LEOLO

Este año me he cogido las vacaciones muy tarde y, después de un largo e intenso curso, he llegado exhausto al descanso estival. Por todo ello, desde el 20 de agosto estoy de relax total y casi totalmente desconectado de la realidad social, política y económica.

Cuando desconecto al estar de vacaciones (máxime si estas son en agosto) suele ser fácil retomar el pulso de la realidad. Pocas noticias relevantes se suelen producir. Y todo acostumbra a girar en torno a artificiosas serpientes periodísticas de verano, los fichajes futbolísticos que parece que nunca se cierran (aunque todos sabemos que se van a cerrar), los fenómenos metereológicos casi normales tratados por los medios como si se acabara el mundo, alguna pifia graciosa de algún becario en alguna redacción y los ya clásicos anuncios del PSOE sobre estar estudiando subir los impuestos a los ricos y de la UE sobre implantar la Tasa Tobin en un futuro muy lejano en una galaxia también muy lejana.

Pero este verano la cosa es distinta: el PP y el PSOE, siguiendo las instrucciones del poder financiero (esto si que es un diktat y lo demás solo sucedaneos), van a reformar nuestra Constitución a la carrera, con agostidad, alevosía y sin la más mínima participación directa de la ciudadanía (todo ello con sonora oposición de los partidos de izquierdas, los sindicatos, el 15M, etc); por otra parte el Gobierno ha decidido volver a favorecer la contratación temporal y los contratos en prácticas, atacando con ello las condiciones de vida de amplias y débiles capas de la población española (ya saben, una vuelta más de tuerca en la precarización del trabajo denunciada desde hace tres décadas por los sindicatos: salarios  entre 500 y 750 euros al mes, sin vacaciones, con horarios extenuantes, casi sin seguridad social, casi sin cobertura contra el despido y el paro, sin garantía de continuidad, carrera, formación, seguridad laboral, etc); el PP, ante el enésimo anuncio del PSOE en relacion a subir los impuestos a los ricos para cuadrar las cuentas públicas (ahora lo van a poner de nuevo en su programa electoral después de incumplirlo durante dos legislaturas), ha dicho que bajo su gobierno los impuestos a los ricos no se incrementarán, pues ellos no hacen demagogia ("sic"), todos sabemos que las grandes fortunas no pagan impuestos se haga lo que se haga ("sic") y si se aumentan los impuestos aumentará el paro ("sic"). Por cierto, que todo esto ocurre en el mismo momento que los ricos franceses y alemanes dicen estar dispuestos a pagar más impuestos para ayudar a salir de la crisis en la que ellos mismos nos metieron, aunque todos sabemos que todo es un teatro de cara a la galería, pues esos mismos ricos franceses y alemanes, como los del resto de la UE, llevan gastadas cantidades astronómicas de dinero en hacer lobby a favor de la reducción de los impuestos a los más ricos; además el paro crece hasta en agosto, el más turístico de los meses; leo también que el Reino Unido está empezando a estar preocupado por la cantidad de españoles que se van a trabajar y vivir a ese país (ergo, cobrarán toda o parte de su pensión de jubilación de su graciosa majestad británica); y como colofón el Gobierno de España reduce a la mitad el IVA en la venta de vivienda nueva sin vender (una medida que solo pretende ayudar a la banca a salir del laberinto inmobiliario en el que ella sola se metió con su suicide lending, a ser posible sin bajar el precio de suelos y viviendas, hoy claramente fuera de la realidad del mercado, pero que de emerger a su verdadero valor contable haría clara la situación de quiebra de buena parte de nuestro sector financiero -a pesar de la cantidad descomunal de ayudas públicas que se le ha inyectado en los pasados tres años-).

De todo lo anterior, deduzco que yo he desconectado, pero los mercados financieros, lobbies neoliberales y partidos políticos al servicio del poder financiero no han estado, ni mucho menos, de vacaciones. Haré algunos comentarios sobre algunos de estos temas.

