Esta ultima semana ha sido prolija en noticias que podemos considerar relevantes en materia inmobiliaria. Otras quizás no sean tan relevantes, pero ayudan a caracterizar el paisaje y paisanaje. Primero apunto las noticias que he escogido, las comento y trato de extraer algunas conclusiones:
-
-
En el mismo acto, pero sin que nadie repare mucho en el hecho, a pesar de su relevancia, el Sr. Rubalcaba anuncia que modifica otra posición programática de su partido y que recuperará de forma definitiva las deducciones fiscales a la compra de vivienda (en estos momentos temporalmente retiradas, salvo para rentas muy bajas).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Los alquileres en España, lejos de bajar de precio a causa de los más de 2 millones de viviendas vacías que no se pueden vender y la crisis, sigue siendo muy poco accesibles.
Como muestra el boton vasco.
En primer lugar, la propuesta del PSOE de llevar la dación en pago en su programa electoral no puede sino provocar la indignación de cualquier persona con sensibilidad social y memoria. El PSOE lleva ocho años rechazando de la mano del PP todas las propuestas de modificación legal que se han presentado en este asunto por parte de IU, ICV, BNG, etc. Y ahora, a días de las elecciones, dicen que defienden aquello de lo que no han querido ni oir hablar en casi una década. Credibilidad y decencia: cero.
Pero mucho más lenitivo que el descaro del candidato del PSOE en materia de dación en pago es la intención de este partido de volver a impulsar las deducciones fiscales a la compra de vivienda. A mi juicio hay dos cosas, que por encima de todas las demás, han provocado la burbuja inmobiliaria, española, el crecimiento de los precios desmesurado, el sobrendeudamiento y ahora los desahucios masivos. Estas dos cosas son un suministro hipotecario ilimitado, irresponsable y poco profesional y unas ayudas fiscales a la compra de vivienda en propiedad. En contra de lo que la gente cree, estos dos factores, cuando se dan de forma abundante, no rebajan el precio de la vivienda, sino que lo aumentan (y me remito a la evidencia de las series estadísticas de los pasados años). Pues bien, el PSOE y el PP en estas dos cosas, digan lo que digan en público, en privado van a bloque: sueñan con que volvamos a nadar en hipotecas y deducciones a la compra, de forma que volvamos a repetir los mismos errores por los que acabamos de pasar. Tal testarudez suicida puede tener en parte su explicación en el hecho de que PP, PSOE y el sistema financiero no han sufrido en sus carnes ninguna de las externalidades de la explosión de la burbuja inmobiliaria y si disfrutaron de todos los beneficios de los días de vino y rosas. PSOE, PP y sistema financiero español se comportan como bomberos pirómanos a los que urge quitar la manguera de gasolina, con la que es evidente que no van a apagar el incendio, sino a expandirlo y acrecentarlo (hoy y en el futuro inmediato).
En este contexto de partidos mainstream entregados a los intereses de las entidades financieras, llega la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 22.4 y 440.4) para hacer, el ya desde el 2009 desahuicio expres, aún más expres. A partir de ahora, los inquilinos que no paguen van a poder ser desahuciados por el secretario judicial, sin ver al juez, sin juicio y por decreto ejecutivo, por deuda arrendaticia de cualquier importe (juicio monitorio para los inquilinos deudores). La Exposición de Motivos de la norma dice sobre este tema: "Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento, única comunicación procesal necesaria para el buen fin del proceso, aun cuando el demandado tratase de dilatar la ejecución, evitándose asimismo la celebración de vistas innecesarias". Esta norma entra en vigor el 1 de noviembre próximo y, a mi juicio, es una pura provocación del PSOE y PP. Cuando más desahucios hay, cuando hay un movimiento social en esta materia, cuando más aprieta la crisis ... van los dos principales partidos políticos e inventan el desahucio instantaneo y sin garantías jurídicas. Sería bueno que la sociedad, especialmente los de abajo, sepa tomar buena nota de esta burla y atropello.
Atropello que tiene por destinatarios los cientos de miles de desahuciados españoles que empiezan a recibir la solidaridad y el compromiso activo de jueces, fiscales, concejales y alcaldes. De momento solo se prestan a ayudar a los desheredados de nuestra burbuja inmobiliaria las autoridades públicas más sensibles desde el punto de vista social, los más conscientes de que España dice ser un Estado Social y Constitucional de Derecho y no solo un Estado Bancario. Sea como fuere, poco a poco va creciendo la nómina de servidores del estado y la política que no están por labor de hacer el trabajo sucio a inmobiliarias, bancos, cajas de ahorros y líderes políticos.
Supongo que en parte por ello, aunque sobre todo por el proceso de reflexión en el que están (estamos) las personas que apoyamos el !5m, DRY o las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, varios activistas han empezado a ocupar edificios abandonados por su propiedad (inmobiliarias o entidades financieras) para dar cobijo a los desahuciados por deudas hipotecarias o arrendaticias. De momento dejo aqui el comentario sobre ocupar edificios abandonados por empresas para dar techo a pobres y desamparados, aunque volveré sobre ello al final del post.
En medio de toda esta tormenta social, cajas de ahorros y bancos no tienen ni la más mínima intención de reconocer el verdadero valor contable de sus muchos suelos y viviendas devaluadas por la crisis. Eso les llevaría a quebrar. A nadie le agrada quebrar, pero si el estado garantiza suministro ilimitado de dinero a bancos y cajas heridos por sus activos inmobiliarios tóxicos a cambio de nada, es evidente que estos ni van a vender sus viviendas a los precios de mercado de hoy, ni van a regularizar sus balances y, por lo que se ve, tampoco se van a dedicar a dar créditos a empresas y particulares. Al parecer están muy ocupados manteniendo artificialmente altos los precios de las viviendas, repartiendo beneficios a los accionistas de estas entidades zombis y regando con bonus a los directivos que las han quebrado.
Las patronales del sector inmobiliario no le van a la zaga a los financieros en miras cortas y egoistas. Piden que no sea necesario provisionar dinero para afrontar las futuras pérdidas provocadas por los activos inmobiliarios. Los promotores exigen que a los bancos se les deje darles créditos para que puedan seguir comprando suelo, urbanizándolo, edificando y vendiendo millones de viviendas libres en propiedad con su correspondiente hipoteca como si nada hubiera pasado, pasase o vaya a pasar ... Sé por mi experiencia profesional que decir patronales de la construcción y promoción no es lo mismo que decir todos los empresarios del gremio. Me consuelo con los buenos y profesionales ejemplos que conozco.
Por su parte las Administraciones Públicas españolas, en materia de vivienda, después de ayudar servilmente a la creación de la burbuja inmobiliaria, ahora que la misma ha explotado se aprestan a socorrer a las empresas financiero-inmobiliarias y abandonar a su suerte a la gente corriente. Recortes presupuestarios, privatización de activos públicos en forma de regalo a empresas privadas y fondos de inversión, despidos de empleados públicos del sector de la vivienda, interrupción de la producción de vivienda protegida, uso de fondos públicos para ayudar a los promotores privados a vender sus viviendas libres en stock ... Conozco bien el sector y se que en el mismo trabaja gente maravillosa, profesionales de aquilatada valía y sensibilidad, incluso algunos de los responsables políticos pueden responder a este perfil. Pero los grandes jefes de los grandes partidos políticos han decidido que las políticas públicas de vivienda deben casi desaparecer y que lo poco que siga en pié se dedique casi al 100% a salvar promotores privados.
Todo este coctel, hace que la vivienda siga siendo cara en España (da igual que sea en compra que en alquier, de mercado que protegida). Además, es más que plausible que los precios de suelo y vivienda se van a mantener artificialmente altos en esta época de crisis, gracias a las ayudas públicas. Y, aunque sea una canallada, parece que el sector va a poder conservar sus activos hasta que se induzca la siguiente burbuja y pueda venderlos con pocas o nulas pérdidas, gracias a las ayudas públicas ... que además han provocado la elevación de la deuda pública y la bajada de casi todo lo demás (salarios, pensiones, servicios públicos, derechos socio-laborales, etc).
Hecho todo este recorrido, vuelvo al hecho de que una parte del movimiento 15M, DRY y PAH están empezando a impulsar la ocupación de edificios corporativos vacíos para ayudar a dar techo a los desahuciados de su vivienda.
Desde hace más de 20 años y en materia de vivienda yo he defendido la intervención del estado en el mercado hipotecario, el uso inteligente de la fiscalidad a favor del derecho a la vivienda y la intervención pública en materia de urbanismo y vivienda. Y lo sigo defendiendo. De forma clara y rotunda. Dicho esto, se entenderá que no soy precisamente un defensor de la ocupación como forma de solución integral del problema de la vivienda en España. A lo más que he llegado en los pasados 20 años es a entender su justificación en determinados supuestos aislados y excepcionales.
