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Hoy he compartido entrevista y tertulia en El Món a RAC1 con Jordi Basté, Jaume Barberá, Vicent Sanchis, Gemma Galdón y Alejandro López-Fonta.
Hemos dialogado sobre el crecimiento de los precios de los alquileres en la ciudad de Barcelona, sus repercusiones sobre el futuro de la ciudadanía, de las obligaciones y límites de las Administraciones públicas y sobre como garantizar a futuro equilibrios, derechos y calidad de vida.
Recientemente me han hecho una entrevista en eldiario.es que entiendo repasa la mayor parte de las cuestiones claves de la actualidad de la política pública de vivienda en la ciudad de Barcelona.
El pasado mes de octubre participé en la novena edición de ARQUINSET, este año dedicada al legado de la construcción especulativa y abandonada en España.
Como tengo entendido que ha sido el caso en anteriores ediciones, profesionales, activistas, periodistas y gestores públicos reflexionamos sobre nuestra realidad urbana.
Tuve el privilegio de compartir sesión con el maestro José Manuel Naredo, doctor en Ciencias Económicas, estadístico y Profesor ad honorem en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSA de la UPM; Josep M. Vilanova Claret, doctor arquitecto y presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España; y Marisol Soto Romero, periodista y responsable de dos de los mejores documentales que sobre vivienda he visto últimamente (1 y 2).
La segunda gran medida tomada por el nuevo equipo de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona es la puesta a disposición del Patronato de la Vivienda de la suficiente cantidad de suelo como para relanzar su doble actividad: promoción de vivienda pública y gestión de la misma en régimen de alquiler.
A estos efectos ...
Recientemente Documentos TV de TVE ha empezado a emitir (primero a altas horas de la noche, después en prime time y ahora disponible en TVE A la Carta) dos grandes documentales sobre vivienda en los que me consta que llevaban meses trabajando.
Del primero, denominado CASAS VACÍAS, LAS NUEVAS RUINAS ya he hablado en un post anterior de este blog de sus muchas virtudes y de alguna de sus carencias.
El segundo, y de momento último, se denomina CASAS VACÍAS, GENTE SIN CASA. Así como el primero se dedicó más al fenómeno físico (devastación del territorio y patrimonio físico ocioso e insostenible), este segundo se ha dedicado a las cuestiones sociales (millones de personas pobres mal alojadas o en la calle, a la vez que el contribuyente rescata con cientos de miles de millones de euros a bancos que desahucian a discreción).
Algunas personas que tenemos interés por las políticas públicas de vivienda y que apoyamos de diferentes maneras el movimiento 15 M queremos debatir sobre la vivienda pública que España necesita y no tiene.
A tal efecto, y como ya comentamos en este blog hace unos meses, hemos creado un grupo en facebook denominado ¡VIVIENDA PUBLICA YA! (nos acercamos ya a los 400 miembros). El grupo lo lance yo mismo. Pero a día de hoy yo no tengo ningún papel especial, salvo el de la moderación técnica.
En principio, el grupo tiene tres objetivos concretos: DEBATIR, elaborar REIVINDICACIONES CONCRETAS y, si surge, proponer ACCIONES CONCRETAS. Cada cierto tiempo estamos poniendo en conocimiento de la coordinación del 15M, DRY, PAH, acampadas, colectivos sociales de defensa de derechos, etc las conclusiones a las que vamos llegando, por si son de interés.
Este quiere ser un espacio de debate amable, constructivo, respetuoso, esperanzado y práctico. Esperemos que, con la aportación de todos, así sea.
A finales del pasado verano ya pusimos en conocimiento de los referidos movimientos sociales las conclusiones de nuestro primer debate sobre MERCADO Y POLITICAS PUBLICAS DE ALQUILER DE VIVIENDA (versión octubre 2011).
Hemos dedicado los meses de otoño y parte del invierno a nuestro segundo debate sobre MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL (en el link que os dejo hay unas notas introductorias al tema, que pretendían provocar y ayudar el posterior debate).