Vamos primero con la REFORMA CONSTITUCIONAL. Durante décadas he escuchado por parte de los voceros mainstream españoles que la reforma de la Constitución era algo muy delicado que solo se podía hacer con mucho consenso, reflexión, prudencia y respaldo ciudadano. Algunos veladamente y otros de forma directa venían a decir que no se puede tocar la Constitución sin que los fantasmas de la transición (franquismo, golpismo, terrorismo, inestabilidad, incertidumbre, etc) sean despertados. Estabamos ante materia bien sensible que exigía actuar de forma casi quirúrgica. Pues bien, en pleno mes de agosto del 2011, sin que la reforma constitucional figurase en los programas de los partidos polítocos (al menos, en lugar preponderante), con la legislatura ya agónica,  en medio de una curiosa diarquía en el PSOE y con el PP salivando ante la cercanía de la presa institucional, el PSOE y el PP se descuelgan con una propuesta de reforma de la Constitución para prohibir el déficit público (por encima del 0.4% y a partir del año 2020) al dictado no solo de Angela Merkel, sino de los jefes de esta, los grandes baqueros de Frankfourt, Paris, Londres o Nueva York.

El mensaje que se quiere transmitir (y que por mis conversaciones de verano con paisanos y paisanas ha calado y mucho) es que la crisis que ahora sufrimos se debe al despilfarro público y que para salir de la crisis debemos meter en cintura al mostruo público. Para los más sofisticados, PP y PSOE tambien tienen otro mensaje y es el de que esta reforma constitucional pretende dar tranquilidad a los mercados, asegurando hasta constitucionalmente nuestra solvencia como deudores. Pues bien, ambas afirmaciones son falaces a más no poder. Vayamos con la primera. La crisis no la ha causado el sector público, sino que tiene un origen financiero privado en el conjunto de occidente, al que hay que añadir una burbuja inmobiliaria (en realidad también un problema de apalancamiento financiero) en algunos países, entre los que se encuentra España. El sector público occidental tenía superavit anual y una deuda  pública (aunque muchos periodistas crean que son lo mismo, no lo son) bastante controlada. Solo los planes de salvamento público de los sectores privados bancario, de seguros, inmobiliario, automovilístico, etc (además del pago de los subsidios de desempleo incrementados por el paro creado por la crisis generada por el sector financiero) han metido a las haciendas públicas de todo Occidente en número rojos tanto en términos de déficit anual, como de deuda plurianual. Por otra parte, hay que decir que España tiene una deuda pública bastante moderada (60% de nuestro PIB, frente al 80% de la media de la UE, ampliamente superada por estados que dan lecciones de economía a todo el mundo) y un déficit público preocupante, pero no mayor que el de la mayor parte de los miembros de la UE. Lo paradójico es que en España se le echa la culpa de todos los males al endeudamiento público (60% de nuestro PIB), cuando nuestro problema de de endeudamiento pirvado (más del 200% de nuestro PIB). Dicho todo lo cual, yo me pregunto, ¿si nuestro problema de endeudamiento es masivamente privado (y casi dos terceras partes vinculado al ladrillo) porque se limita constitucional y legalmente el déficit público y no se limita constitucional y legalmente la deuda privada (cosa que técnicamente es posible hacer con la ley en la mano)? La respuesta creo que es clara, a menos que uno se quiera mentir a si mismo. Los gandes bancos privados del mundo creen que ya no se puede ir mucho más lejos en el proceso de conversión de deudas-pérdidas privadas en deuda-pérdidas públicas. Las pérdidas de los mercados financieros causadas por su propia avaricia y falta de profesionalidad, así como por la desregulación y complicidad de los políticos mainestream, (neoliberales, socialdemócratas y democratacristianos fundamentalmente) dicen que puede ascender a más de 400 billones de dólares (la mitad del mercado de derivados financieras y unas más de seis veces el PIB mundial anual) y los estados occidentales hemos estado ofreciendo más de un billón de dólares anuales en ayudas al sector financiero. Creo que es evidente que ya no se puede ordeñar más la vaca pública (en términos financieros) y para lo que se preparan ahora los mercados es para una segunda ronda de conversión de pérdidas-deuda privada en pérdidas públicas, pero esta vez no en forma de ayudas públicas a la banca y endeudamiento público, sino en forma de privatizaciones, recorte de servicios públicos, reducción de derechos laborales, reducción de salarios y pensiones y, en definitiva, una devaluación social interna para evitar que la banca internacional reconozca sus pérdidas y para potenciar una aún mayor concentración de riqueza a favor de los más ricos y un mayor sufrimiento sobre las espaldas de las clases medias y bajas de Occidente. 

Por otra parte, es evidente que la presente y futura reducción del gasto público en España no nos acercará a la solución de la crisis economia (más actividad económica y menos paro), sino que nos aleja de la misma. A un enfermo famélico se le vuelve a prescribir dieta de abstinencia. El resultado es claro. Atononía económica y concentración de la riqueza en cada día menos y más poderosas manos. No es que lo diga yo, es que economistas como Krugman, Stiglitz, Sachs, etc llevan meses diciendo que en el momento presente los planes de recortes del gasto público no llevaran a menos sino a más paro y tampoco nos conducirán a más sino a menos actividad económica.

