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MANIFIESTO DEL FORO DE PARTICIPACION SOCIAL EN LAS POLITICAS DE VIVIENDA (ETXEBIZHITZA) SOBRE LA LEY VASCA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

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Ya os he hablado de Jornadas sobre el derecho a la vivienda organizadas por el Foro de Participación Social en las Políticas de Vivienda (EtxebizHitza). En un post de hace unos días os facilité las conclusiones de los tres grupos de trabajo. Hos os dejo el manifiesto resultado de dichas jornadas y que hoy se presenta en la Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente (la competente en materia de vivienda) del Parlamento Vasco.

 

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CONCLUSIONES JORNADA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA ETXEBIZHITZA

 

Introducción

El Foro de Participación Social en las Políticas de Vivienda (EtxebizHitza) nació en verano de 2006 de la mano de la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco a iniciativa de diversos colectivos sociales. El objetivo de este órgano es constituirse como “espacio en el que el movimiento social vasco encuentre una vía para incidir en la definición de las políticas de vivienda”. En esa línea hemos venido trabajando durante más de dos años.

Con el objetivo de que los debates e intercambios mantenidos en el seno de este órgano trascendiesen al mismo y llegaran a sectores más amplios, nos decidimos a organizar la “Jornada por el Derecho a la Vivienda” el pasado 10 de Noviembre en Bilbao. En la misma contamos con la participación de Miloon Kothari (Ex relator de la ONU para el Derecho a la Vivienda) y Cesare Ottolini (Presidente de la Alianza Internacional de Habitantes) quienes reflexionaron respectivamente sobre el derecho a la vivienda y la vivienda pública en alquiler.

Posteriormente una mesa redonda, en la que participaron distintas personas expertas en la materia, reflexionó sobre la vivienda vacía. Tras la presentación del Anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a la Vivienda a cargo del Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Javier Burón, se dio cierre a las jornadas con tres grupos de trabajo donde se alcanzaron una serie de conclusiones en torno a los tres núcleos temáticos de la jornada: Derecho a la vivienda, políticas de alquiler y movilización de vivienda vacía.

Contexto

La crisis social de la vivienda es un fenómeno global que afecta a una parte significativa de los países

y regiones del planeta. Si bien las situaciones de los países ricos y de los empobrecidos no son comparables, sí que es posible establecer la existencia de conexiones y causas comunes. Groso modo la situación global de vulneración del derecho a disponer de una vivienda adecuada está causada por la mercantilización de ese bien de primera necesidad, la supeditación de las políticas públicas a los dictados del libre mercado y la generación de una burbuja especulativa de grandes proporciones en torno a la misma.

Si ésta es la situación global, merece la pena hacer algunas puntualizaciones sobre la situación en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El gran peso que la economía del ladrillo ha tenido sobre el conjunto de la economía y la generación de una importante burbuja inmobiliaria nos sitúa, tras su violento pinchazo, en una situación de extrema gravedad. Si durante los años de bonanza económica la crisis social de la vivienda no hizo sino agravarse, en especial en el decenio 1997-2007, estos tiempos de emergente crisis vienen a situar nuevos problemas encima de la mesa y a agravar los pre-existentes. A las dificultades de emancipación de la juventud, el sobreendeudamiento de la ciudadanía, la sobre-colonización de nuevos suelos para usos residenciales, el incremento de viviendas vacías e infrautilizadas y el absoluto desequilibrio entre tenencia en propiedad y alquiler, le tenemos que sumar ahora los cada vez más frecuentes impagos hipotecarios (con sus consecuentes desahucios) y el incremento de las cifras del paro del sector de la construcción.

Territorios donde los muchos años de decisiones políticas tendentes a favorecer el acceso en compra de la vivienda en el mercado libre y la continua alimentación del sector inmobiliario como motor de la economía han terminado por cristalizar en un complejo cultural cuyas dos caras son el libre mercado como proveedor de servicios y la propiedad de la vivienda como norma.

Vivimos estos momentos de crisis desde la preocupación, pero también desde las nuevas oportunidades que se abren. Si ahora todos los actores políticos y económicos, locales e internacionales, vienen a coincidir en la necesidad de intervenir desde lo político en lo económico, estableciendo límites y regulaciones, afirmamos la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda desde lo político. Intervención que tiene que responder a dos retos relacionados entre sí.