Finalmente hemos llegado a un "Documento (versión febrero 2012) de conclusiones sobre la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler social" que ponemos a disposicón de todo aquel que quiera usarlo para formarse-reflexionar-actuar. Os agradeceríamos que divulgárias en vuestro entorno la existencia del mismo.
Y acabo con lo que viene siendo la regla fundamental de los debates que estamos teniendo en este grupo "Nadie sabe más que nadie y entendemos que entre todos sumaremos más pares de ojos".
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Se acaba de hacer público en este discreto momento vacacional (1 y 2), que el Gobierno Vasco va a ponerse en manos de un fondo de inversión privado (posiblemente extranjero) para la dinamización de su política de alquiler público.
Vayamos con las cifras. El Gobierno Vasco va a adjudicar por concurso público el derecho a explotar 4.000 viviendas de alquiler público en los póximos 20 años, bajo los siguientes parámetros:
Hasta aqui los datos hechos públicos hoy mismo y que eran un secreto a voces en los pasillos de Lakua desde hace meses. A partir de aquí, algunas primeras valoraciones mías, hechas un tanto a ciegas, pues aún no se conoce el pliego de condiciones de la adjudicación.
En primer lugar, parece una operación en la que el contribuyente retribuye de forma muy generosa a un inversor que asume muy poco riesgo. Más de 1.100 millones de euros por el alquiler de unas 3.000 viviendas ya hechas, la construcción y alquiler de 1.000 viviendas más durante 20 años parece y 300 millones de euros en concepto de suelo parece, a todas luces, un precio bastante elevado para el erario público y ventajoso para el partner privado.
En segundo lugar, el actual Gobierno Vasco dijo que era necesario huir del modelo Bizigune pues era demasiado caro y del modelo Alokabide pues las viviendas protegidas solo permanecían 20 años en alquiler y después eran vendidas. Pues bien, en este caso nos encontramos con un programa que es igual o más caro que Bizigune en la parte de movilización de vivienda existente hacia el alquiler y con un programa que dura 20 años, exactamente igual que el Alokabide que hemos conocido hasta la fecha (y si tenemos en cuenta los periodos de carencia financiera).
Por otra parte, es necesario ser consciente de que este esfuerzo es sobre todo un programa de movilización de vivienda protegida vacia hacia el alquiler y en mucha menor medida de construcción de nuevo parque público de alquiler. El 75% de los esfuerzos se centran en conseguir alquilar vivienda protegida que el Gobierno Vasco no vende (un tema del que hasta ahora no se ha hablado en la prensa, que se ha limitado a hablar de renuncias después de los sorteos)y el 25% de las energías se aplican a la construcción de nueva vivienda protegida de alquiler. Cosa que a mi me parece muy bien (movilizar antes que construir) pero que aleja al Gobierno Vasco del cumplimiento de sus objetivos en materia de alquiler.
Supongo que nadie destacará lo evidente, pero este es un programa de privatización masiva de stock público de suelo y vivienda. Tengamos en cuenta que las casi 3.000 viviendas ya existentes son públicas y el Gobierno Vasco procederá a vender suelo y viviendas a un fondo de inversión privado que, a su vez, venderá ese suelo y viviendas a terceros particulares.
Ahora bien, lo que no se privatizan son los costes de la gestión de las 4.000 viviendas protegidas en alquiler. Todo el mundo que conozca el negocio del alquiler a escala corporativa sabe que en la gestión de los alquileres es donde están los problemas y donde puede fracasar o triunfar una operación de alquiler a gran escala. Pues bien, en este caso la gestión la seguirá realizando el Ejecutivo Vasco a través de una de sus sociedades públicas (Alokabide que hoy mismo absorbe a SPAGVA-Bizigune). De esta forma, el fondo de inversión tiene totalmente asegurados unos alquileres medios-altos (700 euros al mes, actualizados por el IPC anual) y transfiere el riesgo de gestión del parque de alquiler al sector público. El riesgo y ventura es del Gobierno Vasco y el beneficio del fondo de inversión que resulte adjudicatario.