A mi juicio, que está pasando en términos macroeconómicos es más o menos claro y que quieren los poderes financieros en términso políticos tambien es meridianamente evidente.

Y ahora viene la gran pregunta mouriñiana ¿"Porque" hacen esto los políticos del PSOE y el PP? Y mi respuesta es bastante descarnada, pero creo que no muy alejada de la realidad. Zapatero ha pensado de verdad que los mercados financieros nos podían volver a poner al borde de la Edad Media en este agosto del 2011 y se ha cagado en los pantalones. El PP ha visto que el PSOE le podía hacer el trabajo sucio antes de llegar a la presidencia del Gobierno. Y ambos han entendido perferctamente el mensaje del 15M (que no, que no, que estos políticos no nos representan ...) y se han puesto manos a la obra para dejar todo atado y bien atado antes de las próximas elecciones, de forma que estos políticos no representativos sean los únicos que puedan ocupar escaños en Congreso y Senado. Y a este respecto no solo hay que traer a colación la reforma constitucional, pues en febrero se realizó una reforma casi clandestina de la ley electoral que hace mucho más dificil que surjan nuevos partidos con posibilidades efectivas de alcanzar escaños en las próximas elecciones (en 20 días tienen que recoger miles de firmas y autentificarlas ante notario). Al parecer PP y PSOE se han dado cuenta de que una parte de la población española se ha puesto a luchar por el incremento de la calidad y cantidad de nuestra democracia y los dos partidos están en un sprint por ver quien formaliza y fosiliza más la democracia y quien pone al sistema político formalmente democrático más y mejor al servicio del diktat neoliberal de los mercados. Ambos partidos buscan que cunda el desánimo en la sociedad española, que se afiance la idea de que no hay laternativa (el TINA de Reagan y Thatcher), que no haya defensa de nuestra forma de vida (estado social y democrático de derecho) y que lo único que cambien en nuestro sistema político sea el nivel de abstención (cuanta más mejor para PP y PSOE).

Finalmente algunos comentarios jurídicos sobre la reforma constitucional. Formalmente es impecable. El artículo a reformar es reformable solo con el voto del PSOE y PP y no habrá referendum salvo que PSOE o PP lo pidan. Pero despues de meses de cientos de miles de ciudadanos en las calles pidiendo más y mejor democracia y ante el dato de que más de la mitad de la población española no hemos votado la Constitución por cuestiones de edad, no someter a referendum esta reforma constitucional (formalmente sencilla, pero materialmente de primer calado ideológico) es una burla y una provocación. Por cierto, solo son necesarios 35 diputados o 56 senadores para convocar el referendum. Los votos de la ciudadanía en las elecciones dan de sobra margen para que ese porcentaje de ambas cámaras pueda pedirlo. Pero las distorsiones varias introducidas por las normas electorales españolas hacen que lo que es mucho más del 10% de la población y el electorado español sea en las cámaras parlamentarias mucho menos del 10% de sus integrantes. La reforma se va aprobar y no es recurrible de manera alguna (casi es una guasa que el soberano, el pueblo, el representado, no pueda impugnar judicial o constitucionalmente una medida tomada por sus representantes en su nombre, sin consultarle y contra sus intereses). Si cabe alguna posibilidad de recurrir la ley orgnánica que desarrolle la reforma constitucional (recurso de inconstitucionalidad) o los actos que de la misma emanen (recurso de amparo), pero nuestro actual TC ya ha dado pruebas de un afilado conservadurismo y formalismo que a uno le llevan a ser muy pesimista.

Si combinamos todo lo que apunto sobre la reforma constitucional para reducir el gasto público (así se dice en los medios de comunicación, sin hacer referencia alguna a la posibilidad de incrementar los impuestos para cuadrar las cuentas públicas) con la NUEVA PRECARIZACION DE LAS CONDICIONES LABORALES, la seguridad de que con el PP las GANANCIAS Y PATRIMONIO DE LOS RICOS SEGUIRAN CASI DESFISCALIZADAS (lo que implica que seguiremos pagando impuestos solo las clases bajas y medias asalariadas) y con el NUEVO Y ENESIMO RESCATE PUBLICO DE LA BANCA Y EL SECTOR INMOBILIARIO español, la verdad es que el panorama es como para echarse a temblar: las clases bajas y medias rescatamos con nuestro dinero presente a los ricos y estos además deciden que debemos darles nuestro dinero futuro y patrimonio público presente para que ellos no reconzcan ni un euro de pérdidas y siga creciendo la brecha entre ricos y pobres, o dicho de otra manera más fina (aunque lo mismo da) entre asalariados y altos directivos y propietarios. Por cierto, todo ello se hace con respeto a la constitucionalidad y legalidad formal y con un brutal empobrecimiento de un sistema al que le llaman democracia pero no lo es.