Pues bien, a día de hoy, dado que las autoridades públicas solo rescatan de los efectos de la burbuja a las entidades financieras y no a la gente y teniendo en cuenta que el PP y el PSOE llevan en su programa electoral medidas que quieren provocar una nueva burbuja inmobiliaria (repetir eternamente los mismos errores), puede que la ocupación aquí y ahora, no solo sea políticamente legítima, sino que haya que empezar a estudiar sino es también jurídicamente defendible.
Propongo que en vez de okupar/ocupar hablemos de:
-
La FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD (artículo 33 de la Constitución; La función social de la propiedad delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes; nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes)
-
En conexión con el DERECHO A LA VIVIENDA (artículo 47 de la Constitución; todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación; La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos).
-
Así como con la OBLIGACION DE LOS PODERES PUBLIOS DE REMOVER LOS OBSTACULOS AL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES (artículo 9.2 de la Constitución "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social").
-
Y de la SUBORDINACION DE TODA LA RIQUEZA NACIONAL AL INTERES GENERAL (artículo 128.1 de la Constitución; toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general; se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general).
Si tenemos una comprensión integral del ordenamiento constitucional y jurídico, lo unimos con la inacción del estado en materia de vivienda, su obsesión por salvar bancos privados con dinero público y el drama tolerado (cuando no incrementado) de los desahucios ... creo que podemos justificar constitucionalmente ciertas ocupaciones de edificios vacíos.
Obviamente, sería mejor que en España hubiera ya variadas leyes que dieran cobertura a las ocupaciones originadas por un estado de necesidad socialmente relevante (como ocurre por ejemplo en Holanda). De momento nos tenemos que conformar con leyes que prescriben sanciones y expropiación en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad (todas ellas avaladas hasta el aburrimiento por nuestro Tribunal Constitucional con motivo de las leyes andaluzas y extremeñas de fincas rurales y urbanas manifiestamente mejorables o por el Consejo Consultivo de Cataluña con motivo de la ley de vivienda de esa Comunidad Autónoma).
Las medidas más severas (expropiación temporal on definitiva, parcial o total, por incumplimiento de la función social de la propiedad) están en nuestro sistema legal en manos de los poderes públicos. En la mayor parte de los casos, no es que estos poderes públicos se nieguen a ejercer sus competencias constitucionales y legales, sino que simplemente niegan que las mismas existen o actuan como si no existieran.
Apunto otro precepto constitucional que puede ser relevante en este caso. El artículo 149.1.1 de nuestra Carta Magna establece que "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias (...) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales". Este artículo ha servido tradicionalmente para que determinadas competencias de las CCAA respeten un mínimo legal común a todos los españoles. Y en materia de propiedad, función social de la misma, derecho a la vivienda y ocupación es perfectamente posible que una Ley Orgánica estatal, basada en el 149.1.1 de la Constitución, haga migrar nuestro modelo hacia el holandés. Otra cosa es que PP, PSOE y CIU. PNV o CC no quieran ni oir hablar del tema.
La pregunta social y políticamente relevante en este momento: ¿que debe hacer la sociedad ante un estado entregado a la banca y que ve como la función social de la propiedad es una burla y la propiedad bancaria y corporativa sacrosanta? ¿Nada? ¿Ante la ruptura del pacto constitucional deben permanecer los ciudadanos callados y con la cabeza agachada? Por el futuro inmediato de amplias capas de la sociedad española y por la dignidad presente y futura de mi país, espero que la respuesta a estas preguntas no sea la sumisión.
Acabo con dos provocaciones técnico-jurídicas y otra política. ¿Porque las cuestiones de constitucionalidad son tan poco usadas por la judicatura ante situaciones de emergencia social y constitucional? ¿Porque el amparo constitucional es muy usado por la ciudadanía pero poco efectivo en la defensa de la prescriptividad efectiva de nuestro telos constitucional? ¿En que momento se jodió el Perú ... de forma que la defensa de los derechos de los desahuciados está hoy en manos casi en exclusiva de grupos autoorganizados de indignados y dos docenas de francotiradores judiciales y políticos?
ARTICULOS ANTERIORES EN ESTE BLOG QUE TRATAN DE TEMAS RELACIONADOS Y QUE PUEDE INTERESARTE:
