. Este instrumento sigue siendo necesario. Es más, su sistemática violación en algunas CCAA y su buena implantación en otras prueba su eficacia como regulador sistémico del mercado y como uno (no el único) de los instrumentos de política pública de vivienda de mayor calado. Tiene su aquel que los promotores privados que no consiguen vender sus caras viviendas razonen que la forma de salir de la crisis es elevar el precio de la vivienda pública (acabar con las reservas y las calificaciones), en vez de reducir el precio de la vivienda libre (vender o alquilar el stock de vivienda libre al precio que marque el actual mercado). Es, sin más, una burda intentona de obtener algún alivio transitorio, pero sobre todo de preparar mercado y estado para una futura nueva burbuja inmobiliaria. Lo muy preocupante es que parece que va a colar. Y no solo a nivel de la población en general (que tiene muy mala opinión de una vivienda protegida que desgraciadamente han visto poco y mal), sino también entre supuestos expertos e incluso entre notables progresistas. Es más, algunos incluso hablan “desprogramar” las reservas de suelo ya existentes, sin esperar a reformar las leyes a futuro. Suelen ser los mismos que ahora proponen que nuestras urbanizaciones y dotaciones públicas y privadas son demasiado buenas y que hay que abaratarlas para reanimar el mercado inmobiliario. Prefiero no calificarlo. Eso sí, espero que políticos y funcionarios con una mínima sensibilidad reflexionen sobre qué ciudades le quieren legar a sus hijos, nietos, etc.
    • Algo dirá de todo esto la futura ley de vivienda vasca pactada por PSE y PNV y que lleva ya muchos meses tramitándose en el Parlamento Vasco en medio de un atronador silencio.
    • Por cierto, mientras aquí nos damos al gatopardismo burbujil, en la UE, por primera vez, se ha aprobado un informe sobre la vivienda social como un bien a preservar de la lógica del mercado. Lo ha dirigido la europarlamentaria Karima Delli. Es de la máxima importancia y trascendencia. Y aquí en España los medios y los políticos, salvo excepciones, ni se han enterado. Quizás tenga que ver en ello que nuestros eurodiputados también estuvieran ausentes (todos menos uno),  no solo del debate, sino incluso de la votación por la que se aprobó. No quisiera ser quisquilloso, pero yo diría que España tiene un problema con la vivienda y que lo que la UE decida sobre la materia es de relevancia para nosotros y nuestros eurodiputados deberían estar al quite.
    • Acabo con dos cuestiones que me han parecido rayos de esperanza en medio de la fuerte tempestad. En primer lugar, la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda del Parlamento de Andalucía (precedida por el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, del mismo nombre) supone un intento de aggiornamento para tratar de ponernos al nivel de los países líderes en cohesión socio-urbana en la UE. Estos consideran la vivienda vacía y el sinhogarismo como dos patologías socio-urbanas que deben atajarse desde el estado. En este sentido, que a un propietario de vivienda vacía (en el caso andaluz, empresas y bancos) se le ofrezcan primero ayudas públicas para rehabilitar y poner en alquiler viviendas de su propiedad, para más tarde ofrecerle garantías públicas en el curso de la relación arrendaticia y, en el caso de que los anteriores mecanismos no lleven al uso de la vivienda, se le impongan sanciones económicas, llegando al alquiler forzoso, no debería llamarnos la atención. Esto está a la orden del día en la UE. Es más, las ventas forzosas o expropiaciones y los derribos (en el caso de edificios completos vacíos en los que la propiedad manifiestamente no cumple con su obligación de conservar la cosa) son algo frecuente en las legislaciones europeas. Sea como fuere, que los legisladores autonómicos empiecen a establecer que la propiedad comporta derechos, pero también obligaciones y no solo en el caso del suelo, sino también de la vivienda es positivo. Y que nuestra sociedad se dote de instrumentos ante la evidencia de millones de viviendas vacías y millones de personas sin vivienda adecuada es de mero sentido común. Todo ello, sin menoscabo de las garantías procesales debidas y de la evidencia de que es mejor la peor de las colaboraciones público-privada que el mejor de los conflictos entre ambos contendientes. Por cierto, tanto el Decreto como la Ley andaluza está recurridas por el PP ante el TC (ese mismo que preside un confeso militante suyo).
    • Y cierro este largo capítulo dedicado a los políticos y la vivienda con la iniciativa del alcalde de Terrassa de penalizar los bancos con pisos vacíos, que no podemos calificar como meramente testimonial, habida cuenta de que los expedientes abiertos superan ya los más de 700. Todo lo que se haga a nivel de CCAA bienvenido será y tendrá fuerza de ley. Pero todo lo que se haga a nivel local, además de positivo para el reequilibrio de las posiciones entre banca y ciudadanía, tendrá además fuerza de sustrato cultural. Y eso, puede que sea más importante a medio y largo plazo que muchas leyes. Dicho de otro modo, o nos salva la democracia local o no nos salva nadie ni nada en este tema.

    LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

    • Por lo que a las AAPP en sentido estricto (maquinaria administrativa, más alla de los políticos), éstas, en términos generales, no han resuelto, ni han intentado si quiera, paliar la dura situación presente.
    • Todos conocemos casos de despidos, ventas de suelo a precio de saldo, ventas de parque público de alquiler a fondos de inversión, liquidación de sociedades públicas y recortes presupuestarios a discreción.
    • Pero lo que más llama la atención, si bien se mira, es que como dicen muchos de los expertos en materia de políticas públicas de vivienda lo que más sorprende en España es la casi total ausencia de las mismas cuando más se necesitan.
    • España necesita un parque de vivienda en alquiler asequible (por favor no confundir con solo alquiler social) y cuando tiene a tiro una oportunidad perfecta (FROB, MEDE y SAREB) la malbarata de forma estrepitosa. En el caso particular de la SAREB todos sus responsables hacen profesión pública de fe en relación a que la misma nada tiene que ver con la política de vivienda y que se limita al salvamento público de la banca privada.
    • Muchos funcionarios de alto nivel especializados en vivienda dicen a quien quiera escucharlo que nada se puede hacer cuando no se tiene presupuesto. Y si bien es inapelable tal aserto, uno cree que, más allá de la oportunidad perdida del SAREC, muchas CCAA y ayuntamientos saneados deberían estar ensayando ahora los proyectos piloto de las futuras y necesarias nuevas políticas públicas de vivienda. Pero, según parece, ni para pilotos hay dinero y ganas, salvo algunas honrosas, pero escasas excepciones.
    • Pero no es solo que no se construyan nuevos instrumentos, técnicas y parques. Es que lo poco que tenemos se está malvendiendo. Especialmente lacerante en la ya comentada venta del escasísimo patrimonio público de vivienda pública en alquiler.  Son tantas las CCAA y ayuntamientos que se han lanzado a vender parque público de alquiler a toda suerte de fondos de inversión que no merece la pena listarlas.
    • Y otro tanto se puede decir de la disolución de sociedades públicas locales de suelo y vivienda, pretextando su insostenibilidad, y procediendo a regalar sus activos a operadores de mercado que no los aceptan como mercancía averiada, sino como activos de calidad que les harán ganar beneficios.
    • Llama la atención que, así como las ventas de parque público de alquiler a fondos de inversión si están teniendo contestación por parte de la ciudadanía y son seguidas por la prensa, la liquidación de sociedades públicas locales de vivienda se está realizando en silencio y sin contestación mediática, política o pública. Esta es una miopía que pagaremos en el futuro.
    • En otro orden de cosas, sigue sorprendiendo la falta de evaluación de las políticas públicas en general y también de las de vivienda. Una falta de evaluación que condiciona las decisiones que se toman en el ámbito político y administrativo, por lo que se ve más atentos a lo que dictan los mercados financieros y de promoción que al estudio del resultado neto de los propios planes de vivienda públicos.
    • Por último, me preocupa la definición del servicio público en general y también en materia de vivienda. ¿Es servicio público aquel que se ofrece de manera universal y con criterios de equidad a todos los ciudadanos o solo lo es el que gestiona un funcionario? He escrito bastante sobre esto este año en mi blog, así que a ello me remito.
    • Acabo con una nota positiva. Además de que entre empleados públicos especializados en vivienda ya se habla con normalidad de alquiler, rehabilitación y regeneración urbana (cuestiones hace unos años propias de excelsa minorías), se abre camino el concepto de cooperativas de alquiler de vivienda. Estamos hablando de una forma de colaboración público (suelo, asistencia técnica, ayudas, bonificaciones, etc) – privada (cooperativistas que ponen su dinero y tiempo) que debería poder dar en España parte de los buenos frutos que ya ha dado en muchos países de la UE. La especificidad reside en que los cooperativistas son propietarios de uno o varios edificios en su conjunto (pero no de ninguna de sus partes en concreto) e inquilinos de una vivienda, pudiendo haber o no servicios comunes. Cuando ya hay un uso más intenso de espacios, recursos y tiempos en común se suelo hablar de cohousing. Tiempo de pilotos.