Este otoño, a mi modesto entender, va a tocar hacer mucha pedagogia social, casa a casa, bar a bar, pc a pc; va a ser necesario mucho 15M y similares; y quien no siendo rico vote al PP o al PSOE sabiendo lo que hay es que es o masoquista o suicida. Dos actitudes que no me parecen muy saludables para el bienestar general.

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Me han publicado hoy un artículo en CINCO DIAS titulado EVITAR LA BURBUJA INMOBILIARIA. El artículo es una versión reducida de otro un poco más largo que preparé para el blog y que no había colgado hasta ahora.

Mi tesis fundamental es que, si no se alteran ninguno de los factores estructurales que posibilitaron la burbuja inmobiliaria, en el futuro tendremos nuevas y más dañinas burbujas ladrilliles.

Superada la crisis, esperemos que pronto (lo del reparto equilibrado de costes tiene pinta de que va a ser muy difícil), se pueden evitar burbujas futuras, pero debemos tener el coraje para hacer reformas estructurales en materia financiera, fiscal, institucional, política, cultural, legal, etc.

Tengo la sensación de que España es como un drogadicto que no quiere dejar la droga, a pesar de que estas le hace mucho daño. En nuestras manos está poder vivir sin drogas financiero-inmobiliarias.

Yo aporto algunas propuestas. Seguro que no acierto en todas. Seguro que hay otras que deben ser tenidas en cuenta. Sea como fuere, creo que es un debate que hay que tener ahora para poder introducir reformas lo antes posible y evitar males futuros, pero ciertos y relevantes. En nuestras manos está.

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Miguel Ángel Alemany, director general del portal pisos.com afirma en la prensa de hoy "Ya no habrá 'boom' ni precios desmesurados dentro del sector inmobiliario". No aporta para soportar este vaticinio ningún hecho o razonamiento.

Y al calor de estas declaraciones-vaticinio yo recuerdo a Eisntein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".

¿Hemos cambiado algo en la arquitectura legal y económica de la gestión del territorio, el urbanismo o la vivienda en España? Creo que la respuesta sincera en términos sistémicos es que no. Entonces, si todo sigue sustancialmente igual ¿porque en el futuro las cosas deberán ser distintas?

Mi vaticinio: volveran las burbujas y los burbujistas.

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Casi todos los economistas que han estudiado el tema coinciden en que una de las razones de la específica crisis económica española es el excesivo riesgo que han adquirido las entidades financieras españolas (especialmente las cajas de ahorros, o por decirlo con más precisión, algunas cajas) en suelo y vivienda en los últimos diez años.

Se calcula que para prestar a empresarios del sector de la vivienda y a los compradores de este mercado, nuestras cajas y bancos, además de usar sus propios recursos, han pedido más de medio billón de euros a otras entidades financieras internacionales.

Esta excesiva concentración de riesgo en el sector ladrillil fue posible por varias cosas. En primer lugar, por que era posible pedir y obtener esas ingentes cantidades de dinero en el mercado internacional de liquidez (alegre y temerario apalancamiento financiero internacional). En segundo lugar, por haberse creído todo el mundo en España que el precio de la vivienda solo podía crecer de forma indefinida. Como anécdota, os apunto que a mi hace cinco años en foros profesionales del mundo de la vivienda, por defender que esta sube y baja de precio también en España, me llamaron "idealista". Y en tercer lugar, por haber fallado la supervisión por parte de los reguladores públicos (en unos casos por hacer mal su trabajo -teóricos intervencionistas- y en otros por no querer hacerlo -liberales-).

Este chorro de dinero generado y obtenido por bancos y cajas se aplicó de forma preponderante sobre las empresas que se dedicaban a comprar suelo, urbanizarlo, edificar vivienda y venderlas. De esta manera, se discriminó crediticiamente a otras actividades empresariales que hoy consideramos más productivas, de mayor valor añadido, pero que entonces se veían como juegos de niños en comparación con la especulación inmobiliaria.

