LEOLO

Un juez en España puede perseguir, utilizando todas todas las posibilidades del ordenamiento jurídico español e internacional, e incluso extralimitarse en la instrucción de los sumarios con prácticas poco ortodoxas, cuando no ultra vires, si con ello persigue a narcotraficantes gallegos, mafiosos rusos e italianos, políticos corruptos del PSOE, terroristas de ETA, policías y militares asesinos del GAL, dictadores extranjeros, etc. Pero si un juez quiere perseguir a políticos corruptos del PP o a los criminales franquistas se le degrada con deshonor y echa de la carrera judicial.

Está en riesgo no solo la justicia. Nos jugamos la, ya de por si demediada, democracia española, así como buena parte de nuestro prestigio como país a los ojos de Occidente.

Creo que solo nos queda la calle (la real y la virtual).

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Ayer se reformó la legislación española sobre Justicia Universal con el apoyo de todo casi todo el arco parlamentario. La Justicia española solo podrá perseguir delitos de esos que llamamos de lesa humanidad (recuerdo que no prescriben nunca) comentidos en España (salvo que tengan que ver con el franquismo) o en el extranjero solo cuando afecten a españoles. Ayer fue un razonable buen día para los diplomáticos españoles (que dejarán de pelearse por esto con sus colegas chinos, israelies, norteamericanos, etc), un día maravilloso para los sátrapas y tiranos del mundo (por razones obvias) y un pésimo día para los defensores de la Justicia Universal, que empieza a ser más "impunidad universal" que otra cosa o como dicen dos reputados bloggers "injusticia universal" e "ignominia universal". Todo mi apoyo al Tribunal Penal Internacional que será quien defienda en solitario este principio jurídico, al menos las pocas veces que así lo permitan los estados miembros del mismo (después del consiguiente cálculo político).

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Es una obviedad, pero no quiero dejar de decirlo: lo que está pasando en Gaza es, sin duda, un genocidio tal y como esta figura está tipificada en el derecho internacional.

Extraigo de de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con su artículo XIII lo siguiente:

Artículo I

Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

Artículo II

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo III

Serán castigados los actos siguientes:

a) El genocidio

b) La asociación para cometer genocidio

c) La instigación directa y pública a cometer genocidio

d) La tentativa de genocidio

e) La complicidad en el genocidio.

Creo que no hace falta ser un fino jurista para comprender que estamos ante un genocidio de manual.

Israel ratificó el convenio en marzo de 1950. Los EAU en 1988 (tardaron 40 años en ratificarlo despues de haberlo firmado en 1948). España en septiembre del 68. La mayor parte de los estados de la UE lo ratificaron en los años 50.

Este genocidio goza de total impunidad, dada la toleración o apoyo entusiasta de los EUA, la UE, Rusia, China y demás potencias mundiales.

Este genocidio debería provocar la puesta en marcha del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas (El Consejo de Seguridad de las NNUU podrá podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales). Pero nadie va a intervenir, a no ser para ayudar a Israel a terminar su "obra".

Como digo, no cuento más que obviedades. Pero no quería dejar de reiterarlas.

PD: este post surgió al leer este otro en Palinuro, el blog del maestro Ramón Cotarelo.

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Leo en el diario El País que en el balance de la quebrada inmobiliaria Martinsa había suelos valorados por el 19.000% de su valor real.

Y yo me pregunto, ¿no va a ir nadie a la cárcel de la inmobiliaria, sociedad tasadora, auditoria y banco que respaldaron este tipo de maniobras claramente delictivas? Las posibilidades de Título XIII del Código Penal (delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico) son amplias.

La respuesta supongo que será negativa, pues en España la cárcel es, por regla general, para los pequeños delincuentes pobres a los que se pilla en pequeños delitos patrimoniales. Y quienes orquestan una quiebra de más de 5.100 millones de euros (en función de la fuente consultada se llega a hablar de 7.000 millones de euros -poco menos que el PIB de Paraguay-)no encajan en el perfíl anterior.

En la siguiente bonanza económica muchos de los delincuentes económicos que ahora quedarán impunes, volverán a delinquir. Dado que no hay sanción a su comportamiento y que con el mismo se enriquecen, volverán a hacerlo.

(en la foto Fernando Martín, presidente de Fadesa Inmobiliaria)

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Algo vuelve a oler muy mal en Marbella. Pero que muy mal.

Después de que la Corporación tuviese que ser disuelta por las evidencias palmarias de corrupción y desgobierno (cosa que permite la LRBRL y que muy pocas veces se pone en práctica por miedo a aparecer como enemigos de la autonomía local, constitucionalmente protegida en el artículo 137 de la Carta Magna) y puesta en manos de una gestora hasta las pasadas elecciones municipales, ahora resulta que los responsables de los cientos, sino miles de delitos y faltas cometidas en dicho municipio llegan a un acuerdo con el Ministerio Fiscal por el que evitan más de 70 juicios, van un añito más a la cárcel (hasta sumar tres con el tiempo que ya han pasado en prisión) y después quedan libres de cualquier otra responsabilidad.

La verdad es que el acuerdo con el Ministerio Fiscal parece muy ventajoso para los encausados y nada ventajoso para el interés general.

La argumentación para "vender" en público este acuerdo Fiscalía - acusados a mi me parece cuando menos peculiar. Parece ser que es mejor mandar unos meses a los imputados a la cárcel y olvidarnos de todo este tedioso lío que realizar las decenas de juicios pendientes. Algunos han dicho abiertamente que así el Estado se ahorra los costes de tantos juicios y al asunto se le puede dar carpetazo rápido. Parece ser que hay mucha gente que necesita un rápido carpetazo.

Y ante este hecho yo me hago algunas preguntas ¿Donde está todo el dinero público robado? ¿A quienes han ido a parar esas millonarias sumas? ¿Además de los encausados que otras personas u organizaciones están involucrados en una de las mayores tramas de corrupción urbanística que haya habido en Europa en los últimos años? ¿A quienes están protegiendo Ministerio Fiscal y encuasados?

No sé, no puedo afirmar nada, pero resulta raro pensar que la inmensa trama de corrupción que se montó en Marbella, que era además pública y notoria, solo haya beneficiado a unos concejales y al Sr. Roca. ¿Donde estaban la Justicia, la Junta de Andalucia y los partidos políticos entonces? ¿Si miraron para otro lado durante todos esos años, no es de suponer que parte de esos grupos estaban tambien involucrados en la trama? ¿No le convendrá ahora a mucha gente poderosa un rápido cierre del tema, que no moleste a los paganos -los concejales y Roca- y que garantice el borrón y cuenta nueva?

Como digo, algo me vuelve a oler muy mal en Marbella. Aunque quizás yo vea cosas que no hay donde no las hay, que todo puede ser.

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