     LA CIUDADANIA 

    • Respecto a la ciudadanía, decir que, junto con los jueces, creo que son los únicos que merecen un aprobado con nota.
    • La PAH, las mareas, las corralas y otras ocupaciones y todo tipo de grupos cívicos que han conseguido en 2013 cosas tales como:
      • El ridículo político más espantoso del PP al desfigurar la ILP promovida por este movimiento social que, conviene recordarlo, no solo hablaba de moratoria de desahucios en la actual coyuntura, sino que pedía equilibrio de armas legales entre banca y ciudadanía y la creación de un parque público suficiente de vivienda digna en alquiler asequible. Algo que más del 90% de la población apoyamos y a lo que las Cortes fueron insensibles.
      • La sentencia del TJUE declarando que la legislación del Estado español en materia hipotecaria vulnera los derechos de las personas consumidoras.
      • La suspensión cautelar sobre el desalojo del Bloc Salt dictada por el TEDH de Estrasburgo, por marcar un precedente respecto a la prohibición de desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
      • El hecho de que la PAH forzara, entre otros, a CaixaBank a negociar 5 alquileres sociales para las 5 familias realojadas en un bloque recuperado en Manresa por la Obra Social de la PAH.
      • La sentencia del juzgado de Collado Villalba que declaró abusivo la no inclusión de la dación en pago en una hipoteca.
      • Los muchos bloques recuperados por la PAH y colectivos vivienda en todo el Estado y el cambio que ello está generando en el imaginario colectivo, la vivienda como un derecho por encima de la especulación.
      • La presentación del recurso de inconstitucionalidad por el PSOE elaborado por la PAH contra la Ley 1/2013
      • Y el alumbramiento de dos mantras políticos que no hay que dejar de gritar: “las personas primero” y “si se puede”.
    • Y reitero la mención que más arriba he hecho a las cooperativas de vivienda en alquiler y al cohousing, algo que las AAPP no están considerando motu proprio, sino por sugerencia de la ciudadanía y sus movimiento sociales

     LA ACADEMIA

    • No está ni se la espera. En España no hay grupos universitarios de estudios multidisciplinar del fenómeno de la vivienda, como los que hay en otros lugares de la UE, con capacidad de ayudar a estado, mercado y movimientos sociales a cumplir con sus roles.
    • Aunque hay casi más especialistas en vivienda fuera que dentro de la universidad, citaré dos ejemplos que dan cierta esperanza: la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza y la Rovira i Virgili de Tarragona (en formación) tienen sendas cátedras especializadas en vivienda. Oasis en medio del desierto.

    Como se puede ver el 2013 dista mucho de haber sido bueno para el derecho a la vivienda, así como para el mercado o las políticas públicas del ramo. Es más, ha sido un duro año más de los muchos de crisis-estafa. Y además, hay que apuntar que el establishment se prepara para "curar" la burbuja inmobiliaria con otra nueva burbuja del mismo tipo. Frente a esto hoy solo están los movimientos sociales y la judicatura. A pesar de las extremas dificultades por las que atraviesan las Administraciones, es tiempo para hacer pilotos de las políticas públicas y colaboraciones público-privadas que la sociedad están demandando en materia residencial (combinar el alquiler y lo cooperativo es una de ellas). También es tiempo de apoyar a los pocos políticos, empleados públicos y periodistas que hacen con responsabilidad su trabajo en materia de vivienda. Y como llevo años diciendo, es tiempo de RE (rehabilitar, regenerar, reutilizar, etc).

    A ver si me equivoco en los malos augurios citados y acierto en las buenas prácticas emergentes reseñadas ...


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  • LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN de Christian Felber

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    Acabo de terminar de leer LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN de Christian Felber. Un libro que me parece que aporta elementos de reflexión orientada a la praxis muy interesantes para la reforma de la economía, la política y la sociedad a nivel global en el siglo XXI.

    Creo, no lo oculto, que la ambición holítistica de este libro y del movimiento económico, político y social que lo sustenta (EBC) peca en no pocos casos de cierta candidez estratégica y táctica. Lo que se propone en esta obra (superar las externalidades del capitalismo financiero desregulado y del comunismo tal y como se conoció en la URSS, a través de un verdadero humanismo económico cooperativo) es, a buen seguro, suscribible por más de cuatro quintas partes de la humanidad, pero constituye un proyecto neta y estructuralmente transformador con unos (pocos) enemigos (muy) poderosos.

    Sea como fuere, dado el carácter eminentemente práctico de la EBC (sirva de ejemplo su matriz para evaluar empresas), siempre cabe la posibilidad de ir dando pequeños pasos, primero individuales, después grupales, más tarde locales y siempre gradualmente incrementables, sin necesidad de una implantación sistémica, unívoca y simultánea. Si es viral, quizás crezca hasta ser sistémico. Si se aspira primero a lograr masa crítica suficiente en algún lugar del planeta, le auguro peor futuro.

