Reproduzco por su interés un artículo del economista y estadístico Jose Manuel Naredo sobre EL ALQUILER EN ESPAÑA.
Crudo, revelador y estimulante.
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Reproduzco por su interés un artículo del economista y estadístico Jose Manuel Naredo sobre EL ALQUILER EN ESPAÑA.
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Reproduzco, por si interés y claridad, un artículo sobre el DERECHO A LA VIVIENDA de los juristas Gerardo Pisarello (profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona) y Jaume Assens (vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona).
Suscribo cada uno de sus análisis y propuestas.
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Hasta este momento los préstamos que solicitan los adjudicatarios de vpo son concedidos por las cajas y bancos que suscriben el convenio financiero con el Gobierno Vasco a un precio que oscila entre el euribor y euribor más 1%.
El nuevo acuerdo financiero con las cajas de ahorros permitirá que las personas a las que se les adjudique una vivienda protegida reciban un préstamos a un precio que oscilará entre el euribor más 0.30% y euribor más 0,75%. Como se puede observar, mejores condiciones que en el pasado y también mejores que el mercado en estos momentos.
Inmediatamente hemos recibido todo tipo de críticas por hacer accesible la vivienda protegida a sus adjudicatarios. Los agraviados son, como era de esperar, los sobrehipotecados por la compra de una vivienda libre. Para ellos, sin duda, también habrá que articular medidas de protección desde las Administraciones Públicas, dado que también están en una muy mala situación. Pero que haya que proteger a la gente que está por encima de los ingresos máximos de vivienda protegida, no obsta para que también se alivie la situación hipotecaria de los demandantes de vivienda protegida. Cada cosa requiere medidas distintas y particulares para cada caso. Cada cosa es además competencia de una Administración distinta. Proteger a unos, no implica forzosamente desproteger a otros. De hecho, mabos colectivos deben ser protegidos.
Sea como fuere, no me averguenzo de haber ayudado a mejorar la financiación hipotecaria de los adjudicatarios de vivienda protegida en propiedad o derecho de superficie en Euskadi. Es más, me parece algo bien hecho de lo que se beneficiará mucha gente con ingresos modestos. Obviamente a esto le tendrá que seguir la atención a los sobrehipotecados en vivienda libre.
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Leo en El Correo que el sorteo de algo más de 40 viviendas tasadas en Zaldibar han levantado ampollas entre la ciudadanía. (la foto pertenece a este mismo sorteo). Las viviendas de tres habitaciones con garage y trastero van a ser vendidas por dicho consistorio por 230.000 euros (más IVA). Este es un precio hoy prácticamente de mercado y a mi juicio impropio para una vivienda protegida.
No descubro nada si digo que estas viviendas de Zaldibar tienen un coste de producción muy inferior a esos 230.000 euros. Por lo tanto, es fácil saber para que sirven esas viviendas: para financiar al ayuntamiento. Tambien es fácil saber para que no sirven: para hacer más accesible la vivienda a la ciudadanía.
Con motivo del debate parlamentario de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi ya advertimos sobre los perniciosos efectos de la vivienda tasada tal y como era concebida por PSE, PNV y PP.
Ya vamos viendo lo efectos de la decisión de estos tres grupos parlamentarios, padres de la figura de la vivienda tasada con un precio que puede llegar a ser el 170% el de una vpo. Al verse sus primeros efectos en época de crisis, la cosa es aún más sangrante.
Una pena.
PD: desde mi punto de vista la producción de vivienda tasada solo está justificada cuando una Administración financia con esas viviendas tasadas (con las plusvalías o beneficios que producen) vivienda protegida en alquiler (que es deficitaria, salvo que lleve ayudas públicas); de esta manera se consigue financiar un parque de vivienda protegida para diferentes clases sociales, con diferentes regímenes de acceso (alquiler, derecho de superficie/propiedad).
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Hace unos días os hable de LAS JORNADAS SOBRE URBANISMO INCLUSIVO. GENERO Y PARTICIPACION organizadas por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. No quiero dejar de compartir con vosotros las conclusiones de estas jornadas.
Han pasado ya trece años desde que un grupo de urbanistas europeos redactara la Carta de las Mujeres en la Ciudad, documento de referencia para comenzar a repensar la ciudad teniendo en cuenta las diferentes relaciones que, en nuestros días, mujeres y hombres tienen con la ciudad.
La Carta puso sobre la mesa una estrategia para incorporar la visión de género al diseño y construcción de la ciudad. La perspectiva de género es un factor determinante cuando nos proponemos proyectar una ciudad en la que todos y todas tengamos igualdad de oportunidades y derechos.