No me atrevo a considerar la operación como una total socialización de pérdidas y privatización de beneficios, pero si creo que se asemeja bastante a una patada a seguir en términos financieros, sin demasiadas novedades en relación al modelo Alokabide (más allá de la sustitución de las cajas vascas de ahorros por un fondo de inversión con base en Londres, NY o Shangai, la de Visesa por promotores privados y la de la colaboración público privada por la técnica concesional). En cualquier caso, como contribuyente, creo que estamos dando demasiado durante demasiado tiempo a cambio de muy poco. Y en términos de modelo creo que esta y otras decisiones recientes cierran una década de intervención pública decidida y directa del Gobierno Vasco en el mercado de la vivienda en favor de la accesibilidad de la misma para amplias capas de la sociedad vasca y abre una nueva época de menos sector público y más mercado.
Como siempre, por el bien de la sociedad en la que vivo, espero estar equivocado en lo que veo negativo y acertado en lo que señalo como positivo.
ACTUALIZACION 29/7/2011: el PNV ya se ha posicionado sobre esta iniciativa del Gobierno Vasco. Considera que es privatizadora y contraria a derecho (ilegal).
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Mientras muchos hablamos de garantizar por ley del derecho a acceder a una vivienda en alquiler (con motivo de la presentación del nuevo anteproyecto de ley de vivienda del Gobierno Vasco, que cada día se parece más a un señuelo para que los incautos apartemos la vista de las cosas importantes), en Euskadi la producción de vivienda protegida en alquiler casi desaparece (se ha reducido en más de un 70% en los últimos dos años).
En la segunda mitad de la década pasada en Euskadi se producían unos 2.000 alquileres públicos al año (incluyendo todas las fuentes: vs, vpo, ADAs y Bizigune; si incluyeramos las viviendas protegidas en derecho de superficie -alquileres públicos vitalicios-, la cifra sería mucho mayor). En el 2009 fueron 176. En el 2010 han sido 952. Se puede comprobar directamente en la fuente originaria de la información (Observatorio Vasco de Vivienda).
Solo por recordarlo, el equipo de vivienda del PSE que gestiona la materia de vivienda en el Gobierno Vasco ha manejado durante mucho tiempo otros objetivos en materia de alquiler público: en campaña electoral en el 2009 hablaron de 8.000 nuevos alquileres públicos al año; durante las conversaciones del Pacto Social por la Vivienda en el 2010 usaron la cifra de 4.000 nuevos al año; y finalmente en el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, ya casi en el 2011, se han comprometido a impulsar 3.000 nuevos alquileres públicos anuales.
En otro orden de cosas, en el año 2001 Euskadi disponía de poco más de 700 viviendas de alquiler público (como es evidente por estos números, en más de 20 años de autogobierno se había hecho poco o nada en esta materia en Euskadi). En el año 2009, después de años de trabajar con intensidad en esta materia, las Administraciones Públicas vascas alcanzaron la cifra de 19.160 viviendas públicas en alquiler (entiendo que ahora, con las nuevas unidades del 2010, superamos ya las 20.000 unidades) Si se cumpliesen las previsiones en materia de alquiler del PDVRU 2010-2013 del Gobierno Vasco, en el año 2013 alcanzaríamos los 31.489 alquileres públicos.
Llamo la atención sobre le hecho de que, con el ritmo de producción y captación de alquiler público teórico previsto en el citado PDVRU 2010-2013, Euskadi tardaría más de cincuenta años en disponer de un parque público de alquiler equiparable al de los países líderes en materia social de la UE. Si tomamos como objetivo un parque de vivienda pública en alquiler de un 20% del total de viviendas –los niveles en los que se mueven actualmente Dinamarca, Austria, Reino Unido, Francia, Polonia, Suecia o Finlandia, lejos aún del 35% de Holanda-, Euskadi debería tener unas 180.000 unidades de este tipo. Con un ritmo de producción de unas 3.000 unidades al año es necesario más de medio siglo para converger con la UE.
