Los que nos dedicamos a estas cosas de la vivienda solíamos citar siempre un par de datos para dar la dimensión de la rareza española en materia de alquiler y sobre todo en lo relativo al alquiler público. Los dos datos claves eran que España tenía sobre un 10% del total de sus viviendas en alquiler y que solo un 1% del total eran viviendas públicas en alquiler no de mercado o social. La rareza estriba en que en la UE estos guarismos suelen estar entre el 30%-50% el porcentaje de alquiler y entre el 20%-35% el porcentaje de alquiler social.
Dicho lo cual, no se debe ocultar que muchos gobiernos neoliberales en la UE están socavando estos parques públicos de alquiler europeos, alegando dificultades presupuestarias, pero con un claro propósito ideológico. Pero se comprenderá que entre el 1% y el 35% del total de viviendas en alquiler social (este guarismo es el de Holanda), por mucho que recorten allí, mucho tendremos que crecer aquí para llegar a converger.
Pues bien, compruebo con espanto, pero sin ninguna sorpresa, que en los últimos tres años España retrocede a una velocidad extraordinaria en materia de alquiler público o social, después de décadas de avances raquíticos, difíciles en muchos casos por tener que luchar contra determinados lobbies mercantiles e incluso mentirosos en algunos de ellos por estar preñados de medias verdades o medias mentiras proclamadas por algunos responsables políticos y/o administrativos (parafraseando al 15M "Le llaman alquiler social pero no lo es").
Comparto varios datos que me han llevado a titular este post como "Privatización avant la lettre" para referirme a la privatización del paque público de alquiler español incluso antes de que el mismo tenga cierta entidad. Lo que, con un poco de sorna, podríamos incluso llamar una privatización preventiva:
- En España se solía hablar de 148.000 viviendas sociales en alquiler y el 1% del total del parque de viviendas (criterio AVS, CECODHAS y Carme Trilla i Bellart). Si hoy acudimos a las fuentes oficiales veremos que en estos momentos España tiene solo 124.000 viviendas de este tipo y no llegamos ni al 0.5% del total del parque de viviendas.
- La Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España, azuzadas por su endeudamiento, por su sesgo ideológico neoliberal o por la dos cosas a la vez, lleva años desplegando un plan masivo de indirecta privatización de alquileres públicos (inter alia "Plan Vivienda Joven" -viviendas protegidas en alquiler con opción de compra que en muy pocos años, tan pocos como siete, pasan de ser viviendas protegidas en alquiler a ser viviendas libres en propiedad-), ahora aderezado con privatizaciones directas del parque público de alquiler (vg venta de los suelos de las viviendas en derecho de superficie del Plan 18.000 o venta de promociones de alquiler público en bloque a fondos de inversiones autorizados a venderlas como viviendas libres en unos pocos años).
- Hace algo más de un año la Comunidad de Extremadura vendió todas sus viviendas sociales en alquiler a sus inquilinos, aduciendo que era muy caro mantenerlas y que en crisis (cuando más se necesitan estas viviendas) no se podían hacer cargo de estas partidas (reduciendo el stock público extremeño de vivienda social en alquiler a cero).
- La Comunidad del País Vasco lleva meses tratando de vender sus propios suelos de viviendas protegidas titularidad del Gobierno Vasco cedidas en derecho de superficie por 75 años a sus usuarios (más de 21.000) y se rumorea que va a poner miles de viviendas protegidas en manos de fondos de inversiones extranjeros que las alquilarán unos años y después las venderán como viviendas libres en propiedad.
- La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) lleva meses a disposición de los promotores de vivienda libre en venta con stock para que, con el dinero de los impuestos de todos (los que los pagamos), se alquilen estas viviendas durante un tiempo, evitemos la quiebra de promotores privados y el día de mañana, pasada la crisis, se puedan vender esas viviendas como libres y sin pérdidas. Se me dirá que esto es comprensible en tiempos de crisis. Pero recuerdo que la SPA se llama Sociedad Pública de Alquiler y, hasta la fecha, parece que por lo que menos interés tiene es precisamente por eso: por la promoción del alquiler a precios inferiores a los del mercado.