Cuando hacemos referencia al género en relación con el urbanismo estamos hablando de construir ciudades habitables, hospitalarias, amables y tolerantes, que permitan conciliar los ritmos individuales con los colectivos, que garanticen la accesibilidad de todas las personas a todos los espacios y edificios públicos y que sean sostenibles.
Sin embargo, las mujeres, que han estado presentes activamente en todos los momentos históricamente decisivos de la cultura occidental, han sido invisibilizadas en este ámbito. Este es un problema aún hoy presente. Y es que, como sabemos, han sido casi exclusivamente hombres los que han conformado la historia del urbanismo: arquitectos, urbanistas, promotores, constructores y obreros, quienes han diseñado y construido las ciudades. Las mujeres, con contadas excepciones, no se han integrado en este ámbito profesional hasta finales del siglo XX y aún todavía no tienen demasiada representatividad.
Esto hace que la conformación de nuestras ciudades a menudo no haya tenido en cuenta las actividades relacionadas con la vida cotidiana, tradicionalmente más relegada al ámbito privado y que aún hoy en día, realizan mayoritariamente las mujeres.
Sólo el fin de una única mirada dominante nos ha de posibilitar reivindicar la primera diferencia -hablar de diferencia nunca es hablar de desigualdad- entre el ser hombre y el ser mujer. Sólo desde la construcción de este mundo dual, a veces complementario, pero esencialmente diferente, podemos comenzar a pensar en hablar de procesos de igualdad.
La mirada de la experiencia femenina sobre la ciudad construida, una mirada crítica que tiende a una adecuación del entorno construido para mejorar la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute de la ciudad, permite hacer visibles las necesidades de todos y todas aquellas que no son tenidos en cuenta por el pensamiento dominante.
Iniciativas como las de estas jornadas, pretenden fomentar y reforzar ese cambio, permitiendo reflejar experiencias, aportar nuevas metodologías (como el manual metodológico para la realización de mapas de análisis urbanístico desde la perspectiva de género, presentado esta mañana) y debatir sobre cómo hacer realidad esta adecuación del urbanismo a una sociedad basada en la igualdad de oportunidades que debemos construir entre todos y todas.
A modo de conclusiones de las mismas, en las que hemos contado con ponentes y experiencias de primer nivel, yo apuntaría las siguientes:
1. Es necesario dar un nuevo significado al urbanismo establecido, para integrar temas y necesidades que atiendan a las nuevas pautas sociales de nuestro tiempo. La perspectiva de género y la participación activa de todos y especialmente de las mujeres, profesionales y ciudadanas, deben incorporarse a todos los proyectos de construcción de la ciudad, como elemento estratégico por parte de los responsables de las diversas políticas urbanas y territoriales. (Ayer tuvimos un ejemplo de ello, a través de ley catalana de barrios que plantea la equidad de género en los espacios y los equipamientos, y que es la primera normativa de ámbito urbanístico que introdujo el género como un parámetro urbano).
2. Es fundamental impulsar procesos participativos, dotados de recursos suficientes, que aporten conocimiento real sobre la vida cotidiana de las mujeres y de otros grupos poco visibles socialmente, sus necesidades y sus experiencias como usuarias intensivas de la ciudad. Igualmente es preciso integrar a las mujeres y a sus redes de asociación en los procesos de participación reglados asociados a la planificación, tal y como recogen la Ley Vasca de Igualdad y la Ley Vasca de Suelo y Urbanismo.
3. A pesar de constituir la mitad de la población, las mujeres aún permanecen en una situación social de desventaja social y económica. Las responsabilidades sociales asociadas al cuidado de personas dependientes y a la responsabilidad en la esfera de lo doméstico, así como el trabajo informal recaen mayoritariamente sobre ellas. Consecuencia de ello es que sus preocupaciones y necesidades específicas no están debidamente consideradas en los planteamientos de los documentos urbanísticos.
4. Debe reconocerse el déficit histórico de participación de las mujeres en temas relacionados con el diseño del espacio, que ha impedido contar con las aportaciones de personas expertas en el uso intenso de la ciudad y dar su debida importancia a temas en los que las mujeres son expertas como son la seguridad, el cuidado, la educación, el transporte público, la vivienda, los recorridos a pie o los equipamientos y servicios urbanos.
5. Un urbanismo en el que las necesidades de todos, mujeres y hombres, de todas las generaciones y procedencias, sean valoradas es la mejor vía para conseguir la mejor calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras ciudades. Una ciudad más segura, más accesible, en la que sea más fácil combinar la vida personal y familiar con el trabajo, es una buena ciudad, no para las mujeres, sino para toda la ciudadanía.