Habida cuenta de que la producción de alquiler público se ha desplomado en Euskadi y que los objetivos en materia de alquiler público del PDVRU 2010-2013 parecen totalmente imposibles de cumplir (en vez de 3.000 viviendas en alquiler al año, se está produciendo poco más de 500, se está privatizando el parque de derecho de superficie, la fórmula concesional en la que el gobierno estatal y vasco confían mucho no arranca por motivos financieros y se ha congelado Bizigune), habrá que aceptar que, lejos de converger con la UE en esta materia de alquiler público, Euskadi está divergiendo. De hecho, de mantenerse los actuales ritmos de producción de alquiler público, en Euskadi vamos a necesitar mucho más de un siglo para llegar a donde los países líderes en materia de alquiler pública ya están hoy.
Lamentándolo mucho, hay que constatar que avanzamos como el cangrejo, hacia atrás. Algo apuntaba yo en este sentido hace unos meses. Aunque, la verdad, yo pensaba que se iba a hacer poco en los próximos años en materia de alquiler público, no que íbamos a retroceder.
Además Euskadi es una de las CC.AA líderes en manteria de alquiler público, así que es de suponer como está este tema en otros lugares de España.
Estos datos claves, no parece que vayan a ser objeto de debate en la arena social, mediática o política vasca o española. Estamos a otras cosas.
PD: además de las 20.000 viviendas públicas en alquiler vamos a llamarlas puras (vs, vpo, ADAs y Bizigune), en Euskadi podríamos tener en cuenta las más de 20.000 viviendas protegidas en derecho de superficie a 75 años (en realidad alquileres públicos vitalicios que ahora el Gobierno Vasco se apresta a privatizar), las 16.000 familias que cobran el Complemente de Vivienda y los más de 6.000 jóvenes que percieben la Renta Básica de Emancipación; en todal tendríamos a unas 60.000 personas recibiendo algún tipo de ayuda pública para el alquiler; aunque no conviene confundir personas o familias que, de media, por 350 euros al mes viven de alquiler público, con personas que reciben sobre 300 euros al mes de ayuda pública para sufragarse un alquiler privado; sea como fuere, si tenemos en cuenta todo este conjunto tan heterogeneo, Euskadi tendría ahora unos 60.000 alquileres con algún grado de ayuda pública, estaríamos a 120.000 unidades de la convergencia europea y de seguirse los ritmos de producción del PDVRU 2010-2013 necesitaríamos unos 40 años para converger (aunque como estos no se están cumpliendo ... volvemos a necesitar más de un siglo para converger con la UE).
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De mis charlas con promotores públicos, gestores, funcionarios y personas como yo (ciudadanos de a pié) percibo una curiosa deriva: el aparato público de vivienda en España está en estos momentos comprometido al 100% con la conversión de la vivienda libre no vendida por los promotores privados en vivienda protegida de alto nivel (vivienda tasada) para su venta, mientras que la gente que sufre los efectos de la crisis (paro, precariedad laboral, bajos salarios, restricción crediticia, etc) casi solo demanda vivienda protegida en alquiler.
Estamos en un curioso mundo en el que los gestores públicos con el dinero de nuestros impuestos se han convertido en los rescatadores del stock de vivienda libre que no se vende, mientras cada vez más gente pide una vivienda protegida de alquiler que las Administraciones Públicas no pueden ofrecer por todo tipo de razones (no existen, no se quieren construir, no se pueden construir dado que los fondos públicos y las energías se están dedicando a atender los problemas comerciales de los promotores privados, etc).
Los gestores públicos no se dedican a lo que la gente demanda y ofrece aquello que las personas no pueden pagar. La gente demanda viviendas en alquiler a menos de 500 euros al mes y las Admnistraciones Públicas ofrecen viviendas "protegidas" en venta de casi 300.000 euros. Lo que debería llegar a ser nuestro servicios público de vivienda (fundamentalmente parque público de alquiler) no puede llegar a ser, pues está entretenido en vender a buen precio los excesos del ladrillazo español de la última década.
Una vez más se vuelve a evidenciar que las políticas públicas de vivienda en España son, por encima de todo, política macroeconómica y que lo social es muy secundario.
Las Administraciones en tiempos de bonanza no intervienen con decisión el mercado de la vivienda para ayudar a las personas de ingresos medios, moderados y bajos a acceder a una vivienda digna a precios razonables y en tiempos de recesión la intervención pública tiene por objetivo fundamentalmente ayudar a los promotores.
Mientras tanto, el parque público de alquiler siempre está por llegar, pero nunca llega. Un verdadero trampantojo (como el de la imagen que abre este post) político y social.
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Reconzco que el Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, Don Iñaki Arriola (PSE), me desconcierta un poco. Lo primero que emite su equipo nada más llegar a sus cargos es que va a apostar por la rehabilitación, cosa que me parece muy bien por todo tipo de motivos sociales, económicos y medioambientales. Poco después dice que quiere construir 10.000 viviendas protegidas al año, lo que, además de imposible materialmente, es contrario al esfuerzo por rehabilitar (aprovechar el tejido urbano ya existente y no construir nada más que lo imprescindible). En otro orden de cosas, anuncia con cierta precipitación que deroga las medidas anticrisis en materia de vivienda del anterior Consejero, Don Javier Madrazo (EB Berdeak), para solo unas semanas después aclarar que va a dejar buena parte de las mismas en vigor. En relación al asunto, para mi central, de la consideración de la vivienda como derecho, primero impide que se pueda tramitar en el Parlamento Vasco una ley de vivienda trabajada en los últimos años por los agentes institucionales y sociales afectados, llega incluso a decir (en lo que parece una salida de tono impropia para un gestor público socialista y que me consta que ha sorprendido incluso a votantes del PSE) que no hay sociedad que aguante el derecho a la vivienda por la gracia de Dios y ahora matiza las acciones y afirmaciones anteriores explicando que no hay dinero para que el 100% de la vivienda protegida vasca sea en alquiler, pero que él quiere aumentar el parque de vivienda protegida en alquiler de forma sustancial y objetivar el derecho a la vivienda.
La verdad es que a mi mi me cuesta seguirle. Sus declaraciones me parecen un tanto erráticas. Creo que apunta un poco en todas las direcciones. Y muchas veces no sabemos si habla como miembro de la patronal del sector de la construcción (a veces lo llega a parecer) o si quien habla es el máximo responsable político de la vivienda pública vasca (que es lo que él es). He criticado algunas de las medidas que quiere impulsar y me han parecido muy acertadas otras, pero no puedo evitar cierta sensación de incertidumbre, de volatilidad, de falta de elementos sólidos de juicio.
Pero hoy estoy optimista y voy a quedarme con el tono y con muchas de las cosas razonables esgrimidas en su última entrevista, la concedida la pasada semana al diario El País:
Todas estas cosas tienen muy poco que ver con muchos de los mensajes que ha emitido en las últimas semanas en relación a las nuevas políticas públicas vascas de vivienda. Uno ha escuchado que prácticamente había que hacer tabla rasa de lo anterior, trabajar con realismo para que propietarios de suelo, promotores y ayuntamientos estuvieran agusto y dejarse de utopias. En la entrevista a la que estoy haciendo referencia creo que cambia el tono al apostar por el alquiler y la vivienda como derecho, sino universal, si para ciertos colectivos. Obviamente los detalles, como se regulen todas estas cosas, son capitales. Pero ya no parece que Don Iñaki Arriola apunte en la dirección totalmente equivocada. Quizás apunte en demasiadas direcciones, siendo algunas de ellas incompatibles. Aunque como todo en la vida, lo conoceremos realmente por sus hechos y no por sus palabras.
Sea como fuere, le deseo la mejor de las suertes en la consecución de esas 10.000 viviendas protegidas anuales, 4.000 de ellas en alquiler.
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