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    En cualquier caso, sirva como ilustración del calado de las propuestas el siguiente resumen de 20 puntos elaborado por el propio movimiento de la EBC (ampliado aquí por el propio Felber):

      1. La Economía del Bien Común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones.
      2. El marco legal económico experimenta un giro radical, cambiando las reglas del juego de afán de lucro y competencia por cooperación y contribución al bien común
      3. El éxito económico no es medido por indicadores monetarios como el beneficio financiero o el PIB, sino con el balance del bien común (a nivel de empresas) y el producto del bien común (a nivel de sistema).
      4. Las empresas con buenos balances del bien común disfrutarán de ventajas legales.
      5. El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero pasa de ser fin a ser medio.
      6. El crecimiento económico deja de ser un fin. Como el beneficio financiero es ahora un medio, las empresas pueden elegir su tamaño óptimo.
      7. Existiendo la posibilidad de aspirar sin miedo al tamaño óptimo, habrá muchas empresas pequeñas en todas las ramas. Como no tienen que crecer más, les será más fácil cooperar y practicar la solidaridad.
      8. Las diferencias de ingresos y patrimonios serán limitadas: ingresos máximos de, por ejemplo, 20 veces el salario mínimo. Los márgenes exactos deberán ser definidos democráticamente en una asamblea económica.
      9. En grandes empresas a partir de un elevado número de empleados los derechos de decisión y propiedad pasan parcial y progresivamente a los empleados y ciudadanos.
      10. Esto es igualmente válido para los bienes democráticos: instituciones económicas públicas en campos de enseñanza, salud, acción social, movilidad, energía o comunicación.
      11. Un bien democrático importante es el banco democrático. Los mercados financieros en la forma actual ya no existen.
      12. Siguiendo la propuesta de John Maynard Keynes del 1944, se establece una cooperación monetaria global. En la ONU se inicia una zona de comercio justo.
      13. A la naturaleza se le concede un valor propio por lo cual no puede transformarse en propiedad privada. Los derechos de la naturaleza serán recogidos en la Constitución.
      14. Un nuevo objetivo será la reducción de la huella ecológica de personas privadas, empresas y naciones, hacia un nivel globalmente sostenible y justo.
      15. El horario de trabajo retribuido se verá reducido escalonadamente hacia la cifra, pactada por mayoría, de alrededor de 30 horas semanales.
      16. Cada décimo año en la profesión da derecho a un “año sabático” que será financiado a través de un salario mínimo incondicional.
      17. La democracia representativa será complementada por la democracia directa y la democracia participativa.
      18. Aparte de la asamblea económica del bien común puede haber otras convenciones para profundizar en la democracia: asamblea para la educación, medios de comunicación y para el desarrollo de la democracia.
      19. Para afianzar en los niños los valores de la economía del bien común y poderlos practicar, se introducirán nuevos contenidos en la enseñanza, como emocionología, ética, comunicación, educación democrática, experiencia de la naturaleza y sensibilización corporal.
      20. Debido a que en la Economía del Bien Común, el éxito empresarial posee un significado muy diferente al que actualmente recibe, las personas más responsables y socialmente competentes, los más empáticos y sensibles serán el ejemplo a seguir.

    El nudo gordiano de este conjunto de propuestas es pasar, en economía, de la COMPETENCIA (disfuncional) a la COOPERACION (funcional), lo que implica pasar del ánimo de lucro (hoy muy escorado hacia el máximo beneficio de tipo financiero en el periodo de tiempo más corto posible) como motor de la economía, a la satisfacción integral de las necesidades humanas (no como desideratum ético, sino como objetivo económico factible).

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    Para que nos hagamos una idea de que estamos hablando, uno de los ejemplos prácticos más frecuentemente citados por la EBC es la larga y exitosa experiencia de MCC (el cooperativismo económico y financiero que del valle de Modragón se ha extendido a Euskadi, España y el mundo en su conjunto). En mi entorno es bastante conocido que MCC es un conglomerado de casi 300 empresas, con más de 80.000 trabajadores, un capital de casi 4.000 millones de euros en manos de sus decenas de miles de socios cooperativistas que se las arregla para gestionar unos activos por valor de casi 33.000 millones de euros, que factura más de 14.000 millones de euros en todo el planeta y que reinvierte todos sus beneficios en salarios, formación, creación de nuevas empresas e I+D+i. En mi entorno es bastante conocido que MCC es economía pura (industria, distribución, conocimiento y finanzas), pero a la vez, humanismo puro (mutualismo). Pero fuera del entorno vasco o español el cooperativismo de MCC es menos conocido por el público general. Y quizás exponer como buena práctica de EBC a MCC puede ayudar a la caracterización de iniciativas 100% económicas (mercantiles) y, a la vez, 100% humanistas (orientadas a la satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras).

    El libro de C.Felber me ha resultado muy sugerente al aportar una serie de propuestas que engarzadas tienen la capacidad de generar un nuevo modelo económico, social y político haciendo una suerte de máximo común denominador de las mejores teorías y prácticas que la humanidad ha dado a luz en las pasadas centurias. A mi, por ejemplo, me resulta de mucho interés la defensa de la EBC de cosas tales como:

    • La limitación de los salarios: el mayor no puede superar las 20 veces del menor (debiendo el menor poder garantizar una vida digna -vg. con 1.200 euros mensuales en la zona euro-).
    • La limitación de la riqueza que pueda acumular cada persona: no más de 10 millones de euros (el resto financiará la dote democrática de la que ahora hablaremos)
    • La limitación (casi abolición) de la herencia a 500.000 euros, para permitir heredar viviendas familiares y bienes con significado afectivo (el resto también financiará la dote democrática)
    • Igual en el acceso al capital en el principio de nuestra vida adulta, a través de una cantidad de dinero que recibiría cada adulto (la dote democrática que se nutre de las herencias y las fortunas excesivas) y con la que cada persona puede decidir libremente trabajar por cuenta ajena, crear una nueva empresa o integrarse en una ya existente.
    • La desaparición de los dividendos empresariales tal y como los conocemos, en la medida que más empresas se adscribieran a la EBC y dedicaran sus beneficios (estos no tienen porque desaparecer) a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, la creación de nuevas empresas y de nuevo empleo.
    • El aumento de los trabajadores que acceden al capital y al poder de decisión en las empresas, a través del incremento de los socios capitalistas de las mismas, así como del aumento de las empresas cooperativas en las que todos los trabajadores son a la vez empresarios. 
    • La desaparición de las compras de empresas por otras y la sustitución de la competencia, la búsqueda del mayor tamaño (y más tarde de los privilegios de los oligopolios) y el productivismo, por la cooperación entre empresas en la búsqueda de sinergias productivas y mejoras en las condiciones de vida de trabajadores y consumidores de las empresas cooperantes.
    • Una progresiva reducción del tiempo de trabajo (30 horas semanales y una año sabático de cada diez con sueldo completo) para reenfocar el binomio producción-vida y para repartir entre todos el trabajo necesario para satisfacer las necesidades humanas de forma que se garantice la dignidad humana de forma general.
    • El cambio radical en la política de incentivos del Estado, de forma que, al favorecer a las empresas de la EBC, estas vayan creciendo en número y las empresas al uso desapareciendo.
    • La desfinanciarización de la economía (gestionada para satisfacer necesidades humanas y no beneficios financieros muy elevados de solo unos pocos) y al desmercantilización de las finanzas (banca ética).
    • Una nueva concepción de los servicios públicos que no son propiedad del aparato administrativo-burocrático, sino de la ciudadanía. Lo cual solo se puede garantizar con una ciudadanía muy activa que participe de forma efectiva en la gestión diaria de dichos bienes comunales estratégicos (combinando gestión ciudadana directa-asamblearia con gestión ciudadana indirecta-representativa). No me ha quedado claro si esto excluye o no la cogestión con el aparato burocrático ahora existente.
    • Una nueva democracia con una ciudadanía activa que no solo vota partidos que eligen gobierno que hacen leyes, sino que también cesa gobiernos (moción de censura ciudadana y no solo parlamentaria), deroga leyes además de proponerlas (iniciativa legislativa popular para proponer/derogar leyes de forma refrendaria por encima del poder del parlamento) y modifica la Constitución (estatal o europea) pues por encima del poder del pueblo soberano no debe haber nada (y mucho menos una maraña de lobbies mercantiles que controlan fuertemente los partidos políticos con alguna opción de gobierno). 
    • Una nueva educación, centrada en las necesidades de personas, comunidades y medio ambiente, en consonancia con todo lo defendido en su conjunto por la EBC.
    • Y un nuevo tipo de liderazgo, que no tiene porque se individual o personalista, y que atiende sobre todo a la empatía y al sensibilidad.