6. Aplicar la perspectiva de género se concreta en cambios en los planteamientos del urbanismo actual, introduciendo en su agenda de prioridades temas importantes de la vida cotidiana como la seguridad, la proximidad, el tiempo y la organización de los servicios, así como la mezcla de usos que ayude a cubrir la diversidad de actividades que todavía llevan a cabo en gran medida las mujeres y que deben ser compartidas entre mujeres y hombres.
7. Replantear el urbanismo en toda su complejidad requiere del trabajo de equipos multidisciplinares que integren los saberes de las ciencias sociales, así como de otras muchas aportaciones a los procesos de proyecto urbano y planificación urbanística.
8. Es necesario integrar estos conceptos innovadores en la formación técnica y el reciclaje de las y los profesionales urbanísticos, ya que, hasta el momento, el ámbito formativo profesional ha permanecido ajeno a estos enfoques. Esta forma de trabajar, coherente con el objetivo de redefinir un urbanismo para la ciudadanía, requiere de los equipos técnicos la capacidad de trabajar en procesos de colaboración con instituciones, con entidades, con agentes económicos y con el tejido social en general. Asimismo, es importante resaltar la necesaria incorporación de las mujeres a dichos equipos técnicos, circunstancia que, afortunadamente, empieza a producirse.
9. Existen medidas concretas, instrumentos ya elaborados y testados, metodologías de participación, indicadores para la evaluación, ejemplos de referencia realizados en otros lugares (en estas jornadas hemos visto algunos de ellos), que se deben poner al servicio de los organismos públicos, ayuntamientos, asociaciones y otras entidades para facilitar que las entidades locales puedan abordar procesos eficaces y bien tramados. Es preciso asignar recursos suficientes para aplicar estos instrumentos y diseñar marcos adecuados para que las diversas experiencias puedan compartirse, contribuyendo así a una mejora continua de las herramientas urbanísticas.
10. Quiero destacar, por último, el compromiso del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en integrar estos cambios en las políticas de su responsabilidad: tal y como comentaba anteriormente, actuaciones e iniciativas legislativas recientes han incorporado la perspectiva de género y la participación ciudadana como pilares estratégicos, los cuales han de ser considerados cuando las instituciones competentes en materia de vivienda y urbanismo desarrollen sus proyectos de equipamientos, de diseño del espacio público o de proyectos integrados de mejora de barrios.
Por lo tanto, y ya para acabar, la cuestión de género en el urbanismo y la vivienda requiere de un compromiso político y una implicación técnica, que a su vez exige formación e información. Esto es lo que perseguimos con iniciativas como estas. El desafío es, pues, construir espacios sin género, espacios donde cada persona se identifique, se reconozca, donde haya gente y haya vida. Un espacio de todos y todas.
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Leo en El Mundo del día 13 de noviembre que la CEOE (la principal patronal en España) pide al Gobierno que se recurra al déficit público y a la vivienda protegida para ayudar a combatir la actual crisis económica.
La verdad es que los ultraliberales siguen sin cortarse un pelo. Antes el déficit público era un lastre para la economía y una insensatez, algo propio de cavernícolas retrogrados y nostálgicos. Antes la vivienda protegida iba a arruinar a los promotores con sus insifribles cargas. Y sin embargo, ahora a los patrones de patrones ambas cosas les parecen muy bien, obviamente para que con dinero público salvemos sus empresas altamente rentables en los últimos años.
Por lo que veo, dado la nula reacción ante este tipo de desfachateces, a la gente le sigue gustando que la engañen. Ellos mismos.
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A mi, la verdad, es que me parece un escándalo que en época de crisis (aumento del paro, cobro de desempleo, menores salarios para quien mantiene el empleo, congelaciones salariales, etc) estos dos partidos entiendan que hay que ampliar los ingresos máximos de vivienda protegida, que ya de por si son muy altos, precisamente como consecuencia de la presión política y parlamentaria de estos dos grupos políticos (quizás ayudados de vez en cuando por algún otro).
Simplemente me remito a los hechos. Esta tabla contiene los ingresos máximos para acceder a los diferentes tipos de vivienda protegida en Euskadi (una vez reflejados los mandatos parlamentarios y legales -tambien introducidos por los grupos parlamentarios-). Como se puede observar en la tabla adjunta, los ingresos máximos en vivienda de protección oficial de régimen general y en vivienda tasada empiezan a ser ya muy elevados, sobre todo si tenemos en cuenta los dos factores de ponderación (número de miembros de la unidad convivencial y número de perceptores de ingresos de la misma).
Os pongo un ejemplo, en estos momentos una pareja con un hijo y en la que trabajen los dos (una situación muy frecuente) puede solicitar vivienda social con unos ingresos de hasta 25.731 euros al año, vivienda de protección oficial de régimen general con 40.936 euros y vivienda tasada con 52.216.
¿No le parece esto a los Grupos Socialista y Popular suficiente? ¿Dónde quieren poner el límite? ¿Acaso desean que no haya límite de ingresos máximos -como alguno defendió en la tramitación parlamentaria de la Ley del Suelo y Urbanismo de Euskadi-? ¿No se dan cuenta el Grupo Socialista de que con este tipo de propuestas lo que está intentando es desnaturalizar la política de vivienda de protección pública y hacerla pasar de una política para varias clases sociales a una política centrada en la clase media e incluso media-alta?
Tenemos que hacer la reflexión de a que público objetivo queremos atender con la vivienda de protección pública. Nosotros queremos que los diferentes tipos de vivienda de protección pública lleguen a personas de diferentes grupos socio-económicos. Queremos que la política de vivienda de protección pública sea de amplio espectro. Pero también tenemos claro que la gente que debe ser protegida en mayor medida es la que tiene menores ingresos.
Por parte de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular parece que estamos en la carrera contraria: incrementar lo más posible los ingresos máximos de vivienda de protección pública para que la mayor parte de las viviendas vayan a personas de mayores ingresos, con el mensaje alarmista de que hay gente que se va a quedar fuera de los sorteos. En algún sitio hay que trazar la raya y parece ser que los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular la quiere trazar lo más arriba posible.
Una pena.
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Ayer asistí a unas jornadas sobre el derecho a la vivienda organizadas por el Foro Social de la Vivienda de Euskadi. Ya habrá tiempo para hablar con más detenimiento de lo que se debatió y compartió en estas jornadas, que os adelanto que fue mucho y además sumamente interesante.
Ahora me limito a daros a conocer una opinión de solvencia y prestigio mundial, la de Miloon Khotari, ex relator de las Naciones Unidas para la vivienda, arquitecto indio y activista social mundial en lucha por un derecho a una vivienda digna para todos.
Hoy se publica en la prensa vasca una entrevista muy interesante a este caballero. Os recomiendo leerla en su integridad. Pero os llamo la atención sobre una de las afirmaciones del arquitecto y activista indio.
¿Ha detectado un situación muy diferente en materia de vivienda en Euskadi con respecto al Estado español?
En Euskadi y en Catalunya se trabaja en leyes que garantizan el derecho a una vivienda y creo que estas dos comunidades tienen la oportunidad no sólo de sentar un ejemplo en el resto de España sino también en el resto del mundo. Porque este proyecto (el anteproyecto de ley de vivienda de Euskadi) es un ejemplo de cómo un Gobierno puede trabajar codo a codo con la sociedad civil por el derecho a una vivienda digna. Este derecho es mucho más que todo el mundo pueda tener un techo, se trata de poder vivir en paz y con dignidad. En otros lugares esto es totalmente impensable.
¿Significa eso que está mejor posicionada para salir de esta crisis?
Sí, por supuesto. Las personas que deciden y diseñan estas políticas en Euskadi han sido sensibles durante bastante tiempo a estos problemas, por eso se hacen más viviendas de protección oficial sobre el total de inmuebles construidos. También creo que es muy importante la relación tan estrecha entre la sociedad civil y el Gobierno y eso se ve claramente en el Foro de vivienda de Euskadi. No quiere eso decir que no haya problemas pero sí que existe más concienciación. Aquí, los bancos tampoco han llevado a cabo políticas tan irresponsables. Y tal vez el sector financiero pueda apoyar programas de vivienda para personas con ingresos bajos.
Creo que, más allá de las mendacidades de la política partidista local vasca, las opiniones de un experto, activista internacional y persona vinculada a las Naciones Unidas de semejante prestigio debe ser tenida en cuenta. Creo que este tipo de opiniones nos ayudan a situarnos. Creo que la sociedad vasca en su conjunto, no solo los políticos implicados en estas cosas (es posible que alguno de estos sea de los que menos hayan aportado), debemos sentirnos orgullosos, a la vez que responsabilizados.
Pero esta obra que hemos empezado (servicio público de vivienda y derecho a la vivienda en alquiler), debemos acabarla. Debemos aprobar una ley que garantice el derecho a una vivienda en alquiler para las personas necesitadas de vivienda. Podemos y debemos hacerlo. En manos de la sociedad está posibilitarlo o impedirlo.
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