1. En primer lugar, hay que construir, desarrollar y afianzar marcos normativos y presupuestarios en Urbanismo y Vivienda que nos pongan en la dirección de garantizar el derecho a la vivienda y hacerlo desde principios de igualdad, no exclusión, sostenibilidad y participación ciudadana.

2. Afrontar, de manera compartida por la sociedad civil y las administraciones públicas, el necesario cambio cultural en la materia.

El Derecho a la Vivienda

El objetivo que como sociedad vasca nos tenemos que marcar es alcanzar la satisfacción efectiva del derecho a la vivienda. Al igual que la salud, la educación o los servicios sociales, el alojamiento es una necesidad de primer orden. Además de asegurar la supervivencia física, la vivienda constituye el espacio básico de seguridad y autonomía desde el que las personas podemos construir nuestros proyectos de vida. Condición sine qua non para el desarrollo personal constituye, además, uno de los principales nexos de relación de la persona con su comunidad entendida ésta no sólo como núcleo de relaciones sociales y de servicios sino también como comunidad política.

Entendemos el derecho a la vivienda no como algo aislado sino como un derecho en relación al resto de los derechos humanos, civiles y políticos, en sintonía con la definición de vivienda adecuada adoptada por el Comité de Derechos Sociales de la ONU (Observación General N.° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 12 de diciembre de 1991) por la cual “el derecho humano a la vivienda es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a acceder y mantener un hogar seguro en una comunidad donde poder vivir en paz y dignidad”.

Aspiramos a una definición normativa del mismo para la CAPV que lo sitúe como derecho subjetivo perfecto de base individual, incondicional y universal que obligue al conjunto de las Administraciones Públicas Vascas a darle satisfacción de manera coordinada y suficiente.

Marco financiero y presupuestario

La intervención pública que reclamamos se tendría que basar tanto en un marco financiero y presupuestario a la altura del reto como en el soporte normativo. Si hablamos de dar satisfacción universal del derecho a la vivienda se tiene que incrementar de manera exponencial el presupuesto dedicado a las políticas públicas de vivienda. Empezando por equilibrar la diferencia de 3 a 1 existente entre el gasto fiscal y el gasto público destinado a vivienda (por cada euro que se invierte se dejan de recaudar tres en concepto de deducciones), pasando por incrementar los porcentajes de recaudación sobre las plusvalías inmobiliarias tampoco podemos obviar el debate, más de fondo, sobre la fiscalidad vasca.

La garantía del derecho a la vivienda nos sitúa ante la necesidad de una auténtica contra-reforma fiscal basada en principios de justicia social y de redistribución de la riqueza. Avanzando hacía una situación donde la recaudación sea en base, fundamentalmente, a los impuesto directos, donde se graven de manera contundente las operaciones especulativas y donde se persiga de forma eficaz el gran fraude fiscal existente. Sólo así sería posible generar recursos públicos en la cantidad suficiente para implementar planes de acción que alcancen el objetivo propuesto en un plazo razonable.

Los bancos y las cajas se han aprovechado de la coyuntura para maniatar con hipotecas a las y los adquirientes de vivienda, provocando un sobre-endeudamiento asfixiante que les mantendrá por decenios aplastadas y aplastados. Serían precisas unas políticas eficaces y una legislación como la existente en la UE que impidiera que una persona o familia pudiera endeudarse en más de un 30% de sus ingresos o por más de 20 años. Esta medida contendría de forma automática el precio de la vivienda.

En definitiva, para esto se necesitan marcos tributarios potentes y redistributivos que favorezcan el alquiler, la vivienda de protección pública y la movilización de vivienda vacía, frente a los actuales incentivos que inducen a la compra, y facilitan el mantenimiento de viviendas libres y viviendas vacías.

Pilares de una ley de garantía del derecho a la vivienda

Recursos económicos sin lo cuáles cualquier marco normativo, por ambicioso que éste sea, se quedará en papel mojado. Si bien es clara la premisa de que el derecho a la vivienda es universal, individual e incondicional no lo son menos los pilares sobre los que se tendría que construir la ley que lo lleve del mundo de las palabras al de los hechos. La necesaria coordinación del conjunto de las administraciones públicas (dado el reparto competencial existente) establece la pertinencia de desarrollar un Servicio Público Vasco de Vivienda. Ente compartido por el conjunto de las administraciones y por la ciudadanía (respondiendo al principio de participación ciudadana) que asegure una planificación conjunta coherente y que sea la cabeza visible del conjunto de los recursos públicos y el punto de acceso de toda la ciudadanía.

Sería éste el espacio desde el cuál construir los sucesivos Planes Directores de Vivienda de la CAPV. Planes de carácter plurianual y de obligatorio cumplimiento para el conjunto de las administraciones públicas y que estarían en necesaria relación con los Planes Locales y Supramunicipales de Vivienda. Sólo con instrumentos potentes y construidos de manera participativa será posible cambiar las inercias del pasado y retomar la función social del urbanismo, poniéndolo al servicio del derecho a la vivienda.

El conjunto de las actuaciones públicas en políticas de vivienda debieran tener como objetivo el establecimiento de la figura del alquiler público como vía universal de acceso al derecho a la vivienda. El alquiler no es sólo la única manera realmente accesible para personas de cualquier nivel económico sino que también es el que en mayor medida asegura un tratamiento equitativo al conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, si entendemos la vivienda como servicio público, sólo el alquiler (u otras figuras jurídicas asimilables) aseguraría la permanencia y el control del Bien Público. Aspiramos por tanto, a la constitución de un parque de viviendas públicas en alquiler de entidad suficiente para dar satisfacción al conjunto de la necesidad social. Parque donde cada persona pagaría rentas ajustadas a su capacidad de pago individual y que garantizaría altos niveles de cohesión social, al evitar la segregación espacial en función de los distintos niveles de renta.

Cuando apostamos por una solución universalizable al derecho a la vivienda, no estamos defiendo soluciones estándar sino, más bien, todo lo contrario. Desde la atención a las necesidades de carácter urgente vinculadas a los procesos de exclusión y vulnerabilidad, hasta la respuesta a las distintas realidades convivenciales y momentos vitales, se tienen que constituir recursos que posibiliten verdaderos itinerarios de vivienda.

La política de vivienda que se desarrolle en el futuro tiene que estar más orientada a poner en valor y servicio la ciudad ya construida que a seguir colonizando nuevos suelos. En un territorio con las limitaciones geográficas y orográficas como el nuestro y donde, además, el ritmo de ocupación de suelo de los últimos años ha sido tan elevado tenemos que construir un auténtico muro de contención en torno a los terrenos rurales y naturales que aún poseemos. Si en el futuro queremos poder disfrutar de un medioambiente de una calidad aceptable y avanzar por el camino de la soberanía alimentaria, tenemos que reenfocar las políticas hacía la rehabilitación y la regeneración urbana y hacía la puesta en circulación de las viviendas vacías e infrautilizadas.

Si bien entendemos que viviendas vacías y secundarias responden a distintos fenómenos, también conocemos que las consecuencias de ambos tipos de vivienda son muy similares (sobre el medio ambiente, sobre el mercado de vivienda,…). En todo caso son realidades que requieren de intervenciones públicas distintas. Defendemos, además de medidas de fomento, tanto la implementación de un impuesto específico sobre toda aquella vivienda que no constituya la residencia legal y efectiva de ninguna persona como la habilitación de medidas de movilización directa de las viviendas permanentemente vacías por parte de la administración pública (requisa temporal para su puesta a disposición en alquiler). Medidas de esta naturaleza se llevan numerosos años implementando en países de la UE (Francia, Inglaterra, Holanda,….) donde la vivienda se entiende como un auténtico servicio público.

Instamos

1. El conjunto de las conclusiones expresadas hasta el momento son plenamente implementables a nivel normativo dentro del actual marco competencial y legislativo de la CAPV, es por ello que apostamos y reivindicamos que la futura Ley de Vivienda que apruebe el Parlamento Vasco refleje tanto la filosofía de fondo como las medidas concretas expresadas en el presente documento.

2. Paralelamente instamos al conjunto de las fuerzas políticas representadas en la cámara legislativa a que alcancen un acuerdo que posibilite la aprobación en la presente legislatura de una ley que garantice el derecho a la vivienda en la CAPV.

 

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