Reproduzco, por su interés, un artículo de opinión que recientemente han publicado en la prensa vasca varios profesionales y activistas sociales vascos. Eso a lo que en otra época nos referíamos como "intelectuales".
Nuestra clase política gobernante tiene la costumbre de ofrecernos los datos de la Comunidad Autónoma Vasca en comparación con los de diversos países de la Unión Europea, normalmente para destacar la buena posición que ocupamos en términos generales. Independientemente de que tal vez sea más riguroso comparar esos datos con los de los Estados y regiones más avanzados económica y socialmente, nos parece adecuada esa tendencia a mirar hacia arriba, hacia el norte, y no tanto hacia la realidad de nuestros vecinos y vecinas del sur.
Teniendo en cuenta esta premisa, creemos que también en el tema que nos ocupa, que no es otro que el de la vivienda, principal problema de la población vasca y más marcadamente de la gente joven, hemos de mirar hacia las realidades de los países de nuestro entorno europeo.
Así, a grandes rasgos, podemos apreciar que en la gran mayoría de ellos el acceso a la vivienda puede ser una preocupación y un quebradero de cabeza a un nivel individual, o como suele ocurrir lamentablemente casi siempre, un problema de las clases y sectores más excluidos. Sin embargo, está muy lejos de ser EL PROBLEMA, con mayúsculas, que supone esta cuestión para amplísimos sectores de la población vasca y también de la española.
No queremos entrar aquí en los motivos, ampliamente debatidos y en buena parte consensuados por los agentes sociales, que han hecho posible que el acceso a la vivienda en nuestro entorno sea toda una odisea con tintes de pesadilla para el común de los mortales, mayoritariamente jóvenes en edad de emanciparse. Basta decir que la voracidad especulativa de bastantes personas desaprensivas, junto con la inoperancia o connivencia de los poderes públicos, unidas a una pesada herencia recibida del franquismo, han creado una situación que no por sufrirla cotidianamente deja de ser escandalosa.
Preferimos mirar hacia el futuro. Pensamos que tenemos mucho que aprender de Europa, también en este campo. En esa línea, nos gustaría destacar algunas ideas fuerza y prioridades que a nuestro entender deberían marcar las políticas públicas de las instituciones vascas durante los próximos años, también en el medio y largo plazo. Unas ideas y prioridades que, de aplicarse con energía y el suficiente consenso tanto partidario como institucional, darían un vuelco apreciable a la situación en no tantos años.
La idea fundamental es la de abordar el derecho subjetivo a la vivienda de todas las personas residentes en la CAV, de una manera inmediata, individual e incondicional. Un derecho que ha de ser garantizado por las administraciones públicas y debe estar protegido judicialmente. Para ello, las administraciones públicas han de generar un parque potente de viviendas en alquiler, con rentas adaptadas a la capacidad de pago de las personas, no superando en ningún caso ese pago el 30% de los ingresos de la persona beneficiaria del derecho.
¿Nos imaginamos que hoy una persona joven en Euskadi pudiera ejercitar su derecho a acceder a una vivienda digna residiendo de manera estable y duradera en una vivienda en alquiler adaptada a sus características personales y familiares, en su entorno vital, y no pagando más del 30% de sus ingresos para ello, siendo legión el número de mileuristas? Pues, a grandes rasgos, ésta es la realidad que se vive en la mayoría de los Estados europeos, en los que nos miramos con tanta frecuencia. Por tanto, a nuestro entender, no es un sueño y una utopía dar pasos en esta dirección. Más bien es una cuestión de voluntad, determinación y prioridad política.
Además de construir viviendas públicas únicamente en alquiler para ir conformando ese parque referencial, creemos que la auténtica prioridad consiste en movilizar viviendas vacías, tanto mediante incentivos (ahí está el programa Bizigune, con sus virtudes y defectos) como, sobre todo, gravando su falta de uso social, un gravamen que sitúe a esas viviendas como lo que realmente son: un lujo que nuestra sociedad no se puede permitir. En la política fiscal, competencia de las poderosas diputaciones forales, nos jugamos mucha de la viabilidad de todo este planteamiento.
Estas medidas, junto a una política favorable a la rehabilitación y recuperación de núcleos urbanos y rurales deteriorados, ayudarían además a frenar e invertir esa compulsiva y preocupante tendencia a la construcción y colonización de nuevos suelos, que amenaza con ir tornando cada vez más gris la bucólica imagen verde de nuestra tierra.
Para acabar, un par de apuntes más. En primer lugar, no creemos que la tan repetida -e interesadamente publicitada- predilección de la población por la propiedad de viviendas frente a la opción del alquiler sea tal, sino únicamente una cuestión de números y oportunidades. Ofrezcamos viviendas públicas en alquiler a precios razonables y cuidando los entornos vitales y proyectos de vida de las personas y veremos cómo esa supuestamente clara opción se transforma de manera radical. Porque la gente no es tonta, ni tiene una especial predilección por hipotecarse de por vida con el banco o la caja de turno. Y en segundo lugar, ya que hablamos de hipotecas, ¿qué tal si aprobamos por ley, como ocurre en Francia, un límite de años (pongamos 15) y de cantidades (no más del 30% del sueldo) a la hora de contratar una hipoteca? Aunque se reduciría el negocio de unas cuantas personas, la población agradecería una regulación de este tipo.
Como decimos al principio, hay mucho que aprender del entorno europeo en el que nos movemos. Medidas como las que aquí proponemos, parecidas a las que el Ararteko ha recomendado recientemente en un informe sobre juventud y vivienda, nos pueden ayudar, y mucho, a la deseada convergencia en materia de vivienda. Creemos que los agentes sociales y también la población en general, específicamente la juvenil, las verían con buenos ojos y las apoyarían mayoritariamente. En estos tiempos en los que tanto hablamos de consultas y de dar voz a la ciudadanía, es necesario contar con mecanismos participativos para que esa ciudadanía se implique y pueda decidir sobre cuestiones tan importantes para su vida, como es la presente. En breve se va a iniciar el debate para la aprobación de una Ley de Vivienda para la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Se aprobará finalmente una ley que avance de manera decisiva en los parámetros aquí esbozados? El tiempo lo dirá
A.Marcos (activista socio-político), I. Mera (activista social), G.Biurrum (jueza) y P. Ibarra (profesor de la UPV-EHU)
No suscribo, al pie de la letra, toda esta partitura, pero si, sin duda, la música.
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