    A mi todo esto me ha interesado mucho. En primer lugar, como ser humano. También como abogado-economista. De la misma manera, como ex político y ex gestor público. Y dada mi actual condición de empresarios me ha supuesto hacerme no pocas preguntas sobre mi empresa, Urbania ZH Gestión, y el contexto cooperativo en el que está insertado, la Red Zahoz. Sin saberlo, somos una empresa y una red bastante alineada con los principios de la EBC. Lo cual demuestra que éste es un movimiento que parte de las ganas tremendas que mucha gente tenemos de hacer las cosas en materia laboral, profesional y mercantil de una manera diferente a la única que propugna el capitalismo neoliberal desregulado y financiero: matar para no morir.

    Aunque pueda parecer paradójico no creo el capitalismo vaya a ser el principal enemigo de la EBC. Más bien creo que los principales desafíos vendrán del "fuego amigo" de socialistas, ecologistas, decrecionistas, feministas y otros movimientos emancipatorios que en estos momentos forman parte o del status quo o del imaginario colectivo utópico al uso. A modo de mero enunciado (e ignorando a priori la respuesta), ¿están PSOE, IU, ICV, ERC, Bildu, BNG, Anova, Chunta, Compromís, Geroa Bai, etc preparados para la EBC? ¿Y los sindicatos de clase? ¿Y las Administraciones públicas? ¿Y el propio movimiento cooperativo al uso? Espero equivocarme, pero como otras veces, puede que el capitalismo neoliberal desregulado y financiero decida que la mejor manera de impedir el crecimiento de la EBC (y afines) es dejar que las variadas izquierdas debatan sobre ello.

    Quizás por ello, a mi me parece que puede ser una buena cosa construir EBC, pero sin decirlo. No se trata de ocultarlo. Pero, por poner un par de ejemplos, creo que es más importante que la propiedad de una empresa vaya poco a poco integrando a los trabajadores en ella o que se extienda la práctica de no repartir dividendos y reinvertir en la propia empresa que conseguir la certificación en EBC de una empresa para poder ponerlo en la papeles, sobres, tarjetas y webs corporativas.

    Cierro con una idea que he comentado muchas veces con gente con la que trabajo o con la que me gustaría trabajar: nos iría a todos (salvo una parte minúscula de la población) mucho mejor si nuestra economía se compusiera de tres tercios. A saber: uno estatal (aunque reformando lo público para mejorar su gestión y garantizar su supervivencia), otro mercantil con ánimo de lucro (aunque con severos controles regulatorios en relación a comportamientos empresariales que se han revelado como letales para la población y el medio ambiente) y el tercio final mercantil sin ánimo de lucro (en la línea de la EBC-MCC, de cosas ya comentadas en este blog -proveedores de las administraciones con ánimo de lucro tasado y cooperativización profesionalizada de servicios públicos- o de terceras iniciativas muy en línea de las dos anteriores, como puede ser Ner Group).

    Tengo la sensación de que volveré a leer y consultar este libro varias veces. Y creo que muchos en nuestras empresas también vamos a hacerlo. Ojalá seamos legión. Aunque, eso si, va a hacer falta algo más que buenismo para una transición a la EBC.

     

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  • ¿QUE ES PRIVATIZAR Y COMO AYUDAR DESDE LO PROFESIONAL A LO PUBLICO?

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    En los últimos años, como consecuencia de los recortes impuestos por el FMI y la UE, se habla mucho de privatizaciones entres nosotros. En las ultimas semanas, como consecuencia de huelgas en servicios públicos profundamente dañados por las condiciones de algunas nuevas licitaciones públicas, se habla aún más de tema.

    El discurso político dominante establece que privado es más barato y eficiente y público lo contrario. La evidencia científica apunta a que hay formas de gestión públicas y privadas eficientes e ineficientes, estando más la clave en el liderazgo y la motivación del personal que en la forma jurídica. A muchos les sorprende, pero en ciertos servicios públicos lo privado es caro/baja calidad y lo público barato/de calidad. Los medios hacen referencia a estos ejemplos de gestión pública virtuosa en términos de "noticia", cuando no debería serlo. De hecho, la situación actual de muchos de nuestros vecinos de la UE apunta más a procesos de republificación de ámbitos esenciales de la economía y la sociedad (sanidad en el RU, agua en Alemania, etc) que a la privatización. Algunos (por cierto, los más listos de la clase) vuelven de las privatizaciones, cuando nosotros aún estamos yendo. 

    Sea como fuere y sin ánimo de ser exhaustivos, creemos que sería conveniente aclarar terminológicamente un poco el debate. Ciertos sectores sociales y políticos llaman privatización a procesos que no lo son y ciertas prácticas de las Administraciones nadie las considera privatizadoras aunque puede que lo sean.

    Pero no nos quedaremos solo en la crítica de lo existente. Pues también propondremos algunos instrumentos (GIPP, APT, ANIP, etc) que pueden ser de interés para el fortalecimiento y modernización de lo público en un contexto como el actual.

    Empezaremos por una disección analítica de lo que para nosotros es un proyecto público. Si la propiedad es pública (lo que implica asunción de riesgo), si el control estratégico es público (lo cual significa determinar el que, para quien, como, cuando, etc), si la ciudadanía accede a los beneficios de ese proyecto en función de su estatus ciudadano (y no de su renta) y si los beneficios/pérdidas que se puedan producir son públicos (partiendo siempre del principio máximo rendimiento con el mínimo coste), a nuestros juicio estamos ante un proyecto púbico y no privado. Para nosotros la clave de bóveda del sistema es el servicio al público (por eso les llamamos servicios públicos, porque son para atender al público) y la segunda derivada es el control público estratégico (lo que implica poner a disposición de la ciudadanía una cartera de servicios a los que se accede no en función de la renta, así como disfrutar de los beneficios económicos de los proyectos públicos que son rentables y asumir las pérdidas monetarias de los servicios públicos que son deficitarios).

    Como se verá, en nuestra definición de público no aparece para nada el estatus jurídico de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas. Pues bien, la mayor parte de la gente entiende que un servicio público está o no privatizado en función de si lo atienden empleados públicos o si lo atienden otro tipo de personal. Para nosotros esto es un error. Es más, algunos sectores sociales y políticos entienden que siempre que haya empleados/profesionales privados o empresas privadas trabajando para la Administración el servicio ya se ha privatizado. Nosotros entendemos que no se puede deformar de esa manera la recta visión de lo público.

    Para nosotros, como ya hemos dicho, la clave de los servicios públicos es el servicio al público y no quien lo presta, siempre y cuando se garantice que quien trabaja para la administración no tienen ánimo de lucro o el mismo está tasado y solo atiende la razonable retribución del trabajo, financiación y gerencia, siendo el excedente siempre público (insistiremos en esto al final de este post).

    De todo lo anterior se deduce que no compartamos llamar privatización a procesos que son, en sentido estricto, "desfuncionarización" y/o profesionalización. Ponemos un ejemplo. Para nosotros no es privado, sino público el siguiente escenario: una empresa pública, de capital 100% público, con una agenda estratégica pública y un férreo control por parte de la Administración sobre que se hace, para quien se hace y como se hace, pero sin personal público, gestionada por una empresa que (previa licitación) provee (temporal y reversiblemente) de personal, gerencia y financiación, que cobra en función de objetivos (máximo rendimiento con el mínimo coste) con el fin de retribuir dignamente a los factores productivos y que, en el caso de haberlos, los beneficios (excedentes, plusvalías, etc) se los entrega a la matriz pública. Para muchos, al no haber empleados públicos esto es un proceso de privatización. Para nosotros, no.