- El lunes 23 de mayo, solo un día despues de las elecciones autonómicas y municipales, la Comunidad de Valencia anunció que se cancelaban las ayudas públicas al alquiler. En este caso no hablamos de parque público de alquiler, sino de ayudas económicas para el pago de alquileres en el mercado privado, a imagen y semejanza de la Renta Básica de Emancipación estatal.
- Aunque podría seguir con docenas de ejemplos, acabo con la Generalitat de Cataluña que, en recientes fechas y previo uso de helicópteros, ha derogado la su Ley de Barrios y la práctica totalidad de su Ley del Derecho a la Vivienda a través de una ley conocida como omnibus. Además ha dejado bien clara su intención de vender todo lo que sea vendible (con lo que el pequeño parque de vivienda protegida en alquiler de Cataluña será pasto de los intermediarios financieros).
Aportados estos datos y otros que omito por el formato de este post, no creo exagerar si digo que en materia de alquiler público en España damos un paso titubeante adelante y diez atrás. Parece que no hemos tenido suficiente ración de mercado desregulado en materia de suelo y vivienda. Parece que quienes nos llevaron hasta esta crisis (los poderes políticos, financieros y empresariales autores colectivos de la Ley 6/1998 de suelo y valoraciones) van a pilotar este periodo post estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. Y lo van a hacer bajo la premisa de más mercado y menos estado. Lo que en el campo de la vivienda pública o social de alquiler nos puede llevar, sin más, a la extinción de esta categoría. Una verdadera regresión de consecuencias negativas de amplio espectro, pero es a lo que clara y diáfanamente nos encaminamos (salvo que la presión social lo pare y revierta).
Y este contexto de privatización del parque público de alquiler, antes incluso de que el mismo exista realmente, es especialmente sangrante si tenemos en cuenta que
el stock de suelo y viviendas de promotores y entidades financieras privadas (stock que puede implicar tantas como más de 3 millones de viviendas) solo tiene un salida realista: la conversión parcial en vivienda protegida de alquiler. Posibilidad que yo llevo defendiendo en este blog desde el año 2008 como se pueden comprobar, entre otros, en los siguientes posts
1,
2 y
3. Posibilidad que apoya claramente el Movimiento 15 M. Posibilidad que muchos expertos de los mercados de la vivienda y financiero o de la Administración Pública empiezan a defender ya de forma abierta hoy. Estamos
ante la eventualidad de que el contribuyente cubra los más de 100.000 millones de pérdidas del sector inmobiliario-financiero privado español, se den las circunstancias para una congelación artificial de los precios de suelo y vivienda libre y el salvamento público no se materialice ni en banca pública ni en parque de vivienda pública (que en cierta medida se podría usar para evitar los externailidades del medio millón de inquilinos y propietarios desahuciados al que España se acerca poco a poco). En la medida de lo posible habría que evitar esta tormenta perfecta y para ello, entre otras cosas,
lejos de privatizar nuestros exiguos parques públicos de vivienda en alquiler, deberíamos estar convirtiendo stock de vivienda libre en vivienda protegida en alquiler social. Pero como digo, el mercado y los principales partidos políticos españoles están a otra cosa bien diferente, muy peligrosa y de efectos negativos por generaciones, que solo se podrá subvertir si hay gran movilización social en torno a estos asuntos.
PD: la foto que encabeza este post la tomé en una asamblea del 15M, concretamente en una de las habidas en la Plaza del Arriaga en Bilbao.
ARTICULOS ANTERIORES EN ESTE BLOG QUE TRATAN DE TEMAS RELACIONADOS Y QUE PUEDE INTERESARTE:
