Se acaba de publicar en el BOPV el Decreto 238/2010, de 14 de septiembre, de la Alta Inspección en materia de servicios sociales de Euskadi.

Este Decreto desarrolla lo establecido en relación a la Alta Inspección en los artículos 82 a 86 de la Ley 12/2008, de 5 diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco.

La Alta Inspección en materia de Servicios Sociales tiene como misión "garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo proclamado en el artículo 2 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, -el acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales se configura en la referida Ley como un derecho subjetivo ciudadano- así como el cumplimiento y la observancia del ordenamiento jurídico aplicable".

En estos momentos en Euskadi ocurre lo siguiente:

• En materia de servicios sociales solo puede legislar el Parlamento Vasco.
• El poder reglamentario para desarrollar la legislación vasca en esta materia es hegemónicamente del Gobierno Vasco
• Tres Administraciones Públicas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos) disponen de diferentes servicios públicos sociales (aunque el papel del Gobierno Vasco en materia de prestación es menor).
• Cada una de estas tres Administraciones tiene postestad sancionadora en relación a las infracciones que se puedan cometer en servicios sociales de su competencia.

Con este contexto, es claro que hay riesgos de que 251 ayuntamientos, 3 diputaciones y 1 gobierno puedan interpretar de forma diferente sus obligaciones y los derechos de la ciudadanía en materia de servicios sociales. Ello sería contrario al espíritu y la letra de la Ley 12/2008 que crea un solo Sistema Vasco de Servicios Sociales (y no 251 o 3 diferentes). Precisamente para garantizar una cierta homogeneidad territorial y el respeto al espíritu y la letra de la Ley 12/2008 nace la Alta Inspección.

La cuestión no es pacífica, pues las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos no ven con buenos ojos que el Gobierno Vasco (de quien va a depender la Alta Inspección) pueda evaluar sus servicios sociales e incluso, como establece el Decreto 238/2010, impulsar procedimientos por incumplimiento de la normativa vasca de servicios sociales con requerimiento formal de subsanación de los incumplientos o irregularidades detectadas.

A mi juicio, ante lo polémico del tema, se ha optado por una solución salomónica. La Alta Inspección está en manos del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos serán examinados por la Alta Inspección. Pero cuando se detecte un incumplimiento o irregularidad la Alta Inspección solo podrá ponerlo en conocimiento de la Consejera del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales que, a su vez, solo podrá requerir a la Administración que está provocando un incumplimiento o irregularidad para que deje de hacerlo. Sin ulteriores facultades. Una especie de Ararteko interno del sector público especializado en servicios sociales y que no media directamente (aunque si indirectamente) entre la ciudadanía y la Administración, sino entre administraciones.

Una de las mayores aportaciones del derecho tributario al resto del derecho es su concepción fáctica del concpeto "obligación". Para los hacendistas no hay obligación (tributaria) sin sanción (económica). Todo lo que no pueda ser efectivamente sancionado no es una obligación, sino un desideratum. En el caso de la Alta Inspección en materia de servicios sociales, dado que solo puede poner de relieve incumplimientos e irregularidades y no está en su mano la capacidad de imponer sanciones, todo apunta a que la cosa se va a mover más en el terreno de la denuncia política y periodística que en el de la potestad sancionadora o la revisión judicial de la actividad de la Administración. El Decreto 238/2010 pone a andar de facto un órgano administrativo nuevo que hasta hoy solo existía de iure. No conviene minusvalorar su importancia. Pero hay que ser consciente de sus limitaciones, hoy por hoy, evidentes.

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En los últimos meses estamos asistiendo a una interesante tendencia en materia de políticas públicas de vivienda. Por una lado se aprueban textos legales y reglamentarios que enuncian toda una serie de buenos propósitos en materia de vivienda(producir más vivienda protegida, incrementar el parque de alquiler público, aumentar el peso de la rehabilitación y la regeneración urbana en España, reducir el coste del acceso a la vivienda de la población e incluso se empieza a tratar la vivienda como un derecho ciudadano y no solo una mercancía) y por otro se llevan a la práctica políticas públicas de vivienda que lo único que pretenden es socorrer al sector empresarial del ladrillo(conseguir que se venda el stock de vivienda libre terminada y no comercializada, evitar las quiebras empresariales, minimizar el paro, dar un valor contable artificial a los activos inmobiliarios de promotoras, inmobiliarias, cajas y bancos, evitar que caiga el precio de la vivienda libre, facilitar que la máquina de producir vivienda libre vuelva a funcionar, etc).

Incluso si vamos un poco más lejos, vemos que para poder atender al sector inmobiliario privado se está haciendo caja con el exiguo patrimonio de vivienda pública de las Administraciones Públicas españolas: ventas de promociones de viviendas protegidas en alquiler (que en unos años se descalificarán y serán vivienda libre con la consiguiente plusvalía para el privado que las adquiera), venta del suelo de viviendas en derecho de superficie (con la consiguiente consolidación de propiedad privada entre suelo y vuelo y por lo tanto la desvirtuación del derecho de superficie como alquiler público a largo plazo o vitalicio), etc.

Puede que a la mayor parte de la gente que vea todo lo justifique con la crisis (es normal que la Administración haga caja para reducir su déficit y deuda, es normal que época de crisis las Administraciones Públicas traten de evitar el paro y las quiebras en el sector inmobiliario, etc). Pero a mi todo esto me parece muy poco presentable: se vende el patrimonio público de vivienda y se reducen los presupuestos públicos de vivienda a niveles insospechados para poder ayudar al sector inmobiliario y financiero que son los responsables de la actual crisis económica, dando la espalda a las personas con dificultades en materia de vivienda que no han causado la crisis y a quienes en teoría deben de ir dirigidas las políticas de suelo y vivienda.

Al menos de todo ello podemos sacar una conclusión: las políticas públicas de vivienda en España han sido, son y parece que serán en el futuro próximo instrumentos al servicio del PIB y el empleo, casi sin rastro de política pública social o urbana.

Documento un poco algunas cosas de las que afirmo:

NORMAS APROBADAS EN LOS ULTIMOS MESES CUYO TEXTO APUNTA BUENOS PROPOSITOS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA

- Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León. Tecnicamente una norma muy correcta (en muchos de sus tramos recuerda algo a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Cataluña por sus referencias a la planificación de las políticas públicas de vivienda, al fomento del alquiler, la rehabilitación, la sostenibilidad, etc) y que si se lee su artículo 2 (principios generales de la política de vivienda) está, en teoría, orientada a facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía de esa comunidad (incluso se habla de que el esfuerzo financiero por vivienda no supere el 30% de los ingresos personales y/o familiares).

- La todavía reciente Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, de la que ya escribí en este blog el pasado mes de marzo y que, sin ser mi modelo de ley de vivienda, contiene teóricos avances legislativos en materia de derecho subjetivo a la vivienda exigible ante los tribunales de justicia por la ciudadanía.

- La primaveral Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, de derecho a la vivienda en Navarra. Probablemente la ley más perfecta en España en materia de vivienda protegida (que indudablemente bebe en las fuentes de la tradición navarra en esta materia, la antes citada ley catalana de vivienda y la non nata ley vasca del derecho a la vivienda de 2008).

ACTUACIONES EFECTIVAS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN CONTRA DE LA VIVIENDA ASEQUIBLE Y DE MERO SOCORRO A LOS PROMOTORES DE VIVIENDA LIBRE, INMOBILIARIAS Y ENTIDADES FINANCIERAS

- Cantabria dará 20.000 Euros a los propietarios que compren vivienda libre en stock y vendan la suya a precio VPO. Sin comentarios.

- Acuerdo para la conversión del stock en viviendas protegidas en Castilla y León(simplemente una más de las innumerables CCAA que han aprobado ayudas públicas a la venta de vivienda libre como viviendas tasadas -las protegidas más caras- descalificables entre 10 y 15 años; ergo ayudas públicas a la comercialización de vivienda libre en stock de promotores privados). Andalucía ha sido una de las CCAA más activas en este campo.

- Programa de Enajenación de Suelo aprobado por el Ayuntamiento de Madrid (venta de cerca de 10.000 derechos de superficie, en condiciones similares a lo que ya he comentado con motivo de la venta de los derechos de superficie o alquiler públicos vitalicios vascos).

- Galicia bajará la reserva de VPO(según las autoridades gallegas las viviendas protegidas no tienen mercado y es mejor promover pocas, -ironic on- pues como todo el mundo sabe, la gente prefiere comprar vivienda libre antes que vivienda protegida).

- La EMVS del Ayuntamiento subasta sus viviendas en arrendamiento (promociones de vivienda protegida en arrendamiento, con inquilinos dentro, que se venden a una gestora privada -esta paga una cantidad a la Administración, gestiona el alquiler unos años -sobre unos diez- y después las vende como vivienda libre, con la consiguiente plusvalía privada). Esta tendencia y se inició, incluso por ley, hace unos cuentos meses en Extremadura.

- Valencia suprime las ayudas a la vivienda protegida (al parecer en esa Comunidad Autónoma ya han cumplido con los objetivos de producción de vivienda protegida que pueden financiar desde la Administración y esta ha decidido no hacer más viviendas protegidas en lo que queda de año 2010 -septiembre a diciembre-). 

- Suben los tipos de interés del Préstamo Convenido para la producción de vivienda protegida (Ministerio de Vivienda) (si no he leído quien quiera hacer vivienda protegida deberá pagar euribor + 2 a las entidades financieras que, a pesar de estos interese tan altos, no financian casi ni una operación de vivienda protegida). 

- El Gobierno vasco se quiere centrar en el alquiler público, pero desmonta una por una todas las líneas de alquiler que hasta la fecha han funcionado para crear el mayor (en términos relativos) parque de vivienda pública en alquiler de España.

- El Ministerio de Vivienda antes de irnos de vacaciones de verano nos anunció que el recorte presupuestario del plan de ajuste fiscal del Gobierno dejaba herido de muerte al Plan Estatal de Vivienda.

Es lo que hay: reducir al mínimo la intervención del Estado en materia de vivienda(desplome de la vivienda protegida siempre descalificable, inexistencia del alquiler público y testimonialidad de la rehabilitación y regeneración urbana; de movilizar vivienda vacía ni hablamos), hacer caja con el patrimonio público de suelo y vivienda y desvivirse por el sector privado de la vivienda(dobredimensionado, ineficiente, próximo a la bancarrota, en manos de las cajas y bancos y sostenido con la respiración artificial proporcionada por el contribuyente español). No me gusta nada. pero es lo que hay.

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Ayer día 9 entro en vigor la Ley 34/2010, por la que se modifica la Ley 30/2007 (así como la Ley 31/2007 y, de manera puntual, otras disposiciones normativas, como la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

Esta modificación viene motivada por la necesidad de trasponer a Derecho español la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. Asimismo, esta modificación normativa responde también al hecho de que la Comisión Europea abrió procedimiento de infracción contra el Reino de España por incumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidades Europeas de 3 de abril de 2008. 

Como primer mensaje telegráfico, la modificación que nos ocupa se refiere, esencialmente, al procedimiento de recursos, lo que se traduce en dos modificaciones normativas:

• la incorporación de la novedosa "cuestión de nulidad"
• la modificación del ya existente recurso especial en materia de contratación.

Como consecuencia de la modificación del régimen de recursos se han introducida otras modificaciones legales que, al menos desde el punto de vista conceptual, son de gran importancia:

• se refuerza la exigencia de motivación de la adjudicación
• se suprime la dualidad adjudicación provisional / adjudicación definitiva.
• se configura la formalización del contrato como elemento constitutivo del mismo
• y la falta de formalización en plazo deja de ser causa de resolución del contrato, pues este todavía no existe.

Aunque quedan algunas dudas por despejar (la reforma legal habilita a las CCAA a regular ante quien se interpone la cuestión y el recurso en el ámbito autonómico y local -a nivel estatal la ley crea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales- y mientras esto suceda quedan algunas dudas sobre la ejecutividad de las resoluciones no totalmente estimatorias), en términos generales es una reforma que parece apuntar hacia mas y mejor control jurídico de la actividad licitadora del sector público.

Ahora habrá que esperar para ver si la voluntad dle legislador se convierte en realidad tangible en las relaciones entre empresas privadas licitadoras y el sector público licitante.

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Eso es lo único que yo espero de ETA: día, hora y lugar de entrega de todas y cada una de sus armas a cambio de la nada más absoluta en términos políticos. Espero que ese día llegue pronto.

Todo lo demás, puro bla bla bla en virtud de ciertas necesidades electorales.

A pesar de lo anterior, supongo que hoy mucha gente dormirá mejor.

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