    También se de deduce de todo lo anterior que ciertas cosas que nadie llama privatización son, sin duda, procesos privatizadores. Ponemos otro ejemplo. En los años de abundancia presupuestaria era muy frecuente ver a un grupo de empleados públicos de alta cualificación encargar a empresas privadas hacer el trabajo que ellos mismos podían hacer (al menos parcialmente). Hoy la crisis ha reducido esta práctica. Pues bien, cuando esa práctica se mantiene durante años, a veces, no siempre, se da la circunstancia de que ningún funcionario de alto nivel es capaz de saber cual es el coste de producción del trabajo que han encargado en el mercado. Y como consecuencia de ello, no saben si las empresas le están cobrando (al contribuyente, no a ellos) un precio razonable, alto o delirantemente inflado. Pero en estos casos no solo se puede dar un lucro privado injustificado, sino que además hay una transferencia de capacidad de pensamiento, desarrollo y control estratégico de lo público a lo privado. La función largo tiempo contratada en el mercado y nunca supervisada está mucho más en manos de la cadena de proveedores privados que de la propia Administración. Nosotros no hemos visto que en medios sindicales, políticos o periodísticos a esto se le llame privatización, cuando lo es.

    Y acabamos con los instrumentos que pueden servir para fortalecer y modernizar lo público en un contexto como el actual. No solo queremos hacer disección terminológica o crítica a la praxis de otros. Es más, consideramos que quien no aporte soluciones además de críticas no está cumpliendo con su papel en la Administración, la política, la academia, los medios o el mercado. 

    Por eso, nosotros aportamos técnicas tales como el Gestor Integral de Proyectos Públicos (GIPP), la Empresa Pública Total (EPT) o la Activación de Nuevos Ingresos Públicos (ANIP) en otros posts y a ellos nos remitimos. También hemos hablado de otras posibilidades de licitación que tienen las Administraciones que no privatizan, sino que republifican: animo de lucro tasado y cooperativización profesionalizada (ALT-CP).

    privatización,republificación,servicio público,animo de lucro,control estratégico,funcionarios,empleados públicos

    Estos cuatro conjuntos de herramientas, que implican que profesionales y empresas privadas, cooperativas y entidades del tercer sector trabajan con la Administración y para el contribuyente, no son técnicas que debiliten lo público (privatizar), sino que lo revitalizan republificar).

    Animamos a quien lea estas líneas a pensar en como funcionarían estas técnicas en contextos (hoy, por desgracia, muy presentes en los medios de comunicación) en los que los servicios públicos se han licitado por debajo de su coste y de forma inmediata aparecen bajadas de calidad en el servicio al público, marginación de los usuarios con menos poder adquisitivo, despidos, recortes de salarios, precarización, huelgas, etc. GIPP, EPT, ANIP y ALT-CP son buenas salidas para proyectos y servicios públicos en los que hay que erradicar el lucro privado, sin renunciar a la máxima profesionalización y a la dignidad de los trabajadores, en un contexto de restricción presupuestaria, amenaza de privatización pura y dura y necesidad de nuevos pactos entre Administración-Trabajo-Ciudadanía-Mercado.

    Y finalmente, apuntamos que todas estas técnicas no son hallazgos de laboratorio, sino proyectos que están ya en marcha entre nosotros en todo tipo de Administraciones. El futuro ya está aquí y no tiene porque ser forzosamente la involución. Frente a la privatización en sentido estricto, debemos darle una oportunidad a las buenas y necesarias republificaciones.

     

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  • DEL URBANISMO A LA (CIUDAD)+(ANIA): JORNADAS DE LA CIUDAD VIVA Y LA JUNTA DE ANDALUCIA

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    Páginas-desde0000del-urbanismo-a-la-ciudadania-programa-A4.jpg

    Esta semana he tenido la suerte de estar en Sevilla para tomar parte en las Jornadas organizadas por La Ciiudad Viva y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía denominadas "Del urbanismo a la CiudadANIA" (se pueden seguir con cierto detalle el transcurso de las jornadas en el hashtag #JornadasLCV y en breve se colgarán los vídeos de las intervención en la web de LCV).

    La tesis central de las tres jornadas de trabajo es que, después de casi dos décadas de urbanismo para las empresas privadas y de espaldas a las necesidades ciudadanas, ha llegado el momento de que el urbanismo, con nuevas técnicas e instrumentos, se oriente verdaderamente al objeto al que siempre debió haber servido: la gente y sus necesidades básicas en la trama urbanizada. Hemos hecho nuestras calles y equipamientos (lo que los expertos llaman espacio público) para pasar rápido por ellos consumiendo y no para quedarnos, usarlos, encontrarnos, intercambiar, crear, comerciar, etc. Y a la vez, hemos hecho nuestras nuevas viviendas (lo que los expertos llaman parque de vivienda) al calor de las necesidades de la industria del ladrillo y las hipotecas, pero sin tener demasiado en cuenta las necesidades de la personas y las familias. Todo esto ha supuesto especulación sobre todo privada, burbujas, quiebras privadas y rescates siempre públicos. Pero también la producción un de tejido urbano disfuncional desde el punto de vista social, medioambiental e incluso económico.

    Las jornadas han pretendido aportar soluciones prácticas, nuevas técnicas y novedosas alianzas a la situación en la que ahora nos encontramos. No pretendo ser exhaustivo, pero yo me he apuntado como de interés los siguientes conceptos, pensamientos, alianzas y procesos:

    JOSE FARIÑA (Profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad Politécnica de Madrid). 

    • Lo urbano se ha uniformado, como consecuencia de que las ciudades producidas por los mismos complejos empresariales/culturales son idénticas.
    • Las ciudades complejas son resistentes y fructíferas. Pero el poder económico y político prefiere la uniformidad/sencillez que permite mayor control socio-político. ¿Es consciente la ciudadanía de esto? ¿Esta dispuesta a luchar por mayores cotas de complejidad/pluralidad urbana? Lo cual, por cierto, arranca por la defensa de las formas de vida locales, sin por ello rechazar los aportes del cosmopolitismo.
    • El espacio público debería ser lugar de encuentro, intercambio, fiesta, conflicto e identidad. Hoy solo es lugar de paso y de consumo.
    • Los lugares físicos de encuentro para gente con intereses/reivindicaciones comunes que se han conocido en redes sociales son simiente de una nueva ciudadanía.
    • Las ciudades cueva, ciudades muro, ciudades corredor ... son pura inhumanidad de la que no va a ser fácil salir con bien.
    • Pero el proyecto neoliberal (convertir a la ciudad y a los ciudadanos en meras mercancías), a pesar de lo que pueda parecer, está muerto. Es ya un zombi.
    • De hecho, estamos ya ensayando bases de nuevo orden urbano = PROXIMIDAD + DESMERCANTILIZACION + COOPERACION.

    GAIA REDAELLI (DG Rehabilitación y Arquitectura de la Junta de Andalucía)

    • (RE)activación ciudad = vivienda + espacio + equipamientos públicos. Y todo ello hay que casarlo con la dialéctica sociedad civil - estado - mercado.
    • Construir/especular/comprar/no usar vs. rehabilitar/usar/alquilar, en un horizonte 20/20/20. He ahí la cuestión.
    • Rehabilitar: empleo en proximidad en unión virtuosa con Administración + Vecinos + Pymes (para evitar las cadenas de subcontratas esclavizantes).
    • Hay que pasar de la lógica de las subvenciones hasta que se acabe el presupuesto público sin diferenciar la calidad de los proyectos, a los INCENTIVOS PUBLICOS (fiscales, económicos, técnicos, etc) a los mejores proyectos de ALIANZA entre ciudadanos activos en sus BARRIOS y PYMES locales. 
    • No disponemos de gestores profesionales del cambio urbano. (lo que en occidente se llama Urban Development and Management experts). Y son unos actores clave que habrá que buscar en el campo de la interdisciplinariedad y la hibridación.

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    MESA 1: Estonoesunsolar, El Campo de la Cebada, Tramallol, La Ciudad Amable, Ciudad Crea Ciudad (PKMN) y La Revuelta.

    • La participación para reutilizar espacios desdeñados por mercado/estado es una gran oportunidad socio-urbana.
    • Hay que inyectar usos/civilidad a los espacios "muertos"
    • El conflicto urbano se puede superar con la AUTOGESTION de ciudadanos diferentes.
    • La autogestión puede ayudar a resolver necesidades básica al margen del mercado, pero también a asociar a personas que pueden comercializar su trabajo en mercados alternativos y vivir dignamente de ello.
    • Debemos centrarnos en escala/necesidades humanas. Y para ello hay que racionalizar, desmercantilizar, RESOCIALIZAR ...

    ANTONIO IBAÑEZ (DG Vivienda Junta Andalucía)

    • La Constitución de 1978 tiene un plan en relación a la especulación, el urbanismo y la vivienda, que pasa por la PLANIFICACIÓN PUBLICA y un equilibrado reparto público de plusvalías-riqueza.
    • En España ha habido hiperplanifiación pública de vivienda meramente semántica o teórica. Mucho ruido casi sin nueces.
    • Por ejemplo, en España nunca hubo Plan de Ordenación Territorial Estatal, aunque estuvo previsto en la legislación de 1992. Solo en algunas CCAA ha habido Planificación Territorial legal cumplida en la práctica. Y todo a quedado al albur de los PGOU.
    • De hecho, de forma progresiva las POLÍTICAS DESREGULADORAS han dado más poder a los agentes privados.
    • Hay que recordar que las Administraciones Públicas pueden clasificar suelo y también no hacerlo, en función del modelo de ciudad, comarca, etc.
    • Además debemos tener en cuenta que el urbanismo habla, en relación a los titulares de suelo, de derechos y obligaciones (no solo de lo primero).
    • Ciertas normas han intentado que la adquisición sucesiva de plusvalías por parte de los agentes privados estuviera conectada a la efectiva inversión/empleo/transformación físico-económica de los suelos. Pero, de momento, se ha fracasado.
    • El símbolo de la desregulación con terribles efectos sociales, medioambientales y económicos es la Ley Suelo 1998: todo urbanizable, menos suelos especialmente protegibles.
    • En esa época se pasa del 15% al 10% en la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas.
    • Hay que insistir en que el proceso especulativo ha supuesto VIVIENDA MAS CARA Y FUERTE ENDEUDAMIENTO.
    • Ley Suelo 2007 nace muerta por el ciclo económico.
    • La nueva legislación urbanística que prepara en estos momento el Gobierno de España para el lustro futuro se basa en VOLVER A ESPECULAR a especular cuando cambie el ciclo económico. Quieren volver a nuevas burbujas, cuando ya se han repartido injustamente las plusvalías de la última.
    • Todo el mundo dice defender el alquiler/rehabilitación. Pero no todo el mundo va a proponer los mismo instrumentos, para los mismos fines. Ya estamos a la búsqueda de nuevas formas privatizadoras y desreguladoras en alquiler y rehabilitación.
    • Hay que pasar de regular el suelo a regular la construcción.
    • Futuro PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y REHABILITACION
      • Parte de la Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
      • Clave (1): SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIA DE ANDALUCIA.
      • El Plan no quiere ser un catálogo teórico de medidas, sino que se implementen medidas reales, teniendo muy claro las prioridades 
      • Clave( 2): impulsar buenas EXPERIENCIAS PILOTO de nuevas formas de actuación pública y público-cívica en materia de vivienda
      • Clave (3): deben aprobarse/ejecutarse PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA.
    • Es necesario establecer nuevas alianzas para nuevas políticas de vivienda.

    Por mi parte, defendí la ponencia que a continuación os dejo por si es de interés para alguien.

    La tesis principal de mi exposición es que las políticas públicas de vivienda de los países líderes de la UE, con todos sus defectos, merecen tal nombre, pues han puesto recursos y técnicas al servicio de una vivienda accesible socio-económicamente. Por el contrario, las políticas públicas de vivienda españolas, salvo contadas excepciones muy localizadas territorial y temporalmente, han estado orientadas en épocas de crecimiento al apoyo estatal a la producción masiva de vivienda para generar empleo y PIB y en épocas de crisis a socializar las pérdidas privadas, con casi total desatención del derecho a la vivienda ( = alojamiento digno).

    En este contexto histórico y en el actual de crisis/estafa propongo la existencia de un estado fuerte y una sociedad civil empoderada que juntos buscan las mejores alianzas entre recursos públicos, vecinos/barrios y profesionales dispuestos a trabajar de forma profesional y retribuida, pero sin tocar las plusvalías de las operaciones urbanísticas que deben ser de los actores públicos y ciudadanos que los impulsen (cooperación público-privada sin animo de lucro o con ánimo de lucro tasado). 

    Si todo lo anterior tiene la posibilidad de existir en un determinado marco público-cívico, defiendo la aplicación de técnicas tales como la GIPP, EPT y ANIP (ya comentadas antes en este blog) también en el campo urbano, con una clara orientación hacia la gestión de parques públicos o concertados de alquiler asequible (preferentemente de vivienda ya construida que se moviliza desde la falta de uso hacia el alquiler), las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso (cooperative housing) y las asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro (housing associations).

     

     

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    MESA 2: Fiorella Russo & Eva Chacón (FUCVAM), Pepa Dominguez (arquitecta del Ayuntamiento de Marinaleda), Corrala La Utopía, Colectivo Habitares, SUJU e Israel Nagore.

    • La autoconstrucción puede jugar un interesante papel en ciertos entornos si goza del adecuado acompañamiento de las Administraciones. El Ayuntamiento de Marinaleda es prueba de ello.
    • Hay muchos tipos de cooperativas de vivienda de cesión de uso en las que la propiedad del edificio(s) es colectiva y el uso de las viviendas privativo (en alquiler). En Sevilla nos hablaron del FUVCAM uruguayo. Yo en mi exposición hablé del modelo holandés y escandinavo de cooperative housing.
    • Ocupar es pura legitima defensa cuando en el mercado inmobiliario y en las políticas públicas de vivienda se ejerce violencia residencial. Expropiar en una obligación del Estado en las actuales circunstancias. Aunque, añado yo como comentario personal, nunca va a ser más que la ultima ratio y no puede ser la base única o principal ni de una política pública provisional ni de un tejido cooperativo orientado al uso de la vivienda vacía y el alquiler asequible.
    • Las buenas políticas públicas de vivienda europeas están sufriendo un fuerte desgaste y ya son innegables las externalidades como consecuencia, entre otras cosas, del recorte de presupuestos y el incremento de las necesidades sociales.
    • La vivienda puede ser abierta, diversa y participativa si se conceptúa y ejecuta como un proceso social y no como un producto de mercado.

    Desgraciadamente me perdí el tercer día completo de trabajo y los talleres del primer día por motivos de trabajo. Así que, a pesar de la limitación que implica haber estado solo en dos terceras partes de las actividades de estas jornadas, me aventuro a aportar mis conclusiones (netamente personales) de unas jornadas que considero del máximo nivel e interés para la solución del problema de la vivienda en Andalucía y España los próximos lustros.

    Yo pondría el acento en las siguientes conclusiones halladas colectivamente en las jornadas:

    1. Tenemos un conocimiento más que suficiente de las buenas políticas públicas europeas en materia de vivienda, sin por ello mitificarlas (tienen defectos y limitaciones), ni perder de vista que no se puede trasladar de manera mimética y acrítica lo hecho en otros lares.
    2. Existe hoy ya una alianza tácita incipiente entre una parte de la sociedad civil que alza su voz contra la exclusión socio-residencial y una parte del mundo profesional (público y privado) que ve la emergencia habitacional y la profunda disfuncionalidad de nuestro mercado y políticas públicas de vivienda.
    3. Las necesarias nuevas alianzas en materia urbana y residencial (buena Administración, activa sociedad civil y profesionales y empresas privadas que trabajen solo por su retribución y sin acceder a las plusvalías de las operaciones urbanas) se están viendo frenadas por la desconfianza entre algunos de los actores llamados a cooperar. Por decirlo claro, ciertos movimientos sociales piensan que todos los políticos y todas las Administraciones son "iguales" y están al servicio "del mercado" Sin diferenciar aquellos casos en los que políticos y empleados públicos son claros y leales compañeros de viaje.
    4. Es imprescindible pasar de los discursos sociales/políticos (muy necesarios desde el punto de vista de la pedagogía social) a la ejemplaridad de los proyectos piloto exitosos tejidos de forma cooperativa entre ayuntamientos, barrios, vecinos y profesionales que acepten trabajar con un lucro tasado/limitado.
    5. Mientras las alianzas entre políticos y servidores de lo público con ganas de hacer cosas más sociales en materia de vivienda y ciudadanos asociados en torno al derecho a la vivienda progresan poco a poco, los turbourbanizadores del pasado, hoy hacen piña para ser los turborehabilitadores, turboalquiladores y turboedificadores de un futuro muy cercano. De no cambiar el equilibrio de fuerzas de manera importante a muy corto plazo, volveremos a ver un ciclo urbano especulativo con igual resultado negativo para la ciudadanía. Espero equivocarme ...

    Dicho todo lo cual, volví de Sevilla con las pilas cargadas. Pues, a pesar de todas las dificultades, hay gente en Andalucía (una CCAA clave en esta y otras muchas materias) que tiene claro que pasó en los pasados quince años y que hay que hacer para que no vuelva a pasar lo mismo en los próximos quince.




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  • PLEAMAR: BLOG DE UN GRUPO DE LECTORES-SUSCRIPTORES-COOPERATIVISTAS DE LA MAREA

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    En un par de posts anteriores ya he comentado mis impresiones sobre que podemos hacer los lectores, en estos momentos inciertos, para ayudar a garantizar que recibimos buena información y que la pluralidad informativa alcanza unos mínimos merecedores del adjetivo "democrático".

    Como cuento en esos dos posts, un grupo de personas que no nos conocemos en muchos casos de forma personal (otros si), hemos decidido poner unos euros (100 por barba) y, además de suscribirnos a LA MAREA, comprar entre diez personas una acción de su capital social. Con lo que nos hemos convertido en socio colectivo de la cooperativa propietaria del medio de comunicación. Una gota en el océano. Sin duda. Pero ya hemos puesto nuestra humilde gota. 

    Os cuento el último paso que hemos dado. Como lectores-suscriptores-cooperativistas no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que La Marea cuente, deje de contar o como lo haga. Así que nos parece bien tener un blog colectivo en el que comentemos lo que La Marea publica/deja de publicar.

    Y lo hacemos a través de un blog colectivo, ante el hecho de que La Marea ya facilita encuentros con sus lectores y suscriptores para comentar el contenido de cada número, pero lo hace solo en Madrid. A nosotros este método no nos sirve, dado que los diez socios colectivos vivimos en varias ciudades españolas/europeas.

    El blog colectivo solo ha empezado a andar. Se llama PLEAMAR. De momento solo contiene los dos post míos ya citados. Pero, poco a poco, iremos escribiendo algunos de los que somos socio colectivo. De momento, cinco personas están por la labor de escribir con regularidad nuestras modestas reflexiones de lectores-suscriptores-cooperativas.

    Veremos como se nos da la singladura.

    Toda ayuda en bienvenida.


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  • OTRAS OPCIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES LICITADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS: ANIMO DE LUCRO TASADO Y COOPERATIVIZACION PROFESIONALIZADA

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    Muchos alcaldes, concejales, jefes de servicio y técnicos públicos se lamentan de no tener a su disposición demasiados tipos de licitadores cuando están inmersos en un proceso de adjudicación de servicios/proyectos públicos. Se quejan del dominio de muchas licitaciones por multinacionales que no parece que sepan nada del servicio al que licitan, pero que tienen un músculo financiero/político inmenso. Apoyan al Tercer Sector. Pero, a veces, ven ciertos límites en materia de profesionalidad/innovación y, si rascas, aparece el ánimo de lucro. Y finalmente, muchos no quieren contratar con las boutiques locales bien relacionadas con quien hay que estarlo. Se preguntan ¿no hay más opciones que estas? ¿No hay otro tipo de empresas a las que una Administración Pública le pueda entregar temporalmente un servicios/proyecto público para que lo gestione de forma profesional, velando por el interés general, respetando la dignidad laboral y limitando/excluyendo el ánimo de lucro mercantil? Nosotros entendemos que si las hay y de esto va este post.

    Aun a riesgo de ser reduccionista y dar por general lo que es nuestra experiencia personal, diremos que en materia de servicios comunitarios (sociales, educativos, culturales, ocio, deporte, desarrollo económico local, promoción turística, empleo, etc) las Administraciones Públicas locales que hoy los licitan se encuentran en una posición muy delicada.

    Es evidente que los recortes presupuestarios generalizados y sostenidos en el tiempo provocan que las disponibilidades para la licitación de ciertos servicios sean más bajas año tras año.

    En esto contexto, muchas Administraciones están reduciendo el monto global de la licitación esperando que se mantenga la calidad del servicio que reciben los usuarios, que no se degraden las condiciones laborales del personal que los presta y que quede algo para el beneficio del empresario que se arriesga a prestarlos.

    La realidad es que de donde no hay no se puede sacar y o sufren los usuarios, o lo hacen los trabajadores o merma el beneficio empresarial (si es que lo hay) o hay una combinación de todas las anteriores externalidades.

    Hasta aquí nada más que obviedades que puede observar cualquier persona medianamente atenta. Ahora bien, también se producen otra serie de efectos colaterales, quizás menos evidentes, que deben ser tenidos en cuenta.