En relación a esta superabundancia de crédito para el ladrillo y restricción crediticia para el resto de sectores (automoción, turismo, energía, infraestructuras físicas y virtuales, I+D+i, PYMES, etc) hace pocos meses le oí decir en una conferencia al economista y estadístico Julio Rodríguez López (en la foto de arriba) que el crédito al ladrillo en el momento alguido de la burbuja inmobiliaria absorbió el 61% del crédito total prestado por bancos y cajas a empresas. A él (y a mi mismo) eso le parecía una burrada. Nada más y nada menos que 6 de cada 10 euros puestos encima de la mesa por bancos y cajas para las empresas eran para la promoción inmobiliaria.

Llegados a este punto, yo me pregunto: dado que el sector financiero español es incapaz, por si mismo, de adjudicar bien el crédito en épocas de fuerte crecimiento, buenas perspectivas empresariales, alto consumo, bajo paro y fuertes alzas de los precios de suelo y la vivienda 8en parte inducidos por el propio sistema financiero) ¿no se debería controlar desde el Banco de España, el Gobierno y/o las Cortes Generales el porcentaje de crédito que va al ladrillo y el que va a la economía verdaderamente productiva?

En otras ocasiones ya hemos hablado en este blog de la necesidad de limitar por ley el crédito máximo al que acceden los particulares y las familias, de forma que evitemos su sobre-endeudamiento particular y un apalancamiento generalizado de la economía (1, 2 y 3). La cosa en España parece ciencia ficción y los partidos mayoritarios se niegan a impulsar este tipo de medidas que ya han sido debatidas varias veces en el Congreso de los Diputados. Pero en países como Francia (desde hace años), el Reino Unido (desde hace meses) o Corea del Sur (están en ello ahora) se tiene muy claro que para que la economía esté sana (para que se dediquen los recursos financieros fundamentalmente a las actividades de mayor valor añadido económico, social, tecnológico y cognoscitivo) y no haya burbujas inmobiliarias es necesario controlar no solo la oferta de vivienda (que también), sino la demanda. Y la demanda de vivienda solo se puede controlar vigilando el crédito al ladrillo y retirando los estímulos fiscales a la vivienda (en propiedad). Hay, a mi juicio, un campo para el control del crédito que va a particulares compradores de vivienda, pero también a las empresas productoras y vendedoras de inmuebles.

Parece que el Gobierno de España está por la labor de eliminar las deducciones fiscales a la compra de vivienda (verdadera gasolina echada al fuego todos los años allá por mayo), eso sí, ad calendas grecas (solo después de que el PSOE gane las elecciones, dicen ellos). Pero no parece que se quiera limitar por ley el crédito máximo al que pueden acceder particulares y familias para comprar una vivienda. Y lo de limitar por ley y con el control de los poderes públicos el porcentaje de préstamos que un banco o caja puede hacer al sector inmobiliario, de momento, nadie lo propugna. Se me dirá que este tipo de regulaciones limitan el libre mercado, pero se me permitirá que sonría. Ahora que estamos salvando con el dinero del contribuyentes a bancos y cajas de sus propias locuras no creo que sea el mejor momento para defender el laissez faire estatal. Se me dirá, por otra parte, que esta es una medida técnicamente muy difícil de implantar (pues supone controlar en detalle a bancos y cajas desde los poderes públivos). Pero creo que hay cosas mucho más complejas técnicamente que se hacen para controlar a los sufridos ciudadanos y que, de la misma manera, o con mucha más facilidad, se pueden aplicar a menos de 50 instituciones financieras. Bancos y cajas, que por cierto, han sido bastante bien controladas por el Banco de España en otras materias, con aplauso internacional por ello.

A pesar de todo lo anterior, yo creo que el control público del nivel del flujo financiero de bancos y cajas a promotoras de suelo y vivienda es una medida que debe implantarse ahora en crisis (en estos momentos esa medida no iba a molestar a nadie, pues el sector inmobiliario recibe muy poco crédito) para que despliegue sus mejores efectos en la próxima senda alcista de la vivienda. Si ahora que la burbuja se ha pinchado no tomamos medidas, volverá a haber una nueva burbuja (como dice The Economist que está ocurriendo en estos momentos en Corea del Sur, país en el que las autoridades están reaccionado con limitaciones crediticias a la demanda) y nos volverá a pillar con el pié cambiado. Si eso ocurre será porque tenemos una suerte de vocación macroeconómica masoquista, no porque otros estados occidentales y orientales no nos estén diciendo por donde hay que ir. 

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