    En primer lugar, están alcanzando cotas de mercado extraordinariamente altas en el mercado de los servicios públicos comunitarios locales las grandes empresas españolas del cemento y el ladrillo que se han mudado al extranjero a seguir haciendo lo mismo que hicieron entre nosotros en la pasada década y media y que en nuestro territorio se han pasado a la gestión de grandes paquetes de servicios públicos, muchas veces locales. Empezaron por las basuras, el agua, el mantenimiento urbano y cosas similares. Pero hace ya mucho tiempo que han entrado en los servicios públicos locales de más peso presupuestario (y entre ellos, los servicios sociales).

    Nada tenemos en principio contra este tipo de empresas. Algunas puede que hagan bien su trabajo para la Administración y el ciudadano-usuario-contribuyente. Pero en no pocos casos, estas empresas no son más que fondos de inversión o bancos camuflados que saben poco o nada del servicio público que van a prestar y que lo ven exclusivamente como un negocio financiero. Dado que las condiciones de la licitación de la Administración en crisis presupuestaria son muy duras, solo grandes masas financieras con liquidez a corto pueden ofertar condiciones poco razonables en las licitaciones públicas. Como se preste después el servicio, cual sean las condiciones de trabajo o en que condiciones se deje el servicio público en cuestión al siguiente gestor, son cuestiones que hoy no parecen preocupar a muchos. Ya decimos, que esto no tiene porque se lo que ocurra siempre. Pero mucho nos tememos que ocurre muy a menudo.

    Otro fenómeno que se está produciendo con cierta intensidad en algunas CCAA es que el Tercer Sector (que mezcla trabajo voluntario con trabajo remunerado) reclama una posición especial en los procesos de licitación frente a los grandes gigantes descritos en los dos párrafos anteriores. Por nuestra parte, no tenemos nada en contra de que determinados servicios públicos puedan ser gestionados con sensibilidad social, conocimiento del entorno y profesionalidad al mismo tiempo y a esto se le de cierto empuje en los pliegos de las licitaciones. Pero creemos que conviene dejar claro que una organización con, por ejemplo, 500 trabajadores, que factura millones de euros a las Administraciones y que tiene pocos voluntarios y solo algunos simpatizantes debe tener cierta discriminación positiva en los procesos de licitación, pero no una preeminencia absoluta. De pactos de no agresión y repartos lotizados del mercado entre no mercantiles y entre estas y las mercantiles hablamos otro día, pero apuntamos que haberlos haylos. 

    Finalmente, otra tipología de licitadores en este tipo de servicios son lo que podríamos llamar boutiques locales para referirnos a pequeñas mercantiles que conocen muy bien un municipio/comarca, que tienen una relación muy estrecha con el poder local y que son capaces de ofrecer un servicio muy competitivo allá donde licitan.

    Por resumir, cuando todo es legal y transparente y solo hay lo que podríamos llamar un entorno muy marcado por las "barreras relacionales", estamos ante lo siguiente:

    1. Gran mercantil, con músculo financiero y relaciones políticas de altos vuelos, que conoce poco/nada del servicio público que va a prestar, al que concibe como un producto financiero y una manera de paliar temporalmente los efectos de la crisis del ladrillo/cemento.
    2. ONG que ha progresado hasta tener una estructura profesional de cierto calado, que se presenta como entidad sin ánimo de lucro, pero que tiene la obligación de facturar cantidades no pequeñas para mantener sus gastos de estructura y sus plantillas profesionalizadas y que, en ocasiones, accede a plusvalías generadas en el mundo público.
    3. Pequeña empresa local con buenas relaciones políticas locales que hace de forma eficaz y eficiente ciertos trabajos a pequeña y mediana escala.

    No somos críticos por sistema con ninguna de las tres tipologías de licitadores. Todas ellas pueden aportar cosas buenas y, a la vez, implicar ciertos peligros para la Administración y la ciudadanía. Pero nos parece interesante poner encima de la mesa que hay otros caminos además de los descritos.

    Creemoos que los gestores públicos que licitan servicios públicos en el ámbito local deberían tener en cuenta que se puede combinar alta profesionalidad con verdadera ausencia de ánimo de lucro. ¿Como hacerlo? A través de empresas privadas que presten servicios a las Administraciones Públicas con la sola aspiración de retribuir a los que participen en la gestión de un servicio público (trabajadores, financiadores y gerentes). Todo lo que no sea retribuir a los factores productivos y suponga beneficio empresarial se deberá transferir a la matriz pública. Estaríamos en un terreno en el que hay profesionalidad en la prestación y un ánimo de lucro tasado o limitado, pues cuando sen den plusvalías son públicas. O dicho de otro modo, cuando se superen los salarios, pago de la financiación externa y honorarios de los gestores, el excedente es público o de la entidad administrativa licitante (en realidad, de la ciudadanía). Estaríamos pues en un terreno intermedio entre el ánimo de lucro mercantil y las entidades sin ánimo de lucro teórico, pero que pueden quedarse con una plusvalía generada en el mundo público.

    Y añadiremos un comentario particular sobre un tema evidente que nadie parece querer atacar: ciertos contratos de gestión de servicios públicos en los que la clave es el conocimiento experto y el control de los costes no pueden ser gestionados por mercantiles al uso. Lo razonable es que los actuales contratos de gestión de servicio público entregados a una empresa privada al uso evolucionen hacia una gestión cooperativizada del servicio público.

    Pongamos por caso un servicio social local que lo gestiona una empresa privada que tiene que cumplir con las leoninas cláusulas del contrato administrativo hoy al uso. No es raro que en estas circunstancias sufran las condiciones laborales y la calidad del servicio. ¿Y cual es el centro del servicio? Para nosotros es claro: la gente que lo presta y la que lo recibe. Los trabajadores suelen pasar a lo largo de su vida profesional por decenas de empresas privadas que consiguen un contrato, saben poco o nada del servicio, se subrogan en el personal y se llevan un beneficio económico (si hay suerte). ¿No es más lógico que, si el recurso clave para prestar el servicio público es la gente que lo está prestando, sean los trabajadores los adjudicatarios del mismo? Y dado que uno puede ser, por ejemplo, un buen trabajador social o educativo, pero no tiene porque se un buen gestor ¿no sería bueno hacer paquetes de trabajadores cooperativizados y gestores profesionales a través de figuras talles como las sociedades anónimas laborales.?

    Para los que digan que todo esto no es más que esgrima dialéctica, filosofía o ciencia ficción, decirles que buena parte de los servicios públicos se prestan así en el centro de Europa y en Escandinavia. Cooperativas de trabajadores expertos en un servicio público que con el apoyo de unos gestores profesionales licitan a los contratos de gestión de servicio públicos, prestan un servicio a la comunidad, se procuran un empleo y crecen profesionalmente. ¿Porque hemos convergido con la UE en otras cuestiones y en esta no parece que queramos hacerlo? No vemos la razón.

    Para los que nos digan que todo lo comentado en este post es interesante a nivel teórico, pero que lo que estamos describiendo no existe aquí y ahora, decirles que desde hace más de una década el Grupo al que pertenece nuestra empresa Urbania ZH Gestión (Grupo Zahoz) se dedica precisamente a gestionar empresas, activos, servicios y proyectos públicos en los que las plusvalías son siempre públicas, la profesionalidad/eficacia/eficiencia son la regla y el buen servicio a la ciudadanía el objetivo primero.

    Ya he hablado de esto en otros posts. Así que a ello me remito: 

    Sea como fuere, sería bueno que los políticos, funcionarios y prescriptores del mundo público tuvieran claro que hay mas modelos de gestión de los servicios públicos que los evidentes y que algunos merecen ser explorados por el bien de todos: ciudadanía, Administración, trabajadores y empresas.


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